FENPRUSS: 100 días de huelga de hambre: soluciones políticas son urgentes

 

machi

Hoy 11 agosto se cumplen 100 días desde que el machi Celestino Córdova junto a otros presos políticos mapuche iniciaran una huelga de hambre para presionar al gobierno, exigiendo juicio justo y respeto por la condición de autoridad ancestral mapuche del machi, quien requiere estar en su Rewe para el equilibrio de toda su comunidad y pueblo nación.

Esta posibilidad está estipulada en el artículo 10 del Convenio 169 de la OIT:

“Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales…… Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

Convenio firmado y ratificado por Chile, pero que sus autoridades prefieren olvidar.

En estos 100 días hemos visto como el gobierno ha sostenido un cruel silencio a las demandas, que no son solo del grupo de prisioneros políticos mapuche, sino que es el clamor de justicia y respeto de todo un pueblo que ha abierto múltiples oportunidades de dialogo sin respuesta y ha demostrado una vez más su unidad, valentía y convicción a la hora de defenderse.

La respuesta del gobierno ha sido más militarización del Wallmapu y la profundización de la crisis con el nombramiento del nuevo ministro del interior Víctor Pérez Varela, quien visitó la zona, se reunió con empresarios y latifundistas del territorio  (pero no con las comunidades) días previos a la fatídica noche del 1 de agosto, cuando vimos con profundo dolor las más feroces expresiones de racismo por parte  de un grupo de civiles que ataco las tomas de municipalidades de la Araucanía ocupadas por comunidades mapuche.

Estamos ante un gobierno que desde octubre no ha disimulado su carácter represivo y racista, cuyos subsecretarios y ministros no se sientan a dialogar con el pueblo mapuche porque “no aceptan medidas de presión”, pero luego reciben los dueños de camiones que mantienen las carreteras cortadas para negociar más represión. Y se repite una y mil veces la pregunta ¿A quién responde el presidente Piñera y el ministro Pérez Varela? ¿A la ciudadanía o a un puñado de empresarios?

A 100 días de huelga de hambre y a un día de iniciada la huelga seca por el machi Celestino, exigimos a nuestras autoridades políticas estar a la altura de las circunstancias históricas y aplicar los instrumentos internacionales en materia de presos políticos de pueblos originarios. Exigimos también un abordaje integral y no sólo económico-policial al conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche.

Llamamos al mundo político a bregar por soluciones integrales y, a nivel de Estado, instamos también al pueblo organizado chileno a tomar postura y apoyar las demandas del pueblo nación mapuche.

A 100 días de huelga de hambre no podemos seguir impávidos e indiferentes, ni podemos avalar con nuestro silencio el recrudecimiento de un conflicto que nació cuando el Estado de Chile decidiera, por allá por 1880, ocupar y repartirse militarmente el territorio mapuche y volverlo chileno.

La solución será política o no será.

 

Subcomité de Pueblos Originarios – Comisión de Igualdad de Oportunidades

Confederación Fenpruss

Expertos en defensa: Ley Infraestructura Crítica es una arremetida contra la democracia.

milicos

DECLARACION

GRUPO DE ANÁLISIS DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS (GADFA)

RECHAZO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Recientemente, los diputados y diputadas dieron una potente señal democrática al impedir que el gobierno obtuviera el quórum necesario para aprobar la reforma constitucional que establece el uso de militares en el resguardo de Infraestructura Crítica. La discusión se traslada ahora a una comisión mixta, por lo que es necesario precisar algunos aspectos de esta propuesta.

Hasta el momento las críticas se han centrado principalmente en dos aspectos: qué se va a entender por Infraestructura Crítica y qué constituye una “amenaza grave para la población”. Estas críticas son correctas, pero insuficientes porque los riesgos que entraña esta reforma no se arreglan solo con mayor precisión conceptual. Estamos ante una arremetida contra pilares sustanciales del régimen democrático del país. Veamos cuales son:

En primer lugar, normaliza el uso de las FF.AA. en asuntos de orden interno. El despliegue de los militares fuera de sus cuarteles es una excepcionalidad dentro del normal acontecer democrático y para eso está el estado de excepción.

En segundo lugar, refuerza el hiperpresidencialismo no solo porque la decisión del uso interno de los militares recae únicamente en el poder ejecutivo, sino que también porque esa decisión descansa en criterios discrecionales de quien ejerza la presidencia. No se establece el control efectivo por parte del Congreso o el Poder Judicial. El proyecto plantea que habrá que “informar” al parlamento, pero sabemos que esto no implica necesariamente un eficaz control parlamentario.

En tercer lugar, el proyecto sostiene que, para proceder a aplicar la ley, previamente se requerirá que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) emita un Informe. Esto reitera la concentración de la decisión en el propio presidente de la República pues esta agencia depende del Ejecutivo. Además, esta medida expone a que la ANI sea utilizada como excusa para que el presidente pueda “lavarse las manos” afirmando que siguió la recomendación “técnica” de la Agencia.

En cuarto lugar, supone un retroceso en desarrollo institucional de la seguridad pública. Recordemos que a principios del siglo XX los militares destinaban diversas de sus unidades a labores de orden público. En esa época estaba normalizado el uso de los militares para brindar este servicio. Sin embargo, esto termino generando problemas operativos en las FF.AA. y lo más grave, una sangrienta represión de la protesta social.

Por otra parte, la implementación de esta reforma incorporaría un nuevo rol no profesional para las FF.AA., lo cual supondría serios problemas en términos operativos, con consecuencias muy graves.

Primero, no se define qué se entiende por “resguardar”. Pareciera que los militares solo van a impedir la entrada de los supuestos “terroristas” a un lugar cerrado y protegido. Pero, lamentablemente, gran parte de las infraestructuras críticas a proteger no coinciden con esa idea. Un supermercado (“centro de abastecimiento”), no es saqueado por “terroristas”, sino que por población civil. Una carretera (“vías de comunicación”) se extiende por kilómetros y no tiene muros. Un aeropuerto o un terminal de buses, es un lugar donde transitan miles de personas diariamente. Además, “resguardar” exige saber qué amenaza habrá que enfrentar. Por ende, puede transformarse en una labor que va mucho más allá de la simple presencia militar en el lugar y abre la puerta para que la inteligencia militar defina a la sociedad civil como uno de sus principales objetivos.

Segundo, esta acción de “resguardo se desarrollaría bajo la luz de nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que facultan a los militares para hacer uso de armas letales frente a situaciones no especificadas debidamente, lo cual expone a la población a un grave peligro de ser víctima de la violencia militar y se puede caer en el nefasto precedente el enemigo interno

Tercero, exigirá una preparación específica a las FF.AA. Va a ser necesario que cuenten de entrenamiento especial (por ejemplo, para saber afrontar turbas), compra de material a gran escala (instrumentos antidisturbios) y el desarrollo de doctrinas para la acción interna, lo que escapa a la función de las FF.AA.

Por último, la reforma no identifica una figura que sea responsable política de los sucesos que puedan acaecer durante la labor militar y tampoco establece una línea de mando claramente definida. ¿De qué autoridad van a depender los militares que estén resguardando una infraestructura crítica? Como no se va a estar en estado de excepción la autoridad política local (intendentes y gobernadores) va a seguir rigiendo, entonces ¿los militares van a tener que seguir sus instrucciones? Además, Carabineros va a seguir teniendo la responsabilidad del orden público general, ¿van a poder dar órdenes a los militares que estén haciendo labores de resguardo? No olvidemos que cuando no están claras las responsabilidades políticas y penales de quien ejerce la violencia y de quien la ordena, se abre la puerta a la violación de los DDHH de la ciudadanía.

En definitiva, no es factible que lo inmediato y puntual redefina nuestra Política Defensa sin un proceso reflexivo previo. El empleo de las FF.AA. en actividades de control del orden público, es un error, es inoportuno y es peligroso. Error porque involucra a instituciones en otras funciones para las cuales no fueron creadas, y no han sido adecuadamente preparadas. Es inoportuno, ya que son promovidas por un gobierno en crisis de legitimidad para afrontar un contexto político agitado, en el cual la presencia militar no contribuye a la tranquilidad. Es peligroso porque transforma la protesta conflicto social en un campo de batalla, exponiendo a la ciudadanía a ser atacada como si fuera un enemigo interno. Pero, esta política de involucrar a las FF.AA. en tareas de orden público también es un peligro para los propios militares, quienes se van a ver expuestos a un tipo de conflictividad para la cual no están preparados.

Por todas estas razones desde el GADFA hacemos un llamado a los parlamentarios y parlamentarias para que rechacen definitivamente una reforma constitucional que es totalmente perniciosa para nuestra democracia.

14 de septiembre, 2020

Unión Portuaria de Chile se refiere a tramitación de ley de infraestructura crítica

 

La Unión Portuaria de Chile,  hace ver su rechazo al Proyecto de Reforma Constitucional sobre Infraestructura Crítica porque observamos que es una herramienta demasiado peligrosa dado que  puede utilizarse no sólo para lo que el Ejecutivo dice que construyo dicha propuesta, sino que también puede usarse para fines distintos a los ahí señalados dada la alta discrecionalidad que posee en su aplicación, pudiendo guiarse por la visión política del gobierno de turno. Claramente vemos esa situación en el último paro del gremio de camioneros, donde la tan bullada “ley antibarricadas”, que promovió el actual gobierno para ser aprobada por el Congreso meses atrás y que defendía el libre tránsito por las calles y carreteras de Chile, no fue aplicada por ser, las organizaciones que la transgredían, afines al pensamiento del Ejecutivo. Es así que podemos afirmar, bajo los hechos observados por todos los chilenos en la TV, RR.SS y prensa en general, que la tesis planteada en su minuto sobre esa ley de quienes se resistían a su aprobación, de que sería básicamente una herramienta persecutora contra los opositores al pensamiento del gobierno de turno, al menos en esta ocasión fue así, dándoles la razón.

Nos preocupa que esa tendencia también se dé con esta reforma, pues sus consecuencias son aún más graves, dado que no sólo se le entrega a los gobiernos la facultad de perseguir judicialmente a quien realice actos que considere bajo su visión dañinos pero con la posibilidad de ser arbitrario en su empleo, como fue el caso de los camioneros que si tomaron carreteras y no fueron reprimidos, pero si a los TENS que fueron apresados en la Alameda de Santiago por solicitar mejores tratos laborales por su labor en el combate del COVID 19. Pero en este caso, se le agrega el uso de la fuerza militar y la eximición de persecuciones judiciales en caso de que tras su uso alguien resulte herido o muerto. ¿Nos preguntamos si esta también será una ley que se aplicará, como la mencionada “ley antibarricada”, dependiendo su uso a si quien realiza algún acto no deseado por algún gobierno sea ejecutado por gente a favor o en contra de su visión política?

Nos preocupa que esta ley también sea utilizada como herramienta de control huelguístico, donde la Agencia Nacional de Informaciones (cuyo director es nombrado por el Presidente) actúe arbitrariamente determinando que una situación de huelga de puertos o aeropuertos afecta la infraestructura crítica del país y provocando que las controversias de la definición de funciones mínimas como también de infraestrcutura critica, que determina los tribunales laborales, sea realizada por el Ejecutivo y hecha obedecer bajo el uso de fuerza militar incluso letal, incumpliendo el Convenio 98 de la OIT sobre Negociación Colectiva.

Afirmamos que esta Reforma genera un instrumento legal que puede usarse para eliminar el diálogo  como forma de solución de controversias y nos devuelve a las pasadas épocas donde ello se resolvía con el uso de la fuerza militar como fue en la huelga portuaria de Valparaíso en 1903 con más de 150 muertos o en Santa María de Iquique con 3.000 y más. Solicitamos a los legisladores que rechacen dicha reforma y  tengan conciencia que ese poder no puede quedar sujeto al arbitrio de una sola persona o una sola visión política, como es un gobierno de turno, pues su posible mal uso (que es factible de que ocurra) nos volverá a los oscuros episodios de nuestra historia donde, tras una huelga, esta concluya con trabajadores muertos y familias destruidas, solo por defender los intereses económicos de algunos.

 

UNION PORTUARIA

Opinión: Ley de infraestructura crítica: Evidente degradación autoritaria. Por *Roberto Saéz.

MILICOS

A propósito de la negociación establecida entre el Poder Ejecutivo y una fracción del gremio de camioneros, se ha puesto urgencia al proyecto de reforma constitucional presentada por el gobierno y que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Este proyecto, aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, se votará en sala para su promulgación, mañana miércoles 09 de septiembre.

Este proyecto reforma el artículo 32 Nº 17 de la Constitución Política de la República, respecto a las atribuciones presidenciales y que señala que entre ellas está la de “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las  necesidades de la seguridad nacional”

A estas atribuciones vigentes, se incorporan nuevos párrafos en los que se señala que:

-Será atribución del ejecutivo disponer a las FF.AA. para la protección de infraestructura crítica en caso de “peligro grave e inminente” y previo informe de la ANI.

Que 45 días después de promulgada esta reforma, el ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que indique qué es la infraestructura crítica, con plazo de un año para su promulgación.

Mientras no se apruebe dicha ley, el ejecutivo podrá definir mediante decreto supremo, qué entiende por infraestructura crítica.

Degradación autoritaria

Este proyecto no resiste mayor análisis. Estamos frente a una evidente degradación autoritaria que pretende establecer un “semi estado de excepción constitucional permanente” con el objetivo de disponer el empleo de las Fuerzas Armadas a discreción del actual Presidente de la República, para su despliegue en lo que el propio ejecutivo definirá como infraestructura crítica, sin ningún contrapeso fiscalizador, en lo que parece, un uso excesivo de la fuerza militar ante una evidente mala gestión gubernamental.

Este proyecto es parte de un conjunto de iniciativas legales que dan forma a nuevas atribuciones presidenciales para el empleo de la fuerza militar en contextos distintos a la guerra y a las operaciones polivalentes asociadas a situaciones de “riesgo y desastre”. Tales como la ampliamente criticada ley de inteligencia[1] que politiza el sistema, disminuye el control del poder legislativo e incorpora a las unidades de inteligencia militar para operaciones «internas y nacionales» de contrainteligencia, al amparo de una amplia facultad del ejecutivo. O el proyecto de ley que modifica la relación del Estado de Chile con la Corte Penal Internacional, trasladando atribuciones desde el Poder Judicial al poder ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta evidente degradación autoritaria es signo de una creciente crisis institucional, causada entre otros factores, por una deficiente gestión gubernamental en el contexto del levantamiento popular de octubre y el proceso constituyente en ciernes, el cual en última instancia, no se restringirá exclusivamente a una asamblea cívica, sino a un proceso prolongado, híbrido y multidimensional, con un fuerte protagonismo ciudadano, por la reorganización del poder y la redefinición del carácter del Estado.

La ciudadanía debe poner atención a estos signos autoritarios, exigir a sus parlamentarios el rechazo a esta clase de iniciativas e incorporar dentro de su análisis colectivo, los posibles escenarios futuros que condicionarán su legítima acción política.


Ver informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.


[1] Ver “Más poder para el presidente: Nudos críticos del proyecto que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado” de Claudio Nash Rojas. Disponible en: https://ciperchile.cl/2020/06/16/mas-poder-para-el-presidente-nudos-criticos-del-proyecto-que-moderniza-el-sistema-de-inteligencia/

*Por: Roberto Sáez Olivares. Mg. en Ciencias Militares

FUENTE: https://grupopelantaro.cl/2020/09/08/ley-de-infraestructura-critica-evidente-degradacion-autoritaria/

Fundación Víctor Jara por uso de la UDI de canción “El Derecho de Vivir en Paz”


victor jara
Ante el uso de la frase EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ por parte de la UDI, haciendo evidente alusión a la canción escrita por Víctor Jara, nuestra fundación declara.

1. Víctor Jara compuso esta canción como una forma de protesta contra la guerra de Vietnam impulsada por la invasión de ese país por la súper potencia militar mas grande del mundo como lo era Estados Unidos. Se trató de una guerra tan injusta como desigual, en la que un pequeño pueblo debió defenderse de una agresión brutal. El mundo conoció la ignominia de ver a niños y niñas quemadas por las bombas de napalm de los aviones norteamericanos. Víctor Jara reaccionó contra ese horror sin límites clamando por la paz.

2. Esa misma canción se convirtió así en un himno mundial por la paz. Tanto así que el pueblo japonés la canta en su idioma para conmemorar otro horror cometido en nombre de la humanidad por el mismo país del norte. Esta vez Estados Unidos lanzaba sus bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de muertos y heridos de por vida.

3. Más recientemente, el pueblo chileno salió a reclamar justicia y dignidad a partir del 18 de octubre pasado. La respuesta del estado fue una violenta represión que dejó decenas de muertos y cientos de mutilaciones oculares. Ante esta situación la canción de Víctor Jara se volvió a escuchar desde miles de hogares, en calles y plazas del país, reclamando el derecho de vivir en paz que se le negaba.

Este es el sentido legítimo y el significado real conque Víctor Jara compuso y cantó esta canción conocida hoy en todo el mundo. Quienes hoy la usan deben responder ellos por sus intenciones. Que el pueblo juzgue.

Fundación Víctor Jara
Santiago de Chile 7 de septiembre 2020.

Rodrigo Mundaca a la conquista de la Gobernación de Valparaiso

Desde el 18 de Octubre de 2019 resonó fuerte el clamor de todo un pueblo que, cansado de abusos e injusticias, se levantó para exigir  poner fin a las injusticias y realizar cambios profundos a la forma en que se construye Chile y sus territorios.

Desde el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medioambiente (MODATIMA), llevamos más de 10 años instalando en la agenda pública debates tan importantes como la desmercantilización del agua, la naturaleza y el medioambiente. Ha sido desde la provincia de Petorca, el “patio trasero” de la región de Valparaíso, desde donde hemos interpelado a las elites políticas para cambiar estas graves injusticias.

Hoy, en medio de este histórico proceso constituyente que atravesamos en el país, como MODATIMA hemos tomado la decisión de dar un paso a la altura de estas circunstancias. Presentaremos candidaturas en distintos territorios, tanto a nivel de concejalías, alcaldías y constituyentes. Pero además, como una forma de aportar concretamente al desarrollo justo y sostenible de los territorios, hemos propuesto a nuestro vocero nacional, Rodrigo Mundaca, como precandidato a la Gobernación de la Región de Valparaíso.

Rodrigo Mundaca, además de ser nuestro vocero nacional, es premio internacional de Derechos Humanos de Nuremberg y de la Fundación France Liberté, premios otorgados por la larga lucha que ha librado con consecuencia y liderazgo. Tenemos la certeza que desde la Gobernación Regional puede liderar reales cambios, poniendo énfasis en que la riqueza producida en el territorio quede en el territorio y permita a la población que habita esta región tener un buen vivir, haciendo partícipe de las decisiones a las mayorías excluidas del poder.

Estamos convencidos y convencidas de que desde la Gobernación Regional de Valparaíso, se puede continuar con las transformaciones que el pueblo de Chile demanda, aportando concretamente al horizonte cada vez más plausible de superación del neoliberalismo.

Mesa Nacional MODATIMA

Fuente: http://www.modatim

URGENTE Cambian medida cautelar de Santiago Montenegro a arresto domiciliario.

santiago

En horas de esta tarde  se informó  desde los tribunales en Talca que la medida cautelar de prisión preventiva,  que afecta desde mayo de 2019  al abogado y profesor Santiago Montenegro, fue cambiada a arresto domiciliario, por lo que el profesional viajaría en horas de esta noche hasta su residencia en la Región Metropolitana para cumplir de esta forma la cautelar.

Como se recordará Montenegro se encuentra acusado, sin el estándar de prueba mínimo, de ser parte de una asociación ilícita para asaltar bancos, en particular de un robo frustrado a una sucursal del Banco BCI de Talca.

El pasado en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez  de Santiago Montenegro, por lo que nunca fue condenado judicialmente,  ha sido utilizado por la fiscalía para fundamentar en sus alegatos un supuesto peligro para lo sociedad, lo que lo mantuvo en prisión por 16 meses sin  justificación razonable.

Para el círculo cercano de Santiago, esto no ha pasado de ser una especie de vendetta ideológica, del fiscal a cargo, por el su compromiso en la lucha anti dictatorial y su participación en el FPMR.

La fecha de la vista de la causa será en noviembre, oportunidad en la que Santiago Montenegro podrá demostrar su inocencia.

 

A 31 años de su asesinato presentan libro dedicado a Marcelo Barrios.

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Dedicado a Alex Nuñez y todas las víctimas de la represión estatal, y a la memoria de Marcelo Esteban Barrios Andrade, que nació en el Hospital Salvador de la ciudad de Santiago en noviembre de 1967, para llegar dos años después a vivir a la ciudad de Punta Arenas, donde fue un activo organizador de los estudiantes secundarios en la época de las protestas contra la dictadura. Murió en agosto de 1989 asesinado por el Estado en los cerros de Valparaíso, combatiendo bajo las banderas del FPMR Autónomo.

Desde diciembre de 2008 está sepultado en el memorial de los Ejecutados Políticos, en su ciudad natal. Sé que Marcelo vuelve a vivir en esta revuelta que comenzó justo un mes después de los homenajes realizados en Valparaíso y Punta Arenas para los 30 años de su asesinato, junto a todxs quienes dieron su vida luchando contra la dominación”.

Con esta palabras el autor del libro, Julio Cortés Morales, “La Violencia Venga de donde Venga, escritos e intervenciones de antes y durante la revolución de octubre” dedica su obra al jóven combatiente del FPMR Marcelo Barrios Andrade, asesinado en forma alevosa y cobarde por efectivos de la Armada de Chile el 31 de agosto de 1989.

SICNoticias consultó a Gladys Barrios, hermana de Marcelo y en buen parte responsable, hasta estos días, de mantener viva la memoria y la exigencia de justicias para este joven luchador vícitima de un crimen que permanece, como tantos otros, en la impunidad, sobre su impresión al conocer la inclusión de su hermano en la presentación del libro.

Esto fue lo que nos dijo:

“Llegó a mis manos el libro de Julio Cortes “la violencia venga de donde venga” y fue una hermosa sorpresa al comenzar a leerlo y ver la dedicatoria y que va en memoria de mi hermano Marcelo Barrios.

Me enorgullezco de la trascendencia que ha tenido Marcelo después de su muerte en ser reconocido como como  un joven combatiente de este pueblo , un joven que lucho en los ’80 como tantos y tantas en esta larga lucha de resistencia sistémica con conciencia  de  clase , con  pertenencia e  identidad  para querer transformar esta sociedad capitalista , opresora, clasista, explotadora, represora,  racista,  injusta, devastadora, destructora de vidas y sueños por una sociedad socialista  y que sea recordado e incluido en la luchas de hoy me produce una enorme emoción ya que existe un triunfo de la memoria sobre el olvido  y la continuidad de la lucha por la  resistencia histórica

Julio en su dedicatoria escribe que ve a Marcelo en todos esos jóvenes que se levantaron el 18 de octubre contra este sistema tan inhumano.

Marcelo fue asesinado por agentes del Estado que en este caso fueron infantes de Marina y si bien su muerte a nivel judicial no ha tenido justicia, siento que a través de actos como este se suple esa Justicia que esta secuestrada en un poder judicial cómplice y funcional al poder económico entregando Impunidad a  todos las violaciones a los  Derechos Humanos, sociales, económicos, culturales, raciales, políticos, medioambientales, de género,  que se cometieron ayer y se continúan cometiendo hoy”



Trabajadores Forestales rechazan que se involucre Asociación de contratistas en conflicto de camioneros

forestales

COMUNICADO PUBLICO

Frente al paro nacional convocado por las organizaciones de dueños de camiones, CTF, se pronuncia.

Los trabajadores forestales estamos en conocimiento permanente de la delicada situación que se vive en esta zona del país, ya que mayoritariamente nuestros socios y dirigentes viven en ella o trabajan.

El conflicto del pueblo mapuche con las empresas forestales, tampoco nos es ajeno, porque en el mundo del trabajo forestal nos juntamos todos, como clase social.

Lo que viene a agravar la situación son las manipulaciones obscuras que se llevan a cabo, y que buscan incluir a todos.

Nosotros no tenemos nada que ver con los terratenientes fascistas de la Araucanía, ni con el robo de madera. Siempre nos ha parecido sospechoso la quema de equipos de trabajo forestal, estando seguros que la agudización de este conflicto solo busca cruzarse y obstaculizar el camino que la voluntad popular ha determinado, que es el plebiscito del 25 de octubre, destinado a abrir las puertas del cambio de modelo de sociedad que vivimos y que no nos sirve.

Nos preocupa el involucramiento de la Asociación de Contratistas Forestales en este conflicto, porque queda claro que lo que persiguen es implicar también a sus trabajadores. Esto es una maniobra sucia, propio de una asociación que no busca proyectar al sector forestal que queremos, sino que se ha dedicado a pedir militares en la zona de conflicto, con el argumento del daño económico sufrido, todos sabemos que dichos equipos están asegurados.

Los trabajadores somos claros, no queremos estado de sitio, no queremos se criminalice la lucha del pueblo mapuche, queremos un Chile más democrático, donde todos podamos vivir bien, con trabajo seguro, con dignidad y derecho. Eso nos garantiza una nueva Constitución, nacida de la voluntad popular y no un paro de camioneros con pasado golpista, y menos empresarios contratistas, explotadores, neoliberales y fascistas.

Por CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

CONFEDERACION DE TRABAJADORES FORESTALES

ALVARO MARCHANT C. PRESIDENTE NACIONAL

JORGE GONZALEZ C. SECRETARIO GENERAL

Coronel, 28 de ago.  2020

El momento es hoy, a la disputa de los territorios. Por Rodrigo Mundaca y Rodrigo Faúndez

Rodrigo-Mundaca

No resulta nuevo señalar que la mercantilización neoliberal ocupó todos los aspectos de nuestras vidas durante estas últimas cuatro décadas. Salud, cultura, educación, pensiones, bienes comunes: todo se transformó en objeto de mercantilización. Un ámbito de especial relevancia, más no tomado con suficiente atención desde aquellas actorías que pretenden terminar con el neoliberalismo en Chile, ha sido la “cuestión territorial”.

Así planteado, la cuestión territorial parece un tema ambiguo, difuso o vacío de soporte teórico; sin embargo, nos interesa relevar la importancia de largo plazo que reviste construir política transformadora desde los territorios y disputar sus instituciones.

Si bien, la cuestión territorial ha sido un tema de larga data en algunos sectores políticos y en ciertos círculos académicos, el tema ha cobrado mayor relevancia en la última década a partir de la emergencia de una serie de luchas que en diversos lugares del país se han sucedido por la defensa de territorios ante proyectos de inversión extractivos que afectan a las comunidades, o bien, en la articulación de singulares procesos democráticos de defensa del poder local. El tema cobra especial relevancia en momentos en que Chile atraviesa una crisis política que ha derivado en un inédito proceso constituyente y en tiempos en que el COVID 19 ha demostrado que la comunidad que habita los territorios, en particular la ciudadanía organizada en el espacio local, ha sido uno de los principales soportes que ha permitido enfrentar con mayor efectividad la pandemia y la precariedad económica.

Tanto la crisis política, como la crisis sanitaria que atravesamos nos vuelven a dejar de manifiesto que los territorios “subnacionales” están activos y albergan una infinidad de experiencias organizativas acumuladas a lo largo de décadas. Esta “capacidad comunitaria” –que tiende a ser objeto de clientelización y paternalismo por autoridades nacionales, regionales y locales— nos alerta que es desde el espacio situado, el espacio habitado y “experienciado” desde donde es posible construir condiciones para crear comunidades organizadas que le otorguen un sentido común al espacio local y enfrenten la idea mercantilista del espacio público que nos han impuesto durante décadas.

Esta cierta activación de “lo territorial”, que ha logrado crear entramados sociales complejos a nivel de barrios, poblaciones, comunas, ciudades, e incluso, regiones, puede ser una importante clave para la orientación política de los sectores populares y actores transformadores.

A pesar de plantear esta idea, que puede reflejar cierta candidez estéril sobre lo territorial, sostenemos que el territorio está lejos de ser ese espacio armonioso, bucólico y exento de conflictos sociales, raciales y de clase. Tal como nos aporta la geografía crítica el territorio es, en esencia, un espacio construido complejo de relaciones de poder y dominación, en el que convergen y divergen intereses, actores y sujetos. Y es justamente su carácter conflictivo y contrario el que lo vuelve idóneo para construir procesos de cambio multiescalar. En efecto, el conflicto es la esencia y el motor de la vida social y es a través de la disputa de intereses donde la sociedad ejercita la política y donde se pueden construir los cimientos de una opción de superación del orden vigente. Durante 40 años en Chile se impuso una política mínima, vaciada de disputa de proyectos de sociedad, en que el consenso elitario fue la clave para gobernar, excluyendo a las mayorías e impidiendo cambios al sistema económico y político. La rebelión popular de octubre del 2019 y las redes de solidaridad expresadas en la pandemia demuestran que esta politización de lo social —negada, controlada y cooptada durante toda la transición— tiene su asiento en los espacios locales.

Poner el foco en lo territorial no implica negar ni pasar por alto las necesarias disputas que se vienen dando en el orden nacional. Un proyecto transformador debe deshacer –partiendo por la Constitución Política— cada una de las leyes, dispositivos y arreglos que han instituido el capitalismo neoliberal. No obstante, el despojo capitalista tiene una nítida expresión en el plano espacial y reviste una particular relevancia su transformación. La privatización del espacio público, de los servicios elementales, el control inmobiliario y sanitario del suelo urbano, las decisiones respecto de los grandes proyectos de inversión, como parques industriales, infraestructura, carreteras, son decisiones impuestas, no tan solo por el mercado, sino con el aval y, en la mayoría de los casos, con el subsidio y compromiso del Estado. En ese maridaje también han tenido un rol fundamental los gobiernos e instituciones subnacionales.

En tal sentido, la disputa por los territorios indica una orientación clave que los movimientos sociales y fuerzas políticas de transformación no debiésemos soslayar. Y dicha disputa abarca la construcción de procesos de organización popular y poder comunitario para la gestión de servicios elementales, o las luchas contra determinados proyectos de inversión, por la transformación del espacio local, por el acceso a servicios básicos, entre muchos otros ámbitos. Pero complementariamente, se trata también de disputar cada una de las instituciones públicas de escala local y regional, para reconfigurar las relaciones de poder que existen en dichos espacios y poner la institucionalidad pública subnacional al servicio de estos procesos. En tal sentido, es menester que dichas disputas sean el reflejo de la diversidad de las luchas y experiencias de gestión comunitaria que pueblan los espacios locales.

Esto nos lleva a plantear la urgencia de establecer puentes cada vez más sólidos entre las múltiples actorías y sujetos/as sociales y políticos/as del ámbito nacional y local. La coyuntura actual, nos tensiona para cimentar una suerte de organicidad político social al calor de la construcción de trabajo y confianzas mutuas. Los esfuerzos de articulación social y política en los últimos meses han apuntado en este sentido, sin embargo aún resta camino en la depuración de proyectos colectivos que cuajen en escala local.

Desmontar la arquitectura política, jurídica e institucional del neoliberalismo y del Estado subsidiario no recaerá solamente en la redacción de la nueva constitución. Ese será el primer paso. Junto con él se debe dar continuidad a este nuevo ciclo político que permita instituir los cambios que el movimiento social y las fuerzas transformadoras hemos venido impulsando hace décadas. Construir un nuevo paradigma de desarrollo, cambiar el carácter del Estado y transformar el entramado legislativo no será tarea de un grupo de partidos políticos, ni de intelectuales o académicos especializados en tal o cual materia. Será mucho más que eso. Será responsabilidad de las mayorías sociales y políticas que se han dotado de una infinidad de organizaciones, instituciones y aparatos para concretizar sus ideas para emprender estas batallas.

Desde octubre el pueblo ha abierto una coyuntura constituyente inédita en la historia reciente del país. La agenda electoral 2020-2022 será un escenario propicio para poner en juego dicha voluntad popular constituyente y para canalizar esta energía social en un ejercicio instituyente de cambios en la sociedad y en el Estado. Es hora de que las actorías y movimientos territoriales levanten la voz una vez más, pero esta vez no sólo para denunciar y defender el territorio, sino que para disputar cada una de las instituciones públicas: diputaciones, convencionales constituyentes, pero por sobre todo, municipios, consejos y gobernaciones regionales.

El sentido está claro; se trata de recuperar lo que le pertenece al pueblo y construir otro modelo de desarrollo, profundizando la democracia, pero partiendo por la disputa territorial.

FUENTE: https://www.lemondediplomatique.cl/el-momento-es-hoy-a-la-disputa-de-los-territorios-por-rodrigo-mundaca-y-rodrigo.html

Servicio de Informaciones Ciudadanas – Chile