Archivo de la categoría: Derechos Humanos

MAURICIO REDOLÉS: ¿Cuántos crímenes más debe cometer Carabineros para que el Estado comprenda que esta policía es un verdadero “enemigo interno”

redo

CARABINERO NO RIMA CON ARTE CALLEJERO

Mauricio Redolés.

Como un deja-vou de las imágenes de lo ocurrido en las puertas del Teatro Municipal de Santiago el lejano 24 de septiembre de 1987 cuando el carabinero Orlando Tomás Sotomayor Zuñiga baleó en la cabeza a la joven pianista María Paz Santibáñez Viani, en una jornada de protesta contra el rector de la Universidad de Chile José Luis Federici designado por Pinochet, hoy podemos ver las imágenes de otro carabinero baleando a otro joven artista. Esta vez un 5 de febrero del 2021 en una esquina de la Plaza de Armas de Panguipulli. Esta vez, a diferencia de lo que pasó con la pianista, el joven malabarista Francisco Martínez Romero murió rodeado de sus sables de juguete y el estupor de los habitantes de ese pueblo.

Tal como en el caso de la pianista María Paz Santibáñez, en que estando herida de un balazo en la cabeza fue detenida y se dijo por las autoridades de la dictadura que ella había atacado al carabinero, hecho que fue desmentido gracias a que el vil ataque del uniformado había sido grabado en video por el medio informativo Teleanálisis, lo que permitió que el carabinero fuese acusado de cuasidelito de lesiones y “condenado” por la justicia militar (juez y parte) a la “enorme y durísima” pena de 61 días de firma y continuó en el servicio. Así mismo en esta nueva dictadura, disfrazada de “democracia” Carabineros defiende el actuar del uniformado que dio muerte al malabarista de Panguipulli señalando que fue en “legítima defensa propia” (declaración del teniente coronel Boris Alegría).

Este crimen, junto a cientos de otros crímenes cometidos por Carabineros y que no reciben el castigo adecuado por ser procesados por la así llamada “justicia militar” solo, deshonran y agravian nuestra dignidad como país. Esto sin considerar la “mano blanda” de Carabineros producto de su cobardía para enfrentar a las bandas de narcotraficantes y las mafias de camioneros entre otros privilegiados de este país que posee una policía uniformada carente de dignidad, ensuciándonos a todos y a todas con su proceder que debiera hace tiempo estar en el basural de la historia.

Coincido plenamente con el abogado Jaime Bassa quien llama a “disolver Carabineros de Chile y construir una nueva fuerza policial que respete nuestras garantías y derechos básicos”. No coincido con llamar a una “refundación de Carabineros”, porque quedará la impronta de una policía que más ha dañado al país que otra cosa. No es “Refundación” lo que hay que exigir, sino una “Disolución de Carabineros”, para empezar desde cero y terminar con este cuerpo policial, as del latrocinio y del abuso de los habitantes más humildes de este país, como el crimen de la joven obrera Ramona Parra asesinada el 28 de enero de 1946, como el crimen del profesor Manuel Guerrero Ceballos asesinado el 30 de marzo de 1985, como el crimen del joven mapuche Camilo Catrillanca, asesinado el 14 de noviembre del 2018, como el crimen del joven artista Francisco Martínez Romero asesinado el 5 de febrero del 2021, entre cientos de chilenos y chilenas asesinados por Carabineros. ¿Cuántos crímenes más debe cometer Carabineros de Chile para que el Estado chileno comprenda que esta policía uniformada es un verdadero “enemigo interno” que lleva a que miles de personas tengan el deseo legítimo de incendiar el país? Por lo menos en Panguipulli a esta hora de la madrugada del 6 de febrero del 2021 cientos de jóvenes ya lo están haciendo. Esto no da para más. Hace tiempo que no da para más.

Título principal SICNoticias.

Fuente: https://www.facebook.com/MauricioRedolesBustos/?ref=page_internal

Confederación FENPRUSS emite comunicado por asesinato de Francisco Martínez en Panguipulli.

pangui

El incidente de este viernes en Panguipulli, que terminó con la vida de Francisco Martínez Romero a manos de un carabinero, deja en evidencia nuevamente el país real en el que vivimos. Un procedimiento policial de rutina termina en una muerte, en un pueblo bucólico que identificamos con vacaciones, descanso y naturaleza.

Luego se desata la ira de quienes fueron testigos impotentes de la fuerza desproporcionada y el abuso de Carabineros de Chile. En seguida, la prensa cubre con su maniqueísta mirada cómo los “malos” desatan el caos y los “buenos”, que sustentan el poder, llaman a la paz social.

Y en medio de todo esto, estamos las y los indignados a la distancia, aquellos y aquellas que desde nuestra zona de confort declaramos que esto no puede seguir.

No podemos seguir justificando abusos, torturas y asesinatos en manos de quienes deberían resguardar nuestra seguridad. Carabineros de Chile está más que desacreditado por la ciudadanía y ya nadie “duerme tranquilo…sin preocuparse del bandolero”, porque los bandoleros están en sus filas.

Como profesionales de la salud no podemos guardar silencio ante este hecho. Exigimos que el gobierno asuma su responsabilidad política y se refunde la institución de Carabineros; que la justicia aplique la ley que existe para todas y todos los habitantes de este país, y se asista de manera reparatoria a todas las personas que fueron testigos impotentes de este crimen, en especial a su familia y amigos.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

CONFEDERACIÓN FENPRUSS

GRAVE: Gendarmería inventa justificaciones para negar libertad condicional a Jorge Mateluna

mateluna

Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional

En los días recién pasados nos encontramos con una nueva e ingrata sorpresa para estos años de injusticia.

Durante casi ocho años nuestra lucha ha sido buscar la forma de llevar a Jorge a la libertad luego de que un aberrante tribunal le negara Justicia a él y a su familia. En este proceso, y como una forma de restarle tiempo a la injusticia que le condenó y conforme a los derechos que se supone todo preso tiene, se han hecho esfuerzos para que postule a algún tipo de beneficio en los que cumple con los requisitos legales.

Es así que. en entrevista realizada a Jorge por parte de un profesional del Área Técnica de Colina I, le señaló que para cualquier tipo de postulación había una situación en particular que le jugaría en contra o podría perjudicarle.

Dicha situación es que en el sistema de clasificación de Gendarmería (le mostró en la pantalla del computador) se le asigna a Jorge la categoría de «Líder de banda al interior del penal». Ante esta sorpresa (pues no lidera banda de tipo alguno), Jorge pidió se le indicara con qué argumentos se le hace esa acusación o bien quién es el funcionario o estamento que ingresa dicha información, por cuanto es una imputación que le perjudicará para todo tipo de postulación.

Ante esto queremos ser categóricos en decir que no aceptaremos persecución, prejuicio o estigmatización contra Jorge o su historia. Haremos valer los derechos que correspondan por las vías idóneas para ello.

Que también sirva esta denuncia como alerta y resguardo para que no se levanten acusaciones similares contra los luchadores sociales, encarcelados hoy por luchar por un país realmente justo.

Basta de persecución, basta de castigo, montajes e injusticia.

Comité Libertad Jorge Mateluna Inocente.

Diciembre del 2020.

Campaña online de firmas por la libertad de los Presos de la Revuelta

revuelta

Según datos de Fiscalía, tras la Revuelta Social de octubre de 2019, en Chile se han formalizado 5.084 personas por hechos relacionados a las manifestaciones sociales. La persecución interesada de estas personas por parte del Estado ha sido rigurosamente cuestionada por instituciones nacionales e internacionales, dando cuenta de que existen en muchos de estos casos vulneraciones flagrantes de garantías procesales y extensiones injustificadas de privaciones preventivas de libertad que no se darían en circunstancias de normalidad.

El proyecto de ley de indulto general busca la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda por hechos remitidos entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. Necesitamos tu apoyo para que estas miles de familias puedan reencontrarse esta Navidad.

FIRMA AQUÍ: https://bit.ly/2Wjq5O1

EN CHILE SÍ HAY PRESOS POLÍTICOS, LEY DE INDULTO YA!

Más de 140 Ex Presos Políticos dictadura envían carta a la Suprema por absoluciones en «Operación Colombo»

119

Señoras y Señores

Miembros de la Corte Suprema

Presente.

Nos dirigimos a ustedes con profunda indignación, y con la sensación de vivir en un país sin justicia. Nos referimos en este instante, a la decisión adoptada por la octava sala de la Corte de Apelaciones sobre detenidas y detenidos desaparecidos en el caso llamado “Operación Colombo”. Este hecho ocurrido en julio de 1975 constituyó para Chile y el mundo, uno de los más siniestros montajes de la dictadura cívico militar chilena, en el que el mensaje insinuaba la muerte de 119 personas, “exterminados como ratones, entre ellos”, en grandes titulares de los medios de comunicación de la época, coludidos con la dictadura y su aparato represivo, dirección de inteligencia nacional, DINA.

Nos dirigimos a ustedes, en su calidad de actuales miembros del máximo órgano del poder judicial, el que durante los diecisiete años de dictadura y de represión, no ejerció su rol y no supo estar a la altura para contener las violaciones a los derechos humanos provocadas contra la población y, que más bien, en la gran mayoría de sus jueces de esa época, prevaleció el apoyo o silencio cómplice ante el poder que atropellaba todos los derechos humanos y fuertemente, el derecho a la vida.

La sentencia de la octava sala de la Corte de Apelaciones, degrada las obligaciones respecto de la Justicia Transicional que tiene el Estado de Chile con la comunidad internacional, en relación a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de estos hechos, es decir impedir la impunidad. Degrada el concepto mismo de justicia cuando los criminales de lesa humanidad, quienes huyeron de la justicia, mintieron en los procesos, y no fueron sancionados como corresponde en casos de graves violaciones de derechos humanos, nunca han aportado información sobre el destino final de las personas desaparecidas y menos aún, se han arrepentido de sus acciones. Pese a todo ello, y después de más de 30 años de investigaciones sobre estos hechos, esta Sala, los deja en libertad.

Nosotros y nosotras estuvimos con ellas y ellos, amigos, familiares, militantes de una causa justa y democrática, resistentes a una brutal dictadura. Nosotros y nosotras somos testigos de sus detenciones, de sus torturas, estuvimos juntos y desnudos a merced de esos criminales que se sabían impunes y protegidos por el Estado, somos testigos de cuando eran sacados de los centros de detención para llevarlos amarrados hacia un lugar desconocido.

Todo eso lo denunciamos desde 1974 en adelante, con cartas, huelgas de hambre, informes a la CIDH, a la ONU, a Amnistía Internacional y a los organismos de derechos humanos nacionales de la época y luego declaramos en la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión de Prisión Política y Tortura. Durante más de 30 años hemos declarado en los tribunales y nos hemos careado con estos mismos agentes que hoy les dejan en libertad.

Nosotros y nosotras pudimos sobrevivir, arriesgamos nuestras vidas por decir esa verdad y seguimos en pie, dispuestos a seguir testimoniando, con toda la fuerza de la verdad, hasta que se haga justicia, toda la justicia. Somos testigos de esa época repudiable que se extiende hasta el día de hoy, cuando tribunales de la república fallan como lo han hecho estos jueces, otorgando impunidad.

No olvidamos, no perdonamos, exigimos justicia.

En definitiva, les solicitamos se apeguen al derecho internacional de los derechos humanos, hagan justicia y apliquen las medidas administrativas del caso a estos y otros jueces que desconocen las obligaciones internacionales del Estado de Chile.

Santiago, 9 de diciembre de 2020

Firman ex presas y presos políticos, sobrevivientes y testigos

  1. Viviana Uribe Tamblay, ex presa política de José Domingo Cañas y Venda Sexy
  2. Erika Hennings Cepeda, ex presa política de Londres 38
  3. Viola Todorovic Gallo, ex presa política de Londres 38
  4. Patricia Barceló Amado, ex presa política de Londres 38
  5. Osvaldo Torres Gutiérrez, ex preso político de Villa Grimaldi
  6. Roberto Merino Jorquera, ex preso político de Londres 38, Villa Grimaldi y Ex Clarin
  7. Patricia Jorquera Hernández, ex presa política de Londres 38 y José Domingo Cañas
  8. Lylian Yañez Ponce, ex presa política de Londres 38
  9. Scarlett Mathieu Loguercio, ex presa política de Londres 38
  10. Cristian Van Yurick Altamirano, ex preso político de Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi
  11. Miguel Ángel Rebolledo González, ex preso político de Londres 38
  12. Eliana Medina Vásquez, ex presa política de Londres 38
  13. Celia Moyano Escalona, ex presa política de José Domingo Cañas
  14. Mónica Alvarado Inostroza, ex presa política de Londres 38
  15. Patricia Herrera Escobar, ex presa política de Londres 38
  16. Margarita Durán Gajardo, ex presa política de Londres 38 y Tejas Verdes
  17. Nelly Andrade Alcaíno, ex presa política de Tejas Verdes y Londres 38
  18. Oscar Troncoso Muñoz, ex preso político de Londres 38
  19. Francisco Lagos Sepúlveda, ex preso político de Londres 38
  20. Claudio Herrera Sanhueza, ex preso político de Londres 38 y Villa Grimaldi
  21. Liliana Maldonado ex presa política de Londres 38
  22. Juan Casto Recabarren Rivas, es preso político de El Hoyo bajo la Plaza de la Constitución, Londres 38 y 4 Álamos.
  23. Mónica Uribe Tamblay, ex presa política de José Domingo Cañas y Venda Sexy
  24. Cecilia Jarpa Zúñiga, ex presa política de José Domingo Cañas
  25. Agustín Holgado Bloch, ex preso político de Venda Sexy
  26. María Isabel Matamala Vivaldi, ex presa política de Villa Grimaldi
  27. Álvaro Ahumada San Martín, ex preso político de Villa Grimaldi
  28. Alejandro Núñez Soto, ex preso político de Villa Grimaldi
  29. Gabriel Rodríguez Garcia Huidobro, ex preso político de Villa Grimaldi y 4 Álamos
  30. Cristina Verónica Godoy Hinojosa, ex presa política de Villa Grimaldi y Venda Sexy
  31. Jorge Amaro Toledo, ex preso político de José Domingo Cañas y Villa Grimaldi
  32. Sara De Witt, ex presa política de Villa Grimaldi, Venda Sexy y Clínica Sta. Lucía
  33. Walkiria Jorquera Iturrieta ex presa política del regimiento Maipo Valparaíso y Villa Grimaldi.
  34. Luis Humberto Bernal Venegas, ex preso político de Venda Sexy
  35. Silvia Eveling Mazzella Muñoz, ex presa política de Villa Grimaldi
  36. Clara Tamblay Flores, ex presa política de Villa Grimaldi
  37. Ángeles Álvarez Cárdenas, ex presa política de Villa Grimaldi
  38. Hilda Amalia Garcés Durán, ex presa política de Villa Grimaldi
  39. Lautaro Videla Moya, ex preso político de Villa Grimaldi
  40. Ana María Arenas Romero, ex presa política de Venda Sexy y Cuatro Álamos
  41. María Cristina Zamora Eguiluz, ex presa política de Venda Sexy
  42. Alejandra Holzapfel Pícarte, ex presa política de VillaGrimaldi, Venda Sexy y Cuatro Alamos
  43. Boris Chornik, ex preso político de Venda Sexy y Cuatro Álamos
  44. Nora Guillén, ex presa política de Venda Sexy y Cuatro Álamos
  45. Eugenio Alarcón García, ex preso político de Venda Sexy
  46. Juan Salinas Cortés, ex preso político de José Domingo Cañas, Cuatro Álamos
  47. María Cristina Chacaltana Pizarro, ex presa política de Villa Grimaldi, Venda Sexy y Cárcel de Coronel.
  48. Marcia Scantlebury, ex presa política en Villa Grimaldi y 4 Álamos
  49. Mirtha Compagnet Godoy, ex presa política de Villa Grimaldi
  50. Elena Altieri Missana, ex presa política de Villa Grimaldi
  51. Hugo Ernesto Salinas Farfán, ex preso político de Villa Grimaldi.
  52. María Alicia Salinas Farfán, ex presa política de Villa Grimaldi
  53. Omar Andrés Rubio Orellana, de Cárcel de San Fernando y Valparaíso.
  54. Higinio Espergue Córdova, ex preso político de Villa Grimaldi
  55. Soledad Castillo Gómez, ex presa política de Villas Grimaldi
  56. Claudio Durán Pardo, ex preso político de Villa Grimaldi
  57. Oscar Orellana Figueroa, ex preso político de Villa Grimaldi
  58. Gladys Díaz Armijo, ex presa política de Villa Grimaldi
  59. Eva Palominos Rojas, ex presa política de Villa Grimaldi (Cuartel Terranova), 4 Álamos
  60. Beatriz Miranda Oyarzún, ex presa política de Villa Grimaldi (Cuartel Terranova)
  61. Mario Osvaldo Armijo Pérez, ex preso político de Villa Grimaldi
  62. Luis Humberto Fuentes Urra, ex preso político de Villa Grimaldi
  63. Benjamin Murgunosky Bernoff, ex preso político de Villa Grimaldi
  64. José del Carmen Carvajal Loyola, preso político de Villa Grimaldi y Cuartel Silva Palma
  65. Nelson Ricardo Viveros Lagos, ex preso político de Regimiento Buin, Villa Grimaldi, Clínica Sta. Lucía.
  66. Avercio Urbano Parra Flores, ex preso político de Villa Grimaldi
  67. Alejandro González Arriagada, ex preso político de Villa Grimaldi
  68. Sergio Requena Rueda, ex preso político de Villa Grimaldi
  69. Ricardo Frodden Armstrong, ex preso político de Villa Grimaldi
  70. Shaíra Sepúlveda Acevedo, ex presa política de Villa Grimaldi, 4 Álamos
  71. Elías Padilla Ballesteros, ex preso político de Villa Grimaldi y Venda Sexy
  72. Berta Alicia Molina Vega, ex presa política de Villa Grimaldi
  73. Clivia Marfa Sotomayor Torres, ex presa política de Venda Sexy, Cuatro Álamos
  74. Ingrid Sylvia Heitmann Ghigliotto, ex presa política de Londres 38, Tejas Verdes y Venda Sexy
  75. Erika Figueroa Lobos, ex presa política de Villa Grimaldi
  76. Carmen Fuentes Arends, ex presa política de Villa Grimaldi
  77. Gabriela del Carmen Wenger Meza, ex presa política de Villa Grimaldi (Cuartel Terranova) Cuatro Álamos
  78. Cristina García de la Fuente, ex presa política de Base Naval de Talcahuano y Villa Grimaldi
  79. Mario Francisco Venegas Jara, ex preso político de Villa Grimaldi
  80. Hugo Sinesio Urrestarazu Silva, ex preso político de Villa Grimaldi
  81. Juan Carlos Pino Zamora, ex preso político de Villa Grimaldi
  82. Ana María Jiménez Morales, ex presa política de Villa Grimaldi
  83. Raúl Fernando Villouta Dattoli, ex preso político de Villa Grimaldi, 4 Alamos
  84. Delia Susana Veraguas Segura, ex presa política de Villa Grimaldi
  85. Soledad Castillo Gomez, ex presa política de Villa Grimaldi
  86. Raúl Enrique Flores Castillo, ex preso político de Villa Grimaldi y Cuartel Borgoño.
  87. Patricia Zalaquet Daher, ex presa política de Cuartel Borgoño y Cuartel Pedro Valdivia (Concepción)
  88. Juana Aguilera Jaramillo, ex presa política de Cuartel Borgoño
  89. Rita Eliana Peña Cárdenas, ex presa política de Cuartel Borgoño
  90. Mercedes Maldonado Herrera, presa política de Cuartel Borgoño
  91. José Benado Medvinsky, ex preso político de Cuartel Borgoño
  92. Héctor Enrique Muñoz Morales, ex preso político de Cuartel Borgoño
  93. Sonia de los Reyes Solovera, ex presa política de Cuartel Borgoño
  94. Juana Méndez Barra, ex presa política de Cuartel Borgoño
  95. Miguel Eduardo Yáñez Valdés ex preso político de Cuartel Borgoño
  96. Marcelo Salinas Farfán, ex preso político de 4ta Comisaria de Santiago y Cuartel Borgoño
  97. Ignacio Puelma Olave, ex preso político de la Academia de Guerra Aérea (AGA)
  98. Sergio Santos Señoret, ex preso político de la Academia de Guerra Aérea (AGA)
  99. Igor Cantillana Pérez, ex preso político de la Academia de Guerra Aérea (AGA)
  100. Patricio Rivas Herrera, ex preso político de la Academia de Guerra Aérea (AGA)
  101. Cecilia Olmos Cortez, ex presa política Academia de Guerra Aérea (AGA)
  102. Héctor Vásquez Luncumilla, ex preso político de Academia de Guerra Aérea (AGA)
  103. Margarita Iglesias Saldaña, ex presa política de la Academia de Guerra Aérea (AGA)
  104. Carmen Gloria Díaz Rodríguez, ex presa política de Academia de Guerra Aérea (AGA)
  105. Haydee Oberreuter Umazabal, ex presa política de Cuartel Silva Palma y Villa Grimaldi
  106. Carlos Francisco Otazo Román, ex preso político de Cuartel Silva Palma, Valparaíso
  107. Alicia Aurelia Olea Salinas, ex presa política de Cuartel Silva Palma, Valparaíso
  108. Pablo Leiva Mercado, ex preso político de Ancla Dos de Talcahuano y Cuartel Silva Palma, Valparaíso
  109. Heriberto Mena Bastías, ex preso político de Estadio Nacional, Cuartel Borgoño
  110. María Cecilia Marchant Rubilar, ex presa política de cárcel del Buen Pastor, la Serena
  111. Alfonso Rogel Ascencio, ex preso político de Intendencia de Puerto Montt y 4 álamos
  112. Clara Malhue, ex presa política de Cuartel general de Investigaciones, y Estadio Nacional
  113. Ernesto Parra Navarrete, ex preso político de Estadio Nacional
  114. Libio Pérez Zuñiga, ex preso político de Isla Dawson
  115. Pablo Miranda Cortés, ex preso político de Regimiento Arica de Coquimbo y Penitenciaria de La Serena
  116. Pedro M. Tapia H., ex preso político de Estadio Nacional, y Estadio Chile
  117. Víctor Canto Fuenzalida, ex preso político Estadio Chile y Estadio Nacional
  118. Eduardo René Cuevas, ex preso político de Estadio Nacional
  119. Hernán Ravanal, ex preso político de Estadio Chile, Estadio Nacional
  120. Margarita Romero Méndez, ex presa política de la Base Naval de Talcahuano
  121. Marcello Ferrada de Noli, ex preso político de Isla Quiriquina, Estadio de Concepción, Base Naval de Talcahuano.
  122. Oscar Barrera, ex preso político de la Isla Quiriquina
  123. Julio Torres, ex preso político de Villa Grimaldi
  124. Jaime Álvarez Tapia, ex preso político de Cuartel Borgoño
  125. Roberto Vásquez Llantén, ex preso político de Estadio Nacional
  126. Eliana Vidal Cortés, ex presa política de Cárcel de San Felipe
  127. Eleazar Enrique Sepúlveda, ex preso político de Cerro Chena
  128. Delfina Briones Díaz, ex presa política de Cuartel Borgoño.
  129. Jorge Iván Contreras Alday. 3a Comisaría de Carabineros, Estadio Nacional
  130. David Enrique Miranda Bruna, ex preso político de Cuartel de Investigaciones Estadio Chile
  131. Luis Basilio Miranda Bruna, ex preso político de Cuartel de Investigaciones y Estadio Chile.
  132. Arturo Florencio Farías Vargas, ex preso político de Tejas Verdes
  133. María Cristina Fuentealba Herrera, ex presa política de Cárcel Buen Pastor de Valparaíso
  134. Patricia Pulgar Martínez, ex presa política de Cárcel Buen Pastor de Valparaíso
  135. Gabriel Aravena Trujillo, ex preso político de Cuartel Silva Palma, Valparaíso
  136. Julio Palestro Velásquez, ex preso político de Estadio Nacional
  137. Sergio Medina Viveros, ex preso político de la Base Naval de Talcahuano
  138. José Barrios Lancellotti, ex preso político de Regimiento Arica La Serena
  139. Carlos Sandoval Ambiado, ex preso político de El Morro (Talcahuano) Cárcel Pública de Concepción y Hospital Psiquiátrico de Concepción
  140. Jorge Figueroa Monsalve, ex preso político de Estadio nacional y Villa Grimaldi
  141. Luis Ahumada, ex preso político de Cuartel Gral. Investigaciones y Venda Sexy
  142. Heraldo Povea Pacci, ex preso político de Villa Grimaldi (SIN Y DINA)
  143. Reinaldo Troncoso Cruz, ex preso político de Regimiento de Copiapó. Cuartel Terranova.

El eslabón perdido de la escolta allendista. Por Claudio Rodríguez M.

Luis Marchant y José Adrián Reveco iniciaron su amistad en la infancia. Compartieron partidos de fútbol sobre calles polvorientas, aunque Reveco ante la pelota nunca fue un prodigio.

También hicieron suyos los códigos de honor de los pelusas, el caminar apatotados con el corazón inflado de orgullo surgido de la nada y las ganas de convertir el tiempo en juerga. Para qué decir las revistas de gimnasia organizadas por la preparatoria del Colegio Pío Décimo de Talca, cuando los sesenta se dejaban crecer la patilla y, más adelante, el bigote y la barba. Ambos sintieron el olor a canela desprendido de las adolescentes paseando con la nariz levantada por la Alameda, mientras ellos se reventaban las primeras, contundentes y dolorosas espinillas.

Pero llegaron años de decisiones trascendentales. Más aún si se tienen intensiones de cambiar el mundo. Había que comenzar por el terruño, romper el cerco de púas que mantenía la burguesía talquina alrededor de sus dominios y así contribuir al triunfo de la clase trabajadora. Marchant optó por el rigor científico, disciplinado y moscovita de las Juventudes Comunistas, mientras Rebeco por la vanguardia y la revolución del socialismo criollo. 

A partir de ese momento, sintieron cómo sus opciones políticas los comenzaban a separar. Poco podían hacer al respecto: la metodología para alcanzar los objetivos lo definía todo. Sin embargo, la llegada al gobierno de Salvador Allende y su revolución de empanadas y vino tinto los volvió a juntar. Al menos alrededor de una bandera común, la de la Unidad Popular, que más tarde sucumbiría acribillada por la milicia. 
Sin embargo, durante esos mil días, Marchant nunca pudo seguir de cerca la pista a Reveco, quien se mostraba cada vez más reservado respecto a su pensamiento y acciones. Además, Marchant tenía sus propias preocupaciones: una esposa e hijos que mantener con un pequeño sueldo como jefe de mantenimiento del Hospital de Talca.
Ignoraba que su amigo había sido reclutado por el Dispositivo de Seguridad del Presidente Salvador Allende, conocido también como GAP, sigla correspondiente a Grupo de Amigos Personales, como lo bautizara, muy a su pesar, una revista de la oposición al Gobierno. Reveco reunía todos los requisitos para formar parte del clan: alta preparación intelectual (contaba con estudios de ingeniería en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso y de arquitectura en la Universidad de Chile), además de una contextura física adecuada para romper una cadena de bien alimentados jovencitos de Patria y Libertad. Como guinda de la torta, recibió instrucción especializada en la tierra prometida de todo revolucionario: la isla de Cuba.

Allí lo adoctrinaron repitiéndole que toda su lucha era un camino sin retorno, que los proletarios se tomarían el planeta, tal como lo anunciara Carlos Marx en su Manifiesto Comunista.
El sueño mutado en pesadilla. Para Reveco llegó la hora de actuar, de defender al compañero Presidente de las fuerzas fascistas aliadas con el imperialismo que pretendían derrocarlo. Aunque se trató de un enfrentamiento que no pudo proyectar más allá de su cabeza. 

RETAZOS

De todo eso, Marchant no tenía la más absoluta idea. Tampoco que Reveco fue capturado por Carabineros de la Cuarta Comisaría el 16 de septiembre de 1973. La casa de su amigo colindaba con el recinto policial y no fue necesario ningún operativo que alarmara a los vecinos. Ni siquiera se debió recurrir al aliento del soplonaje, que ahora comenzaba a volverse una práctica nacional, cuando la mitad más uno de Chile se sentía antimarxistas (y solo algunos a la fuerza). De la Comisaría al Regimiento y del Regimiento a Santiago. Después el adiós. 

Tampoco supo Marchant de la orden de la Fiscalía Militar para detener a su amigo ni de los tres impactos de bala que le perforaron la espalda, con el Cerro Chena como testigo mudo o cómplice ciego de semejante carnicería. Menos que su cadáver fue desenterrado, junto con otros, en el patio 29 de Cementerio General.De todo eso, Marchant no tenía la más remota idea. Él, por su lado, padeció su propio calvario. Con torturas, interrogaciones, una detención en el enclave alemán de Colonia Dignidad. Y después otros campos de concentración del norte de Chile.
Conoció la exoneración en el Hospital de Talca y una decena de oficios de emergencia para sobrevivir con mínima dignidad.

Hasta que reconoció en su vecino a Luis Hernán Reveco, padre de José Adrián. El mismo le contó de la muerte de su hijo en esos días de represión castrense. Marchant recordó a su amigo de infancia con quien había participado, con el pecho inflado de orgullo adolescente, en las gloriosas revistas de gimnasia del cuarto de preparatoria del Colegio Pío X.

-Don Luis nunca quiso saber de plata ni de reparaciones. Este caso ni siquiera aparece en los informes oficiales –repite Marchant de memoria-. Solo quiere que se sepa lo que pasó con su hijo y, en una de esas, que se haga justicia. Tal vez por su avanzada edad, no quiere hablar del tema. Lo guardó durante muchos años como algo muy suyo. Por eso me pidió que yo me hiciera cargo de todo. 

ESPERANZA 
Un aviso en un diario le devolvió a Marchant la esperanza. Integrantes del dispositivo de Seguridad del Ex Presidente Salvador Allende realizarían una charla el 9 de agosto, en la sede de Talca del Partido Socialista de Chile.

Marchant escuchó con atención a las presentaciones de los ex escoltas presidenciales, Manuel Cortés y Hernán Medina.

Decenas de manos alzadas. La mayoría, antiguos militantes del partido del hacha americanista. Más que plantear una pregunta, sólo deseaban saldar cuentas con aquel enemigo todo poderoso, ahora enfermo, cansado, casi invisible, pero todavía vigente, sobre todo cuando la televisión lo muestra con gafas negras exigiendo “rendición incondicional”. 

Marchant esperó con paciencia su turno mesándose su espesa barba blanca y mirando hacia el busto de Salvador Allende. Dijo su nombre y se presentó como militante del Partido Comunista. 

-Yo quisiera hablarles de un miembro del Dispositivo de Seguridad del Presidente Allende cuya historia no es conocida, porque no figura en ningún registro. Sólo sabemos de esto su padre, su madre (ya fallecida) y yo. 

El escolta Cortés de inmediato se interesó por las palabras de Marchant:
-Pero esta persona está es de Talca –preguntó desde el podio-. ¿Está viva o muerta?

Marchant guardó reserva. El integrante del GAP le sugirió conversar con más tranquilidad una vez terminado el encuentro. Podía tratarse del “eslabón perdido” que el grupo buscaba hacía años.

Los días siguientes han sido intensos para Marchant. Se reunió en Santiago con el abogado (y futuro abogado comunista) Hugo Gutiérrez, quien sigue la causa por la muerte de su amigo. También con el resto de los integrantes del Comité “Allende vive”, los mismos que intentan bautizar con el nombre del ex mandatario suicida alguna avenida de Talca. 

Nos encontramos de nuevo con Marchant. Trae bajo el brazo una carpeta llena de documentos con los cuales pretende mantener vigente el recuerdo de su compadre Reveco. Se muestra, a diferencia de otras veces, optimista. Dice que tarde o temprano las cosas se van a saber y que habrá justicia. 

-Un canal de televisión me pidió una entrevista exclusiva, pero a mí eso no me interesa –mientras guarda los papeles dentro de la carpeta. 
Lo veo salir del diario con la frente en alto.

DOCUMENTOS

De acuerdo a la documentación facilitada por Luis Marchant, existe un certificado emitido por Gendarmería de Chile con el número 340 y que indica lo siguiente:“En el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, a 17 días del mes de junio del año 2003, el alcaide que suscribe certifica: Que don José Adrián Rebeco Ortega, cédula de identidad número 06.505.827 – 8, ingresó a esta Unidad Penal con fecha 23 de septiembre del año 1973, en calidad de detenido por orden de la Fiscalía Militar de Talca, por el delito de Infracción Ley 12.927, para posteriormente egresar con fecha 1 de Octubre del mismo año por orden de dicha institución militar, todo esto conforme indica en el libro de Detenidos, folio número 23, correlativo número 722, del año 1973, existente en los archivos de la unidad penal.Se extiende el presente certificado a petición de Luis Reveco Zurita, para fines particulares”.El documento se encuentra firmado por el alcaide, Marcelo Sepúlveda Torres. Asimismo, Luis Marchant tiene en su poder un certificado de defunción perteneciente a la circunscripción Independencia con el número de inscripción 3 mil 359, a nombre de José Adrián Reveco Ortega.Su fecha de nacimiento corresponde al 14 de enero de 1951 y el momento de su muerte el 11 de octubre de 1974, a las cuatro de la madrugada.La causa del deceso establece una herida de bala en la caja torácica. La fecha de emisión del documento corresponde al 17 de junio de 2003, a las 9:34 y se encuentra estampada la firma de la funcionaria del Registro Civil, Marisol Troncoso. 

FUENTE https://plumaslatinoamericanas.blogspot.com/2013/09/el-eslabon-perdido-de-la-escolta.html?spref=fb&fbclid=IwAR2ttqVCI1_cHZHmtSkff7R1vsgrVPufNKtppBnG2m7tE4cPb0rRaKW7iKw

Comisión Chilena de DDHH exige investigar hechos de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2020

iglesia

La Comisión Chilena de Derechos Humanos demanda una completa y exhaustiva investigación por parte del Gobierno y del Ministerio Público, de los graves hechos de violencia ocurridos al término de la pacifica manifestación que se desarrolló en Plaza Dignidad, a un año de la Revuelta Social, actividad que convocó a cerca de 100 mil personas. El hecho más grave, dice relación con la muerte de Aníbal Villarroel Rojas, de 24 años, quien, según versiones de testigos, habría sido «asesinado anoche (domingo 18 de octubre) en la población La Victoria, por impactos de balas o perdigones en su pecho», disparados por funcionarios de Carabineros que cumplían funciones represivas en el sector.

A este hecho, se suma el incidente en que resultó herido a bala, en las cercanías de Plaza Dignidad, Ricardo Araya Romero, 37 años, padre del menor A.A., lanzado al Río Mapocho el pasado 2 de octubre, por lo cual se encuentra formalizado y en prisión preventiva, el ex carabinero Sebastián Zamora. El padre del menor fue internado en el Hospital Sótero del Río e intervenido quirúrgicamente. La CChDH exige, además, una investigación exhaustiva de la participación del funcionario de la Armada en el incendio que destruyó completamente la Parroquia de la Asunción, en Santiago, en confusos incidentes que se desarrollaron durante la tarde de ayer.

La participación de un funcionario de una institución del Estado, hecho reconocido por un comunicado oficial de la Armada, se suma a la situación del carabinero que, bajo el seudónimo Giovany Arévalo Álvarez, quien se infiltró en una olla común en la población Lo Hermida, comuna de Peñalolén, sector Oriente de Santiago, para instigar a la población a atacar la Comisaría del sector. A estos casos, también se suma la participación de dos funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, detenidos en la ciudad de Temuco el pasado 6 de Agosto, por lanzar piedras a Carabineros, en el marco de una protesta que se desarrolló en esa capital regional.

Cabe destacar que a través de redes sociales también circulan diversas fotografías y videos, denunciando la presunta participación de otros funcionarios de instituciones uniformadas, en acciones de protesta.

La CChDH, junto con condenar y denunciar estos graves hechos, conmina al Gobierno a prestar toda la colaboración a las Fiscalías que asuman la tarea de investigar estos casos, a la vez que expresa su preocupación por la participación de agentes del Estado infiltrados, que con su accionar, buscan distorsionar el verdadero sentido de las masivas y pacíficas manifestaciones con que los chilenos y chilenas ejercen el legítimo derecho a la protesta social.

Nos preocupa, por último, que todos estos graves hechos se producen en la víspera del histórico Plebiscito convocado para este 25 de Octubre, que dará inicio al proceso constituyente que pretende cambiar la Constitución Política heredada de la dictadura cívico militar, principal obstáculo para establecer una verdadera democracia, fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos.

COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS

Santiago, 19 de Octubre de 2020.-

Clínica Jurídica y Derechos Humanos de la UV presenta Manual de Acompañamiento a Víctimas en el Proceso penal contra Agentes del Estado.

MANUAL

Desde el 18 de octubre de 2019, nuestro país ha experimentado violaciones a los derechos humanos en contexto de manifestaciones –según explican la sicóloga  María José Jorquera y  abogada Inés Robles Carrasco, responsables de la publicación, donde se incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control del orden público y uso de la fuerza.

Agregan las profesionales, en la introducción del Manual que “Ante los hechos, la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, se constituyó, junto a otras instituciones públicas y comunitarias, como un actor relevante en la denuncia y defensa de los derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales tras la crisis sociopolítica de octubre.

En el año 2018 la Clínica Jurídica y el Programa PRAIS, mediante un convenio, crearon la primera práctica jurídica brindando patrocinio a las víctimas de la dictadura cívico-militar (1973-1990) de la región de Valparaíso, con el propósito de contribuir a la búsqueda de la Verdad y Justicia y aportar de manera práctica a los procesos de Reparación de las víctimas.

Desde entonces, hemos acompañado psicojurídicamente a decenas de víctimas en los procesos criminales contra sus torturadores, cuarenta y cinco años después.

La promesa del “Nunca más” nos hacía pensar que esto no volvería a suceder. Sin embargo, no fue así: hoy, en democracia, a partir de la represión por parte de los agentes del Estado en el clima de las manifestaciones, hemos visto con pesar cómo se vuelve a repetir una parte de esa historia en la vida de las nuevas víctimas de violaciones de los derechos humanos.

El curso de sus vidas, como ocurrió con las víctimas de la dictadura, han cambiado de manera abrupta, dejándolas en un estado de completa vulnerabilidad, lo que impacta fuertemente su salud.

Sabemos que las secuelas biopsicosociales que ha dejado esa experiencia traumática en las víctimas, se verán exacerbadas cuando deban enfrentar el proceso judicial contra las personas e instituciones públicas que provocaron el daño”

Tenemos certeza de que la incertidumbre, expresada en el poco conocimiento que se tiene respecto al proceso judicial, es un gran factor de riesgo para la re-victimización de las personas”

Finalizan señalando “Por lo anterior, hemos elaborado el presente manual, que tiene por objetivo sistematizar los pasos del proceso judicial que deberán enfrentar las víctimas denunciantes y disminuir así la incertidumbre que este momento crítico producirá en las personas. Esperamos este material sea útil para apoyar a las víctimas en este proceso y para orientar quienes las acompañen en este camino”

El Manual elaborado por la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso puedes descargarlo desde aquí:

Manual de Acompañamiento

Expertos en defensa: Ley Infraestructura Crítica es una arremetida contra la democracia.

milicos

DECLARACION

GRUPO DE ANÁLISIS DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS (GADFA)

RECHAZO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Recientemente, los diputados y diputadas dieron una potente señal democrática al impedir que el gobierno obtuviera el quórum necesario para aprobar la reforma constitucional que establece el uso de militares en el resguardo de Infraestructura Crítica. La discusión se traslada ahora a una comisión mixta, por lo que es necesario precisar algunos aspectos de esta propuesta.

Hasta el momento las críticas se han centrado principalmente en dos aspectos: qué se va a entender por Infraestructura Crítica y qué constituye una “amenaza grave para la población”. Estas críticas son correctas, pero insuficientes porque los riesgos que entraña esta reforma no se arreglan solo con mayor precisión conceptual. Estamos ante una arremetida contra pilares sustanciales del régimen democrático del país. Veamos cuales son:

En primer lugar, normaliza el uso de las FF.AA. en asuntos de orden interno. El despliegue de los militares fuera de sus cuarteles es una excepcionalidad dentro del normal acontecer democrático y para eso está el estado de excepción.

En segundo lugar, refuerza el hiperpresidencialismo no solo porque la decisión del uso interno de los militares recae únicamente en el poder ejecutivo, sino que también porque esa decisión descansa en criterios discrecionales de quien ejerza la presidencia. No se establece el control efectivo por parte del Congreso o el Poder Judicial. El proyecto plantea que habrá que “informar” al parlamento, pero sabemos que esto no implica necesariamente un eficaz control parlamentario.

En tercer lugar, el proyecto sostiene que, para proceder a aplicar la ley, previamente se requerirá que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) emita un Informe. Esto reitera la concentración de la decisión en el propio presidente de la República pues esta agencia depende del Ejecutivo. Además, esta medida expone a que la ANI sea utilizada como excusa para que el presidente pueda “lavarse las manos” afirmando que siguió la recomendación “técnica” de la Agencia.

En cuarto lugar, supone un retroceso en desarrollo institucional de la seguridad pública. Recordemos que a principios del siglo XX los militares destinaban diversas de sus unidades a labores de orden público. En esa época estaba normalizado el uso de los militares para brindar este servicio. Sin embargo, esto termino generando problemas operativos en las FF.AA. y lo más grave, una sangrienta represión de la protesta social.

Por otra parte, la implementación de esta reforma incorporaría un nuevo rol no profesional para las FF.AA., lo cual supondría serios problemas en términos operativos, con consecuencias muy graves.

Primero, no se define qué se entiende por “resguardar”. Pareciera que los militares solo van a impedir la entrada de los supuestos “terroristas” a un lugar cerrado y protegido. Pero, lamentablemente, gran parte de las infraestructuras críticas a proteger no coinciden con esa idea. Un supermercado (“centro de abastecimiento”), no es saqueado por “terroristas”, sino que por población civil. Una carretera (“vías de comunicación”) se extiende por kilómetros y no tiene muros. Un aeropuerto o un terminal de buses, es un lugar donde transitan miles de personas diariamente. Además, “resguardar” exige saber qué amenaza habrá que enfrentar. Por ende, puede transformarse en una labor que va mucho más allá de la simple presencia militar en el lugar y abre la puerta para que la inteligencia militar defina a la sociedad civil como uno de sus principales objetivos.

Segundo, esta acción de “resguardo se desarrollaría bajo la luz de nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que facultan a los militares para hacer uso de armas letales frente a situaciones no especificadas debidamente, lo cual expone a la población a un grave peligro de ser víctima de la violencia militar y se puede caer en el nefasto precedente el enemigo interno

Tercero, exigirá una preparación específica a las FF.AA. Va a ser necesario que cuenten de entrenamiento especial (por ejemplo, para saber afrontar turbas), compra de material a gran escala (instrumentos antidisturbios) y el desarrollo de doctrinas para la acción interna, lo que escapa a la función de las FF.AA.

Por último, la reforma no identifica una figura que sea responsable política de los sucesos que puedan acaecer durante la labor militar y tampoco establece una línea de mando claramente definida. ¿De qué autoridad van a depender los militares que estén resguardando una infraestructura crítica? Como no se va a estar en estado de excepción la autoridad política local (intendentes y gobernadores) va a seguir rigiendo, entonces ¿los militares van a tener que seguir sus instrucciones? Además, Carabineros va a seguir teniendo la responsabilidad del orden público general, ¿van a poder dar órdenes a los militares que estén haciendo labores de resguardo? No olvidemos que cuando no están claras las responsabilidades políticas y penales de quien ejerce la violencia y de quien la ordena, se abre la puerta a la violación de los DDHH de la ciudadanía.

En definitiva, no es factible que lo inmediato y puntual redefina nuestra Política Defensa sin un proceso reflexivo previo. El empleo de las FF.AA. en actividades de control del orden público, es un error, es inoportuno y es peligroso. Error porque involucra a instituciones en otras funciones para las cuales no fueron creadas, y no han sido adecuadamente preparadas. Es inoportuno, ya que son promovidas por un gobierno en crisis de legitimidad para afrontar un contexto político agitado, en el cual la presencia militar no contribuye a la tranquilidad. Es peligroso porque transforma la protesta conflicto social en un campo de batalla, exponiendo a la ciudadanía a ser atacada como si fuera un enemigo interno. Pero, esta política de involucrar a las FF.AA. en tareas de orden público también es un peligro para los propios militares, quienes se van a ver expuestos a un tipo de conflictividad para la cual no están preparados.

Por todas estas razones desde el GADFA hacemos un llamado a los parlamentarios y parlamentarias para que rechacen definitivamente una reforma constitucional que es totalmente perniciosa para nuestra democracia.

14 de septiembre, 2020

Fundación Víctor Jara por uso de la UDI de canción «El Derecho de Vivir en Paz»


victor jara
Ante el uso de la frase EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ por parte de la UDI, haciendo evidente alusión a la canción escrita por Víctor Jara, nuestra fundación declara.

1. Víctor Jara compuso esta canción como una forma de protesta contra la guerra de Vietnam impulsada por la invasión de ese país por la súper potencia militar mas grande del mundo como lo era Estados Unidos. Se trató de una guerra tan injusta como desigual, en la que un pequeño pueblo debió defenderse de una agresión brutal. El mundo conoció la ignominia de ver a niños y niñas quemadas por las bombas de napalm de los aviones norteamericanos. Víctor Jara reaccionó contra ese horror sin límites clamando por la paz.

2. Esa misma canción se convirtió así en un himno mundial por la paz. Tanto así que el pueblo japonés la canta en su idioma para conmemorar otro horror cometido en nombre de la humanidad por el mismo país del norte. Esta vez Estados Unidos lanzaba sus bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de muertos y heridos de por vida.

3. Más recientemente, el pueblo chileno salió a reclamar justicia y dignidad a partir del 18 de octubre pasado. La respuesta del estado fue una violenta represión que dejó decenas de muertos y cientos de mutilaciones oculares. Ante esta situación la canción de Víctor Jara se volvió a escuchar desde miles de hogares, en calles y plazas del país, reclamando el derecho de vivir en paz que se le negaba.

Este es el sentido legítimo y el significado real conque Víctor Jara compuso y cantó esta canción conocida hoy en todo el mundo. Quienes hoy la usan deben responder ellos por sus intenciones. Que el pueblo juzgue.

Fundación Víctor Jara
Santiago de Chile 7 de septiembre 2020.