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Las izquierdas y el conflicto ruso-ucraniano. Por *Carlos Gutiérrez Palacios

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A propósito del conflicto ruso-ucraniano he escuchado relatos y leído varios artículos de personas de izquierda realizando sendas críticas a otras personas de izquierda que no han compartido la visión de la OTAN sobre el conflicto y, por lo tanto, asumiendo mecánicamente que esas posturas tienen que ver con un apoyo político al presidente ruso, relatando incansablemente la figura demoníaca del líder eslavo y su régimen autoritario, así como a la guerra en cuanto mecanismo de resolución de conflictos.

Así como no creo que siempre se cumpla la máxima de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, tampoco creo en la otra máxima que nos quiere imponer esas izquierdas, de que, si no estás conmigo, es porque estás contra mí. En este caso, como ellos están contra la guerra, el resto estaríamos a favor de ella.

Estoy a favor de todos quienes creen “verdaderamente y a todo evento” estar contra la guerra como medio de resolución de conflictos (a esos temas me he dedicado décadas en su estudio), pero también estoy lejos de los chantajes emocionales y políticos de quienes se acordaron ahora del horror de la guerra, y que siguen los dictados facilistas de la OTAN sobre el maniqueo argumento de esta guerra como la encarnación misma de la libertad y democracia expresada por Ucrania y la OTAN, frente al autoritarismo y totalitarismo de los otros, Rusia en este caso.

No es convincente una izquierda que no alzó la voz ni la práctica para condenar el ataque militar de un gobierno contra su propio pueblo durante 8 años, que es lo que ha estado sucediendo por parte del gobierno de Ucrania contra las regiones de Jarkov, Lugansk y Donetsk. Que tampoco haya escuchado las más de 600 denuncias de violaciones a los derechos humanos que hicieron gobiernos y organismos de la sociedad civil de esas regiones. Que no registre con seriedad todos los datos del enquistamiento de grupos nazis en el aparato del Estado y de la fuerza militar que son los actores claves de este diseño de guerra contra una parte de su pueblo. Eso técnicamente se llama guerra civil, la más cruel de todas las guerras.

Esto solo por resaltar su ausencia notable en esta coyuntura, pero claramente el listado es mucho más largo.

Esta izquierda europea amante de la paz, de orientación social demócrata, tiene una traza histórica muchas veces dejada convenientemente en el olvido, puesto que allí no reina precisamente la consecuencia.

Repasemos algo de historia. Fue la izquierda socialdemócrata que, en la crisis de 1914, oponiéndose al llamado de la Internacional de la época, corrieron raudamente a abrazar las consignas nacionales por sobre el internacionalismo de los trabajadores que iban a ser seguramente las víctimas principales de un conflicto a escala colosal, aprobaron los presupuestos de guerra de sus líderes, en ese momento gobernantes de derecha y monarquías constitucionales, que les facilitaron todos sus planes guerreristas para disputarse el botín del mundo.

Las consecuencias las sabemos. La primera guerra de alcance mundial y catastrófica en pérdidas de vidas humanas.

En 1936, ante el golpe de estado de fuerzas monárquicas al gobierno republicano español, esas fuerzas de izquierda, algunas en el poder, se opusieron a enviar ayuda militar y humanitaria al pueblo español, que luchaba por su proyecto popular y libertario. No hicieron lo mismo las fuerzas fascistas de Italia y nazistas de Alemania, que aprovecharon de fortalecer sus vínculos, utilizar el campo de batalla para entrenar a sus tropas y probar nuevos sistemas de armas, y por supuesto derrotar el avance de un gobierno popular.

Recordemos que fue el gobierno del socialista Felipe González el que ratifica el ingreso de España en la OTAN, y en sus cuatro gobiernos encamino a su país a la plena participación orgánica, particularmente en su mando militar. En 1995, Javier Solana, Ministro de Relaciones Exteriores fue elegido Secretario General de la Alianza.

La llegada al poder del PSOE en octubre de 1982 marcó el punto de inflexión en la opinión pública. La postura atlantista consiguió más respaldo popular, gracias al giro de 180 grados que dio la cúpula del Partido Socialista. Felipe González justificó el cambio de postura, en parte, en que la entrada en la OTAN favorecería el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), actualmente la UE, que finalmente se produjo en enero de 1986. Sin embargo, cinco meses antes del referéndum un sondeo de opinión pública indicaba que todavía un 46% de los ciudadanos estaban en contra de la OTAN.

En ese momento, esta izquierda se hizo eco de la consigna franquista sobre el miedo a la amenaza soviética, y sobre todo una forma de entablar una nueva relación con las fuerzas armadas, que salían muy desprestigiadas del régimen franquista, y sobre la cual se quiso construir una relación política-militar que asegurase una transición exitosa.

Tampoco jugó un papel muy destacado la izquierda socialdemócrata en la catástrofe de la guerra de los Balcanes (iniciada en 1991), que destrozó países, y convivencias culturales históricas. Recordemos que líderes claves en Europa eran Felipe González en España y Francois Mitterand en Francia, ambos socialistas.

Fue el líder más reconocido de la Tercera Vía o socialdemocracia europea en la década de los 2000, Tony Blair, el que no dudó en creer las falsedades estadounidenses con respecto a los argumentos para la invasión a Irak en 2003, a pesar de que estaba bien informado en relación a que las armas de destrucción masiva no existían (lo que fue denunciado posteriormente por su propia gente en el gobierno).

En esa guerra, según propios estudios de universidades estadounidenses, los costos en vidas humanas habrían bordado los 190.000 civiles, además de refugiados, desplazados, y la destrucción de infraestructura civil, sumiendo al país en una larga confrontación interna que no ha conseguido precisamente estabilidad y progreso.

En 2011, la intervención militar de la OTAN en Libia se basó en una particular interpretación de una resolución de la ONU realizada bajo la consigna de “intervención humanitaria”, la que costó la vida en los primeros cuatro meses a alrededor de 15.000 personas, según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En octubre de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU, por unanimidad decidió anular la resolución. Una vez más el argumento de la socialdemocracia ponía el acento en el carácter dictatorial del líder libio.

Por otro lado, tampoco creo verosímil la interpretación que hace una izquierda radical de ver aquí un conflicto entre capitalismo y socialismo, suponiendo a un Rusia en el papel de la vieja Unión Soviética.

Hay imágenes simbólicas que han surgido en este conflicto que pueden conducir a este equívoco, como las banderas rojas con la hoz y el martillo que han sido izadas en algunas alcaldías de pueblos liberados en la zona del Donbass; las banderas rojas de la 150 división de fusileros que tomaron el Reichstag en la Gran Guerra Patria ahora enarboladas en varias unidades móviles rusas que se dirigían al combate o en el video de la babushka que se hizo viral y hoy se refleja en murales e insignias de combatientes, cuando desafía a militares ucranianos que le quitaron la bandera roja para pisotearla a cambio de comida y ella reacciona diciéndole “mis padres murieron por esa bandera que estás pisando, no quiero tu comida, tómala y dame mi bandera”.

Todos esos hechos reales no configuran un panorama político, sino reflejan la profundidad cultural del pueblo eslavo frente al nazismo que duramente sufrieron con la ocupación por 4 años. Hoy la resignifican ante un régimen que les declaró la guerra hace 8 años, con unidades militares declaradamente nazis, con persecución por la lengua y cultura rusa.

Este conflicto es un choque al interior del capitalismo (y particularmente con el imperialismo, que espero la izquierda socialdemócrata recuerde sus diferencias), aunque con síntomas particulares, y esencialmente en una coyuntura en que cruje el dominio hegemónico unilateral de Estados Unidos, y se abren los espacios para el recambio, o por lo menos para una nueva configuración del sistema internacional, en sus variables políticas, geopolíticas, económicas y de seguridad.

La rápida y acrítica aceptación del relato de la OTAN para este conflicto, por parte de una izquierda, va a significar un nuevo daño profundo a los pueblos, a los directamente involucrados por su sangría y los del resto del mundo que vivirán los efectos económicos, ya dañados por dos años de pandemia global.

Los actuales gobiernos de carácter progresista, particularmente el español y el alemán, solo han sumado más elementos negativos a la crisis, enviando armamento a uno de los beligerantes, sumando desprolijamente sanciones económicas que irresponsablemente golpearán fuertemente a sus pueblos, y cerrando los caminos a la diplomacia. Ninguno de estos gobiernos, ni partidos socialdemócratas de otros países, han levantado alternativas de negociación ni convicción plena para jugarse por la paz. Una vez más, así como lo hicieran en su momento González, Mitterand y Blair, asumen cínicamente discursos subalternos ante Estados Unidos, donde lo que importa no es el fin de la guerra, sino la destrucción de un competidor estratégico, a cualquier precio (que en lo inmediato lo pagarán pueblos europeos).

Se ha iniciado un camino cierto de mutación del actual sistema internacional. Si bien los parámetros seguirán moviéndose en torno al sistema capitalista, creo que un mundo con multicentros, con mayores competencias económicas y financieras al interior de ellas, con varios países líderes a escala global, atenúan los riesgos de confrontaciones a escala mundial, eliminando la figura de un solo hegemón agresivo y criminal como ha sido hasta ahora el papel que ha jugado Estados Unidos, especialmente desde el año 1990 en adelante, en los planos políticos, geopolíticos y económicos.

En otros momentos históricos, a esta configuración se le llamó “Balances de Poder”, que tiende a construir más homogeneidad, porque son varios los actores en el juego, con intereses compartidos, pero también diversos, y que tienen obligadamente que interactuar entre ellos, porque ninguno tiene un supra poder que logre imponerse por sí solo ante los otros actores en juego.

Espero sinceramente que las izquierdas puedan asumir un rol histórico algo más protagónico, como el que llevaron adelante en su mejor momento frente a la posibilidad del holocausto nuclear, levantando las banderas de la coexistencia pacífica y el No al poder nuclear. Se tienen que levantar con fuerza las exigencias sobre una nueva diplomacia; el rediseño de los organismos internacionales; un nuevo concepto de seguridad internacional (retomando el carácter de indivisible de 1990); la reestructuración de la arquitectura de defensa europea para que salga de la lógica de un teatro de operaciones subordinado a los intereses de Estados Unidos; una articulación virtuosa entre derechos universales y multiculturalismos que junto a los fenómenos migratorios, desplazados y refugiados por conflictos sean vividos bajo el prisma de la persona como ser genérico universal, y no en base al color de piel, como fue el reciente llamado de atención del Papa a los líderes europeos.

De no volver a transformar en significantes conceptos como capitalismo, imperialismo, lucha de clases en las actuales condiciones de la humanidad, las izquierdas corremos el riesgo de no solo seguir siendo irrelevantes (como lo demuestran varios ejemplos políticos en Europa) y desplazadas por derechas y ultra derechas, sino que responsables directos de una humanidad envueltas en crisis de guerras, medioambientales y alimentarias.

Por *Carlos Gutiérrez Palacios, experto en defensa, integrante de GADFA.

Una aproximación a la crisis Ruso-Ucraniana . Por Carlos Gutiérrez*

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En toda crisis, y particularmente si esta conlleva el uso de la fuerza, nos podemos encontrar con tres componentes básicos iniciales: la desinformación, la retórica y el cinismo.

No quiero detenerme en ellos porque no me parece lo más relevante de la coyuntura, pero es indudable que juegan un rol muy importante en la opinión pública, en las perspectivas de los analistas (especialmente aquellos que son especialistas de última hora en todo), y sobre todo en ocultar los intereses vitales que condujeron a la crisis.

La desinformación (“se está haciendo una masacre de ciudadanos”, “se están bombardeando ciudades”, “esta es una operación limitada”, y un largo etc.), la retórica (“esto llevará a la tercera guerra mundial”, “ahora vendrá el ataque al resto de Europa”, “se aplicarán las sanciones más grandes de la historia”, y otro largo etc.), y el cinismo (“apoyaremos la lucha por la libertad y la democracia”, “es inaceptable el ataque a un país soberano”, “no se puede aceptar la independencia de regiones de un país soberano”, “siempre optaremos por la paz”, y un etc. más largo aun escondiendo guerras injustas y preventivas, masacres, desconocimiento de la ONU, golpes de estado), hacen de estas coyunturas espacios para el maniqueísmo de los líderes y medios de comunicación de todas las improntas y orientaciones ideológicas, quizás el más recurrente por su facilismo que es el de caracterizar a unos como buenos y a otros como malos, no auscultando los intereses que mueven a unos y a otros.

Por lo tanto, trataré de identificar algunas líneas interpretativas a modo de hipótesis y en forma sucinta (porque estamos ante hechos que transcurren con mucha velocidad) que cubran las explicaciones de por qué se ha llegado a la crisis, los elementos que son develados por esta, y los escenarios y conceptos que quedan abiertos.

1.- El origen profundo de la crisis.

Según la BBC (quizás uno de los medios considerados más serios en el mundo), el actual conflicto tiene sus inicios en la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa en el año 2014, lo que ya demuestra el sesgo interpretativo de una situación de mucho más larga data y de mayores complejidades.

En el discurso presidencial de Putin del 21 de febrero, hay una larga explicación de lo que significa Ucrania y el eslavismo para los rusos, arraigado en lo más profundo de su “fondo cultural” (de allí la crítica a lo que hizo la URSS con Ucrania), y que al parecer el occidente europeo y Estados Unidos nunca han logrado comprender. Incluso llegar a decir del “dolor inmenso que les provoca su alejamiento de Rusia”.

Se explaya al respecto con estas afirmaciones:

“El bienestar, la existencia misma de Estados y pueblos enteros, su éxito y vitalidad tienen origen en un poderoso sistema de raíces de su cultura y sus valores, la experiencia y las tradiciones de sus antepasados y, por supuesto, dependen directamente de la capacidad de adaptarse rápidamente a una vida en constante cambio, de la cohesión de la sociedad, de su voluntad de consolidarse, de reunir todas sus fuerzas para seguir adelante.

Pero ustedes y yo sabemos que la verdadera fuerza está en la justicia y la verdad, que están de nuestra parte. Y si esto es cierto, entonces es difícil no estar de acuerdo en que la fuerza y la voluntad de lucha son la base de la independencia y la soberanía, la base necesaria sobre la que se puede construir un futuro, un hogar, una familia, nuestra patria.”

En el fondo histórico de Rusia siempre se han encontrado dos paradigmas político-culturales: el europeísmo y el eslavismo, que han vivido las vicisitudes propias en cada época y dependiendo de la hegemonía de uno u otro, se entienden las políticas exteriores de Rusia. Durante la URSS esta tensión se vio morigerada por el conflicto mayor de corte ideológico, pero nunca despareció.

Se reactivó con la desaparición de la URSS. Gorbachov y Yelstin más europeístas esperaron de estos la buena voluntad de acogerlos en el seno europeo, pero la debilidad política y económica de Rusia alentó la tentación estadounidense del hegemón unilateral.

Como lo dice el propio Putin en su discurso del 24 de febrero:

“La respuesta es clara, comprensible y obvia. La Unión Soviética se debilitó a finales de la década de 1980 y luego se derrumbó. Todo el curso de los acontecimientos de entonces es una buena lección para nosotros y ahora se ha demostrado convincentemente que la parálisis del poder y la voluntad es el primer paso hacia la degradación y el olvido por completo. Una vez que habíamos perdido la confianza por un tiempo, el equilibrio de poder en el mundo se rompió.”

Hoy están en su cénit los eslavistas que, sin despreocuparse de Europa, sienten que su estatura histórica reside en la fortaleza y riqueza del eslavismo y para eso fortalecen su espacio étnico-cultural, así como consecuencia directa el cuidado de sus fronteras, que es lo que sintetiza su visión de Ucrania.

2.- El papel de los líderes.

Más allá de las caricaturas de cada uno de los líderes principales del conflicto (Putin, Zelensky y Biden) y sus respectivas orientaciones políticas e ideológicas en el plano interno de sus estados, lo cierto es que se puede apreciar un acercamiento muy distinto a la profundidad de la crisis y al modelo de liderazgo de cada uno de ellos.

Los liderazgos más recientes de Estados Unidos están en deuda: el disruptivo Trump que ninguneó a la política internacional y el debilitado Biden, que vive en una realidad paralela entre su visión conservadora del poder de Estados Unidos que ya no tiene y la realidad brutal que le demuestra su derrota en Siria y Afganistán. Su liderazgo se asocia también a ese cinismo calculador que abusa de sus socios, pero que no trepida en dejarlos: al gobierno afgano ante los talibanes, a los kurdos ante los turcos, a la agrupación democrática siria que formó ante el gobierno sirio y la respuesta militar de Rusia.

El liderazgo estadounidense quiere recuperarse, con un discurso fuerte e intransigente, pero lo más probable es que su frente interno esté tan descompuesto y su economía en deterioro, que tampoco se jugará a fondo ante esta crisis que no puede controlar del todo.

El presidente ucraniano Zelensky, que sigue un comportamiento autoritario y corrupto de todos los presidentes anteriores en Ucrania, ha demostrado su inmadurez en estas lides. Se jugó todo a la credibilidad de los discursos de Biden y la OTAN, sin sopesar los verdaderos intereses de ellos, su real poder y disposición a apoyar a Ucrania en la crisis y no dimensionar los intereses rusos. No aprendió de la crisis del año 2014 en Crimea, de la guerra de Chechenia en 1999, ni la del 2008 en Georgia, donde Putin demostró que sí tenía el poder y la voluntad de resolver crisis mediante la fuerza. Es lo más probable que sea el que más pierda en esta crisis.

El presidente Putin creo que ha sido caracterizado correctamente como un conservador nacionalista, con una larga experiencia política y militar, y una visión estratégica sobre el futuro y el papel de Rusia en la política internacional, que en esta materia ha logrado gozar de un alto consenso en la elite interna. Su prestigio y trascendencia se juega precisamente en su proyecto del refortalecimiento de Rusia y su proyección internacional, y así como ha salido victorioso de los conflictos anteriores (particularmente Chechenia y Georgia, y en el reciente apoyo en Siria), lo más probable que de este salga aún más fortalecido.

3.- Los objetivos políticos declarados por el Presidente Putin

Hay dos discursos de Putin que son muy claros en dilucidar sus objetivos políticos en la relación con Ucrania, el del 21 de febrero que acepta reconocer la independencia de las regiones ucranianas autoproclamadas autónomas de Donetsk y Lugansk y el del 24 de febrero que anuncia el inicio de la Operación Militar Especial contra Ucrania.

Ambos discursos son muy decisivos y claros en expresar la visión política de fondo del gobierno ruso, que claramente se podría catalogar como fuertemente nacionalista y realista en política internacional, asumiendo la lógica de defensa de los intereses nacionales y recogiendo la histórica tradición de la cultura y política rusa (que va bastante más allá de lo que muchos analistas han querido identificar como la reconstitución de la Unión Soviética) que la ubica como un actor relevante en un espacio mixto que es Europa y Oriente.

Los objetivos aducidos de alcance estratégico son: la NO expansión de la OTAN hacia el este europeo de países que colinden con la Federación Rusa, así como la NO instalación de infraestructura militar cerca de sus fronteras y que esta alianza regrese a sus fronteras que tenía al año 1997, es decir a la situación previa del ingreso de países que fueron parte del bloque del Pacto de Varsovia que se inició en el año 1999.

Los objetivos inmediatos fueron declarados en el discurso del 24 de febrero que da inicio a la Operación Militar Especial que busca “desmilitarizar, desnazificar y juzgar a criminales de guerra que operaron contra los ciudadanos de las regiones de Donetsk y Lugansk”. A esto, claramente habría que agregar que buscará asegurar la independencia de las dos repúblicas, así como el reconocimiento de una Crimea rusa.

El objetivo de la desnazificación pudiera parecer extraño, pero desde el golpe militar del año 2014, fuerzas políticas de extrema derecha y específicamente sectores neonazis han tenido una influencia muy decisiva en el devenir político de Ucrania, no solo con dirigentes y partidos políticos en puestos relevantes del gobierno y de las fuerzas militares, sino con medidas concretas como la prohibición del uso del idioma ruso, la glorificación de la colaboración nazi en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la concentración de fuerzas de extrema derecha mundial para su organización internacional, y la creación del Regimiento Azov, que es una milicia neonazi incorporada a la Guardia Nacional Ucraniana.

4.- El componente económico

Nunca va estar declarado explícitamente si hay intereses económicos en el conflicto, pero es evidente que por lo menos hay consecuencias.

Las acciones más visibles y retóricas por parte de la OTAN y Estados Unidos han estado centradas en las medidas económicas, particularmente financieras. Pero hay mucha discusión actual sobre los verdaderos efectos en Rusia, los impactos que estas tendrán en la propia Europa y los efectos de mediano y largo plazo que están en el fondo del conflicto.

Por lo menos, por ahora se pueden enunciar algunos temas relacionados:

  • Rusia viene viviendo sanciones hace varios años, y para esto se ha ido preparando a enfrentar estos escenarios como algunos más duros. Actualmente Rusia tiene reservas líquidas en dólares bastante alto, al igual que en otras monedas y sobre todo de reservas en oro, logrando en enero de 2022 una cifra récord e histórica.
  • Los ingresos a la economía rusa (por lo tanto dólares) son esencialmente en venta de comodities, energía y material bélico. Todas, difíciles de terminar en forma abrupta, particularmente la energía de la cual depende mucho Europa, al igual que determinados productos alimenticios.
  • Los precios de las energías han subido de precios, lo que afectará especialmente a los europeos.
  • Las medidas financieras europeas tendrán también efectos negativos en su propio territorio: inflación; aumento importante de las primas de riesgo que encarecerá los préstamos; faltará liquidez de dólares que tendrán que ser suplidos por la Reserva Federal de Estados Unidos a través de la emisión;
  • El impacto más profundo tendrá la economía financiera mundial, donde el dólar es que corre con el riesgo de ser moneda de reserva y la posibilidad cierta de acelerar la tendencia que exista una economía paralela a la estadounidense-europea con otra china-rusa-oriente, donde no prime el dólar y con un sistema interbancario propio, que ya funciona entre ambos desde el año 2014 (en este sentido el retiro de los bancos rusos del sistema Swift, acelera esta posibilidad).
  • Hay que recordar que la economía europea todavía está en cuidados intensivos producto de los efectos no totalmente superados de la pandemia.
  • El gran ganador económico será China, con la potenciación del yuan, el acopio de oro y nuevas posibilidades comerciales.

5.- La disputa por una nueva configuración mundial

El principal elemento develado por esta crisis es que la actual situación de poder a nivel mundial choca con la arquitectura de poder existente, y se aprecia una tensión dirigida al status quo que impuso Estados Unidos desde el momento en que rompe la dualidad bipolar propia de la Guerra Fría.

La hegemonía unilateral ejercida con toda fuerza por Estados Unidos desde el año 1991 está cuestionada por otro hegemón de magnitud creciente que es China (y que sin lugar a dudas en un futuro próximo superará a EEUU) y por otros poderes que, siendo menores, sí representan influencias determinantes en espacios geográficos más acotados, como pasa con la misma Federación Rusa en un espacio interméstico entre Europa y parte de Asia; India en la zona indo-pacífica; Irán en la zona medio oriente.

Por lo tanto, esta quebradiza estructura internacional, que se expresa en organismos internacionales y alianzas militares, ya no da plenamente cuenta de la realidad política y económica internacional y tiende a buscar su cauce abriendo las nuevas posibilidades de multicentros que tenderán a organizarse y ordenarse en torno a espacios sustanciales.

Este es el gran problema de Estados Unidos y su tendencia al agotamiento de su hegemonía unilateral, que no está dispuesto a este reconocimiento de la nueva realidad mundial y cierra los espacios a esta configuración a través de “cordones sanitarios” que adquieren expresión concreta por ejemplo en la expansión de la OTAN en referencia a la Federación Rusa.

En el discurso del 24 de febrero, Putin lo explica así:

“Una mayor expansión de la infraestructura de la Alianza del Atlántico Norte, la exploración militar de los territorios de Ucrania que ya ha comenzado es inaceptable para nosotros. El punto, por supuesto, no es la OTAN en sí misma, que es solo un instrumento de la política exterior de Estados Unidos. El problema es que en los territorios adyacentes a nosotros —quiero señalar, en nuestros propios territorios históricos— se está creando una anti-Rusia hostil a nosotros, que ha sido puesta bajo un control externo completo, se están acomodándose las fuerzas armadas de los países de la OTAN y están llenado estos territorios con las armas más modernas.

Para Estados Unidos y sus aliados se trata de la llamada política de contención de Rusia, un evidente dividendo geopolítico.”

En este análisis crítico está implícita la discusión sobre la relación entre diplomacia y poder hegemónico absoluto, donde pierde centralidad la opción política para dar paso a la amenaza del uso de la fuerza, lo que abre la necesidad del debate de un nuevo orden con discusión de los conceptos que deberían darle sentido. Según el propio Putin:

En un estado de euforia de superioridad absoluta, de una especie de absolutismo moderno e incluso en el contexto del bajo nivel de cultura general y la arrogancia de aquellos que prepararon, tomaron y cabildearon decisiones beneficiosas solo para ellos mismos, la situación comenzó a desarrollarse en un escenario diferente.

Como he dicho antes, Rusia ha aceptado las nuevas realidades geopolíticas tras el colapso de la URSS. Respetamos y seguiremos respetando a todos los países recién formados en el espacio postsoviético. Respetamos y seguiremos respetando su soberanía, y un ejemplo de ello es la ayuda que hemos prestado a Kazajistán, que se ha enfrentado a unos acontecimientos trágicos y a un desafío a su condición de Estado y a su integridad. Pero Rusia no puede sentirse segura, desarrollarse, ni existir con una amenaza constante procedente del territorio de la actual Ucrania.”

6.- El concepto de Autodeterminación de los pueblos y la Seguridad Indivisible

En esta crisis se han planteado conceptos claves existentes que también serán parte de su interpretación para escenarios futuros.

El principal de ellos es la relación entre la Autodeterminación de los pueblos y el de la Seguridad Indivisible, que han sacado a relucir en varias oportunidades los líderes involucrados en el conflicto.

Nadie ha puesto en interdicción el derecho a la autodeterminación de los pueblos (aunque pudiéramos tener dudas razonables del respeto que se ha tenido sobre este derecho), pero progresivamente la humanidad ha ido incorporando determinadas limitaciones a lo que pudiera ser un derecho absoluto, como por ejemplo el respeto universal de los derechos humanos, la existencia de cortes penales internacionales y otros. Pero, justamente en el año 1990 ante la firma de la Carta de París que da forma a la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), se expresa que, en el campo de la seguridad, el concepto de Seguridad Indivisible, que apunta justamente a una limitación implícita para cada Estado.

Es una suerte de reverso conceptual al concepto de disuasión, donde prima el derecho de cada país a generar un poder de tal magnitud que convenza a un hipotético enemigo a no hacer uso de la fuerza; en cambio, el de Seguridad Indivisible se basa en el hecho de que un Estado no debe generar condiciones para que otro estado se sienta inseguro. En palabras de la Carta:

“Finalizada la división de Europa, nos esforzaremos por conferir una nueva calidad a nuestras relaciones de seguridad respetando plenamente la libertad de cada uno de elegir en esta materia. La seguridad es indivisible y la seguridad de cada Estado participante está inseparablemente vinculada a la de todos los demás. Por consiguiente, nos comprometemos a cooperar en el fortalecimiento de la confianza y la seguridad entre nosotros y a fomentar el control de las armas y el desarme”. (Carta de París para una nueva Europa, página 3).

¿Y no es, entonces, precisamente lo contrario a este acuerdo lo que sucede con la expansión de la OTAN a países contiguos geográficamente con la Federación Rusa?

Sería muy interesante, para ir delineando escenarios futuros, retomar este concepto de la Seguridad Indivisible como un paso sustancial en la creación de una nueva arquitectura internacional.

7.- El límite a la actual diplomacia

Para llegar a una situación de crisis que conlleva el uso de la fuerza militar, sea esta limitada o extensiva, hay que reconocer que ha habido un fracaso de la diplomacia.

Este es otro punto esencial que ha develado esta coyuntura, en cuanto a los límites que la actual diplomacia tiene en el marco de una configuración política internacional con un hegemón unilateral agresivo, en una fase de larga duración de decadencia que impide la constitución de otros poderes globales.

Como se puede demostrar a través de un largo recuento de espacios diplomáticos llevados a cabo por la Federación Rusa y Estados Unidos para encontrar un nuevo paradigma de relaciones en Europa que incluyera a Rusia, este caminó demostró sus limitaciones.

Efectivamente, con el ocaso de la Unión Soviética y el término del Pacto de Varsovia, no sucedió lo mismo con la OTAN (teniendo en cuenta que era una alianza defensiva contra la URSS), pero se aseguró que esta no crecería hacia el este. Esta política duró hasta el año 1999 cuando hicieron su ingreso Polonia, Hungría y República Checa. Y así siguieron 4 oleadas más: el 2004 con Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Estonia, Letonia y Lituania. El año 2009 con Croacia y Albania. El año 2017 con Montenegro y el 2020 con Macedonia del Norte. Estaba en los planes Georgia, pero después de la guerra del año 2008 no continuó con el proceso. Y en el caso de Ucrania los planes comenzaron el año 2008.

Este continuo desprecio por los acuerdos (de palabra y escritos), ha mermado la capacidad de la diplomacia para frenar el uso de la fuerza, y eso conlleva una profunda reflexión sobre una nueva conceptualización y rol de la diplomacia, para que vuelva a ser el instrumento principal y creíble en la resolución de conflictos.

El líder ruso lo sintetiza de esta forma:

“Esto ha provocado que los tratados y acuerdos ya no sean válidos en la práctica. La persuasión y las propuestas no ayudan. Todo lo que no conviene a la hegemonía, al poder, se declara arcaico, obsoleto e innecesario. Y viceversa, todo lo que les parece conveniente se presenta como la verdad definitiva que impulsan a toda costa, groseramente por todos los medios. A quienes no están de acuerdo, los destruyen.

De lo que estoy hablando ahora se refiere no solo a Rusia, y no solo a nosotros nos preocupa. Esto se refiere a todo el sistema de relaciones internacionales y, a veces, incluso a los propios aliados de Estados Unidos. Después del colapso de la URSS, de hecho, comenzó la redistribución del mundo y las normas del derecho internacional que se habían establecido en ese momento —y las normas principales, básicas que fueron adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial y consolidaron en gran medida sus resultados— comenzaron a obstaculizar a los que se autoproclamaron vencedores de la guerra fría.

Por supuesto, en la parte práctica de la vida, en las relaciones internacionales y en las reglas que la rigen, era necesario tener en cuenta los cambios de la situación mundial y del equilibrio de poder. Sin embargo, esto se debía hacer con profesionalismo, despacio, con paciencia, teniendo en cuenta y respetando los intereses de todos los países así como entendiendo su propia responsabilidad.”

           

8.- El eurocentrismo.

Si bien esta crisis está centrada geográficamente en Europa, el núcleo del conflicto es entre Rusia y Estados Unidos, pero también es indudable que sus alcances políticos, económicos y geopolíticos lo trascienden grandemente.

Las actuaciones más notorias corresponden a los países de Europa, particularmente los miembros de la OTAN, lo que también produce un sesgo importante en el análisis de la crisis, justamente por el carácter todavía atlanticista del enfoque (con este barbarismo quiero centrar el problema de la llamada lectura de la “comunidad internacional” en la OTAN).

Puede observarse con claridad que los alineamientos con uno u otro de los actores en el conflicto obedecen a sus alianzas o afinidades políticas; como ejemplo por el lado de Rusia e encuentra Siria, Irán, Cuba, Venezuela, etc., y por el lado de Estados Unidos fuera de la OTAN y la UE están sus aliados del Pacífico como Japón, Australia, etc.

Los dos más grandes estados, India y China, han mantenido una distancia prudente de la vociferencia atlantista, absteniéndose en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU, algo parecido a lo que pasó con Argentina y Brasil en la OEA. Toda la zona sur de Asia no se ha involucrado en el conflicto, incluso el Primer Ministro pakistaní viajó a Moscú por primera vez en 23 años.

Por lo tanto, muy lejos de existir una posición unánime de la llamada “comunidad internacional”, que también en la amplitud correcta del término están sacando sus propias conclusiones de este conflicto y las preguntas que quedan abiertas al respecto, tanto en lo geopolítico como en lo económico.

9.- Qué logra cada uno

Por supuesto que, con la crisis en curso, lo que se configure como escenarios futuros es todavía muy incierto. Pero, esbozo algunas ideas:

  1. La Federación Rusa podría alcanzar sus objetivos de neutralidad oficial de Ucrania, la independencia de las dos regiones del Donbás, y el reconocimiento de Crimea. Esos logros políticos deberían ser suficientes.
  2. La desmilitarización de Ucrania podría ser parte de su estatus de neutralidad, pero también probablemente como resultados de las operaciones militares propiamente tal, la infraestructura militar ucraniana quede muy debilitada.
  3. Ucrania debiera mantener su independencia y régimen político propio.
  4. Vendrá una situación económica compleja tanto para Rusia como en Europa, pero que también tenderá a nuevas reconfiguraciones, poniendo atención a lo que pase con el dólar como moneda de reserva, sistemas interbancarios, etc.
  5. Estados Unidos no obtendrá ganancias estructurales, excepto una administración publicitaria de la crisis.
  6. La UE y la OTAN entrarán en un nuevo momento de reflexión, una vez pasada la euforia tendrán que enfrentarse a las limitaciones actuales a su poder económico y político, y de su excesiva dependencia de la política estadounidense.
  7. Hay un riesgo general de las lecturas nacionalistas sobre esta crisis, que pondrá en tensión a los proyectos democráticos internos e internacionales.

*Carlos Gutiérrez es analista en defensa y miembro de GADFA.

La inevitabilidad de la guerra en Europa. Por Patricio Escobar.

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Finalmente, la crisis observada en su desarrollo las últimas semanas acabó de la peor manera: en un enfrentamiento abierto desatado con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Era posible una alternativa distinta, que evitara un escenario que nadie en Europa deseaba imaginar? Aparentemente no.

La actual situación de enfrentamiento armado en que ha derivado el conflicto entre Rusia y Ucrania, poco tiene que ver con la personalidad de Vladimir Putin o el carácter de su gobierno, que ciertamente es de un marcado nacionalismo conservador, aunque sin estar más al extremo de otros gobiernos de ese signo en Europa durante los últimos años. Esta crisis es resultado de una suma de variables e intereses que, lenta e inexorablemente, fueron conduciendo a este desenlace.

El equilibrio estratégico de la Guerra Fría

La razón por la que una guerra nuclear entre las grandes potencias no se produjo durante la llamada Guerra Fría, se conoce como “destrucción mutua asegurada”. Esto significa que, si una superpotencia atacaba a la otra con armas nucleares, inevitablemente la atacada podía responder del mismo modo, puesto que el tiempo que tardaban los misiles en volar desde USA a la URSS y en dirección opuesta, era de cerca de 25 minutos, mientras que el tiempo de respuesta de quien detectaba la amenaza era de 5 minutos.

Con la instalación de misiles nucleares en los países pertenecientes a la OTAN, desde los años 50 en adelante, ese tiempo se redujo hasta los 20 minutos. Sin embargo, luego de la caída del Muro de Berlín la OTAN inició su acercamiento hacia las fronteras de la Federación Rusa, llegando a instalar misiles en Polonia y Rumanía, acortando el tiempo de impacto de los misiles en Moscú a 15 minutos, tiempo que todavía permitía la respuesta de Rusia.

La intención de incorporar a Ucrania a la OTAN echa por tierra la restricción que supone la destrucción mutua asegurada, por cuanto el tiempo de vuelo de un misil lanzado desde la frontera de Ucrania solo es de 5 minutos para llegar a Moscú. Por esa razón Rusia no puede aceptar la incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica, puesto que es un auténtico problema de seguridad nacional. Una vez incorporada Ucrania a ese pacto, nada puede evitar que se instalen los misiles en su territorio, ni siquiera la voluntad contraria del gobierno ucraniano.

La “alternativa” a la invasión

¿Rusia tenía que invadir Ucrania? Sí. Si suponemos que Rusia no hace nada, en el escenario precrisis, todo indica que Ucrania ingresaría finalmente a la OTAN. La caída del gobierno de Yanukovic en el 2014 es resultado directo de esa constatación. El acercamiento hacia la UE durante varios años enfrentó en cierto momento la condición de ingresar simultáneamente a la OTAN; lo que Rusia hizo en ese instante fue alertar al gobierno ucraniano de que no podía permitir aquello. Cuando el presidente Víktor Yanukovich quiso dar marcha atrás, la ultraderecha y los sectores que se sentían más cercanos a la alternativa de ingresar a la UE iniciaron una movilización social que se transformó en revuelta popular al recibir el impulso de la UE y USA (que ya tenían experiencia en promover la desestabilización, como hicieron en el caso libio en el 2011).

El resultado lo conocemos: cayó el gobierno de Yanukovich y asumió el poder un representante de la oligarquía ucraniana, con fuertes lazos con los movimientos neonazis, profundamente arraigados en ese país. Esto llevó a Rusia a impulsar un referéndum en Crimea, donde tiene la principal base de la flota del Mar Negro y donde el 90% de la población es rusoparlante. El resultado fue la anexión de Crimea a la Federación Rusa.

Simultáneamente, el gobierno de Vladimir Putin incentivó la rebelión de las regiones ubicadas en la cuenca del río Don, lo que dio lugar al surgimiento de dos repúblicas independientes, Lugansk y Donetsk, y motivó el inicio de la guerra de sus milicias, apoyadas por Rusia, contra el ejército de Ucrania, que trataba de recuperar la región. El conflicto se intentó cerrar con los llamados Acuerdos de Minzk, en que Rusia se comprometía a no reconocer la independencia de las regiones rebeldes, y Ucrania a proponer un estatuto de autonomía especial para estas regiones, que tienen una población de mayoría rusa.

Luego de ocho años se estima que han muerto cerca de 15 mil civiles en el Dombass, producto de las rupturas por parte de Ucrania del alto al fuego acordado, dado que, muy tempranamente, el gobierno ucraniano de Petro Poroshenko declaró que no cumpliría el acuerdo firmado.

¿Rusia tenía que invadir Ucrania? Sí. Estaba obligada a hacerlo y neutralizar la capacidad ofensiva y defensiva del país, lo que supone un enfrentamiento en todo el territorio, ojalá con los menores impactos colaterales en vidas de civiles, para evitar mayores costos frente a la opinión pública internacional. ¿Por qué ahora? Porque una vez que Ucrania ingresara a la OTAN, Rusia no podría hacer nada para evitar la amenaza, a condición de exponerse a un enfrentamiento con la Alianza y el riesgo alto de que, en inferioridad de condiciones, ese enfrentamiento derivara en el uso de armas nucleares. Para evitar ese escenario, Rusia debía invadir ahora a Ucrania de manera inevitable.

Ciertamente la situación no es resultado de un sino trágico e ineluctable. Las acciones de los distintos agentes involucrados tienen como trasfondo el amplio mercado del gas natural en Europa, actualmente en manos de Rusia, y al que desea acceder Estados Unidos con su gas natural licuado.

Las alternativas de desenlace

Si el proceso se decanta según los intereses de la UE y USA, lo que significa que Rusia se retira de Ucrania aceptando que este país ingrese en la Alianza Atlántica. Estados Unidos habrá ganado un gigantesco mercado para su gas natural de esquisto y al mismo tiempo cercado finalmente a Rusia, neutralizándola como adversaria en el orden mundial. En esa condición podría volverse con más libertad contra su nuevo desafiante, China.

Si, por el contrario, el proceso se decanta en favor de Rusia y Ucrania se convierte en un país ocupado o que acepta alguna forma de neutralidad, se acelerará la ruptura de la Alianza Atlántica y Europa deberá buscar una nueva identidad propia que no reniegue de la parte oriental del continente y, más que competir, aprenda a colaborar con sus parientes eslavos.

La única situación intermedia que existe es que no se produzca una salida clara en Europa y el conflicto se enquiste. En ese caso, el contendiente mejor aspectado es Rusia, por cuanto los acuerdos establecidos con China le permiten mantener el volumen de sus exportaciones de gas y al mismo tiempo cerrar una alianza más estrecha con el gigante asiático. En ese cuadro, los damnificados son Europa y USA: los primeros, porque quedan energéticamente en manos de USA y con una independencia política reducida, y los segundos, porque verá, inexorablemente, desplazarse el eje de la hegemonía mundial desde el Atlántico hasta el Pacífico.

Los procesos de la política internacional poco tienen que ver con las caricaturas que se pintan como parte de la guerra de información que rodea a los conflictos. El mundo de buenos y malos está muy alejado de la realidad y da muy poca cuenta de las reales causas que explican la Historia.

Patricio Escobar, Barcelona

Febrero ; 2022

La Defensa, las FF.AA. y la Constitución para un Chile que cambió – GADFA

milicos

Todos los Estados cuentan con una Política de Defensa Nacional como una responsabilidad más de sus relaciones con otros Estados. En lo que sigue, haremos una crítica a la concepción que prevalece en la actual Constitución chilena y desarrollaremos algunos conceptos generales respecto a qué concepción de defensa proponemos para nuestro país y qué rol deberían desempeñar las FF.AA. en ella. Para finalizar, nos referiremos a aquellos aspectos de la Defensa y las Fuerzas Armadas que debería contemplar nuestra nueva Constitución.

I.     La Defensa: algo más que lo militar

Siguiendo la Carta de las Naciones Unidas, la Defensa se refiere al conjunto de políticas que permiten al Estado responder a la amenaza o al uso de la fuerza contra su integridad territorial o su independencia política. En este marco, el aspecto militar (las FF.AA.) tiene un rol central, pero no es el único en intervenir. Hay otros factores necesarios de tener en cuenta, como, por ejemplo, la política exterior implementada por el Estado, el grado de gobernabilidad y desarrollo económico del país, su estabilidad institucional y cohesión social, entre otros. El conjunto de estos diversos aspectos determina lo que se conoce como la “estatura estratégica” del Estado. Mientras mayor sea esta estatura estratégica, estará en mejores condiciones de influir en su región para establecer relaciones pacíficas con sus vecinos y, por lo tanto, defenderse de posibles agresiones.

De esta manera, la Defensa es un tema político general, no solo un tema militar; es una función del Estado que involucra un abanico de políticas desplegadas a lo largo del tiempo. Las FF.AA. son tan solo uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para su defensa militar; en estricto rigor, son un servicio público y, en tanto tal, no deben ser autónomas ni actuar sin una orden de sus órganos superiores. Es, por lo tanto, una inconsistencia democrática considerarlas un poder del Estado. Y en esa perspectiva, nos parece un grave error reducir la función estatal de la Defensa a solo su aspecto militar.

II.    Las FF.AA. en la actual Constitución: confusiones conceptuales y la tendencia a la militarización

Una de las principales medidas de la dictadura militar fue refundar las FF.AA. y de Orden, lo cual quedó encarnado principalmente en los capítulos XI y XII de la actual Constitución, que las conforma como un nuevo poder del Estado (el poder de Seguridad), otorgándoles una amplia autonomía institucional e incluyéndolas en organismos facultados para tomar decisiones en diversos ámbitos no militares del Estado.[1] Estas prerrogativas no las tiene ninguna institución vinculada a áreas tan importantes como la salud, la educación, el sistema de pensiones, la vivienda, ni ninguna otra necesidad social, que son componentes esenciales para el desarrollo y la cohesión social que sustentan la estatura estratégica del Estado. Analicemos con más detalle algunos ejemplos.

[1] En la actual Constitución aparecen como poderes del Estado: Cap. IV: Presidente de la República; Cap. V: Congreso Nacional; Cap. VI: Poder Judicial; Cap. VII: Ministerio Público; Cap. VIII: Tribunal Constitucional; Cap. IX: Justicia Electoral (Tribunal Calificador de Elecciones); Cap. X: Contraloría General de la República; Cap. XI: Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; Cap. XII: Consejo de Seguridad Nacional; y Cap. XIII: Banco Central.

  1. En el primer párrafo de su Art. 101 del Cap. XI, la Constitución actualmente vigente plantea: “Las FF AA. dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. En este párrafo se condensan los principales problemas de que adolece el ordenamiento jurídico respecto a la Defensa en nuestro país. Estos son:
  2. La defensa es una política de carácter general, que abarca diferentes dimensiones. Al Ministerio de Defensa le corresponde conducir las FF.AA., es decir, la dimensión militar de la defensa.
  3. El uso de los conceptos “patria” y “seguridad nacional” para definir el rol de las FFAA.,[1] con su vaguedad y múltiples significados posibles, contribuye a crear la idea de que las FF.AA. defienden una suerte de esencia de la sociedad, por lo que su ámbito de acción no puede ser delimitado claramente.
  4. Otro aspecto confuso y no menos intencionado se refiere al concepto de “seguridad”, que aparece en el mismo Art. 101 citado anteriormente, y que trata sobre los objetivos de las FFAA., porque en él se agrega: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas disciplinadas”.
  5. Se puede apreciar que se incluyen, en un mismo artículo, temas y objetivos de las Fuerzas de Orden y Seguridad y temas de las FFAA., solo por la similitud en uno de sus aspectos, el ser “cuerpos armados”. Vale decir, se toma un factor externo, un conjunto de instrumentos, como identificación y esencia de una categoría conceptual. Se pretende, además, asentar aún más esta identificación, aplicando el término de “seguridad” a ambas realidades, sin considerar la fundamental diferencia de objetivos, doctrinas y medios con que se cuenta en cada ámbito. Esto lleva a diluir la gran diferencia que hay entre la Defensa (que por su esencia se refiere a la seguridad exterior) y el Orden Público (o referido al interior). Amparándose en el concepto general de “seguridad”, se intenta identificar el campo externo con el interno y construir la idea de que una inseguridad general acecha al Estado, abriendo una nueva puerta para la intervención de las FF.AA. en la política interior. Por ello es preferible utilizar el concepto de Orden Interno en lugar de Seguridad Pública, ya definido por la Corte Suprema como la protección del pleno ejercicio de las libertades y derechos civiles.
  6. Por lo dicho, los objetivos y especificaciones de los roles de ambas instituciones, por una parte, y el ser obedientes, no deliberantes, jerarquizadas, profesionales y disciplinadas, por otra, deben ser definidos tanto para las policías como para las FFAA., de manera independiente, en sus leyes específicas, y no fundidos en un artículo único de la Constitución. También en esta idea, a nivel de leyes y no de la Constitución, debería definirse un Ministerio de Defensa del cual dependerían las FF.AA., y otro Ministerio de Orden Público, del cual dependerían las policías, con objetivos y funciones muy claras y con una política con proyección estratégica, distanciándola de la política coyuntural que tiene el Ministerio del Interior.

Cabe acotar que esta ambigüedad conceptual no solo está presente en la Constitución, sino también en las leyes referidas a las FF.AA. y en otros documentos emanados desde el Ministerio de Defensa; entre ellos, por ejemplo, el Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010, donde se incluye una serie de conceptos, bajo el rubro de “Supuestos Constitucionales de la Defensa”, tales como “preservación de la nación”, “mantenimiento de la soberanía”, supuestos que permitirían “orientar y dar coherencia a la actividad global del Estado en materia de Defensa”. Por otra parte, en el Libro de la Defensa de Chile 2017 se reemplaza el concepto de “Supuestos Constitucionales” por el de “Bases Constitucionales de la Defensa”, entre las cuales aparecen conceptos como “seguridad nacional”,

[1] Así también, nuestra actual Constitución, en el Cap. III De los Derechos y Deberes Constitucionales, en su Art. 22 inc. 2º declara que “los chilenos tienen el deber de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional…”.

  1. “protección a la población”, “defensa de la patria”, “defensa de la soberanía”, “resguardo de la soberanía física”, “preservación de la nación”, “seguridad interior”, “defensa de la Constitución”, entre otros. Analicemos brevemente alguno de estos términos.

Defensa de la soberanía: Se conocen tres tipos. La soberanía nacional (referida a la autodeterminación sin injerencia externa), la soberanía popular (referida a que todos los poderes deben emanar del pueblo) y la soberanía física (referida a la preservación de la integridad territorial). Al portar esta triple significación, el “defender la soberanía” en general da pie a que las FF.AA. intervengan en la soberanía popular; vale decir, en las decisiones que tome el soberano. Sin embargo, no deben ser las FF.AA. quienes deban defender el derecho que tienen los pueblos a generar sus organismos de poder; por el contrario, este soberano es el que tiene que ejercer su poder sobre las propias FF.AA.

Defensa de la patria: También es una idea demasiado vaga para adjudicarla como objetivo de las FF.AA., pues en la noción de patria pueden incluirse la cultura, las tradiciones, el sistema político, etcétera, como sus componentes y, por tanto, objetos de la defensa.

Preservación de la nación: El concepto de nación se ha utilizado para la preservación de un supuesto ethos inmaterial, trascendente e inmodificable y único, que definiría la esencia de un pueblo. En esta concepción no solo se desconoce la plurinacionalidad y la diversidad cultural, sino que de ella han derivado todos los chovinismos conocidos.

Seguridad interior: Se habla de seguridad interior, sin definir de modo preciso tal concepto. Esta vaguedad abre la puerta a la participación de las FF.AA. en la política interior.

Defensa de la Constitución: No es lo mismo respeto a la Constitución que defensa de la Constitución. Las FF.AA. no están para defender la Constitución, solo deben respetar la Constitución vigente y las modificaciones o cambios de esta que hagan los organismos democráticos del sistema político. En otras palabras, la defensa de la Constitución es una labor política y jurídica, no militar.

Seguridad nacional: Este concepto solo está definido —y de manera vaga— en el DS Nº 216/1960 del Ministerio de Defensa Nacional, según el cual “se entenderá por seguridad nacional toda acción encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país…”. Tal enfoque está presente, además, en los códigos Orgánico de Tribunales, Procesal Penal, Aeronáutico, Minería, del Trabajo, Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, Ley Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y la que creó la Agencia Nacional de Inteligencia. Ahora bien, es razonable procurar la preservación del orden jurídico institucional del país (si dicho orden responde al ejercicio de la soberanía popular), no obstante, tal noción de “preservación del orden jurídico institucional”, según los términos establecidos en el mismo Decreto 216, no tiene relación alguna con ningún peligro exterior. Y si las FF.AA. son llamadas a defender la seguridad nacional según ese significado, y no como la acción necesaria frente a un peligro exterior, ello les abre las puertas para su intervención en la política interior, en muchos ámbitos que la ley actualmente vigente relaciona con la llamada “seguridad nacional”. El listado es largo, pero podemos mencionar, como ejemplo, la libertad de enseñanza, el derecho a huelga, la identidad nacional, los estados de excepción, las penas judiciales, entre otros. Catalogar esos distintos ámbitos como posibles fuentes de inseguridad nacional debilita la soberanía popular y opera como un principio ideológico y de control.

Polivalencia: Otro conjunto de problemas o situaciones a los que las FF.AA. se ven llamadas a enfrentarse —tales como la lucha contra el narcotráfico, el control de fronteras, la inmigración ilegal, los incendios forestales, la salud pública, las labores de seguridad interior, y otros— se derivan de su definición equivocada como polivalentes fuera del ámbito militar, lo que implica que puedan participar, incluso como conductores, en ámbitos que no le competen.

Los aspectos señalados crean —o llevan a crear— una nebulosa conceptual en la materia, en cierta manera intencionada, pues está profundamente vinculada a una concepción de la Defensa y las FF.AA. basada en la Doctrina de Seguridad Nacional vigente en la actual Constitución, y que favorece que ellas intervengan en la política interior del Estado.

Dado el escenario brevemente descrito, se hace imprescindible fortalecer la sintonía de las FF.AA. con las permanentes transformaciones observadas en la sociedad. El histórico problema cultural de su encapsulamiento social se ve reflejado en ciertas tradiciones o costumbres, tales como el juramento “por Dios y esta Bandera” (y no lealtad a la Constitución, como es habitual en países democráticos), establecido en la Ley N° 10.544/1952 (que fija la fórmula para el juramento a la bandera que deben hacer las FF.AA.). Su distancia de la sociedad civil también se hace evidente en otras situaciones, tales como un diferenciado y ventajoso sistema previsional, en la educación de sus hijos en colegios administrados por fundaciones presididas por oficiales superiores, en la relación especial con grupos de poder y en el uso de sistemas especiales de bienestar, salud y villas militares, entre otras manifestaciones de aislamiento social. En particular será importante incentivar y reglar la participación de las FF.AA., en conjunto con el mundo civil, en temas atingentes a la defensa nacional y a su desarrollo institucional. Para ello es imprescindible impulsar, a través del Ministerio de Defensa, su integración real con la comunidad, acorde con un proyecto común de país y según lo dispuesto en la Ley N° 20.500/2011 (sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública) y otras leyes específicas.

III.  Criterios de la política de Defensa en la nueva Constitución

Como hemos venido analizando, la actual Constitución conforma una arquitectura de conceptos ambiguos que se prestan a interpretaciones que permiten ampliar el ámbito de acción de las FF.AA. más allá del propiamente militar de la defensa. En la nueva Constitución Política de la República es necesario establecer que la Política de Defensa Nacional debe:

  • Tener un carácter preventivo y de respeto al derecho internacional, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.
  • Estar vinculada con una política exterior que debe poner el acento en la colaboración y búsqueda de paz, basada en el multilateralismo, destacando una inserción colaborativa en la región.
  • Contemplar “resguardos democráticos” respecto a las FFAA., esto es, definiciones mínimas que expliciten sus objetivos generales y aspectos de su mando, para asegurar su dependencia estricta a los poderes democráticos.
  • Remarcar que la Defensa Nacional es distinta del Orden Interior.
  • No incluir a las FF.AA. como un poder del Estado.
  • Establecer que las FF.AA. serán reguladas a nivel legal.

Hemos planteado que el resto de las definiciones sobre las FF.AA. deben ir en leyes específicas:[1] lo referente a sus objetivos particulares, composición, estructuración, dependencia, presupuestos y otras materias pertinentes, deben ser materia de ley, al igual que lo son las políticas económicas, las de educación, de salud, y otras. Tales leyes deben resolver variados problemas. En particular:

  • La carencia de una conducción efectiva de las FFAA. por parte de los organismos democráticos.
  • La ausencia de una conducción única, pues actualmente cada rama tiene un alto grado de autonomía. Tal conducción debe darse no solo por parte de los organismos democráticos, sino también por lo que debiera ser el órgano superior de las FF.AA., el Estado Mayor Conjunto (EMCO), para hacer posible que el Ministerio de Defensa pueda dirigirlas con una política común a todas las ramas.

IV.   Propuestas para la nueva Constitución

Asumimos como ideas fuerza para la elaboración de la nueva Constitución, los siguientes criterios:

  • Eliminar la Doctrina de Seguridad Nacional.
  • Separar la defensa exterior de la protección del orden público.
  • Fortalecer un efectivo liderazgo y conducción de la Defensa por las autoridades democráticas.
  • Fortalecer el rol del Poder Legislativo.
  • Suprimir la autonomía militar.
  • Proteger la profesionalización militar.
  • Terminar con los efectos de militarización interna que se derivan de la “polivalencia militar” y el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción.
  • En la Constitución debe ir lo relativo a la Defensa; y lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, en las leyes.

La forma en que se concreticen las propuestas que exponemos a continuación dependerá del sistema de gobierno que finalmente surja en la nueva Constitución. Por ello, nos referiremos a “poderes” (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) más que a cargos (Presidente) o instituciones (Congreso), por ser términos que permiten adaptarse a diversos tipos de gobierno.

  1. En capítulo Poder Ejecutivo, proponemos que se señale que a la Jefatura del Estado le corresponderán las siguientes atribuciones en relación con las FFAA.:
  • Ejercer la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, crisis y estado de guerra; disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto.
  • Designar al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a los Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y conferir el grado a los oficiales generales, con acuerdo del Poder Legislativo.
  • Proponer al Poder Legislativo la Política de Defensa Nacional, con la asesoría del Consejo de Política Exterior y Defensa Nacional, que será materia de ley.
  • Pedir la aprobación del Poder Legislativo para declarar el estado de guerra.
  • Remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a los Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y a los oficiales generales, informando al Poder Legislativo.

[1] Cabe destacar que la Constitución de 1925 no contiene ningún capítulo, ni ningún artículo especial que se refiera a las FF.AA. Solo aparecen referencias al tema militar en relación con las atribuciones de la Cámara de Diputados (Art. 39), atribuciones del Presidente (Art. 72), en el capítulo sobre Garantías Constitucionales, en su Art. 22 (“La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar”) y referencias laterales en algunos acápites de los Art. 23, 39, 44, 66 y 72.

  1. En el capítulo Gobierno, proponemos que se indique:
  • Las Fuerzas Armadas tendrán como única y exclusiva función contribuir a la legítima defensa para responder a una amenaza o uso de una fuerza exterior contra la integridad territorial o a la independencia política, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas.
  • Formarán parte del Ministerio de Defensa Nacional.
  • Su organización y mando será conjunto, de acuerdo con lo dispuesto en su Estatuto Orgánico.
  • Serán profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, no deliberantes y obedientes a los poderes democráticamente generados por el ejercicio de la soberanía popular.
  1. En el capítulo referido al Poder Legislativo, proponemos que se establezca entre sus funciones:
  • Discutir y aprobar la Política de Defensa Nacional presentada por la Jefatura del Estado.
  • Fiscalizar el cumplimiento integral de la Política de Defensa Nacional.
  • Aprobar la declaración de estado de guerra.
  • Aprobar, a proposición del Poder Ejecutivo, las designaciones del Jefe del Estado Mayor Conjunto, los Comandantes en Jefe y los oficiales generales de las distintas ramas de las FFAA.
  1. Respecto de los Estados de Excepción Constitucional, proponemos:
  • La participación de las FFAA. en labores relacionadas a catástrofes naturales, atendiendo a ciertas capacidades de su personal e infraestructura, sin que eso debilite a los organismos civiles que tienen la responsabilidad en ese campo.
  • Subordinar la fuerza militar a la conducción civil establecida para encabezar el Estado de Excepción Constitucional.

Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA)

Expertos en Defensa: La nueva constitución no debe contener noción de seguridad nacional.

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GRUPO DE ANÁLISIS DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS (GADFA)

LA NUEVA CONSTITUCIÓN NO DEBE CONTENER LA NOCION DE SEGURIDAD NACIONAL

Es necesario dejar fuera de la  Nueva Constitución la noción de seguridad nacional para poder consagrar una democracia más plena y garantizar los derechos que de ella se desprendan.

Este concepto se encuentra en varios acápites de la actual Carta Magna. Así, por ejemplo, el artículo 1 expresa: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional”, y en el artículo 101: las FF.AA. “existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional en el artículo 1, indica que las FF.AA. existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”.

Sin embargo, y a pesar de la importancia que se le ha asignado a la noción de seguridad nacional y de su papel crucial en el ordenamiento jurídico y político durante cuarenta años, esta no fue definida por los constituyentes y aún permanece indeterminada. Convertida en doctrina castrense, la noción de seguridad nacional se ha incorporado constitucional y legalmente incluyendo a las FF.AA. como poder de Estado, favoreciendo su autonomización y permitiéndoles desempeñar roles no profesionales, debilitando de esta forma la democracia representativa y la soberanía popular al securitizar todo. Este concepto no es jurídico ni operativo, sino que funciona como un principio ideológico y de control.

Esta noción, proveniente de los EE.UU. y extraña a la tradición constitucional chilena, conecta las instituciones armadas a una variedad de funciones no castrenses incidiendo en campos y roles ajenos a ellas como la reserva de las leyes; la libertad de enseñanza; derecho a huelga; emprendimiento económico; derecho de propiedad; identidad nacional; atribuciones presidenciales; instituciones estatales; política monetaria; estados de excepción; y penas judiciales. Además, está presente en los códigos Orgánico de Tribunales, Procesal Penal, Aeronáutico, Minería, del Trabajo, Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, Ley Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y la que crea la Agencia Nacional de Inteligencia.

El abusivo uso de esta indeterminada noción fusiona lo nacional con lo internacional; lo individual con lo social; lo castrense con lo civil y policial; y ha sobredimensionado a las FF.AA en su intento de legitimarlas como la única institución estatal capaz de implementar políticas públicas en amplios y variados ámbitos a través de la “polivalencia”, con el consecuente debilitamiento de las instituciones civiles responsables y la desfiguración de las misiones realmente esenciales de las FF.AA.

La mal entendida “polivalencia” de las FF.AA. -propia de la acción militar-, por ejemplo, se ha transmutado en “seguridad ampliada” fortaleciendo la inclusión castrense en el orden interno. A su vez, confunde las indeterminadas nociones de seguridad nacional, seguridad del Estado, seguridad de la Nación, seguridad externa y seguridad interna, integradas en la Constitución sin armonización alguna entre ellas.

En lo medular, la seguridad nacional resume todas las demandas conservadoras de eliminación y/o supresión derechos consagrados en la Constitución, de las expresiones políticas, nacionales e internacionales de modificación del actual modelo socio-económico, identificando áreas de “seguridad” derivadas de determinadas “amenazas”, las que dependen de quién las defina como tales. A mayor número de amenazas se postula consecuentemente una mayor centralización del poder, generándose así fuertes incentivos para ampliar el rango de las mismas y proveer los medios para incrementar la “seguridad” en tales ámbitos. Todo lo cual redunda en el fortalecimiento de las actitudes conservadoras y autoritarias de una derecha excluyente, además de legitimar el poder político militar para enfrentar una amplia y vaga lista de “nuevas amenazas”.

Por ejemplo, se ha terminado asociando la “seguridad” a la respuesta castrense ante al terrorismo, delincuencia organizada transnacional, drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico ilícito de armas; pobreza extrema y exclusión social; estabilidad de la democracia (orden público); desastres naturales; VIH/SIDA; deterioro del medio ambiente; trata de personas; ataques cibernéticos; transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos; acceso, posesión y uso de armas de destrucción masiva por terroristas y otros desafíos, muchos de los cuales como desafíos complejos deben tener una respuesta sistémica como sociedad civil en su conjunto

En suma, dado su origen anti-democrático, la noción de seguridad nacional no debería aparecer en una Nueva Constitución, ni en ningún cuerpo legal y reglamentario del país como condición fundamental para poder generar una nueva concepción representativa y legitima de lo social. Consecuentemente, tampoco debería incluirse en la definición de las tareas de instituciones armadas, policiales o civiles, condición necesaria para la construcción de un Estado democrático social de derecho de acuerdo a parámetros humanos civilizatorios del siglo XXI.

Santiago, diciembre de 2020.

Expertos en defensa: Ley Infraestructura Crítica es una arremetida contra la democracia.

milicos

DECLARACION

GRUPO DE ANÁLISIS DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS (GADFA)

RECHAZO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Recientemente, los diputados y diputadas dieron una potente señal democrática al impedir que el gobierno obtuviera el quórum necesario para aprobar la reforma constitucional que establece el uso de militares en el resguardo de Infraestructura Crítica. La discusión se traslada ahora a una comisión mixta, por lo que es necesario precisar algunos aspectos de esta propuesta.

Hasta el momento las críticas se han centrado principalmente en dos aspectos: qué se va a entender por Infraestructura Crítica y qué constituye una “amenaza grave para la población”. Estas críticas son correctas, pero insuficientes porque los riesgos que entraña esta reforma no se arreglan solo con mayor precisión conceptual. Estamos ante una arremetida contra pilares sustanciales del régimen democrático del país. Veamos cuales son:

En primer lugar, normaliza el uso de las FF.AA. en asuntos de orden interno. El despliegue de los militares fuera de sus cuarteles es una excepcionalidad dentro del normal acontecer democrático y para eso está el estado de excepción.

En segundo lugar, refuerza el hiperpresidencialismo no solo porque la decisión del uso interno de los militares recae únicamente en el poder ejecutivo, sino que también porque esa decisión descansa en criterios discrecionales de quien ejerza la presidencia. No se establece el control efectivo por parte del Congreso o el Poder Judicial. El proyecto plantea que habrá que “informar” al parlamento, pero sabemos que esto no implica necesariamente un eficaz control parlamentario.

En tercer lugar, el proyecto sostiene que, para proceder a aplicar la ley, previamente se requerirá que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) emita un Informe. Esto reitera la concentración de la decisión en el propio presidente de la República pues esta agencia depende del Ejecutivo. Además, esta medida expone a que la ANI sea utilizada como excusa para que el presidente pueda “lavarse las manos” afirmando que siguió la recomendación “técnica” de la Agencia.

En cuarto lugar, supone un retroceso en desarrollo institucional de la seguridad pública. Recordemos que a principios del siglo XX los militares destinaban diversas de sus unidades a labores de orden público. En esa época estaba normalizado el uso de los militares para brindar este servicio. Sin embargo, esto termino generando problemas operativos en las FF.AA. y lo más grave, una sangrienta represión de la protesta social.

Por otra parte, la implementación de esta reforma incorporaría un nuevo rol no profesional para las FF.AA., lo cual supondría serios problemas en términos operativos, con consecuencias muy graves.

Primero, no se define qué se entiende por “resguardar”. Pareciera que los militares solo van a impedir la entrada de los supuestos “terroristas” a un lugar cerrado y protegido. Pero, lamentablemente, gran parte de las infraestructuras críticas a proteger no coinciden con esa idea. Un supermercado (“centro de abastecimiento”), no es saqueado por “terroristas”, sino que por población civil. Una carretera (“vías de comunicación”) se extiende por kilómetros y no tiene muros. Un aeropuerto o un terminal de buses, es un lugar donde transitan miles de personas diariamente. Además, “resguardar” exige saber qué amenaza habrá que enfrentar. Por ende, puede transformarse en una labor que va mucho más allá de la simple presencia militar en el lugar y abre la puerta para que la inteligencia militar defina a la sociedad civil como uno de sus principales objetivos.

Segundo, esta acción de “resguardo se desarrollaría bajo la luz de nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que facultan a los militares para hacer uso de armas letales frente a situaciones no especificadas debidamente, lo cual expone a la población a un grave peligro de ser víctima de la violencia militar y se puede caer en el nefasto precedente el enemigo interno

Tercero, exigirá una preparación específica a las FF.AA. Va a ser necesario que cuenten de entrenamiento especial (por ejemplo, para saber afrontar turbas), compra de material a gran escala (instrumentos antidisturbios) y el desarrollo de doctrinas para la acción interna, lo que escapa a la función de las FF.AA.

Por último, la reforma no identifica una figura que sea responsable política de los sucesos que puedan acaecer durante la labor militar y tampoco establece una línea de mando claramente definida. ¿De qué autoridad van a depender los militares que estén resguardando una infraestructura crítica? Como no se va a estar en estado de excepción la autoridad política local (intendentes y gobernadores) va a seguir rigiendo, entonces ¿los militares van a tener que seguir sus instrucciones? Además, Carabineros va a seguir teniendo la responsabilidad del orden público general, ¿van a poder dar órdenes a los militares que estén haciendo labores de resguardo? No olvidemos que cuando no están claras las responsabilidades políticas y penales de quien ejerce la violencia y de quien la ordena, se abre la puerta a la violación de los DDHH de la ciudadanía.

En definitiva, no es factible que lo inmediato y puntual redefina nuestra Política Defensa sin un proceso reflexivo previo. El empleo de las FF.AA. en actividades de control del orden público, es un error, es inoportuno y es peligroso. Error porque involucra a instituciones en otras funciones para las cuales no fueron creadas, y no han sido adecuadamente preparadas. Es inoportuno, ya que son promovidas por un gobierno en crisis de legitimidad para afrontar un contexto político agitado, en el cual la presencia militar no contribuye a la tranquilidad. Es peligroso porque transforma la protesta conflicto social en un campo de batalla, exponiendo a la ciudadanía a ser atacada como si fuera un enemigo interno. Pero, esta política de involucrar a las FF.AA. en tareas de orden público también es un peligro para los propios militares, quienes se van a ver expuestos a un tipo de conflictividad para la cual no están preparados.

Por todas estas razones desde el GADFA hacemos un llamado a los parlamentarios y parlamentarias para que rechacen definitivamente una reforma constitucional que es totalmente perniciosa para nuestra democracia.

14 de septiembre, 2020

EXPERTOS ENVÍAN CARTA A DIPUTADOS/AS POR PROYECTO DE LEY DE INTELIGENCIA

Carta Abierta a Diputadas y Diputados

Sobre el proyecto de ley de inteligencia que se debate actualmente en el Congreso de Chile.

El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADF) se dirige respetuosamente a las y los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara y, por su intermedio, a la Cámara en su conjunto para representarles la alta preocupación generada por los contenidos del proyecto de ley que Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (Mensaje 192-366), algunos de los cuales comprometen el desarrollo democrático del Estado y la sociedad.

1.- El proyecto de ley confunde y unifica las tareas de seguridad interna y externa al mezclar ámbitos de inteligencia que deben estar institucionalmente separados. Involucra a las FF.AA. en materias de orden interno y a las fuerzas de orden en la defensa.

2.- La propuesta del gobierno politiza e instrumentaliza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) al radicar el nombramiento de su responsable en el Presidente de la República, sin concurso del Senado. Define, en la práctica, la actividad del SIE como una política de gobierno y no de Estado arriesgando así convertirlo en policía política más que una entidad productora de inteligencia estratégica, como indicamos más adelante.

3.-El proyecto debilita el rol fiscalizador del Congreso, necesario para un SIE en democracia. No es suficiente la rendición semestral de cuentas para un efectivo control ciudadano. Se precisa que el Congreso participe en las etapas de diseño, gestión y evaluación de la política de inteligencia. Esto es especialmente necesario ya que el proyecto involucra a la ANI y FF.AA. en materias de orden público cuyo responsable es una figura política interpelable: el ministro del Interior. El proyecto tampoco considera la fiscalización presupuestaria, sobre todo considerando que la ANI dispone de gastos reservados. En la medida que el proyecto no menciona los agentes encubiertos en labores de contrainteligencia, esta fiscalización se hace más necesaria aún.

4.- Si bien es un avance que se incorporen al SIE otros organismos del Estado como el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, Gendarmería y el Servicio de Impuestos Internos, la propuesta de un Consejo Asesor de Inteligencia genera una instancia que perjudica la función directiva y coordinadora de la ANI, pues pone en el mismo nivel de conducción, sin distinción jerárquica ni funcional, a los organismos de inteligencia militares y policiales frente a sus respectivos ministros y a la dirección de la ANI. De esta forma, se altera el debido orden jerárquico.

5.- Si las FF.AA. entregan información residual de inteligencia y si el Consejo Asesor tiene como definición de campo lo interno nacional, no tiene sentido que éstas sean parte del mismo.

6.- Existe una contradicción de prerrogativas pues se establece que los comandantes en jefe de las FF.AA. determinarán la forma de la entrega de información, pero al mismo tiempo se establece que ésta deberá ser entregada según lo dispuesto por el director de la ANI. Igualmente, se indica que en caso las FF.AA. no cumplan con la entrega de información, la notificación del incumplimiento se dirige al Presidente vía ministro de Defensa y no a través del director de la ANI.

7.- Es necesario precisar algunos aspectos institucionales de la ANI. El proyecto crea la figura de subdirector sin definir sus funciones. No avanza en establecer una necesaria carrera funcionaria en ella, ni tampoco se hace cargo de la promesa programática del Presidente de crear una academia de formación en inteligencia.

8.- No se definen las amenazas a la seguridad interna, a no ser que estas solo sean crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico ilícito de personas y protección de infraestructura del Estado.

9.- Se amplían aún más los roles de las FF.AA. en labores de orden interno. En la medida que sus trabajos de inteligencia interna no serían solo residuales y toda vez que el proyecto del gobierno -que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA.-les permitiría la protección de la infraestructura crítica del país en situaciones de protestas nacionales, se legalizarían indagaciones castrenses de inteligencia sobre organizadores y participantes en estas movilizaciones generando las bases de un Estado policial.

Hacemos un llamado al Congreso para que este proyecto de ley tan importante, para fortalecer la capacidad estatal en materia de inteligencia nacional, sea discutido sin la urgencia planteada, tal como lo ha solicitado la Comisión de Defensa de la Cámara, y que Ustedes abran un efectivo debate democrático -con el debido conocimiento experto- que permita mejorar una tarea que es atribución esencial del Estado y, al mismo tiempo, proteja efectivamente los derechos de toda la ciudadanía.

Santiago, 31 de mayo de 2020

Felipe Agüero, Gonzalo Alvarez, Rodrigo Cárcamo, Eugenio Cruz, Mireya Dávila, José Luis Díaz, Galo Eidelstein, Carlos Gutiérrez, Luis Lobos, Sebastián Monsalve, María Inés Ruz, Augusto Varas.

¿Nuevo financiamiento para las Fuerzas Armadas chilenas? Por *Carlos Gutiérrez P. 

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Proponer un nuevo financiamiento para cubrir las capacidades militares de las Fuerzas Armadas fue un anhelo que se hizo patente desde el primer gobierno post dictadura, conquistado después de 17 años de lucha contra la dictadura civil-militar, y que se reflejó en el programa de gobierno de Patricio Aylwin.

Así sucedió consecutivamente con cada nuevo programa de gobierno, al igual que en los trabajados Libros de la Defensa Nacional (1997, 2001, 2010 y en los sucesivos documentos que fueron herederos de ese esfuerzo), ya que se abría paso un consenso respecto de que el formato existente no estaba acorde a los pasos democráticos que se iban abriendo en otras esferas de la vida política nacional, ni a las modernizaciones que paulatinamente se exploraban en el propio campo de la Defensa.

Es razonable el argumento de los primeros gobiernos de la Concertación en cuanto a que no contaban con el apoyo necesario en el Parlamento para la modificación del mecanismo existente, basado esencialmente en uno automático que emanaba directamente del 10 % de las ventas del cobre, y menos aún de los altos mandos de las fuerzas armadas que todavía seguían siendo tributarios muy directos del Pinochetismo (incluido el propio Augusto Pinochet que estuvo como Comandante en Jefe del Ejército y luego como senador vitalicio).

Menos comprensible es la explicación ya en el primer gobierno de Michelle Bachelet, donde existían inmejorables condiciones políticas para una propuesta que ya tenía bastante camino recorrido, se habían consolidado los gobiernos democráticos civiles, existía una renovación de los altos mandos, así como una sociedad que exigía mayor protagonismo y reivindicaciones económicas y sociales que se hacían cada vez más impostergables.

La modernización de las fuerzas armadas seguía su curso, con distintos ritmos y niveles, pero claramente en un camino sin retorno, así como también la discusión de una comunidad de defensa (civil y militar) que también demandaba actualizaciones, revisiones críticas y particularmente nuevas visiones y epistemologías de la política de defensa.

El panorama internacional subregional también cooperaba crecientemente a nuevas reflexiones, ya que se había constituido la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y en una decisión inédita se crea un Consejo de Defensa Suramericano, que prontamente inaugura dos instituciones: el Centro de Estudios Estratégicos con sede en Buenos Aires y la Escuela Suramericana de Defensa en Quito. Sus objetivos son claros y precisos, entre ellos los más relevantes que son consolidar a Sudamérica como una zona de paz, fortalecer la unidad y la cooperación subregional.

Se abría un campo fértil para la cooperación, dejar atrás las hipótesis de conflictos vecinales y fronterizos, avanzar en medidas de confianza mutua de nueva generación, hasta llegar a pensar una doctrina común, y una formación de cuadros militares común.

Si bien hubo momentos en que se realzaron algunos viejos litigios pendientes, como los casos de Chile con Perú y con Bolivia, aquí también se reflejó el nuevo tiempo de las relaciones internacionales regionales, ya que ambos conflictos se canalizaron por la vía diplomática al más alto nivel, con un rol clave de la organización y el argumento jurídico. De esa forma se puso término pacífico a disputas fronterizas.

Pero también asomaron y se hicieron público numerosos casos de corrupción al interior de las fuerzas armadas relacionadas con las adquisiciones de sistemas de armas, sumando más razones críticas a mecanismos que eran automáticos y carentes de la presencia activa del rol fiscalizador del Parlamento y del propio Ministerio de Defensa, que más bien actuaba como mera correa de transmisión de los anhelos militares, en vez de ser el órgano rector de una planificación realista y ajustada a las definiciones políticas generales del Estado de Chile.

Todo este escenario, nacional e internacional, validaba con mayor razón pensar en nuevos términos las definiciones estratégicas y conceptuales sobre la seguridad y la defensa y por lo tanto de su instrumento fundamental que son las fuerzas armadas y sus capacidades militares.

Pero los buenos tiempos pasaron y los gobiernos de Bachelet 1 y 2 una vez más dejaron la tarea pendiente de una reforma general en la política de defensa y particularmente en el ámbito del financiamiento. Pero sobre todo, desconociendo estas realidades políticas y horizontes progresistas, se dejaron llevar por el camino de los argumentos más conservadores y el enorme lobby de las instituciones castrenses, que apuntan tozudamente a escenarios de hipótesis de conflictos vecinales y a un poderío militar desproporcionado.

Y el turno le tocó al gobierno de Sebastián Piñera. En una maniobra torcida, presenta un proyecto de ley que efectivamente se presenta como una derogación de la Ley del Cobre (el titular de la demanda que fue levantada por los sectores demócratas), pero que no trae una modificación sustancial al concepto de financiamiento de las capacidades militares.

¿Cuáles son las características principales de la propuesta?

• Creación de un Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas (FPCE) para el financiamiento de inversiones en material bélico y la infraestructura asociada, y sus gastos de sostenimiento. El Fondo se constituye con el 55% de la Cuenta Nº9.154 (proveniente del fondo Ley del Cobre) que corresponderían más a unos USD 2.600 millones de dólares (artículo 100).

• Para mantener el FPCE, el Presupuesto anual aportará no menos del 70% del promedio de lo proveniente por la Ley del Cobre en el período 2010-2017. Este nuevo piso, dependiendo de la base de los cálculos, seria al menos de USD 430 a 490 millones de dólares (artículo 101). En la actualidad el piso es del orden de los USD 360 millones de dólares.

• La administración y control de responsabilidad de tal Fondo será de un órgano técnico colegiado constituido por 3 miembros, denominado Administrador, integrado por: (1) funcionario del Ministerio de Defensa, (1) del Ministerio de Hacienda y, (1) de la Presidencia de la República.

• Formación del Fondo de Contingencia Estratégica (FCE) que estará constituido con el doble del aporte anual señalado en el artículo 101, es decir unos USD 860 a 980 millones de dólares (artículo 102) para compras de oportunidad y reemplazar los medios e infraestructura dañada por catástrofes.

• Los remanentes de las Cuentas de la Ley del Cobre (Ley Nº 13.196) serán incorporados al Fondo de Estabilización Económico y Social , parte de los fondos soberanos, monto de alrededor de USD 1.500 millones de dólares.

• Se introdujo un nuevo criterio para justificar el reemplazo de la Ley del Cobre, ya no por la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSD) sino por la “planificación del desarrollo de la fuerza” (artículo Nº104).

• Se termina con la obligación de Codelco de entregar el 10% de sus ventas brutas a las FF. AA, aunque subsiste el impuesto del 10% de las ventas ahora a beneficio fiscal, por un periodo de 12 años, reduciendo el porcentaje en 2,5% en los últimos 3 años.

¿Cuáles son las críticas de fondo al proyecto?

• Se mantiene un concepto de financiamiento automático, con pisos declarados en forma arbitraria, donde no juegan un papel fundamental el Parlamento ni el Ministerio respectivo (Defensa).

• No hay consistencia con las modernizaciones organizacionales que se han venido realizando en las Fuerzas Armadas, como fue la incorporación del Estado Mayor Conjunto, ya que este en la propuesta no tiene ningún papel asignado, a pesar de ser el ente que tiene entre sus funciones el diseño y ocupación de la fuerza.

• No existe una definición de articulación del diseño de la fuerza y sus correspondientes sistemas de armas que deberían ser adquiridas con este financiamiento automático con la presentación, argumentación y aprobación por parte del Parlamento de la Estrategia de Defensa Nacional. Por lo tanto no queda despejada la relación entre financiamiento de capacidades militares y la política de Defensa del período.

• Es bueno recordar que el financiamiento propuesto para las Fuerzas Armadas, con mecanismo de pisos y de forma plurianual sería único en el país, ya que ninguna otra repartición pública o política pública estratégica tiene esta definición.

• Hay una cantidad de mecanismos establecidos que se rotulan como secreto que hoy ya no son convivientes con una democracia que aspira a ser más densa y profunda, y no se justifican en un mundo que transita a mayor transparencia y menos aún con recientes y consecutivas coyunturas de corrupción en el financiamiento de las Fuerzas Armadas, más particularmente en el complejo mundo de la industria de armamentos.

• El concepto de fondo de contingencia para compras de equipamiento militar en caso de “oportunidad” es un contrasentido literal con el de la planificación que es sustantiva en una política de Defensa, y más puede prestarse para casos de lobby u otras expresiones propias de un mercado que tiene una dimensión importante de una economía clandestina.

El proyecto presentado es claramente deficiente, y es más bien un tributo a sectores políticos conservadores y a la corporación militar. Se elige arbitrariamente un período altamente beneficioso del precio del cobre (por supuesto en forma totalmente arbitraria) para definir los pisos; se mantiene la presión financiera sobre la empresa estatal del cobre por un período importante, en medio de una situación nacional en que se argumenta la precariedad fiscal para llevar adelante políticas públicas impostergables.

Es la expresión más clara del viejo aforismo gatopardista de cambiar todo, para no cambiar nada. En el fondo, de aprobarse este proyecto de ley, ya no existirá el nominativo ley del cobre para financiar a las fuerzas armadas, pero indudablemente se mantendrán todos los vicios de un mecanismo no transparente, antidemocrático y militarista.

*Especial para SICNoticias por Carlos Gutiérrez Palacios, Magister en Ciencias Militares y Diplomado en Inteligencia Estratégica.