Ana Llao califica de racista fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó recurso de amparo presentado por el INDH en su favor

ANA LLAO

En una nueva demostración de racismo la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó, en fallo dividido, el recurso de amparo interpuesto por el Instituto de Derechos Humanos -INDH- en favor de la líder mapuche Ana Llao por la arbitraria detención de la que fue objeto por parte de fuerzas especiales de Carabineros de Chile en el marco de las movilizaciones por la libertad de los Presos Políticos Mapuche en el mes de agosto del presente año.

La dirigente de Ad Mapu al conocer la decisión negativa de la corte declaró en exclusiva para SICNoticias que “… Nunca he cifrado esperanzas con la justicia chilena, ya he visto las atrocidades que han cometido acusando a nuestra gente, prestándose para los montajes y todas las injusticias racistas que han cometido desde siempre”

“En este contexto, hoy cuando rechazan este recurso-continuó Llao- con voto devidido, queda en claro que ellos están coartando la libertad de poder expresarse libremente y esperamos que en elfuturo exista una justicia imparcial de verdad y se haga justicia a todo lo que reclamamos”

En el contundente escrito presentado por los abogados del INDH se establece y demuestra  con claridad la vulneración de los derechos constitucionales de la que fue objeto Ana LLao, su hijo Huenulef Calfukura Millao Llao y Elías Gutiérrez Calfín el 4 de agosto de 2020, cuando en ejercicio del derecho a la libertad de expresión reclamaban por los hechos recientes ocurridos en las ciudades de Curacautín y Victoria en que, personas civiles se congregaron en horario de toque de queda y sin oposición de Carabineros, se manifestaron ocupando espacios públicos como calles y plazas para, luego ejecutar desórdenes e incluso ejercer acciones físicas en contra de la integridad de personas mapuche que ocupaban las Municipalidades de dichas ciudades en apoyo a la protesta que llevan adelante mapuche privados de libertad en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu.

En lo específico el escrito señala “Pasado el mediodía se da inicio a la marcha, la que se dirige a calle Caupolicán por unos metros de calle Montt para encaminar hacia el centro de la ciudad, sin embargo, en lugar de recibir la protección de las fuerzas policiales para desplegarse de manera ordenada, los y las personas reunidas sólo alcanzaron a avanzar apenas una distancia inferior a una cuadra cuando, el contingente policial (carros lanza gases, carros lanza aguas, buses y contingente policial a pie) de Carabineros de Fuerzas Especiales, detuvo su desplazamiento en la esquina de Caupolicán con Manuel Montt.

Es en este lugar y momento en que el personal de Carabineros, sin provocación alguna, inicia la represión de la movilización que, hasta ese momento, se había desarrollado en completa normalidad, utilizando el carro lanza aguas disuelve la columna de manifestantes quienes transitaban en la intersección de las calles señaladas. Conforme se pudo observar por funcionarios/as de INDH, al alcanzar la calle, la columna es dispersada mediante el uso del carro lanza aguas, -sin que existiese previo al actuar de Carabineros- lanzamiento de elementos contundentes u otras situaciones de violencia que justificara la intensidad con que se realizó la intervención policial, actuación alejada de toda proporcionalidad y protocolos de actuación. Con las primeras intervenciones del chorro de agua provenientes del vehículo policial, la columna se dispersa y los manifestantes abandonan la vía pública.”

Continúa la presentación ante la corte señalando… “ respecto Ana Llao, a pesar que la misma no se encontraba realizando ningún disturbio, no lanzó objetos contundentes, no atacó a Carabineros, no interrumpía el tránsito pues éste estaba siendo controlado por los propios Carabineros, por lo que no transitaba ningún vehículo por el lugar, fue igualmente detenida con enorme violencia en Av. Caupolicán esquina Montt, junto a su hijo. Los funcionarios de FFEE la arrastraron y, al subirla al bus de detenidos, le sacaron su trapelakucha y dañaron el trepuwe (baqueta con la que segolpea el kultrun).

Señala que le quitaron el kultrun y su kaskawilla y que otras personas debieron devolverle sus cosas. Indica también que, al subirla al bus, la dejaron tirada en el suelo. Producto de lo anterior, al momento de la entrevista, sentía dolor en el hombro derecho. A raíz de la constatación de lesiones se le recetó un antiinflamatorio, el cual ingirió en la Comisaría.

Sigue el escrito puntualizando que ” La detención de la amparada Ana Llao ( y los otros amparados)  no aparece justificada, como se refirió, no se encontraba realizando ningún disturbio, no lanzó objetos contundentes, no atacó a Carabineros, no interrumpía el tránsito pues éste estaba siendo controlado por los propios Carabineros por lo que no transitaba ningún vehículo por el lugar y, se desplazaba por la calzada tocando su kultrún.”

Concluyen los abogados en representación de Llao y otros que: “En efecto , la actuación policial respecto de la amparada Ana Llao Llao no aparece como necesaria ni proporcional; la manifestación había sido disuelta y en su caso se trataba de una mujer mapuche que observaba desde la calzada la acción de Carabineros, desplazándose con lentitud mientras tocaba su kultrun, sin generar desórdenes ni atentar en contra de persona o funcionario policial alguno, sin interrumpir el tránsito, y sin embargo se le abalanzan corriendo a lo menos 6 funcionarios para detenerla, forzándola en el proceso, provocando el desprendimiento de parte de sus adornos tradicionales, la caída de su Kultrun, elementos propios de su integridad; ¿era acaso ésta actuación el último recurso? ¿se recurrió primero a medios no violentos respecto de esta amparada?, la respuesta es no, porque la acción en su contra no era necesaria, lo que a su vez incide en la proporcionalidad, considerando las características particulares de la amparada, una mujer, cuál era la intensidad de la fuerza pertinente a su caso, sobre todo comparando con la conducta desplegada por otro piquete de funcionarios de FFEE a metros de ese lugar, al centro de la plaza, que no llegó a ejercer acción física en contra de otras mujeres. Qué decir respecto del amparado Elías Gutiérrez Calfín, a quien el sólo hecho de reclamar porque un funcionario lo habría golpeado con un palo le costó su detención inmediata y, seguido a ello, fue pateado, y resultó con diversas heridas producto de su detención¨

Luego de un largo informe con variadas disquisiciones de carácter formal  y a pesar de la evidencia audiovisual y testimonial al respecto, la sala respectiva en fallo dividido resolvió rechazar el amparo, para los magistrados las casi 3 mil querellas por uso indebido de la fuerza y las sistemáticas violaciones a los DDHH de que se acusa a la fuerza policial militarizada no tienen valor alguno y se afirman en las declaraciones de los mismos que cometen los ilícitos en contra de ciudadanos y ciudadanas que ejercen el legítimo derecho a manifestarse.

Es interesante en todo caso el voto de minoría del magistrado Carlos Gutiérrez que estuvo por acoger el amparo señalado que “…este voto de minoría estima que la acción de Carabineros en contra de todos/as ellos/as constituye un acto ilegal y arbitrario que lesionó derechos garantizados en nuestra Constitución Política de la República y los estándares establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, puesto que los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile y, que se encuentran vigentes, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Además, por mandato constitucional, tienen carácter de norma de obligado cumplimiento”

Texto completo del fallo:

RECHAZO RECURSO PROTECCIÓN ANA LLAO

Medios alternativos, independientes y populares llaman a la defensa de la libertad de expresión

libertad de expresion

Los medios de comunicación populares e independientes abajo firmantes hacemos un fuerte llamado a la defensa del derecho a la libre expresión, rechazando enérgicamente la represión de que han sido víctima muchos de los comunicadores populares que denuncian, día a día, las injusticias a las que son sometidos los pueblos que habitan nuestro país.

Desde antes del 18 de octubre de 2019, pero con mayor intensidad después de iniciada la revuelta popular, los trabajadores y las trabajadoras de los medios independientes han sido detenidos, gaseados, golpeados y maltratados por la policía militarizada del Estado de Chile.

Casos como los de Damián Trujillo de Prensa Latina-AhoraTV, Víctor Torres de la Señal 3, Milko Caracciolo de Radio de Acción (San Antonio), Samuel Muñoz de Diario El Itihue (Región de Ñuble), Carlos Escobar de Radio Plaza de la Dignidad y Gianco Raglianti de Prensa OPAL, que han sido apresados en las últimas semanas, esposados y maltratados, para que posteriormente el fiscal declare como ilegal su detención, se han repetido con muchos comunicadores, aún cuando se han identificado con sus credenciales.

Un caso cercano de atentado a la libertad de expresión, es también el de Mauricio Hernández Norambuena, “Ramiro”, quien por dar una entrevista a medios populares fue nuevamente castigado por Gendarmería, acentuando la situación de aislamiento y otras formas de tortura que se han ejercido en su contra desde que llegó a nuestro país.

Denunciamos que el actuar de Carabineros de Chile evidencia una estrategia de persecución y represión dirigida contra los comunicadores populares y corresponsales extranjeros que no se conforman con el discurso oficial, violando los derechos a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información, todos garantizados en los tratados internacionales que el Estado de Chile ha firmado y ratificado.

Estamos conscientes que no vivimos en una democracia real, lo que fue una de las razones del estallido popular, pero exigimos a aquellos que dicen respetar los derechos humanos una posición clara frente a estas agresiones, las que además intentan ocultar la continuidad de los graves delitos contra la Humanidad en que han incurrido las fuerzas policiales y militares usadas por el gobierno para atentar contra la organización del pueblo.

En el escenario que se avecina, donde poco a poco se han ido articulando, reorganizando y levantando nuevos espacios de poder territorial, será esencial la solidaridad y el trabajo conjunto de los medios y comunicadores populares para enfrentar la represión y poder difundir lo que, desde los medios oficiales y la institucionalidad, quiere ser silenciado.

Por ello, nos auto convocamos a crear redes de información y denuncia que aseguren la mayor difusión de las demandas, instancias de organización y movilizaciones que surgen desde el pueblo organizado y en lucha.

Septiembre 21 de 2020

Medios que adhieren:

OPAL Prensa

Radio Plaza del la Dignidad

Primera Línea Prensa

El Regionalista (Antofagasta)

Antofagasta – Norte informando

Nuestra Dignidad

Prensa Latina – AhoraTV

Banderas Rojas Banderas Negras

La Trinchera de Barrancas

Señal 3 La Victoria

Radio La Revuelta (Quinta Normal)

Radio Tamara Frecuencia Liberada

Radio Primero de Mayo

Radio de acción (San Antonio)

El Rodriguista

Nueva Radio Punto Cero (Calama)

Radio Newen

Programa Cuba Va de la Coordinadora de solidaridad con Cuba

La Agenda del Diablo

Radio Villa Olímpica

Comisión de DDHH Colegio de Periodistas

Periódico El irreverente

Periódico El Siglo

Radio 19 de Abril y programa A Río Revuelta

Revista De Frente

Aukin

Diario El Itihue

Periódico El Pueblo

Agencia Medio a Medio

Prensa digital de Laguna Verde

Radio Comunitaria El Bloque

Radio Comunitaria Diego Portales señal online

Kiwicha Comunicaciones (Antofagasta)

Prensa Capucha (Calama)

Radio La Revuelta

Mesa Coordinadora por los DDHH (Valparaíso)

No al Mall en BARÓN (Valparaíso)

Que no nos roben Valparaíso

Foro Valparaíso Posible

Memoria y Solidaridad

Acción Anónima

Revista ChileLibre

Radio Kawinche (Cabildo)

Megáfono Popular

Prensa Libre Chile

Revista Popular El Consciente

Radio Popular Rancagua

Radio Werken Kurruf

NVR Chile (V Región)

Radio Trapananda (Patagonia)

SICNoticias

Expertos en defensa: Ley Infraestructura Crítica es una arremetida contra la democracia.

milicos

DECLARACION

GRUPO DE ANÁLISIS DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS (GADFA)

RECHAZO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Recientemente, los diputados y diputadas dieron una potente señal democrática al impedir que el gobierno obtuviera el quórum necesario para aprobar la reforma constitucional que establece el uso de militares en el resguardo de Infraestructura Crítica. La discusión se traslada ahora a una comisión mixta, por lo que es necesario precisar algunos aspectos de esta propuesta.

Hasta el momento las críticas se han centrado principalmente en dos aspectos: qué se va a entender por Infraestructura Crítica y qué constituye una “amenaza grave para la población”. Estas críticas son correctas, pero insuficientes porque los riesgos que entraña esta reforma no se arreglan solo con mayor precisión conceptual. Estamos ante una arremetida contra pilares sustanciales del régimen democrático del país. Veamos cuales son:

En primer lugar, normaliza el uso de las FF.AA. en asuntos de orden interno. El despliegue de los militares fuera de sus cuarteles es una excepcionalidad dentro del normal acontecer democrático y para eso está el estado de excepción.

En segundo lugar, refuerza el hiperpresidencialismo no solo porque la decisión del uso interno de los militares recae únicamente en el poder ejecutivo, sino que también porque esa decisión descansa en criterios discrecionales de quien ejerza la presidencia. No se establece el control efectivo por parte del Congreso o el Poder Judicial. El proyecto plantea que habrá que “informar” al parlamento, pero sabemos que esto no implica necesariamente un eficaz control parlamentario.

En tercer lugar, el proyecto sostiene que, para proceder a aplicar la ley, previamente se requerirá que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) emita un Informe. Esto reitera la concentración de la decisión en el propio presidente de la República pues esta agencia depende del Ejecutivo. Además, esta medida expone a que la ANI sea utilizada como excusa para que el presidente pueda “lavarse las manos” afirmando que siguió la recomendación “técnica” de la Agencia.

En cuarto lugar, supone un retroceso en desarrollo institucional de la seguridad pública. Recordemos que a principios del siglo XX los militares destinaban diversas de sus unidades a labores de orden público. En esa época estaba normalizado el uso de los militares para brindar este servicio. Sin embargo, esto termino generando problemas operativos en las FF.AA. y lo más grave, una sangrienta represión de la protesta social.

Por otra parte, la implementación de esta reforma incorporaría un nuevo rol no profesional para las FF.AA., lo cual supondría serios problemas en términos operativos, con consecuencias muy graves.

Primero, no se define qué se entiende por “resguardar”. Pareciera que los militares solo van a impedir la entrada de los supuestos “terroristas” a un lugar cerrado y protegido. Pero, lamentablemente, gran parte de las infraestructuras críticas a proteger no coinciden con esa idea. Un supermercado (“centro de abastecimiento”), no es saqueado por “terroristas”, sino que por población civil. Una carretera (“vías de comunicación”) se extiende por kilómetros y no tiene muros. Un aeropuerto o un terminal de buses, es un lugar donde transitan miles de personas diariamente. Además, “resguardar” exige saber qué amenaza habrá que enfrentar. Por ende, puede transformarse en una labor que va mucho más allá de la simple presencia militar en el lugar y abre la puerta para que la inteligencia militar defina a la sociedad civil como uno de sus principales objetivos.

Segundo, esta acción de “resguardo se desarrollaría bajo la luz de nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que facultan a los militares para hacer uso de armas letales frente a situaciones no especificadas debidamente, lo cual expone a la población a un grave peligro de ser víctima de la violencia militar y se puede caer en el nefasto precedente el enemigo interno

Tercero, exigirá una preparación específica a las FF.AA. Va a ser necesario que cuenten de entrenamiento especial (por ejemplo, para saber afrontar turbas), compra de material a gran escala (instrumentos antidisturbios) y el desarrollo de doctrinas para la acción interna, lo que escapa a la función de las FF.AA.

Por último, la reforma no identifica una figura que sea responsable política de los sucesos que puedan acaecer durante la labor militar y tampoco establece una línea de mando claramente definida. ¿De qué autoridad van a depender los militares que estén resguardando una infraestructura crítica? Como no se va a estar en estado de excepción la autoridad política local (intendentes y gobernadores) va a seguir rigiendo, entonces ¿los militares van a tener que seguir sus instrucciones? Además, Carabineros va a seguir teniendo la responsabilidad del orden público general, ¿van a poder dar órdenes a los militares que estén haciendo labores de resguardo? No olvidemos que cuando no están claras las responsabilidades políticas y penales de quien ejerce la violencia y de quien la ordena, se abre la puerta a la violación de los DDHH de la ciudadanía.

En definitiva, no es factible que lo inmediato y puntual redefina nuestra Política Defensa sin un proceso reflexivo previo. El empleo de las FF.AA. en actividades de control del orden público, es un error, es inoportuno y es peligroso. Error porque involucra a instituciones en otras funciones para las cuales no fueron creadas, y no han sido adecuadamente preparadas. Es inoportuno, ya que son promovidas por un gobierno en crisis de legitimidad para afrontar un contexto político agitado, en el cual la presencia militar no contribuye a la tranquilidad. Es peligroso porque transforma la protesta conflicto social en un campo de batalla, exponiendo a la ciudadanía a ser atacada como si fuera un enemigo interno. Pero, esta política de involucrar a las FF.AA. en tareas de orden público también es un peligro para los propios militares, quienes se van a ver expuestos a un tipo de conflictividad para la cual no están preparados.

Por todas estas razones desde el GADFA hacemos un llamado a los parlamentarios y parlamentarias para que rechacen definitivamente una reforma constitucional que es totalmente perniciosa para nuestra democracia.

14 de septiembre, 2020

Unión Portuaria de Chile se refiere a tramitación de ley de infraestructura crítica

 

La Unión Portuaria de Chile,  hace ver su rechazo al Proyecto de Reforma Constitucional sobre Infraestructura Crítica porque observamos que es una herramienta demasiado peligrosa dado que  puede utilizarse no sólo para lo que el Ejecutivo dice que construyo dicha propuesta, sino que también puede usarse para fines distintos a los ahí señalados dada la alta discrecionalidad que posee en su aplicación, pudiendo guiarse por la visión política del gobierno de turno. Claramente vemos esa situación en el último paro del gremio de camioneros, donde la tan bullada “ley antibarricadas”, que promovió el actual gobierno para ser aprobada por el Congreso meses atrás y que defendía el libre tránsito por las calles y carreteras de Chile, no fue aplicada por ser, las organizaciones que la transgredían, afines al pensamiento del Ejecutivo. Es así que podemos afirmar, bajo los hechos observados por todos los chilenos en la TV, RR.SS y prensa en general, que la tesis planteada en su minuto sobre esa ley de quienes se resistían a su aprobación, de que sería básicamente una herramienta persecutora contra los opositores al pensamiento del gobierno de turno, al menos en esta ocasión fue así, dándoles la razón.

Nos preocupa que esa tendencia también se dé con esta reforma, pues sus consecuencias son aún más graves, dado que no sólo se le entrega a los gobiernos la facultad de perseguir judicialmente a quien realice actos que considere bajo su visión dañinos pero con la posibilidad de ser arbitrario en su empleo, como fue el caso de los camioneros que si tomaron carreteras y no fueron reprimidos, pero si a los TENS que fueron apresados en la Alameda de Santiago por solicitar mejores tratos laborales por su labor en el combate del COVID 19. Pero en este caso, se le agrega el uso de la fuerza militar y la eximición de persecuciones judiciales en caso de que tras su uso alguien resulte herido o muerto. ¿Nos preguntamos si esta también será una ley que se aplicará, como la mencionada “ley antibarricada”, dependiendo su uso a si quien realiza algún acto no deseado por algún gobierno sea ejecutado por gente a favor o en contra de su visión política?

Nos preocupa que esta ley también sea utilizada como herramienta de control huelguístico, donde la Agencia Nacional de Informaciones (cuyo director es nombrado por el Presidente) actúe arbitrariamente determinando que una situación de huelga de puertos o aeropuertos afecta la infraestructura crítica del país y provocando que las controversias de la definición de funciones mínimas como también de infraestrcutura critica, que determina los tribunales laborales, sea realizada por el Ejecutivo y hecha obedecer bajo el uso de fuerza militar incluso letal, incumpliendo el Convenio 98 de la OIT sobre Negociación Colectiva.

Afirmamos que esta Reforma genera un instrumento legal que puede usarse para eliminar el diálogo  como forma de solución de controversias y nos devuelve a las pasadas épocas donde ello se resolvía con el uso de la fuerza militar como fue en la huelga portuaria de Valparaíso en 1903 con más de 150 muertos o en Santa María de Iquique con 3.000 y más. Solicitamos a los legisladores que rechacen dicha reforma y  tengan conciencia que ese poder no puede quedar sujeto al arbitrio de una sola persona o una sola visión política, como es un gobierno de turno, pues su posible mal uso (que es factible de que ocurra) nos volverá a los oscuros episodios de nuestra historia donde, tras una huelga, esta concluya con trabajadores muertos y familias destruidas, solo por defender los intereses económicos de algunos.

 

UNION PORTUARIA

Opinión: Ley de infraestructura crítica: Evidente degradación autoritaria. Por *Roberto Saéz.

MILICOS

A propósito de la negociación establecida entre el Poder Ejecutivo y una fracción del gremio de camioneros, se ha puesto urgencia al proyecto de reforma constitucional presentada por el gobierno y que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Este proyecto, aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, se votará en sala para su promulgación, mañana miércoles 09 de septiembre.

Este proyecto reforma el artículo 32 Nº 17 de la Constitución Política de la República, respecto a las atribuciones presidenciales y que señala que entre ellas está la de “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las  necesidades de la seguridad nacional”

A estas atribuciones vigentes, se incorporan nuevos párrafos en los que se señala que:

-Será atribución del ejecutivo disponer a las FF.AA. para la protección de infraestructura crítica en caso de “peligro grave e inminente” y previo informe de la ANI.

Que 45 días después de promulgada esta reforma, el ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que indique qué es la infraestructura crítica, con plazo de un año para su promulgación.

Mientras no se apruebe dicha ley, el ejecutivo podrá definir mediante decreto supremo, qué entiende por infraestructura crítica.

Degradación autoritaria

Este proyecto no resiste mayor análisis. Estamos frente a una evidente degradación autoritaria que pretende establecer un “semi estado de excepción constitucional permanente” con el objetivo de disponer el empleo de las Fuerzas Armadas a discreción del actual Presidente de la República, para su despliegue en lo que el propio ejecutivo definirá como infraestructura crítica, sin ningún contrapeso fiscalizador, en lo que parece, un uso excesivo de la fuerza militar ante una evidente mala gestión gubernamental.

Este proyecto es parte de un conjunto de iniciativas legales que dan forma a nuevas atribuciones presidenciales para el empleo de la fuerza militar en contextos distintos a la guerra y a las operaciones polivalentes asociadas a situaciones de “riesgo y desastre”. Tales como la ampliamente criticada ley de inteligencia[1] que politiza el sistema, disminuye el control del poder legislativo e incorpora a las unidades de inteligencia militar para operaciones «internas y nacionales» de contrainteligencia, al amparo de una amplia facultad del ejecutivo. O el proyecto de ley que modifica la relación del Estado de Chile con la Corte Penal Internacional, trasladando atribuciones desde el Poder Judicial al poder ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta evidente degradación autoritaria es signo de una creciente crisis institucional, causada entre otros factores, por una deficiente gestión gubernamental en el contexto del levantamiento popular de octubre y el proceso constituyente en ciernes, el cual en última instancia, no se restringirá exclusivamente a una asamblea cívica, sino a un proceso prolongado, híbrido y multidimensional, con un fuerte protagonismo ciudadano, por la reorganización del poder y la redefinición del carácter del Estado.

La ciudadanía debe poner atención a estos signos autoritarios, exigir a sus parlamentarios el rechazo a esta clase de iniciativas e incorporar dentro de su análisis colectivo, los posibles escenarios futuros que condicionarán su legítima acción política.


Ver informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.


[1] Ver “Más poder para el presidente: Nudos críticos del proyecto que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado” de Claudio Nash Rojas. Disponible en: https://ciperchile.cl/2020/06/16/mas-poder-para-el-presidente-nudos-criticos-del-proyecto-que-moderniza-el-sistema-de-inteligencia/

*Por: Roberto Sáez Olivares. Mg. en Ciencias Militares

FUENTE: https://grupopelantaro.cl/2020/09/08/ley-de-infraestructura-critica-evidente-degradacion-autoritaria/

Fundación Víctor Jara por uso de la UDI de canción «El Derecho de Vivir en Paz»


victor jara
Ante el uso de la frase EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ por parte de la UDI, haciendo evidente alusión a la canción escrita por Víctor Jara, nuestra fundación declara.

1. Víctor Jara compuso esta canción como una forma de protesta contra la guerra de Vietnam impulsada por la invasión de ese país por la súper potencia militar mas grande del mundo como lo era Estados Unidos. Se trató de una guerra tan injusta como desigual, en la que un pequeño pueblo debió defenderse de una agresión brutal. El mundo conoció la ignominia de ver a niños y niñas quemadas por las bombas de napalm de los aviones norteamericanos. Víctor Jara reaccionó contra ese horror sin límites clamando por la paz.

2. Esa misma canción se convirtió así en un himno mundial por la paz. Tanto así que el pueblo japonés la canta en su idioma para conmemorar otro horror cometido en nombre de la humanidad por el mismo país del norte. Esta vez Estados Unidos lanzaba sus bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de muertos y heridos de por vida.

3. Más recientemente, el pueblo chileno salió a reclamar justicia y dignidad a partir del 18 de octubre pasado. La respuesta del estado fue una violenta represión que dejó decenas de muertos y cientos de mutilaciones oculares. Ante esta situación la canción de Víctor Jara se volvió a escuchar desde miles de hogares, en calles y plazas del país, reclamando el derecho de vivir en paz que se le negaba.

Este es el sentido legítimo y el significado real conque Víctor Jara compuso y cantó esta canción conocida hoy en todo el mundo. Quienes hoy la usan deben responder ellos por sus intenciones. Que el pueblo juzgue.

Fundación Víctor Jara
Santiago de Chile 7 de septiembre 2020.

Rodrigo Mundaca a la conquista de la Gobernación de Valparaiso

Desde el 18 de Octubre de 2019 resonó fuerte el clamor de todo un pueblo que, cansado de abusos e injusticias, se levantó para exigir  poner fin a las injusticias y realizar cambios profundos a la forma en que se construye Chile y sus territorios.

Desde el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medioambiente (MODATIMA), llevamos más de 10 años instalando en la agenda pública debates tan importantes como la desmercantilización del agua, la naturaleza y el medioambiente. Ha sido desde la provincia de Petorca, el “patio trasero” de la región de Valparaíso, desde donde hemos interpelado a las elites políticas para cambiar estas graves injusticias.

Hoy, en medio de este histórico proceso constituyente que atravesamos en el país, como MODATIMA hemos tomado la decisión de dar un paso a la altura de estas circunstancias. Presentaremos candidaturas en distintos territorios, tanto a nivel de concejalías, alcaldías y constituyentes. Pero además, como una forma de aportar concretamente al desarrollo justo y sostenible de los territorios, hemos propuesto a nuestro vocero nacional, Rodrigo Mundaca, como precandidato a la Gobernación de la Región de Valparaíso.

Rodrigo Mundaca, además de ser nuestro vocero nacional, es premio internacional de Derechos Humanos de Nuremberg y de la Fundación France Liberté, premios otorgados por la larga lucha que ha librado con consecuencia y liderazgo. Tenemos la certeza que desde la Gobernación Regional puede liderar reales cambios, poniendo énfasis en que la riqueza producida en el territorio quede en el territorio y permita a la población que habita esta región tener un buen vivir, haciendo partícipe de las decisiones a las mayorías excluidas del poder.

Estamos convencidos y convencidas de que desde la Gobernación Regional de Valparaíso, se puede continuar con las transformaciones que el pueblo de Chile demanda, aportando concretamente al horizonte cada vez más plausible de superación del neoliberalismo.

Mesa Nacional MODATIMA

Fuente: http://www.modatim

URGENTE Cambian medida cautelar de Santiago Montenegro a arresto domiciliario.

santiago

En horas de esta tarde  se informó  desde los tribunales en Talca que la medida cautelar de prisión preventiva,  que afecta desde mayo de 2019  al abogado y profesor Santiago Montenegro, fue cambiada a arresto domiciliario, por lo que el profesional viajaría en horas de esta noche hasta su residencia en la Región Metropolitana para cumplir de esta forma la cautelar.

Como se recordará Montenegro se encuentra acusado, sin el estándar de prueba mínimo, de ser parte de una asociación ilícita para asaltar bancos, en particular de un robo frustrado a una sucursal del Banco BCI de Talca.

El pasado en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez  de Santiago Montenegro, por lo que nunca fue condenado judicialmente,  ha sido utilizado por la fiscalía para fundamentar en sus alegatos un supuesto peligro para lo sociedad, lo que lo mantuvo en prisión por 16 meses sin  justificación razonable.

Para el círculo cercano de Santiago, esto no ha pasado de ser una especie de vendetta ideológica, del fiscal a cargo, por el su compromiso en la lucha anti dictatorial y su participación en el FPMR.

La fecha de la vista de la causa será en noviembre, oportunidad en la que Santiago Montenegro podrá demostrar su inocencia.