OPINIÓN: El nuevo Chile que se gesta entre octubre de 2019 y mayo de 2021. Por Leonardo Yañez Silva.

estallido

“Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la         traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho mas temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973.

Es evidente que el estallido de octubre de 2019 fue gestándose décadas antes. Muchas veces se dijo, aludiendo al alza del pasaje del Metro santiaguino en esa fecha, que no eran 30 pesos sino 30 años. En efecto, fueron 30 años de continuidad, profundización y perfeccionamiento de un modelo económico salvaje, que hizo gala del llamado espíritu “republicano” al que rinde pleitesía R. Lagos, émulo aventajado del “arquitecto de la República” y de su ideario de “obediencia de la sociedad civil frente al orden y la autoridad”.

Claro está, a su vez, que éstos 30 años estuvieron antecedidos de 17 años del período más  horrendo de la historia independiente de Chile por la tortura, el crimen político y la desaparición forzada de los adversarios; el robo a la luz del día de las riquezas nacionales, la destrucción de los sistemas públicos de salud, de educación y de previsión de los chilenos. Generador de un modelo de desarrollo obsecuente al capital extranjero, incapaz de todo esfuerzo independiente, soberano y nacional, como respuesta a los requerimientos básicos de la población y a su mantención en el tiempo.

No hay duda alguna que aquellos jóvenes secundarios que saltaron por encima de los torniquetes del metro, en O-2019, y que recibieron de casi toda la casta política tradicional el reproche despectivo de que su esfuerzo “no había prendido”, son uno de los muchos y principales artífices de las últimas elecciones. Centenares de muchachas y muchachos tuvieron que perder total o parcialmente su visión ante los disparos de las fuerzas policiales por desafiar el “orden”. Miles de mujeres y hombres, tuvieron que sufrir la brutalidad militar y policial por no ser obedientes ante la estupidez de la autoridad. Miles aún se encuentran en las cárceles por meses o años sin cargo alguno, otros han sido condenados a penas aberrantemente largas, nunca vistas en los casos de corrupción de cuello y corbata, como por ejemplo para los hijos de empresarios y políticos que conduciendo borrachos dan muerte a una persona y aún así se mantienen libres y sin condena. Los jóvenes de la revuelta evidentemente contribuyeron junto a millones de chilenos a modificar el pestilente encuadre político que se arrastra desde los inicios de la democracia tutelada en 1990.

Han transcurrido más de 30 años. No habrá hechos ni cifras significativas para ubicar este periodo en la historia del país, sólo habrá una larga lista del oprobio:

  • Una institución como Carabineros que obedece directrices políticas heredadas de la dictadura, violenta masiva y sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos y transforma el presupuesto que la Nación le ha confiado para combatir la delincuencia y el narcotráfico en la caja chica del Alto Mando y sus esposas.
  • Gobiernos inoperantes en dar solución a los principales problemas de la mayoría como el actual, pero también los de la “Des-concertación” y la “Nueva Minoría” anteriores, los que junto a los empresarios hicieron vista gorda de robos millonarios de las Fuerzas Armadas, las que, aun siendo inconstitucional, se han auto arrogado el derecho a intervenir en política contingente cuando les plazca pero, condenan de “antipatriotas” a jóvenes que luchan en la plaza Dignidad.
  • La militarización de la justa lucha del wallmapu que arroja como único resultado muertos y detenidos mapuches mediante pruebas y testigos falsificados; protegen mafias empresariales madereras con sus comandos “jungla” propios, que siguen recibiendo el aporte del Estado para reforestar con pinos, mientras facilitan el accionar de empresarios transportistas que continúan exterminando el bosque nativo ilegalmente y transitan “como Pedro por su casa” en territorio mapuche.
  • Comunidades completas que son asediadas por la falta de agua para beber mientras empresarios agrícolas de fruta de exportación, productores de paltas y otros, como Pérez Yoma en Petorca, se roban el agua o se apropian de ella mediante leyes truchas que le otorgan el usufructo del recurso de por vida; o los dueños de las mineras que requieren de grandes embalses para el proceso productivo o relave del mineral, dejándonos como el único país del mundo que no protege su propia agua como un derecho humano y un recurso protegido por el Estado y para los chilenos.
  • 30 años en que la llamada “centro-izquierda” hizo todo lo que estuvo a su alcance para cohabitar con la derecha heredera y cómplice de la dictadura militar y civil, cambió su lenguaje recontra-revolucionario por uno tecnocrático y liberal para no malquistar a las FF.AA y de Orden, e hizo lo imposible para agraciar a los grandes empresarios y lo logró con creces un exmandatario PS-PPD que fue ovacionado de pie en un coloquio empresarial cuando declaró que “todo aquello que es concesionable, se debe concesionar”… (R. Lagos en congreso Icare, agosto 2014).
  • 30 años en que la ciudadanía comprobó hasta el cansancio que el  gobierno  de  Piñera por excelencia pero, también los de la Concertación y la Nueva Mayoría, pusieron siempre los intereses del empresariado por sobre los intereses de todos los chilenos, cuyo resultado se expresa dramáticamente, por ejemplo, en que de los contagiados con coronavirus en la Pintana mueren diariamente 11 personas por cada 10.000 habitantes y en Vitacura 3,35 (Rev. Science Magazine, mayo 2021); que el presupuesto municipal por persona de la comuna de Vitacura es de $1.046.933.- en cambio el presupuesto  per cápita de Puente Alto sólo de $128.000 (La Tercera, 18/03/2018).
  • Estos son los antecedentes que explican los resultados de las elecciones del 15 y 16 pasado. Una derecha que ha sido reducida a su expresión histórica, que sólo con la protección de la dictadura logró sobrepasar el tercio de votos, compuesta por el sector civil-empresarial que operó junto con la dictadura militar: la UDI. El segmento que intenta aportar con el sentido común popular al bloque derechista: RN. Evópolis: el grupo de tecnócratas herederos de la dictadura civil y militar que en público la desconocen y en silencio la añoran y veneran pero, perciben la necesidad del aggiornamento, lo que obliga a su abanderado, el ex ministro Briones, a subirse a una moto de color naranja para llegar al local de votación dos cuadras antes; son los perfectos y genuinos huevos de la serpiente. Un bloque PS-PPD castigado por su vocación colaboracionista, denominada “democracia de los acuerdos”; transculturado por valores tecnocráticos del salvaje libre mercado y acomodados en los vericuetos rancios y enmohecidos del poder y el Estado. Un PDC reducido a su mínima expresión por no asimilar la lección de 1973 según la cual “cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana” y reiterar su vocación histórica de ser seducida por los coqueteos de la derecha, a regañadientes de su mayoritaria base popular y ciudadana democrática. No vale la pena siquiera señalar a aquellos grupos fascistoides que han agrupado a sectores de ex militares pinochetistas con domicilio en Punta Peuco y otros herederos ideológicos de la dictadura, que hoy se expresan en el partido de Kast, porque han sido reducidos a su expresión históricamente mínima.
  • En el lado opuesto al oprobio comienza a divisarse la cumbre de un poderoso y gigantesco iceberg popular, que ya ha exhibido su fuerza de millones marchando por las grandes alamedas de la justicia y la democracia. Ejemplo de ello es el perfilamiento de la Agrupación de Alcaldes como la principal línea del aparato del Estado en cuanto a la recepción de las reales demandas populares y la interlocución con las redes de organización civil de la población. Por esto mismo, los alcaldes levantaron la crítica directa a la ineficacia de las medidas impulsadas desde el gobierno y en numerosos casos impulsaron iniciativas que aventajaron ampliamente a la reacción del ejecutivo por tardía, mezquina, burocrática y regresiva. Consecuencia lógica de esta situación, que se advierte a cada paso, ha sido el permanente afán por desmarcarse rápidamente de las medidas del gobierno piñerista, incluso de aquellos que militan en los partidos que integran la coalisión gobiernista.
  • La ampliación y profundización de los movimientos progresistas, populares y democráticos sin duda están en la base del iceberg. A diferencia de los movimientos populares de décadas atrás, hoy día son críticos de las estructuras partidarias autoritarias, que les asignan un rol de apoyo a las decisiones que adoptan pero no definen ni participan en la discusión de ellas. De ahí su denominación paternalista de “las masas”, a los que convocan sólo por el peso de su respaldo. El resultado son líderes iluminados y ciudadanos cual corderos incapaces de reflexionar y decidir por sí mismos. Hay razones de sobra para esta crítica del movimiento popular a los partidos: han buscado su voto vía ofertones y mentiras pero una vez electos le han vuelto la espalda mil veces. De ahí, cansados de esperar, la emergencia y la consagración definitiva en el panorama político, económico, social y cultural del país de los movimientos reivindicacionistas de los derechos de las mujeres, desde el aborto libre y la igualdad de sueldos hasta el respeto a la paridad en todas las instancias de participación tanto públicas como privadas. De los movimientos ecologistas y defensores del medio ambiente, por la recuperación de las aguas, la protección de los bosques y los glaciares, la protección de las riquezas naturales y los resguardos para que el modelo de desarrollo, comprendido el sistema público y el privado, preserve su cuidado y evite su colapso.
  • La manifestación conjunta de estos factores han puesto en jaque un estado de cosas podrido por dentro y por fuera, que ya ha durado muchas décadas. Sin duda las transformaciones políticas que de esto surjan afectarán el curso de los hechos en nuestro país por varias décadas más, que seguro serán mejores que las pasadas. La irrupción de un potente movimiento ciudadano de independientes, que se aleja de los partidos tradicionales como si éstos fueran leprosos, ya es un buen signo que esperamos siga perfeccionándose en el ejercicio de una verdadera soberanía popular. Esto es, la soberanía colectiva, organizada, permanente, desde la base donde cada ciudadana y ciudadano vive, estudia o trabaja, en todo el país, desde la comuna, la región y hasta el nivel nacional. Soberanía popular, así definida, que se constituye en el mandante de la definición política para que se actúe en su representación.

Finalmente, convengamos que la posibilidad cierta de hacer historia en esta oportunidad y constituir un ejemplo de profundización de la democracia casi único en el mundo, radica en el hecho que sean los propios 155 convencionales electos, con el mayor consenso posible, quienes se den su propia forma de trabajo interno, su propio reglamento de discusión, la metodología para alcanzar acuerdos y para establecer puntos de desacuerdos. Al respecto me parece que los siguientes puntos ameritan ser considerados:

  • Observar rigurosamente el hecho de que los 155 convencionales son mandatarios del pueblo chileno y no pueden apartarse de tal ruta. Ellos no concurren a exponer sus propios puntos de vista ni sus personales interpretaciones, van a exponer el mandato recibido de sus electores, únicos depositarios del poder de modificar los contenidos a discutir finalmente. En consecuencia, ningún constituyente puede correr con colores propios, y en una democracia madura, hecha carne en la ciudadanía, un hecho tal podría significar la revocación de un constituyente o de cualquier otra autoridad electa por voto popular, si éste no se apega a esta norma básica.
  • “Interpretar” el sentir del pueblo chileno es a este respecto, probablemente, el mayor desafío y la mayor tentación para aquellos que profesan la “política” como oficio o profesión para beneficio personal. Por esta razón, el control y la fiscalización de los constituyentes o de cualquier otra autoridad electa por el voto popular, debiera ser antes, durante y después de ejercer el cargo para el cual han sido elegidos, con el único afán de evitar la corrupción que se origina en empresarios, narcotraficantes, miembros del partido, el gobierno de turno o simplemente familiares. Trasparencia y claridad en un 110% debiera es el único objetivo.
  • Toda discusión en la convención constituyente debe ser simultáneamente oída y vista por toda la ciudadanía, especialmente de aquellos puntos que en los 48 años pasados se han usado recursos legales e ilegales, para beneficiar a unos pocos: códigos de aguas, leyes de pesca, explotación de recursos naturales y minerales, forestales, tierras ancestrales y derechos de las etnias, igualdad de derechos de las mujeres y derecho a decidir sobre su propio cuerpo y fertilidad, comunidades LGBT, recursos para la investigación y líneas de desarrollo científico desde el Estado y para las universidades del Estado, igual cosa para el desarrollo de las artes, la música, el teatro, las letras y demás expresiones culturales propias de etnias y comunidades particulares en cada región; reincorporación a la educación básica y media de las asignaturas de historia, filosofía, educación física, idiomas, educación cívica. Sin duda, debe estar aquí la completa transformación de los institutos armados y de Carabineros de Chile y la PDI, particularmente su obediencia irrestricta al poder político, la fiscalización de su accionar financiero y de gastos y la rendición pública de su gestión ante comisiones del senado de la república. La modernización del Ministerio Público, incluido el suministro de los recursos necesarios y suficientes para ejercer sus funciones, sin que tengan que elegir los delitos a investigar y perseguir, de modo tal que ninguna denuncia o delito de género y/o que afecte a una mujer, niño/a o adolescente, quede sin rápida y eficaz acción persecutoria. El perfeccionamiento de una verdadera legislación laboral capaz de contrarrestar el poder absoluto del capital y los empresarios sobre el trabajo, entre otros temas.  Para todas esas discusiones debe haber transmisiones en horarios especiales, con tiempos reservados, en directo y en cadenas de radio y televisión pública y privada obligatorias.
  • Aquellos puntos acerca de los cuales no se alcance el consenso o cualquier otro que los constituyentes estimen necesario y conveniente dirimir y no dejar al arbitrio de la ley posterior, debe ser sometida a plebiscito ante la ciudadanía y su resultado debe ser forzosamente vinculante, en virtud del anterior punto 1): los constituyentes son mandatarios del pueblo chileno. Esto presupone dar forma a una red nacional eficaz y eficiente de discusión, consulta y acuerdo de la ciudadanía, estructurada en todo el territorio nacional. Red que debe ser preservada post convención, hasta que la “discusión-reflexión-acuerdos” se haga costumbre.
  • Hay no sólo un contrasentido sino una injusticia exasperante que poluciona por sí sola el ambiente político actual, de construcción constitucional, arrancado a tirones al sistema, y es que el gobierno responda encarcelando, formalizando o condenando a miles de jóvenes por pedir más democracia. Por ello se impone la constitución inmediata de una comisión de calificación jurídica que en el plazo máximo de 30 días resuelva la totalidad de los casos: conceda la libertad inmediata de los presos políticos de la revuelta y de las movilizaciones populares de todo el país, desde O-2019, con el concurso de sus abogados defensores y el IDH de aquellos casos que han sido evaluados y no se ha encontrado ni una sola prueba que los inculpe; deseche todos los testigos o pruebas aportadas por Carabineros; revise aquellos casos que han sido condenados con exceso y aplique los mismos criterios anteriores incluida la libertad inmediata. Formule los cargos, si es del caso, para aquellos que se les imputan delitos ordinarios de robo o narcotráfico, se establezcan las pruebas ordinarias y necesarias y se resuelva en consecuencia. Establecer el precedente jurídico de que aquellos fiscales, jueces, o abogados que se compruebe han usado el instrumento penal, la prisión preventiva de opositores por ejemplo, como castigo directo y reciban como mínimo sanción ética de sus pares, conducta que puede alcanzar la inhabilitación en el cargo o la expulsión del poder judicial, de ser reiterativa.

Leonardo Yáñez Silva.

Santiago, junio 3 de 2021.

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