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Segunda vuelta presidencial: 4 consideraciones ineludibles. Por Pavel Guíñez Nahuelñir.

boric

1)Visto en una perspectiva larga, solo en la última década hemos asistido a un alza sostenida de los proyectos transformadores si tomamos como referencia el ciclo abierto el 2011, y que en el ámbito electoral se expresa desde el 2013, lo del 21 de noviembre, no era lo que se quería (básicamente porque siempre queremos ganar) pero de ninguna manera es una derrota, en retrospectiva la primera aventura de estas características fue Marcel Claude, quien obtuvo el 2.6%, luego Beatriz Sánchez con el 20% y hoy con Gabriel Boric se registra un 25.83%, así las cosas es dable afirmar que un proyecto postneoliberal se consolida a expensas de un desfonde de la Nueva Mayoría (NM), mientras que la ultraderecha se parapeta y crece a costas de la «centro derecha» y/o «derecha popular».

Hay fenómenos que alegran: el crecimiento en el rendimiento de Apruebo Dignidad es relevante en términos de diputados y senadores, el Partido Comunista (PC) vuelve al senado y queda con 10 diputados, los partidos del Frente Amplio (FA) multiplican sus diputaciones y se consolidan los bloques de izquierda mientras se debilita la ex NM, en el centro, se cambian los ropajes entre el independentismo de Parisi, Sichel y Provoste, y la derecha en tanto se radicaliza, la UDI comienza a sufrir el síndrome DC, e ingresan al parlamento esperpentos como Gonzalo de la Carrera, del Partido Republicano.

2)Sin perspectiva histórica, los resultados parecen demoledores. Revisando votaciones previas, Parisi ,por ejemplo, que hoy se concibe como un fenómeno por su 12.8%, el 2013 obtuvo el 10.11% ya convirtiéndose en tal, al tiempo que las votaciones en La Araucanía el 2017 Piñera y Kast, juntos, obtuvieron el 54.20%, hoy Kast y Sichel suman el 52.56%.

Pero además Kast, numéricamente, obtiene los votos del rechazo y 326 mil más (lo que no es «tanto» mas) y por su parte Boric obtiene números similares a los obtenidos en la primaria de Apruebo Dignidad con 67mil más a su haber, lo que representa cuando menos, un estancamiento.

El escenario es complejo no porque Kast salga 1ro, sino porque su alza es constante, mientras que Boric en el mejor de los casos, se estanca en ese electorado, lo que indica que no hay más espacio a errores y se requiere un giro muy relevante que permita convocar al 52% que no votó o en su defecto, al 80% del Apruebo, disperso en los otros candidatos que no superaron la primera vuelta.

3) Mientras la borrachera del 80-20 se disipa, hay que entender que la gente ansía tanto los cambios como las seguridades y odia más la delincuencia que el origen de su causa, y en ese claroscuro, ubicado entre la necesidad del cambio y el temor a él, es normal que triunfe el miedo cuando no hay certezas de que la transformación ocurra sin dolor, sin hambre.

Esa certeza, de que podemos cambiar para mejor, es la que debemos construir preocupándonos de los temas que de verdad duelen en las mayorías: derechos con seguridad; propuestas claras, viables, de corto alcance y con fechas definidas.

4) La oportunidad a la que asistimos es histórica, no solo porque por primera vez en más de 40 años, la gente quiere transformaciones fundamentales y hay un proyecto que las encarna, pero no nos olvidemos que también, esa misma gente quiere tener la seguridad de que no lo pasará mal y así lo demuestra la votación de ayer.

Ganar implica ser capaces de convocar a ese amplio pueblo con sus temas y banderas, no las nuestras asumiendo además que las carencias del comando, o los comandos, se pueden trabajar adecuadamente si se abren los espacios que permitan que el sol entre al cuarto oscuro de la definición política que, hoy por hoy, solo incluyen a los asesores técnicos PhD y caballeros poderosos de las directivas partidarias.

Hoy, para construir mayorías en una sociedad que dejo de ser oveja hay decisiones que requieren incluir otras miradas, sus miradas, nuestras miradas, «menos cuicos y más pueblo«, compartir poder sin subordinar y eventualmente, en varias áreas, ceder el protagonismo a actorías sociales que, de seguro, no olvidaran los índices numéricos formales.

Vencer al fascismo requiere el mayor de nuestros sacrificios y la mejor de nuestras disposiciones.

Por Pavel Guíñez Nahuelñir,  Mapuche, Sociólogo

La Defensa, las FF.AA. y la Constitución para un Chile que cambió – GADFA

milicos

Todos los Estados cuentan con una Política de Defensa Nacional como una responsabilidad más de sus relaciones con otros Estados. En lo que sigue, haremos una crítica a la concepción que prevalece en la actual Constitución chilena y desarrollaremos algunos conceptos generales respecto a qué concepción de defensa proponemos para nuestro país y qué rol deberían desempeñar las FF.AA. en ella. Para finalizar, nos referiremos a aquellos aspectos de la Defensa y las Fuerzas Armadas que debería contemplar nuestra nueva Constitución.

I.     La Defensa: algo más que lo militar

Siguiendo la Carta de las Naciones Unidas, la Defensa se refiere al conjunto de políticas que permiten al Estado responder a la amenaza o al uso de la fuerza contra su integridad territorial o su independencia política. En este marco, el aspecto militar (las FF.AA.) tiene un rol central, pero no es el único en intervenir. Hay otros factores necesarios de tener en cuenta, como, por ejemplo, la política exterior implementada por el Estado, el grado de gobernabilidad y desarrollo económico del país, su estabilidad institucional y cohesión social, entre otros. El conjunto de estos diversos aspectos determina lo que se conoce como la “estatura estratégica” del Estado. Mientras mayor sea esta estatura estratégica, estará en mejores condiciones de influir en su región para establecer relaciones pacíficas con sus vecinos y, por lo tanto, defenderse de posibles agresiones.

De esta manera, la Defensa es un tema político general, no solo un tema militar; es una función del Estado que involucra un abanico de políticas desplegadas a lo largo del tiempo. Las FF.AA. son tan solo uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para su defensa militar; en estricto rigor, son un servicio público y, en tanto tal, no deben ser autónomas ni actuar sin una orden de sus órganos superiores. Es, por lo tanto, una inconsistencia democrática considerarlas un poder del Estado. Y en esa perspectiva, nos parece un grave error reducir la función estatal de la Defensa a solo su aspecto militar.

II.    Las FF.AA. en la actual Constitución: confusiones conceptuales y la tendencia a la militarización

Una de las principales medidas de la dictadura militar fue refundar las FF.AA. y de Orden, lo cual quedó encarnado principalmente en los capítulos XI y XII de la actual Constitución, que las conforma como un nuevo poder del Estado (el poder de Seguridad), otorgándoles una amplia autonomía institucional e incluyéndolas en organismos facultados para tomar decisiones en diversos ámbitos no militares del Estado.[1] Estas prerrogativas no las tiene ninguna institución vinculada a áreas tan importantes como la salud, la educación, el sistema de pensiones, la vivienda, ni ninguna otra necesidad social, que son componentes esenciales para el desarrollo y la cohesión social que sustentan la estatura estratégica del Estado. Analicemos con más detalle algunos ejemplos.

[1] En la actual Constitución aparecen como poderes del Estado: Cap. IV: Presidente de la República; Cap. V: Congreso Nacional; Cap. VI: Poder Judicial; Cap. VII: Ministerio Público; Cap. VIII: Tribunal Constitucional; Cap. IX: Justicia Electoral (Tribunal Calificador de Elecciones); Cap. X: Contraloría General de la República; Cap. XI: Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; Cap. XII: Consejo de Seguridad Nacional; y Cap. XIII: Banco Central.

  1. En el primer párrafo de su Art. 101 del Cap. XI, la Constitución actualmente vigente plantea: “Las FF AA. dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. En este párrafo se condensan los principales problemas de que adolece el ordenamiento jurídico respecto a la Defensa en nuestro país. Estos son:
  2. La defensa es una política de carácter general, que abarca diferentes dimensiones. Al Ministerio de Defensa le corresponde conducir las FF.AA., es decir, la dimensión militar de la defensa.
  3. El uso de los conceptos “patria” y “seguridad nacional” para definir el rol de las FFAA.,[1] con su vaguedad y múltiples significados posibles, contribuye a crear la idea de que las FF.AA. defienden una suerte de esencia de la sociedad, por lo que su ámbito de acción no puede ser delimitado claramente.
  4. Otro aspecto confuso y no menos intencionado se refiere al concepto de “seguridad”, que aparece en el mismo Art. 101 citado anteriormente, y que trata sobre los objetivos de las FFAA., porque en él se agrega: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas disciplinadas”.
  5. Se puede apreciar que se incluyen, en un mismo artículo, temas y objetivos de las Fuerzas de Orden y Seguridad y temas de las FFAA., solo por la similitud en uno de sus aspectos, el ser “cuerpos armados”. Vale decir, se toma un factor externo, un conjunto de instrumentos, como identificación y esencia de una categoría conceptual. Se pretende, además, asentar aún más esta identificación, aplicando el término de “seguridad” a ambas realidades, sin considerar la fundamental diferencia de objetivos, doctrinas y medios con que se cuenta en cada ámbito. Esto lleva a diluir la gran diferencia que hay entre la Defensa (que por su esencia se refiere a la seguridad exterior) y el Orden Público (o referido al interior). Amparándose en el concepto general de “seguridad”, se intenta identificar el campo externo con el interno y construir la idea de que una inseguridad general acecha al Estado, abriendo una nueva puerta para la intervención de las FF.AA. en la política interior. Por ello es preferible utilizar el concepto de Orden Interno en lugar de Seguridad Pública, ya definido por la Corte Suprema como la protección del pleno ejercicio de las libertades y derechos civiles.
  6. Por lo dicho, los objetivos y especificaciones de los roles de ambas instituciones, por una parte, y el ser obedientes, no deliberantes, jerarquizadas, profesionales y disciplinadas, por otra, deben ser definidos tanto para las policías como para las FFAA., de manera independiente, en sus leyes específicas, y no fundidos en un artículo único de la Constitución. También en esta idea, a nivel de leyes y no de la Constitución, debería definirse un Ministerio de Defensa del cual dependerían las FF.AA., y otro Ministerio de Orden Público, del cual dependerían las policías, con objetivos y funciones muy claras y con una política con proyección estratégica, distanciándola de la política coyuntural que tiene el Ministerio del Interior.

Cabe acotar que esta ambigüedad conceptual no solo está presente en la Constitución, sino también en las leyes referidas a las FF.AA. y en otros documentos emanados desde el Ministerio de Defensa; entre ellos, por ejemplo, el Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010, donde se incluye una serie de conceptos, bajo el rubro de “Supuestos Constitucionales de la Defensa”, tales como “preservación de la nación”, “mantenimiento de la soberanía”, supuestos que permitirían “orientar y dar coherencia a la actividad global del Estado en materia de Defensa”. Por otra parte, en el Libro de la Defensa de Chile 2017 se reemplaza el concepto de “Supuestos Constitucionales” por el de “Bases Constitucionales de la Defensa”, entre las cuales aparecen conceptos como “seguridad nacional”,

[1] Así también, nuestra actual Constitución, en el Cap. III De los Derechos y Deberes Constitucionales, en su Art. 22 inc. 2º declara que “los chilenos tienen el deber de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional…”.

  1. “protección a la población”, “defensa de la patria”, “defensa de la soberanía”, “resguardo de la soberanía física”, “preservación de la nación”, “seguridad interior”, “defensa de la Constitución”, entre otros. Analicemos brevemente alguno de estos términos.

Defensa de la soberanía: Se conocen tres tipos. La soberanía nacional (referida a la autodeterminación sin injerencia externa), la soberanía popular (referida a que todos los poderes deben emanar del pueblo) y la soberanía física (referida a la preservación de la integridad territorial). Al portar esta triple significación, el “defender la soberanía” en general da pie a que las FF.AA. intervengan en la soberanía popular; vale decir, en las decisiones que tome el soberano. Sin embargo, no deben ser las FF.AA. quienes deban defender el derecho que tienen los pueblos a generar sus organismos de poder; por el contrario, este soberano es el que tiene que ejercer su poder sobre las propias FF.AA.

Defensa de la patria: También es una idea demasiado vaga para adjudicarla como objetivo de las FF.AA., pues en la noción de patria pueden incluirse la cultura, las tradiciones, el sistema político, etcétera, como sus componentes y, por tanto, objetos de la defensa.

Preservación de la nación: El concepto de nación se ha utilizado para la preservación de un supuesto ethos inmaterial, trascendente e inmodificable y único, que definiría la esencia de un pueblo. En esta concepción no solo se desconoce la plurinacionalidad y la diversidad cultural, sino que de ella han derivado todos los chovinismos conocidos.

Seguridad interior: Se habla de seguridad interior, sin definir de modo preciso tal concepto. Esta vaguedad abre la puerta a la participación de las FF.AA. en la política interior.

Defensa de la Constitución: No es lo mismo respeto a la Constitución que defensa de la Constitución. Las FF.AA. no están para defender la Constitución, solo deben respetar la Constitución vigente y las modificaciones o cambios de esta que hagan los organismos democráticos del sistema político. En otras palabras, la defensa de la Constitución es una labor política y jurídica, no militar.

Seguridad nacional: Este concepto solo está definido —y de manera vaga— en el DS Nº 216/1960 del Ministerio de Defensa Nacional, según el cual “se entenderá por seguridad nacional toda acción encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país…”. Tal enfoque está presente, además, en los códigos Orgánico de Tribunales, Procesal Penal, Aeronáutico, Minería, del Trabajo, Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, Ley Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y la que creó la Agencia Nacional de Inteligencia. Ahora bien, es razonable procurar la preservación del orden jurídico institucional del país (si dicho orden responde al ejercicio de la soberanía popular), no obstante, tal noción de “preservación del orden jurídico institucional”, según los términos establecidos en el mismo Decreto 216, no tiene relación alguna con ningún peligro exterior. Y si las FF.AA. son llamadas a defender la seguridad nacional según ese significado, y no como la acción necesaria frente a un peligro exterior, ello les abre las puertas para su intervención en la política interior, en muchos ámbitos que la ley actualmente vigente relaciona con la llamada “seguridad nacional”. El listado es largo, pero podemos mencionar, como ejemplo, la libertad de enseñanza, el derecho a huelga, la identidad nacional, los estados de excepción, las penas judiciales, entre otros. Catalogar esos distintos ámbitos como posibles fuentes de inseguridad nacional debilita la soberanía popular y opera como un principio ideológico y de control.

Polivalencia: Otro conjunto de problemas o situaciones a los que las FF.AA. se ven llamadas a enfrentarse —tales como la lucha contra el narcotráfico, el control de fronteras, la inmigración ilegal, los incendios forestales, la salud pública, las labores de seguridad interior, y otros— se derivan de su definición equivocada como polivalentes fuera del ámbito militar, lo que implica que puedan participar, incluso como conductores, en ámbitos que no le competen.

Los aspectos señalados crean —o llevan a crear— una nebulosa conceptual en la materia, en cierta manera intencionada, pues está profundamente vinculada a una concepción de la Defensa y las FF.AA. basada en la Doctrina de Seguridad Nacional vigente en la actual Constitución, y que favorece que ellas intervengan en la política interior del Estado.

Dado el escenario brevemente descrito, se hace imprescindible fortalecer la sintonía de las FF.AA. con las permanentes transformaciones observadas en la sociedad. El histórico problema cultural de su encapsulamiento social se ve reflejado en ciertas tradiciones o costumbres, tales como el juramento “por Dios y esta Bandera” (y no lealtad a la Constitución, como es habitual en países democráticos), establecido en la Ley N° 10.544/1952 (que fija la fórmula para el juramento a la bandera que deben hacer las FF.AA.). Su distancia de la sociedad civil también se hace evidente en otras situaciones, tales como un diferenciado y ventajoso sistema previsional, en la educación de sus hijos en colegios administrados por fundaciones presididas por oficiales superiores, en la relación especial con grupos de poder y en el uso de sistemas especiales de bienestar, salud y villas militares, entre otras manifestaciones de aislamiento social. En particular será importante incentivar y reglar la participación de las FF.AA., en conjunto con el mundo civil, en temas atingentes a la defensa nacional y a su desarrollo institucional. Para ello es imprescindible impulsar, a través del Ministerio de Defensa, su integración real con la comunidad, acorde con un proyecto común de país y según lo dispuesto en la Ley N° 20.500/2011 (sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública) y otras leyes específicas.

III.  Criterios de la política de Defensa en la nueva Constitución

Como hemos venido analizando, la actual Constitución conforma una arquitectura de conceptos ambiguos que se prestan a interpretaciones que permiten ampliar el ámbito de acción de las FF.AA. más allá del propiamente militar de la defensa. En la nueva Constitución Política de la República es necesario establecer que la Política de Defensa Nacional debe:

  • Tener un carácter preventivo y de respeto al derecho internacional, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.
  • Estar vinculada con una política exterior que debe poner el acento en la colaboración y búsqueda de paz, basada en el multilateralismo, destacando una inserción colaborativa en la región.
  • Contemplar “resguardos democráticos” respecto a las FFAA., esto es, definiciones mínimas que expliciten sus objetivos generales y aspectos de su mando, para asegurar su dependencia estricta a los poderes democráticos.
  • Remarcar que la Defensa Nacional es distinta del Orden Interior.
  • No incluir a las FF.AA. como un poder del Estado.
  • Establecer que las FF.AA. serán reguladas a nivel legal.

Hemos planteado que el resto de las definiciones sobre las FF.AA. deben ir en leyes específicas:[1] lo referente a sus objetivos particulares, composición, estructuración, dependencia, presupuestos y otras materias pertinentes, deben ser materia de ley, al igual que lo son las políticas económicas, las de educación, de salud, y otras. Tales leyes deben resolver variados problemas. En particular:

  • La carencia de una conducción efectiva de las FFAA. por parte de los organismos democráticos.
  • La ausencia de una conducción única, pues actualmente cada rama tiene un alto grado de autonomía. Tal conducción debe darse no solo por parte de los organismos democráticos, sino también por lo que debiera ser el órgano superior de las FF.AA., el Estado Mayor Conjunto (EMCO), para hacer posible que el Ministerio de Defensa pueda dirigirlas con una política común a todas las ramas.

IV.   Propuestas para la nueva Constitución

Asumimos como ideas fuerza para la elaboración de la nueva Constitución, los siguientes criterios:

  • Eliminar la Doctrina de Seguridad Nacional.
  • Separar la defensa exterior de la protección del orden público.
  • Fortalecer un efectivo liderazgo y conducción de la Defensa por las autoridades democráticas.
  • Fortalecer el rol del Poder Legislativo.
  • Suprimir la autonomía militar.
  • Proteger la profesionalización militar.
  • Terminar con los efectos de militarización interna que se derivan de la “polivalencia militar” y el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción.
  • En la Constitución debe ir lo relativo a la Defensa; y lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, en las leyes.

La forma en que se concreticen las propuestas que exponemos a continuación dependerá del sistema de gobierno que finalmente surja en la nueva Constitución. Por ello, nos referiremos a “poderes” (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) más que a cargos (Presidente) o instituciones (Congreso), por ser términos que permiten adaptarse a diversos tipos de gobierno.

  1. En capítulo Poder Ejecutivo, proponemos que se señale que a la Jefatura del Estado le corresponderán las siguientes atribuciones en relación con las FFAA.:
  • Ejercer la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, crisis y estado de guerra; disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto.
  • Designar al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a los Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y conferir el grado a los oficiales generales, con acuerdo del Poder Legislativo.
  • Proponer al Poder Legislativo la Política de Defensa Nacional, con la asesoría del Consejo de Política Exterior y Defensa Nacional, que será materia de ley.
  • Pedir la aprobación del Poder Legislativo para declarar el estado de guerra.
  • Remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a los Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y a los oficiales generales, informando al Poder Legislativo.

[1] Cabe destacar que la Constitución de 1925 no contiene ningún capítulo, ni ningún artículo especial que se refiera a las FF.AA. Solo aparecen referencias al tema militar en relación con las atribuciones de la Cámara de Diputados (Art. 39), atribuciones del Presidente (Art. 72), en el capítulo sobre Garantías Constitucionales, en su Art. 22 (“La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar”) y referencias laterales en algunos acápites de los Art. 23, 39, 44, 66 y 72.

  1. En el capítulo Gobierno, proponemos que se indique:
  • Las Fuerzas Armadas tendrán como única y exclusiva función contribuir a la legítima defensa para responder a una amenaza o uso de una fuerza exterior contra la integridad territorial o a la independencia política, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas.
  • Formarán parte del Ministerio de Defensa Nacional.
  • Su organización y mando será conjunto, de acuerdo con lo dispuesto en su Estatuto Orgánico.
  • Serán profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, no deliberantes y obedientes a los poderes democráticamente generados por el ejercicio de la soberanía popular.
  1. En el capítulo referido al Poder Legislativo, proponemos que se establezca entre sus funciones:
  • Discutir y aprobar la Política de Defensa Nacional presentada por la Jefatura del Estado.
  • Fiscalizar el cumplimiento integral de la Política de Defensa Nacional.
  • Aprobar la declaración de estado de guerra.
  • Aprobar, a proposición del Poder Ejecutivo, las designaciones del Jefe del Estado Mayor Conjunto, los Comandantes en Jefe y los oficiales generales de las distintas ramas de las FFAA.
  1. Respecto de los Estados de Excepción Constitucional, proponemos:
  • La participación de las FFAA. en labores relacionadas a catástrofes naturales, atendiendo a ciertas capacidades de su personal e infraestructura, sin que eso debilite a los organismos civiles que tienen la responsabilidad en ese campo.
  • Subordinar la fuerza militar a la conducción civil establecida para encabezar el Estado de Excepción Constitucional.

Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA)

OPINIÓN: El nuevo Chile que se gesta entre octubre de 2019 y mayo de 2021. Por Leonardo Yañez Silva.

estallido

“Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la         traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho mas temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973.

Es evidente que el estallido de octubre de 2019 fue gestándose décadas antes. Muchas veces se dijo, aludiendo al alza del pasaje del Metro santiaguino en esa fecha, que no eran 30 pesos sino 30 años. En efecto, fueron 30 años de continuidad, profundización y perfeccionamiento de un modelo económico salvaje, que hizo gala del llamado espíritu “republicano” al que rinde pleitesía R. Lagos, émulo aventajado del “arquitecto de la República” y de su ideario de “obediencia de la sociedad civil frente al orden y la autoridad”.

Claro está, a su vez, que éstos 30 años estuvieron antecedidos de 17 años del período más  horrendo de la historia independiente de Chile por la tortura, el crimen político y la desaparición forzada de los adversarios; el robo a la luz del día de las riquezas nacionales, la destrucción de los sistemas públicos de salud, de educación y de previsión de los chilenos. Generador de un modelo de desarrollo obsecuente al capital extranjero, incapaz de todo esfuerzo independiente, soberano y nacional, como respuesta a los requerimientos básicos de la población y a su mantención en el tiempo.

No hay duda alguna que aquellos jóvenes secundarios que saltaron por encima de los torniquetes del metro, en O-2019, y que recibieron de casi toda la casta política tradicional el reproche despectivo de que su esfuerzo “no había prendido”, son uno de los muchos y principales artífices de las últimas elecciones. Centenares de muchachas y muchachos tuvieron que perder total o parcialmente su visión ante los disparos de las fuerzas policiales por desafiar el “orden”. Miles de mujeres y hombres, tuvieron que sufrir la brutalidad militar y policial por no ser obedientes ante la estupidez de la autoridad. Miles aún se encuentran en las cárceles por meses o años sin cargo alguno, otros han sido condenados a penas aberrantemente largas, nunca vistas en los casos de corrupción de cuello y corbata, como por ejemplo para los hijos de empresarios y políticos que conduciendo borrachos dan muerte a una persona y aún así se mantienen libres y sin condena. Los jóvenes de la revuelta evidentemente contribuyeron junto a millones de chilenos a modificar el pestilente encuadre político que se arrastra desde los inicios de la democracia tutelada en 1990.

Han transcurrido más de 30 años. No habrá hechos ni cifras significativas para ubicar este periodo en la historia del país, sólo habrá una larga lista del oprobio:

  • Una institución como Carabineros que obedece directrices políticas heredadas de la dictadura, violenta masiva y sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos y transforma el presupuesto que la Nación le ha confiado para combatir la delincuencia y el narcotráfico en la caja chica del Alto Mando y sus esposas.
  • Gobiernos inoperantes en dar solución a los principales problemas de la mayoría como el actual, pero también los de la “Des-concertación” y la “Nueva Minoría” anteriores, los que junto a los empresarios hicieron vista gorda de robos millonarios de las Fuerzas Armadas, las que, aun siendo inconstitucional, se han auto arrogado el derecho a intervenir en política contingente cuando les plazca pero, condenan de “antipatriotas” a jóvenes que luchan en la plaza Dignidad.
  • La militarización de la justa lucha del wallmapu que arroja como único resultado muertos y detenidos mapuches mediante pruebas y testigos falsificados; protegen mafias empresariales madereras con sus comandos “jungla” propios, que siguen recibiendo el aporte del Estado para reforestar con pinos, mientras facilitan el accionar de empresarios transportistas que continúan exterminando el bosque nativo ilegalmente y transitan “como Pedro por su casa” en territorio mapuche.
  • Comunidades completas que son asediadas por la falta de agua para beber mientras empresarios agrícolas de fruta de exportación, productores de paltas y otros, como Pérez Yoma en Petorca, se roban el agua o se apropian de ella mediante leyes truchas que le otorgan el usufructo del recurso de por vida; o los dueños de las mineras que requieren de grandes embalses para el proceso productivo o relave del mineral, dejándonos como el único país del mundo que no protege su propia agua como un derecho humano y un recurso protegido por el Estado y para los chilenos.
  • 30 años en que la llamada “centro-izquierda” hizo todo lo que estuvo a su alcance para cohabitar con la derecha heredera y cómplice de la dictadura militar y civil, cambió su lenguaje recontra-revolucionario por uno tecnocrático y liberal para no malquistar a las FF.AA y de Orden, e hizo lo imposible para agraciar a los grandes empresarios y lo logró con creces un exmandatario PS-PPD que fue ovacionado de pie en un coloquio empresarial cuando declaró que “todo aquello que es concesionable, se debe concesionar”… (R. Lagos en congreso Icare, agosto 2014).
  • 30 años en que la ciudadanía comprobó hasta el cansancio que el  gobierno  de  Piñera por excelencia pero, también los de la Concertación y la Nueva Mayoría, pusieron siempre los intereses del empresariado por sobre los intereses de todos los chilenos, cuyo resultado se expresa dramáticamente, por ejemplo, en que de los contagiados con coronavirus en la Pintana mueren diariamente 11 personas por cada 10.000 habitantes y en Vitacura 3,35 (Rev. Science Magazine, mayo 2021); que el presupuesto municipal por persona de la comuna de Vitacura es de $1.046.933.- en cambio el presupuesto  per cápita de Puente Alto sólo de $128.000 (La Tercera, 18/03/2018).
  • Estos son los antecedentes que explican los resultados de las elecciones del 15 y 16 pasado. Una derecha que ha sido reducida a su expresión histórica, que sólo con la protección de la dictadura logró sobrepasar el tercio de votos, compuesta por el sector civil-empresarial que operó junto con la dictadura militar: la UDI. El segmento que intenta aportar con el sentido común popular al bloque derechista: RN. Evópolis: el grupo de tecnócratas herederos de la dictadura civil y militar que en público la desconocen y en silencio la añoran y veneran pero, perciben la necesidad del aggiornamento, lo que obliga a su abanderado, el ex ministro Briones, a subirse a una moto de color naranja para llegar al local de votación dos cuadras antes; son los perfectos y genuinos huevos de la serpiente. Un bloque PS-PPD castigado por su vocación colaboracionista, denominada “democracia de los acuerdos”; transculturado por valores tecnocráticos del salvaje libre mercado y acomodados en los vericuetos rancios y enmohecidos del poder y el Estado. Un PDC reducido a su mínima expresión por no asimilar la lección de 1973 según la cual “cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana” y reiterar su vocación histórica de ser seducida por los coqueteos de la derecha, a regañadientes de su mayoritaria base popular y ciudadana democrática. No vale la pena siquiera señalar a aquellos grupos fascistoides que han agrupado a sectores de ex militares pinochetistas con domicilio en Punta Peuco y otros herederos ideológicos de la dictadura, que hoy se expresan en el partido de Kast, porque han sido reducidos a su expresión históricamente mínima.
  • En el lado opuesto al oprobio comienza a divisarse la cumbre de un poderoso y gigantesco iceberg popular, que ya ha exhibido su fuerza de millones marchando por las grandes alamedas de la justicia y la democracia. Ejemplo de ello es el perfilamiento de la Agrupación de Alcaldes como la principal línea del aparato del Estado en cuanto a la recepción de las reales demandas populares y la interlocución con las redes de organización civil de la población. Por esto mismo, los alcaldes levantaron la crítica directa a la ineficacia de las medidas impulsadas desde el gobierno y en numerosos casos impulsaron iniciativas que aventajaron ampliamente a la reacción del ejecutivo por tardía, mezquina, burocrática y regresiva. Consecuencia lógica de esta situación, que se advierte a cada paso, ha sido el permanente afán por desmarcarse rápidamente de las medidas del gobierno piñerista, incluso de aquellos que militan en los partidos que integran la coalisión gobiernista.
  • La ampliación y profundización de los movimientos progresistas, populares y democráticos sin duda están en la base del iceberg. A diferencia de los movimientos populares de décadas atrás, hoy día son críticos de las estructuras partidarias autoritarias, que les asignan un rol de apoyo a las decisiones que adoptan pero no definen ni participan en la discusión de ellas. De ahí su denominación paternalista de “las masas”, a los que convocan sólo por el peso de su respaldo. El resultado son líderes iluminados y ciudadanos cual corderos incapaces de reflexionar y decidir por sí mismos. Hay razones de sobra para esta crítica del movimiento popular a los partidos: han buscado su voto vía ofertones y mentiras pero una vez electos le han vuelto la espalda mil veces. De ahí, cansados de esperar, la emergencia y la consagración definitiva en el panorama político, económico, social y cultural del país de los movimientos reivindicacionistas de los derechos de las mujeres, desde el aborto libre y la igualdad de sueldos hasta el respeto a la paridad en todas las instancias de participación tanto públicas como privadas. De los movimientos ecologistas y defensores del medio ambiente, por la recuperación de las aguas, la protección de los bosques y los glaciares, la protección de las riquezas naturales y los resguardos para que el modelo de desarrollo, comprendido el sistema público y el privado, preserve su cuidado y evite su colapso.
  • La manifestación conjunta de estos factores han puesto en jaque un estado de cosas podrido por dentro y por fuera, que ya ha durado muchas décadas. Sin duda las transformaciones políticas que de esto surjan afectarán el curso de los hechos en nuestro país por varias décadas más, que seguro serán mejores que las pasadas. La irrupción de un potente movimiento ciudadano de independientes, que se aleja de los partidos tradicionales como si éstos fueran leprosos, ya es un buen signo que esperamos siga perfeccionándose en el ejercicio de una verdadera soberanía popular. Esto es, la soberanía colectiva, organizada, permanente, desde la base donde cada ciudadana y ciudadano vive, estudia o trabaja, en todo el país, desde la comuna, la región y hasta el nivel nacional. Soberanía popular, así definida, que se constituye en el mandante de la definición política para que se actúe en su representación.

Finalmente, convengamos que la posibilidad cierta de hacer historia en esta oportunidad y constituir un ejemplo de profundización de la democracia casi único en el mundo, radica en el hecho que sean los propios 155 convencionales electos, con el mayor consenso posible, quienes se den su propia forma de trabajo interno, su propio reglamento de discusión, la metodología para alcanzar acuerdos y para establecer puntos de desacuerdos. Al respecto me parece que los siguientes puntos ameritan ser considerados:

  • Observar rigurosamente el hecho de que los 155 convencionales son mandatarios del pueblo chileno y no pueden apartarse de tal ruta. Ellos no concurren a exponer sus propios puntos de vista ni sus personales interpretaciones, van a exponer el mandato recibido de sus electores, únicos depositarios del poder de modificar los contenidos a discutir finalmente. En consecuencia, ningún constituyente puede correr con colores propios, y en una democracia madura, hecha carne en la ciudadanía, un hecho tal podría significar la revocación de un constituyente o de cualquier otra autoridad electa por voto popular, si éste no se apega a esta norma básica.
  • “Interpretar” el sentir del pueblo chileno es a este respecto, probablemente, el mayor desafío y la mayor tentación para aquellos que profesan la “política” como oficio o profesión para beneficio personal. Por esta razón, el control y la fiscalización de los constituyentes o de cualquier otra autoridad electa por el voto popular, debiera ser antes, durante y después de ejercer el cargo para el cual han sido elegidos, con el único afán de evitar la corrupción que se origina en empresarios, narcotraficantes, miembros del partido, el gobierno de turno o simplemente familiares. Trasparencia y claridad en un 110% debiera es el único objetivo.
  • Toda discusión en la convención constituyente debe ser simultáneamente oída y vista por toda la ciudadanía, especialmente de aquellos puntos que en los 48 años pasados se han usado recursos legales e ilegales, para beneficiar a unos pocos: códigos de aguas, leyes de pesca, explotación de recursos naturales y minerales, forestales, tierras ancestrales y derechos de las etnias, igualdad de derechos de las mujeres y derecho a decidir sobre su propio cuerpo y fertilidad, comunidades LGBT, recursos para la investigación y líneas de desarrollo científico desde el Estado y para las universidades del Estado, igual cosa para el desarrollo de las artes, la música, el teatro, las letras y demás expresiones culturales propias de etnias y comunidades particulares en cada región; reincorporación a la educación básica y media de las asignaturas de historia, filosofía, educación física, idiomas, educación cívica. Sin duda, debe estar aquí la completa transformación de los institutos armados y de Carabineros de Chile y la PDI, particularmente su obediencia irrestricta al poder político, la fiscalización de su accionar financiero y de gastos y la rendición pública de su gestión ante comisiones del senado de la república. La modernización del Ministerio Público, incluido el suministro de los recursos necesarios y suficientes para ejercer sus funciones, sin que tengan que elegir los delitos a investigar y perseguir, de modo tal que ninguna denuncia o delito de género y/o que afecte a una mujer, niño/a o adolescente, quede sin rápida y eficaz acción persecutoria. El perfeccionamiento de una verdadera legislación laboral capaz de contrarrestar el poder absoluto del capital y los empresarios sobre el trabajo, entre otros temas.  Para todas esas discusiones debe haber transmisiones en horarios especiales, con tiempos reservados, en directo y en cadenas de radio y televisión pública y privada obligatorias.
  • Aquellos puntos acerca de los cuales no se alcance el consenso o cualquier otro que los constituyentes estimen necesario y conveniente dirimir y no dejar al arbitrio de la ley posterior, debe ser sometida a plebiscito ante la ciudadanía y su resultado debe ser forzosamente vinculante, en virtud del anterior punto 1): los constituyentes son mandatarios del pueblo chileno. Esto presupone dar forma a una red nacional eficaz y eficiente de discusión, consulta y acuerdo de la ciudadanía, estructurada en todo el territorio nacional. Red que debe ser preservada post convención, hasta que la “discusión-reflexión-acuerdos” se haga costumbre.
  • Hay no sólo un contrasentido sino una injusticia exasperante que poluciona por sí sola el ambiente político actual, de construcción constitucional, arrancado a tirones al sistema, y es que el gobierno responda encarcelando, formalizando o condenando a miles de jóvenes por pedir más democracia. Por ello se impone la constitución inmediata de una comisión de calificación jurídica que en el plazo máximo de 30 días resuelva la totalidad de los casos: conceda la libertad inmediata de los presos políticos de la revuelta y de las movilizaciones populares de todo el país, desde O-2019, con el concurso de sus abogados defensores y el IDH de aquellos casos que han sido evaluados y no se ha encontrado ni una sola prueba que los inculpe; deseche todos los testigos o pruebas aportadas por Carabineros; revise aquellos casos que han sido condenados con exceso y aplique los mismos criterios anteriores incluida la libertad inmediata. Formule los cargos, si es del caso, para aquellos que se les imputan delitos ordinarios de robo o narcotráfico, se establezcan las pruebas ordinarias y necesarias y se resuelva en consecuencia. Establecer el precedente jurídico de que aquellos fiscales, jueces, o abogados que se compruebe han usado el instrumento penal, la prisión preventiva de opositores por ejemplo, como castigo directo y reciban como mínimo sanción ética de sus pares, conducta que puede alcanzar la inhabilitación en el cargo o la expulsión del poder judicial, de ser reiterativa.

Leonardo Yáñez Silva.

Santiago, junio 3 de 2021.

CEECH: Las FF.AA. chilenas y la encrucijada democrática

Militares

Vasili Carrillo, Carlos Gutiérrez, Ricardo Paredes (Centro de Estudios Estratégicos Chile, CEECH)

20 abril 2021

Cada día los altos mandos de las Fuerzas Armadas chilenas parecieran hacer denodados esfuerzos por profundizar ese abismo que las separa de la sociedad civil, de la precaria democracia que todos dicen defender y del momento constituyente que se ha abierto producto del agotamiento y la indignidad de una gran mayoría que se ha visto explotada y discriminada para sostener esta sociedad de privilegios y de su plutocracia gobernante.

Las manifestaciones sociales; las consignas de la calle que les reclamaron su vuelta a los cuarteles; las opiniones de una oposición política menos timorata que se han levantado para denunciar y judicializar casos de corrupción y amenazas abiertas a la democracia; las aseveraciones de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeras, sobre las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la violencia cometidos en contra de manifestantes connacionales; las sucesivas encuestas de opinión pública que demuestran su tendencia a la baja en la apreciación sobre las instituciones armadas y su identificación con la elite empresarial y de derecha;  y una importante franja de candidatos constituyentes que ya han manifestado sendas opiniones sobre los necesarios cambios constitucionales relativas a la ubicación y definiciones de estas instituciones en la nueva Constitución; son demasiadas señales sostenidas en el tiempo que nos hablan de altos mandos incapaces de una lectura mínima racional sobre el Chile actual y que han preferido una actitud endogámica que está teniendo como resultado instituciones con altos índices de entropía organizacional.

Esto es aún más grave en instituciones que tienen el monopolio de las armas, que todavía tienen altas prerrogativas en las actuales definiciones de los estados de excepción y que su disposición a participar en acciones de seguridad interior solo estuviera condicionada a que se les relajaran las reglas de uso de la fuerza (RUF) para no tener que dar cuenta de estándares internacionales y enfrentarse a la justicia.

En esta cerrazón frente a los cambios sociales y políticos que están demandando mayor densidad y profundidad de la democracia desde hace décadas, se han encontrado con aliados ideológicos activos en el gran empresariado y la derecha gobernante, y en aliados por omisión de una élite transversalmente conservadora que apostó por una tesis de control civil que consistió en una “profesionalización autómata” caracterizada por un alto y descontrolado gasto militar (tanto de ley reservada del cobre como del presupuesto regular del Estado), sin definiciones taxativas de nuestra política y estrategia de Defensa, con una ley ministerial tardía y poco sustantiva, y sin controles exhaustivos de sus procesos internos.

Es bueno recordar ese maridaje psicológico-político entre Ricardo Lagos y Juan Emilio Cheyre, que dio pie para aseveraciones como el “Nunca Más” y la misión de “Juan soldado” que iniciaba un nuevo período profesional en la institución militar. Los resultados a poco andar se pudieron apreciar, y no solo porque ese mismo comandante en jefe fue acusado de violaciones a los derechos humanos, sino que su sucesor negoció un cargo político con el presidente Piñera estando en servicio activo (Izurieta) y además estuvo vinculado al caso FAM de pagos irregulares a militares activos; y los que siguieron a su vez están procesados por fraude fiscal (Fuente-Alba y Oviedo), así como la investigación que pesa sobre más de 800 oficiales del Ejército.

Por esta vía se logró una mayor autonomía de las fuerzas armadas, y un desprestigio de la conducción civil ya que el Ministerio de Defensa se transformó en una agencia deslavada y con ministros poco robustos y escasamente empoderados para ejercer una conducción moderna y democrática.

El resultado está a la vista, no solo no se logró que las fuerzas armadas se concentraran solo en sus responsabilidades profesionales (para las cuales están materialmente sobre dotadas), sino que ante el vacío de conducción política civil, siguieron siendo un actor de la política interna, como se demuestra en forma tan evidente en los casos de espionaje a periodistas, el amedrentamiento a la jueza Romy Rutherford, la desaparición de documentos judiciales, la declaración sobre el monumento al general Baquedano y ahora la declaración sobre un programa humorístico del canal  de televisión La Red.

Pero esta autonomía de doble entrada, los que la buscan y los que la otorgan, también tiene efectos hacia adentro. Los casos de corrupción de comandantes en jefes, de altos oficiales, la vigilancia y el castigo hacia los propios para que se inhiban de denunciar, la desprolijidad en procesos internos, los privilegios materiales, indudablemente ponen en cuestión las capacidades profesionales en cumplimiento de sus misiones básicas y generan dudas razonables al respecto.

Esta realidad hace más imperioso que el momento y debate constitucional abarque en profundidad y con estándares democráticos más exigentes las definiciones sobre las fuerzas armadas, por lo menos los siguientes: el concepto de seguridad que las definirá; sus funciones y roles; la conformación de los altos mandos; su estatus democrático; su participación en los estados de excepción.

Así como la sociedad chilena, con el actual momento constituyente, está cerrando un largo ciclo (podríamos decir que definitivamente el de la transición a una democracia profunda) y a su vez abriendo uno nuevo, le corresponde a las fuerzas armadas sintonizar con ese proceso y también cerrar su largo ciclo de ideologización antipopular iniciado en la década de los sesenta del siglo XX, en que se transformaron en el combatiente de un teatro de operaciones secundario de la gran confrontación entre capitalismo y comunismo que implementó Estados Unidos, y que tuvo como resultado la tragedia histórica del Golpe civil-militar de 1973, y una de las más cruentas dictaduras de nuestra sub región y una espiral de degradación institucional que todavía se mantiene.

Todas estas actuales acciones políticas de las fuerzas armadas no son exabruptos ni actos incontinentes. Ampararse en esa lectura solo servirá para prolongar el vacío dejado por la conducción política democrática, mantener su inercia sobre ideologizada y cerrar la oportunidad de una nueva relación con la sociedad, basada en el profesionalismo y la convicción democrática.

Este es el momento de la encrucijada democrática de las fuerzas armadas chilenas.

Qué difícil es ser artista en Chile. Por *Sergio Veas Muñoz, Cantor Popular.

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Qué difícil es ser artista en Chile, de cualquier arte, en cualquier ámbito o clase de la sociedad.

Violeta Parra se mató entre muchas cosas por no haber sido jamás comprendida. A Víctor Jara lo asesinaron simplemente por ser él. Tenemos historias de «poetas malditos», «pintores malditos», etc.

Huidobro se tuvo que ir a Europa para que le creyeran, Mistral nunca encajó.

A las actrices y actores la Dictadura les dio como caja (como a todo el país en realidad)

Si haces folclor te miran para abajo.

Si quieres ser artista callejero, te desprecian y no te aceptan (y ahora te matan)

Es casi impensado vivir de cualquier tipo de expresión artística y debes soportar toda la incomprensión incluso de tus más cercanos.

No hay espacios y los pocos que hay o son para una élite o son absolutamente inaccesibles para los más nuevos o los que no son «famosos».

Cada uno debe rascarse con sus propias manos y no hay mucho espíritu gremial, no existe una GRAN institución DE los artistas.

Los medios de comunicación al estar o en manos de consorcios extranjeros o en manos del poder económico no apoya, al contrario discriminan y desincentivan.

Qué difícil es ser artista en Chile.

Aun así, somos, y aunque les duela lo más profundo, un país de artistas, de cantor@s, de teatro, de poetas, de pintor@s, de artesan@s, de gente que sueña con crear, que vive por crear, entre otras cosas, un Chile mejor.

*Sergio Veas Muñoz, es integrante del BAFONA y Cantor Popular, dirige el grupo rancagüino Los Palmeros, es autor y compositor. Por esto último ganó el Pandero de Oro, entregado por la SCF y Cuecapp, y ha creado temas para relevantes conjuntos folclóricos, ya sea cuequeros u otros. Asimismo ha ganado festivales como Olmué y Brotes de Chile. Es gestor del Día del Cuequero a nivel nacional.

MAURICIO REDOLÉS: ¿Cuántos crímenes más debe cometer Carabineros para que el Estado comprenda que esta policía es un verdadero “enemigo interno”

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CARABINERO NO RIMA CON ARTE CALLEJERO

Mauricio Redolés.

Como un deja-vou de las imágenes de lo ocurrido en las puertas del Teatro Municipal de Santiago el lejano 24 de septiembre de 1987 cuando el carabinero Orlando Tomás Sotomayor Zuñiga baleó en la cabeza a la joven pianista María Paz Santibáñez Viani, en una jornada de protesta contra el rector de la Universidad de Chile José Luis Federici designado por Pinochet, hoy podemos ver las imágenes de otro carabinero baleando a otro joven artista. Esta vez un 5 de febrero del 2021 en una esquina de la Plaza de Armas de Panguipulli. Esta vez, a diferencia de lo que pasó con la pianista, el joven malabarista Francisco Martínez Romero murió rodeado de sus sables de juguete y el estupor de los habitantes de ese pueblo.

Tal como en el caso de la pianista María Paz Santibáñez, en que estando herida de un balazo en la cabeza fue detenida y se dijo por las autoridades de la dictadura que ella había atacado al carabinero, hecho que fue desmentido gracias a que el vil ataque del uniformado había sido grabado en video por el medio informativo Teleanálisis, lo que permitió que el carabinero fuese acusado de cuasidelito de lesiones y “condenado” por la justicia militar (juez y parte) a la “enorme y durísima” pena de 61 días de firma y continuó en el servicio. Así mismo en esta nueva dictadura, disfrazada de “democracia” Carabineros defiende el actuar del uniformado que dio muerte al malabarista de Panguipulli señalando que fue en “legítima defensa propia” (declaración del teniente coronel Boris Alegría).

Este crimen, junto a cientos de otros crímenes cometidos por Carabineros y que no reciben el castigo adecuado por ser procesados por la así llamada “justicia militar” solo, deshonran y agravian nuestra dignidad como país. Esto sin considerar la “mano blanda” de Carabineros producto de su cobardía para enfrentar a las bandas de narcotraficantes y las mafias de camioneros entre otros privilegiados de este país que posee una policía uniformada carente de dignidad, ensuciándonos a todos y a todas con su proceder que debiera hace tiempo estar en el basural de la historia.

Coincido plenamente con el abogado Jaime Bassa quien llama a “disolver Carabineros de Chile y construir una nueva fuerza policial que respete nuestras garantías y derechos básicos”. No coincido con llamar a una “refundación de Carabineros”, porque quedará la impronta de una policía que más ha dañado al país que otra cosa. No es “Refundación” lo que hay que exigir, sino una “Disolución de Carabineros”, para empezar desde cero y terminar con este cuerpo policial, as del latrocinio y del abuso de los habitantes más humildes de este país, como el crimen de la joven obrera Ramona Parra asesinada el 28 de enero de 1946, como el crimen del profesor Manuel Guerrero Ceballos asesinado el 30 de marzo de 1985, como el crimen del joven mapuche Camilo Catrillanca, asesinado el 14 de noviembre del 2018, como el crimen del joven artista Francisco Martínez Romero asesinado el 5 de febrero del 2021, entre cientos de chilenos y chilenas asesinados por Carabineros. ¿Cuántos crímenes más debe cometer Carabineros de Chile para que el Estado chileno comprenda que esta policía uniformada es un verdadero “enemigo interno” que lleva a que miles de personas tengan el deseo legítimo de incendiar el país? Por lo menos en Panguipulli a esta hora de la madrugada del 6 de febrero del 2021 cientos de jóvenes ya lo están haciendo. Esto no da para más. Hace tiempo que no da para más.

Título principal SICNoticias.

Fuente: https://www.facebook.com/MauricioRedolesBustos/?ref=page_internal

Opinión: Ley de infraestructura crítica: Evidente degradación autoritaria. Por *Roberto Saéz.

MILICOS

A propósito de la negociación establecida entre el Poder Ejecutivo y una fracción del gremio de camioneros, se ha puesto urgencia al proyecto de reforma constitucional presentada por el gobierno y que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Este proyecto, aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, se votará en sala para su promulgación, mañana miércoles 09 de septiembre.

Este proyecto reforma el artículo 32 Nº 17 de la Constitución Política de la República, respecto a las atribuciones presidenciales y que señala que entre ellas está la de “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las  necesidades de la seguridad nacional”

A estas atribuciones vigentes, se incorporan nuevos párrafos en los que se señala que:

-Será atribución del ejecutivo disponer a las FF.AA. para la protección de infraestructura crítica en caso de “peligro grave e inminente” y previo informe de la ANI.

Que 45 días después de promulgada esta reforma, el ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que indique qué es la infraestructura crítica, con plazo de un año para su promulgación.

Mientras no se apruebe dicha ley, el ejecutivo podrá definir mediante decreto supremo, qué entiende por infraestructura crítica.

Degradación autoritaria

Este proyecto no resiste mayor análisis. Estamos frente a una evidente degradación autoritaria que pretende establecer un “semi estado de excepción constitucional permanente” con el objetivo de disponer el empleo de las Fuerzas Armadas a discreción del actual Presidente de la República, para su despliegue en lo que el propio ejecutivo definirá como infraestructura crítica, sin ningún contrapeso fiscalizador, en lo que parece, un uso excesivo de la fuerza militar ante una evidente mala gestión gubernamental.

Este proyecto es parte de un conjunto de iniciativas legales que dan forma a nuevas atribuciones presidenciales para el empleo de la fuerza militar en contextos distintos a la guerra y a las operaciones polivalentes asociadas a situaciones de “riesgo y desastre”. Tales como la ampliamente criticada ley de inteligencia[1] que politiza el sistema, disminuye el control del poder legislativo e incorpora a las unidades de inteligencia militar para operaciones «internas y nacionales» de contrainteligencia, al amparo de una amplia facultad del ejecutivo. O el proyecto de ley que modifica la relación del Estado de Chile con la Corte Penal Internacional, trasladando atribuciones desde el Poder Judicial al poder ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta evidente degradación autoritaria es signo de una creciente crisis institucional, causada entre otros factores, por una deficiente gestión gubernamental en el contexto del levantamiento popular de octubre y el proceso constituyente en ciernes, el cual en última instancia, no se restringirá exclusivamente a una asamblea cívica, sino a un proceso prolongado, híbrido y multidimensional, con un fuerte protagonismo ciudadano, por la reorganización del poder y la redefinición del carácter del Estado.

La ciudadanía debe poner atención a estos signos autoritarios, exigir a sus parlamentarios el rechazo a esta clase de iniciativas e incorporar dentro de su análisis colectivo, los posibles escenarios futuros que condicionarán su legítima acción política.


Ver informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.


[1] Ver “Más poder para el presidente: Nudos críticos del proyecto que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado” de Claudio Nash Rojas. Disponible en: https://ciperchile.cl/2020/06/16/mas-poder-para-el-presidente-nudos-criticos-del-proyecto-que-moderniza-el-sistema-de-inteligencia/

*Por: Roberto Sáez Olivares. Mg. en Ciencias Militares

FUENTE: https://grupopelantaro.cl/2020/09/08/ley-de-infraestructura-critica-evidente-degradacion-autoritaria/

El momento es hoy, a la disputa de los territorios. Por Rodrigo Mundaca y Rodrigo Faúndez

Rodrigo-Mundaca

No resulta nuevo señalar que la mercantilización neoliberal ocupó todos los aspectos de nuestras vidas durante estas últimas cuatro décadas. Salud, cultura, educación, pensiones, bienes comunes: todo se transformó en objeto de mercantilización. Un ámbito de especial relevancia, más no tomado con suficiente atención desde aquellas actorías que pretenden terminar con el neoliberalismo en Chile, ha sido la “cuestión territorial”.

Así planteado, la cuestión territorial parece un tema ambiguo, difuso o vacío de soporte teórico; sin embargo, nos interesa relevar la importancia de largo plazo que reviste construir política transformadora desde los territorios y disputar sus instituciones.

Si bien, la cuestión territorial ha sido un tema de larga data en algunos sectores políticos y en ciertos círculos académicos, el tema ha cobrado mayor relevancia en la última década a partir de la emergencia de una serie de luchas que en diversos lugares del país se han sucedido por la defensa de territorios ante proyectos de inversión extractivos que afectan a las comunidades, o bien, en la articulación de singulares procesos democráticos de defensa del poder local. El tema cobra especial relevancia en momentos en que Chile atraviesa una crisis política que ha derivado en un inédito proceso constituyente y en tiempos en que el COVID 19 ha demostrado que la comunidad que habita los territorios, en particular la ciudadanía organizada en el espacio local, ha sido uno de los principales soportes que ha permitido enfrentar con mayor efectividad la pandemia y la precariedad económica.

Tanto la crisis política, como la crisis sanitaria que atravesamos nos vuelven a dejar de manifiesto que los territorios “subnacionales” están activos y albergan una infinidad de experiencias organizativas acumuladas a lo largo de décadas. Esta “capacidad comunitaria” –que tiende a ser objeto de clientelización y paternalismo por autoridades nacionales, regionales y locales— nos alerta que es desde el espacio situado, el espacio habitado y “experienciado” desde donde es posible construir condiciones para crear comunidades organizadas que le otorguen un sentido común al espacio local y enfrenten la idea mercantilista del espacio público que nos han impuesto durante décadas.

Esta cierta activación de “lo territorial”, que ha logrado crear entramados sociales complejos a nivel de barrios, poblaciones, comunas, ciudades, e incluso, regiones, puede ser una importante clave para la orientación política de los sectores populares y actores transformadores.

A pesar de plantear esta idea, que puede reflejar cierta candidez estéril sobre lo territorial, sostenemos que el territorio está lejos de ser ese espacio armonioso, bucólico y exento de conflictos sociales, raciales y de clase. Tal como nos aporta la geografía crítica el territorio es, en esencia, un espacio construido complejo de relaciones de poder y dominación, en el que convergen y divergen intereses, actores y sujetos. Y es justamente su carácter conflictivo y contrario el que lo vuelve idóneo para construir procesos de cambio multiescalar. En efecto, el conflicto es la esencia y el motor de la vida social y es a través de la disputa de intereses donde la sociedad ejercita la política y donde se pueden construir los cimientos de una opción de superación del orden vigente. Durante 40 años en Chile se impuso una política mínima, vaciada de disputa de proyectos de sociedad, en que el consenso elitario fue la clave para gobernar, excluyendo a las mayorías e impidiendo cambios al sistema económico y político. La rebelión popular de octubre del 2019 y las redes de solidaridad expresadas en la pandemia demuestran que esta politización de lo social —negada, controlada y cooptada durante toda la transición— tiene su asiento en los espacios locales.

Poner el foco en lo territorial no implica negar ni pasar por alto las necesarias disputas que se vienen dando en el orden nacional. Un proyecto transformador debe deshacer –partiendo por la Constitución Política— cada una de las leyes, dispositivos y arreglos que han instituido el capitalismo neoliberal. No obstante, el despojo capitalista tiene una nítida expresión en el plano espacial y reviste una particular relevancia su transformación. La privatización del espacio público, de los servicios elementales, el control inmobiliario y sanitario del suelo urbano, las decisiones respecto de los grandes proyectos de inversión, como parques industriales, infraestructura, carreteras, son decisiones impuestas, no tan solo por el mercado, sino con el aval y, en la mayoría de los casos, con el subsidio y compromiso del Estado. En ese maridaje también han tenido un rol fundamental los gobiernos e instituciones subnacionales.

En tal sentido, la disputa por los territorios indica una orientación clave que los movimientos sociales y fuerzas políticas de transformación no debiésemos soslayar. Y dicha disputa abarca la construcción de procesos de organización popular y poder comunitario para la gestión de servicios elementales, o las luchas contra determinados proyectos de inversión, por la transformación del espacio local, por el acceso a servicios básicos, entre muchos otros ámbitos. Pero complementariamente, se trata también de disputar cada una de las instituciones públicas de escala local y regional, para reconfigurar las relaciones de poder que existen en dichos espacios y poner la institucionalidad pública subnacional al servicio de estos procesos. En tal sentido, es menester que dichas disputas sean el reflejo de la diversidad de las luchas y experiencias de gestión comunitaria que pueblan los espacios locales.

Esto nos lleva a plantear la urgencia de establecer puentes cada vez más sólidos entre las múltiples actorías y sujetos/as sociales y políticos/as del ámbito nacional y local. La coyuntura actual, nos tensiona para cimentar una suerte de organicidad político social al calor de la construcción de trabajo y confianzas mutuas. Los esfuerzos de articulación social y política en los últimos meses han apuntado en este sentido, sin embargo aún resta camino en la depuración de proyectos colectivos que cuajen en escala local.

Desmontar la arquitectura política, jurídica e institucional del neoliberalismo y del Estado subsidiario no recaerá solamente en la redacción de la nueva constitución. Ese será el primer paso. Junto con él se debe dar continuidad a este nuevo ciclo político que permita instituir los cambios que el movimiento social y las fuerzas transformadoras hemos venido impulsando hace décadas. Construir un nuevo paradigma de desarrollo, cambiar el carácter del Estado y transformar el entramado legislativo no será tarea de un grupo de partidos políticos, ni de intelectuales o académicos especializados en tal o cual materia. Será mucho más que eso. Será responsabilidad de las mayorías sociales y políticas que se han dotado de una infinidad de organizaciones, instituciones y aparatos para concretizar sus ideas para emprender estas batallas.

Desde octubre el pueblo ha abierto una coyuntura constituyente inédita en la historia reciente del país. La agenda electoral 2020-2022 será un escenario propicio para poner en juego dicha voluntad popular constituyente y para canalizar esta energía social en un ejercicio instituyente de cambios en la sociedad y en el Estado. Es hora de que las actorías y movimientos territoriales levanten la voz una vez más, pero esta vez no sólo para denunciar y defender el territorio, sino que para disputar cada una de las instituciones públicas: diputaciones, convencionales constituyentes, pero por sobre todo, municipios, consejos y gobernaciones regionales.

El sentido está claro; se trata de recuperar lo que le pertenece al pueblo y construir otro modelo de desarrollo, profundizando la democracia, pero partiendo por la disputa territorial.

FUENTE: https://www.lemondediplomatique.cl/el-momento-es-hoy-a-la-disputa-de-los-territorios-por-rodrigo-mundaca-y-rodrigo.html

¿HAY ALGUNA RELACIÓN ENTRE EL CASO AMBAR CORNEJO Y EL DE CALDERÓN ARGANDOÑA? Por Leonardo Yáñez silva*

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Hace unas semanas el país entero se estremeció con la sórdida trama de hechos que terminaron con el lamentable crimen de Ámbar Cornejo. Unos cuantos días después hemos conocido un caso, también lamentable, horroroso, en que un hijo apuñala a su padre, aparentemente porque éste acosa sexualmente a la pareja de aquél.

¿Qué diferencias y qué similitudes hay entre uno y otro caso?Revisemos la familia. En ambos casos resulta inapropiado hablar de familia, pensando en ésta como aquel núcleo acogedor de los hijos, preocupado de su entorno, formativo de aquellos valores y principios que le son más caros a cada una y generosa de ejemplos de aquellos valores y principios; preparatoria de una adultez madura, responsable, solidaria con los otros y comprometida con la comunidad.

En ambos casos no existe presencia de ambos padres, los hijos crecen solos, se construyen a sí mismos, en medio de discusiones, riñas y agresiones y luchan por sobrevivir a su modo y con los elementos en que han crecido. La tradicional figura materna cómo elemento aglutinador del grupo brilla por su ausencia en ambos casos: acompañada de negligencia y desprotección, complicidad e ilicitud, en un caso; acompañada de personalismo enfermizo, anhelo por la sobre exposición televisiva, prepotencia desmedida, exacerbación de valores individualistas y exitismo basado en el dinero, en el otro.

La familia en ambos casos ha explotado en mil pedazos hace muchísimo rato si es que alguna vez existió. A ese respecto nadie propone un cuento de Hadas ni un “hasta que la muerte los separe”, ni mantener la escenografía de la familia feliz, similar a las posturas de “los niños primeros en la fila” o de la “defensa de la vida” para rechazar el aborto, que son expresiones de utilería religiosa retrograda, conservadora, racista e ideológicamente neoliberal, sólo para establecer distancia de los “pobres”, los “comunistas” o los “izquierdistas” en general.¿Quiénes son las víctimas en estos casos? Ámbar sin ninguna duda, no sólo por lo irreversible de su resultado, sino, además, por haber estado rodeada desde su nacimiento de miseria humana pero también de miseria material y de recursos económicos. Cuestión ésta última que determina irremediablemente cualquier posibilidad de escapar al destino que conocimos.

Carente, por si fuera poco, de una madre desprovista de ese “ethos” esencial que por muy ignorante, muy pobre o muy golpeada que sea siempre aparece potente y orientador en la gran mayoría de ellas. El joven Calderón también es una víctima de similares condiciones familiares pero lo diferencia de Ámbar el oropel que le rodea desde la cuna, la abundancia material que lo inunda desde pequeño y que no le permite ver los límites a la conducta, ni educar la frustración, ni practicar la tolerancia; todo es adquirible, comprable o vendible, nada es impedimento para el dinero, todo y todos tienen un precio. Lo único importante es poseerlo y en abundancia.

La cuantía de la cuenta corriente es la cuantía de tu importancia social y de tu aceptación en la sociedad.¿Qué rol juega la legalidad y el derecho como telón de fondo del devenir familiar y de sus protagonistas, como reflejo de los límites al comportamiento? ¿Quiénes viven al filo de la legalidad y en ocasiones actúan al margen de la ley?

En un caso el acercamiento a la legalidad y la ley es simplemente de infractor, puro y duro: el conviviente de la madre de Ámbar, sin duda. Su madre, a su vez, si no traspasa claramente la delgada línea de la ley, en realidad camina sobre ella al hacer caso omiso de los llamados de su hija, es refractaria a su clamor. Vive al filo de la legalidad por el sólo hecho de vincularse con sujetos prontuariados, se entera de hechos que no pone en discusión ni rechaza convirtiéndose en cómplice, se adapta, como ocurre en gran parte de las familias empobrecidas que conviven con la droga y el narcotráfico citadino popular.

Son también víctimas, finalmente. En el otro caso, donde la ley debiera ser una especie de baluarte por ser el padre abogado, la hermana abogada y él mismo estudiante de derecho, la madre postula a los cuatro vientos en los estelares de la TV católica “el que me la hace la paga” o lo que es lo mismo “ojo por ojo, diente por diente”, lo que dista mucho del respeto a la ley, es estar derechamente al margen de la ley. Igual que las carreras de autos clandestinas: al margen de la ley. Y de las drogas y el consumo de estupefacientes, y de las apuestas ilegales asociadas, y el exhibicionismo de modelos de autos millonarios, y de la vista gorda que hace la policía de los niñitos de bien, y de la condena tácita y permisiva de la autoridad política y de la televisión, y etc. y etc.¿Qué hay de la figura paterna, tan central en nuestra cultura cristiana occidental misoginia?

Absolutamente ausente física y sentimentalmente en el caso de Ámbar. Probablemente sin ningún peso ejemplar en dirección alguna. Su resultado es cero.

De sus sucedáneos paternos impuestos sólo peligro y daño. En el caso del joven Calderón, la figura paterna está físicamente presente pero, a juzgar por los hechos, no ha ejercido ni ejerce como un modelo de recta conducta, no representa un ejemplo a seguir, más bien ha estimulado los peores resortes formativos que la sociedad chilena exhibe: individualismo, materialismo, debilidad por el dinero y ninguna preocupación por el trabajo honesto, perseverante y riguroso como medio para conseguirlo.

De comprobarse que la conducta de Calderón padre con la polola de su hijo efectivamente ha sido de acoso sexual, no habría diferencia cualitativa con la exhibida por el conviviente de la madre de Ámbar. Ambas relaciones se despliegan sobre la plataforma degradante de la misoginia. Asumen como parte de una conducta normalizada e incorporada a las relaciones interpersonales, el abuso a la mujer o a las niñas, agravado en el caso de quien tiene un juramento de respeto a la ley y la justicia.¿Qué es lo que ha promovido y estimulado conductas tan aberrantes como normalizadas en nuestra sociedad?

Los factores son numerosos pero digamos lo siguiente. La globalización nos mantiene en una relación (pseudo) cercana a todo lo que acontece alrededor nuestro y a la vez super lejana de esa realidad.

Es la cercanía e inmediatez a la “información” de lo que ocurre pero es la lejanía y la ausencia perceptiva de la “relación” con el (los) otro(s). La globalización no reemplaza y mucho menos aporta, la necesaria relación ni la necesaria interrelación entre las personas. Por esta razón, entre otras, el lenguaje digital ha tenido que incorporar los llamados “emoticones” para incorporar en el lenguaje escrito algo imprescindible: sensación/percepción/juicio, la esencia de la comunicación. Lenguaje y comunicación no son lo mismo, claramente.Dicho esto, la mirada pública y de los medios de comunicación acerca del drama de ambas familias trasuntan lo que la sociedad ve en cada caso. Todo lo que acontece al interior de los hogares pobres y marginados es susceptible de ser evaluado, comentado y discutido por todos; ellos no tienen derecho a la intimidad.

Por el contrario, lo que acontece en hogares acomodados y “poderosos” no se puede tocar; ellos tienen derecho a la intimidad y una institucionalidad completa para protegerlos. Entre los pobres y marginados es “esperable” que estas aberraciones (incesto, acoso, violaciones y crímenes) ocurran. Entre los acomodados y poderosos esto es sorpresivo, inédito, inesperable.

El “factor” determinante que libera del escrutinio público y que otorga el perdón a comportamientos fuera del control legal y moral de la sociedad es uno sólo: la riqueza, el dinero, el poder. En ambos casos la presencia de este “factor” es diferenciador, ostensiblemente diferenciador en el juicio público, el acercamiento de los medios de comunicación, el trato dado a los protagonistas, y, lamentablemente, la forma y el contenido en que se aplica la justicia a los acusados y a las víctimas. En rigor, el subdesarrollo ético y moral de la sociedad se expresa dramáticamente en que hay justicia para ricos y justicia para pobres.

No sólo se ha desintegrado la familia sino la red de relaciones e interrelaciones sociales que se venían cultivando en Chile desde el inicio de la república y posteriormente con los esfuerzos de industrialización nacional. Un tejido social que lentamente y en múltiples espacios se desarrolló hasta casi ser un ejemplo internacional.

Genuina expresión de la constelación de múltiples roles en la que los chilenos participaban desde pequeños, primero en los jardines y las escuelas, luego en los liceos y centros de educación superior, compartidos por familias de diferentes estratos. Hijos de obreros y trabajadores compartían con profesionales y empleados, dueñas de casa y trabajadoras eran vecinos y se aglutinaban en un “barrio”.

Participaban en la Juntas de Vecino, Clubes Deportivos, Centros de Madre, Centros Culturales y en las escuelas y liceos del sector. Las familias, sus integrantes, cercanos o lejanos enfrentaban sus problemas globales y compartidos, asumían sus desafíos y celebraban como población, barrio, villa o comuna pero, colectivamente.

Fue cercenado con bayoneta calada, el país fue dividido, las relaciones e interrelaciones personales y sociales segregadas, segmentadas y atomizadas, hasta decir basta. Los pobres fueron “erradicados” a la periferia: San Bernardo, La Pintana, El Bosque, La Florida, Puente Alto, Maipú, Lo Espejo, Cerro Navia, Recoleta, etc. La pobreza se mantuvo y aumentó. Empezó a imponerse, también a bayoneta calada, la idolatría (o ideología) del dinero, paradojalmente, con su secuela de miseria, tal como lo observamos en los casos de la niña Ámbar y el joven Calderón. Así terminamos con los ricos por determinadas zonas, los pobres por otras diferentes pero lo más lejanas posible, sin embargo aquí y allá el mismo crimen, las mismas conductas delictivas, las mismas culpas y las mismas víctimas: las niñas inocentes como Ámbar y la sociedad en descomposición acelerada.

La universidad no alcanzó a proyectar el vínculo de forma más profunda entre el territorio y el ejercicio profesional pero la participación en las industrias, los centros de educación superior, las minas e incluso en el campo, cimentó las relaciones entre ciudadanos de distintos estratos y de distinta educación en los problemas sectoriales mayores y en los problemas como país. Pero este tejido social explotó junto con el bombardeo al Palacio de la Moneda.Se perdió con esto uno de los principales y más efectivos de los controles sociales: el que ejerce la propia ciudadanía contra aquel que se sale de madre en el grupo. El que ejerce la propia familia incluso sobre sus integrantes cuando éstos desarrollan actos o conductas que el grupo mayoritariamente condena.

Más efectivo que la cárcel e incluso que la pena de muerte, porque en ellas hay vínculos emocionales y sentimentales, muchas veces los únicos capaces de inhibir conductas desviadas del transgresor, por representar un poder y un peso “significativo” para éste.El desafío pendiente del conjunto de la sociedad –es decir con la participación de todos los sectores organizados, informados y respetuosos del otro–, y de los líderes e instituciones llamadas a generar los cambios necesarios, es construir un contexto socio-político-cultural decente y honesto, opuesto a lo corrupto, promotor de un individualismo edificante, liberador y solidario, consistente con el esfuerzo y el éxito colectivo, opuesto a la visión de “todos enemigos de todos”, colaborativo con el entorno inmediato y nacional.

Un contexto comprometido con la transparencia individual y colectiva, estimulante del éxito personal, recursos materiales o dinero pero no a cualquier costo y jamás fuera de la ley o de los límites éticos elementales. La conducta política y la puramente pública y de aquellos cuya responsabilidad empresarial compromete el destino de miles de personas, sometida rigurosamente a la lupa no sólo de los órganos e instituciones del Estado responsables de su fiscalización, sino también de los medios de comunicación y ante todo, del veredicto regular, sistemático y permanente de la ciudadanía en todos los niveles, con una vara muchísimo más alta que aquella que fiscaliza el comportamiento individual.

En definitiva, un contexto socio-político-cultural estructurado bajo la premisa de que el éxito individual sin el éxito colectivo es un círculo vicioso e irreal, que la prosperidad personal sin la prosperidad social es mantener la situación tal y como se manifiesta en Chile hoy.

*Leonardo Yáñez Silva, Sociólogo.

REPRESIÓN MILITAR EN CHILE: Por el Amor a la Patria. Por Carlos Gutiérrez P.

repre milico

No hay nada más dulce al oído de ciertos militares que hablarles de que estamos en guerra, que hay enemigos internos poderosos, que está en peligro la Patria y que ellos son la encarnación de la fuerza moral de la nación, por lo tanto los llamados a salvarla.

El pueblo de Chile, desde octubre del año pasado vive momentos cruciales. Se inició una movilización social, reivindicando derechos básicos y sustanciales para una vida digna, que alcanzó hitos históricos por su extensión, masividad, creatividad, compromiso transversal de sectores sociales y profundidad, que entró en una hibernación producto del azote de la pandemia, la que estando pésimamente gestionada desde el gobierno, ha incrementado la fragilidad y pauperización de mayores sectores de la población renovando la insatisfacción y rabia acumulada.

La respuesta más inmediata, prolija, permanente y sistemática por parte del gobierno ha sido la represión, llevada adelante por Carabineros y Fuerzas Armadas. La muerte, la mutilación, las heridas, las violaciones, vejaciones, detenciones, golpizas, la tortura han sido el registro indeleble que ha quedado en los cuerpos de chilenas y chilenos, y en la imagen universal de violaciones a los derechos humanos.

En ese acto cobarde, impune, anónimo, oscuro, realizado por hombres y mujeres uniformados, que también son chilenos, se expresa una de las mayores heridas y fracturas de una convivencia nacional pacífica que es reclamada insistentemente desde los lugares del poder.

Una vez más la oligarquía chilena, acomodada en fronda aristocrática, amenaza con voltear la mesa institucional –que en este caso es obra de ellos- con expresas referencias a la crisis, la violencia, enemigos internos y otras plagas cristianas.

Una vez más la oligarquía chilena se tienta con el complot, el de los pasillos parlamentarios y el de las atribuciones a las fuerzas armadas. Ahí están pendientes el proyecto de Ley de Inteligencia, el cuidado de la infraestructura crítica, el descuelgue de la Corte Penal Internacional, el nuevo financiamiento para esas instituciones, el despliegue en la zona mapuche.

No hay nada más dulce al oído de ciertos militares que hablarles de que estamos en guerra, que hay enemigos internos poderosos, que está en peligro la Patria y que ellos son la encarnación de la fuerza moral de la nación, por lo tanto los llamados a salvarla. El comportamiento de muchos de ellos ante las movilizaciones sociales es coherente con su pasado reciente, el cual no ha sido del todo expurgado, a pesar de tantas declaraciones de un Nunca Más.

¿Qué pensaran de esto los soldados, suboficiales y oficiales?

¿Qué proceso de análisis mínimo podrá generar un militar reflexivo cuando es enviado a reprimir a gente que exige un sistema solidario de pensiones, porque con el actual la mayoría de las y los trabajadores sacarán una pensión básica que no supera el ingreso mínimo, y en cambio ellos tienen otro modelo, de reparto, que entrega pensiones de calidad e incluso millonarias, financiado justamente por todos nosotros?

¿Qué pensaron esos uniformados enviados a reprimir poblaciones donde la gente ha perdido sus trabajos y está pasando hambre, mientras ninguno de ellos ha quedado cesante, tiene sus buenos sueldos asegurados cada mes, así como su alimentación y la de su familia?

¿Qué pensaron esos uniformados enviados a golpear y disparar contra población indefensa que reclama por una salud digna, mientras ellos y sus familias gozan de un sistema propio, con hospitales propios y dotados de última tecnología y sin tener que estar en listas de espera?

¿Qué pensaron esos uniformados enviados para acallar clamores populares de profesionales de la salud pública que han exigido condiciones mínimas de protección para atender a la gente en esta pandemia y que ante la escasa respuesta gubernamental han tenido que resolver por su propia cuenta, cuando a ellos se les ha provisto centralmente de mascarillas adecuadas, ropa especial, higienización en sus cuarteles y de sus vehículos?

¿Qué pensaran esos uniformados enviados a reprimir a nuestros pueblos originarios que reclaman una cuestión tan básica como saldar la deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con ellos, y en cambio esas mismas instituciones castrenses usan sus simbolismos como ejemplo de valor y reconocimiento y lo expresan por ejemplo en el Petrolero Araucano, la barcaza Elicura, los remolcadores Lautaro y Galvarino para el caso de la Armada; o la Brigada de Operaciones Especiales que se llama Lautaro, así como los destacamentos de montaña Tucapel y Arauco y el destacamento motorizado Caupolicán en el caso del Ejército; o el nombre del avión Pillán en el caso de la Fuerzas Aérea?

¿Qué pensarán esos uniformados enviados a reprimir gente que pide ayuda al Estado para poder sobrevivir el mes siguiente y este les responde con el argumento de que no hay más recursos fiscales y se debe cuidar de no entrar en déficit, cuando se les entrega a las fuerzas armadas cientos de millones de dólares anuales para compras de armamentos que no hemos usado nunca y que seguramente tampoco se usarán en guerra con algún país vecino, pero que en cambio ha servido para los desfalcos más grandes de nuestra historia en beneficio de altos oficiales, algunos de ellos ex comandantes en jefe?

¿Qué pensaron esos uniformados enviados a reprimir a jóvenes, mujeres, hombres, adultos que son chilenos, seguramente muchos de ellos creyentes, trabajadores, la gran mayoría pobres, que tienen ingresos mínimos, que viven en poblaciones hacinadas, con acceso a una salud precaria, esforzados, solidarios y que indudablemente son la mayoría de los habitantes de este territorio, cuando hace pocos días estaban realizando el juramento a la Bandera que dice que “Juro por Dios y por esta Bandera servir fielmente a mi Patria…”, terminando con la aseveración de que “…poner todo empeño en ser un soldado valiente, honrado y amante de mi Patria”.

¿Qué asociación de los conceptos de Dios, valiente, honrado y Patria harán frente a los millones de chilenas y chilenos que creen en Dios, son valientes, muy honrados y también aman a su país, pero que hoy reclaman igualdad, justicia y solidaridad?.

Especial para SICNoticias: Por Carlos Gutiérrez P.