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La victoria soviética histórica sobre el nazismo. Por Carlos Gutiérrez Palacios.

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Este 9 de mayo tendrá un carácter muy especial la conmemoración número 77 de la victoria aliada frente a lo que fue la larga noche nazi sobre Europa, particularmente entre los pueblos que fueron parte de la Unión Soviética y que soportaron la carga más pesada y odiosa ideológicamente, con un costo de alrededor de 25 millones de personas muertas, la mayoría de ellos civiles producto de los ataques de las fuerzas militares alemanas, y de las represalias de las tropas especiales SS que se dedicaron a un verdadero genocidio en los territorios ocupados.

La bandera roja de batalla enarbolada en el edificio del Reichstag en 1945, perteneciente a la 150 División de Fusileros, del 79 Cuerpo de Fusileros, 3° Ejército de Choque, encuadrado en el Primer Frente Bielorruso comandado por el Mariscal Zhukov, hoy ha sido vista nuevamente en un campo de batalla europeo, en manos de ancianos liberados de los territorios del Donbass bombardeados permanentemente desde hace 8 años; en unidades blindadas del Ejército de la Federación Rusa que avanzan por el territorio ucraniano luego de iniciar una operación especial militar que tiene, entre otros objetos, la desnazificación de ese país; en movilizaciones sociales que se han expresado en contra de la actitud europea frente al conflicto.

Es muy llamativa esta resignificación de la bandera de la victoria, teniendo en cuenta que ya no existe la Unión Soviética, ni tampoco el Ejército Rojo, pero sí fuerzas políticas de extrema derecha que, con las consideraciones temporales correspondientes, reivindican postulados políticos e ideológicos enmarcados en una simbología, en una memoria de época y en artefactos culturales propios del nazismo.

Frente a aquello, funciona la otra memoria, la de pueblos que se enfrentaron a la barbarie nazi y la derrotaron, abriendo los espacios reales para la propia reconstrucción de sus estados, pero también liberando consecutivamente a las democracias liberales de Europa occidental, las mismas que hoy hipotecan su memoria bajo la subordinación a un liderazgo hegemónico agresivo y criminal estadounidense, que no trepida en acuerdos espurios con la finalidad de eliminar “competencias” en su desenfrenada lógica de un destino manifiesto contaminada de religiosidad.

Tal cual sucedió en las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX, cuando las democracias europeas ignoraron todas las señales del programa violentistas y anti democrático del nazismo y el fascismo, hoy repitieron su accionar cuando giraron la mirada ante el golpe de estado de 2014 en Kiev, el asesinato de dirigentes sindicales comunistas en Odesa, la colonización del Estado por grupos y líderes de extrema derecha, particularmente en la creación de estructuras militares, y la guerra civil que han llevado durante 8 años contra sus propios connacionales legales en las regiones de Lugansk y Donetsk, pero que son estigmatizados por su lengua y origen étnico ruso.

Hay liderazgos occidentales actuales, que al igual que sus antecesores históricos, son consumidos internamente por su anti rusismo (ya sea en las variantes imperiales, soviética o capitalista actual), y avalan cualquier instrumento que les conduzca en la dirección de la derrota del pueblo eslavo. Así fue en su momento cuando constituyeron en 1918 la coalición que invadió a la naciente república soviética; el apoyo que entregaron a las fuerzas blancas zaristas en la guerra civil (1918-1923); en la negación del apoyo a la atacada república popular española (1936), con la secreta esperanza que la alianza ítalo-alemana la destruyera y detuviera el peligro rojo en Europa. Y también en la oculta estrategia durante la Segunda Guerra Mundial que se acomodaba esperando el desangramiento de los alemanes, pero especialmente del estado soviético y su proyecto bolchevique.

Esas actuaciones se reflejan hoy en el calculado velo que tienden sobre las unidades militares ucranianas auto identificadas con el nazismo (Azov, Donbass, Sector de Derecha, Aydar, Dnipro-1, Tornado, etc.) y sus actuaciones criminales contra la población civil del Donbass, así como la falta total de respeto a los protocolos de un conflicto armado, como son el trato de prisioneros, el uso de civiles como escudos humanos, y la infraestructura civil para instalar puntos de tiro. Nada de esto importa para la civilizada democracia liberal europea, si de matar rusos o pro rusos se trata. El fin último es derrotar al competidor estratégico, a Rusia, y allí el fin justifica los medios.

Tampoco genera resquemor alguno en los países europeos ser parte activa del conflicto, como un beligerante más, entregando armas por doquier a sabiendas de las propias restricciones diplomáticas convencionales y de que el instrumento en sí mismo no es lo determinante. La clave está en el mensaje.

Vuelven a repetir errores recientes, como fue el tráfico de armas destinado a grupos que le eran serviles a sus objetivos políticos de coyuntura (Libia, Afganistán, Siria y otros), y que prontamente terminaron en manos de organizaciones terroristas que se volcaron contra ellos mismos. En esta ocasión, tal activismo armamentista unido a las fronteras porosas de esos países y la tipología de grupos que rondan estas crisis, auguran futuros aún más inciertos para la seguridad de la región.

Así misma ha sido la actitud europea frente a las oleadas de mercenarios que han ido a ofrecer sus servicios a Ucrania. Según primeras estimaciones, bordearían los 20.000, provenientes de países europeos y de otros subordinados al imperio estadounidense, que conjugan un interés monetario, una cultura de la violencia y un pergamino ideológico, pero en ningún caso una odisea nacional ni democrática.

Cuando el relato del apoyo atlantista a Ucrania se viste de una lucha por la libertad y la democracia, está clara la obligación de ocultar estas realidades en el sótano de la vergüenza.

La realidad actual nos muestra que la lucha histórica contra el nazismo o el neo-nazismo sigue siendo una tarea permanente. Lo ideal es que las armas a usarse fuesen las propias de la democracia, la organización y la movilización de las sociedades, pero en esto las democracias liberales europeas una vez más no solo actúan tarde, sino que con desidia y una miopía muy interesada de corto plazo.

Hoy asistimos a que varios gobiernos europeos han suspendido la participación de representantes rusos en los homenajes a la victoria contra el nazismo de 1945, así como prohibir la exhibición pública de imágenes de diseño soviético relativas a esta conquista histórica. Líderes del gobierno ucraniano han amenazado con bombardear desfiles del Regimiento de los Inmortales (más allá del nombre, es bueno recordar que es una marcha de civiles, parientes de los caídos en la gran guerra patriótica) que se realicen en la región del Donbass (una amenaza terrorista que no ha tenido comentario alguno de los demócratas europeos).

Esta actual coyuntura crítica originada por el conflicto ruso-ucraniano tiene muchas variables, que seguramente determinarán el futuro mediato y de largo plazo en esas respectivas dimensiones. Sin lugar a dudas, una de ellas es la que dice relación con la memoria histórica y los significados presentes y futuros que tiene.

La victoria histórica del pueblo soviético sobre el nazismo es imborrable. La perspectiva de aquella epopeya sigue marcando el propio desarrollo libre y democrático del mundo actual y de Europa en particular, y seguramente continuará siendo un referente ineludible de luchas futuras contra la xenofobia, el racismo, el supremacismo blanco y el neo-nazismo.

Por Carlos Gutiérrez Palacios.

OPINIÓN: Los calzones de Izkia Siches. Por Jaime Huenún Villa

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La flamante ministra del interior ha tenido hoy una participación protagónica en el ya eterno y aburridor western de La Araucanía. Su literal bautizo de fuego, sin lugar a dudas. Cincuenta balazos al aire y dos vehículos en llamas en Quechereguas, a pocos kilómetros de Ercilla, detuvieron la caravana estatal que encabezaba, obligándola a dar presurosa marcha atrás.

La cara más visible del nuevo gobierno feminista, curada de espanto, pudo haber tomado el primer avión para retornar a su confortable oficina ministerial. Pudo también culpar del ataque al patotero patriarcado indigenista o ultraderechista, que aún campea en los pueblos y territorios sureños. Pero nada de eso ocurrió. A las pocas horas del infausto sucedido, la vimos conversando afablemente con el padre de Camilo Catrillanca y contestando, sin secuelas de estrés postraumático, las preguntas de la prensa. ¿Qué hubieran dicho sobre esta emboscada Chadwick, Burgos, Aleuy, Harboe y toda esa manga de sujetos atrabiliarios que manejaron a su pinta y amaño la seguridad nacional?

El hecho se tomó las pantallas y las RRSS y nos liberó, por unas horas, de los horrores rusos y ucranianos para dejarnos ante nuestra propia irresuelta guerra interna. El primer día hábil de la administración de Boric no fue, claro está, una beatífica taza de leche, sino más bien una quemante chupilca del diablo. Y la derecha barbárica y sus secuaces, era que no, aprovecharon de hacer gárgaras contra la violencia que ellos mismos han ayudado a instalar y mantener.

¿Se equivocó Siches al intentar ingresar al Lof Autónomo de Temucuicui? ¿Fue mal asesorada, dejándose llevar por un entusiasmo mesiánico y voluntarista? ¿Hizo caso omiso de los ancestrales protocolos mapuches para este tipo de reuniones? ¿Improvisó burdamente lo que debía ser una delicada operación diplomática en medio de un polvorín? Seguramente se regarán litros de tinta y de saliva para responder estas preguntas, aunque, a mi juicio, la ministra hizo lo que ningún alto representante del Estado – salvo Francisco Huenchumilla – quiso o pudo hacer.

Provista tal vez de un coraje o una ingenuidad temeraria, intentó ni más ni menos que dar la cara ante una comunidad y un territorio acorralados por la mala prensa, la represión, las forestales, la erosión, la falta de agua y la pobreza extrema. Sólo con ese gesto, esta doctora medio aimara, con ojos achinados, crecida en Maipú, educada en un colegio picante que nadie conoce, tuvo más calzones que las autoridades que se jactan -matiné, vermú y noche-, de llevar muy bien puestos sus varoniles bóxer y pantalones.

FUENTE : Redes Sociales

La inevitabilidad de la guerra en Europa. Por Patricio Escobar.

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Finalmente, la crisis observada en su desarrollo las últimas semanas acabó de la peor manera: en un enfrentamiento abierto desatado con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Era posible una alternativa distinta, que evitara un escenario que nadie en Europa deseaba imaginar? Aparentemente no.

La actual situación de enfrentamiento armado en que ha derivado el conflicto entre Rusia y Ucrania, poco tiene que ver con la personalidad de Vladimir Putin o el carácter de su gobierno, que ciertamente es de un marcado nacionalismo conservador, aunque sin estar más al extremo de otros gobiernos de ese signo en Europa durante los últimos años. Esta crisis es resultado de una suma de variables e intereses que, lenta e inexorablemente, fueron conduciendo a este desenlace.

El equilibrio estratégico de la Guerra Fría

La razón por la que una guerra nuclear entre las grandes potencias no se produjo durante la llamada Guerra Fría, se conoce como “destrucción mutua asegurada”. Esto significa que, si una superpotencia atacaba a la otra con armas nucleares, inevitablemente la atacada podía responder del mismo modo, puesto que el tiempo que tardaban los misiles en volar desde USA a la URSS y en dirección opuesta, era de cerca de 25 minutos, mientras que el tiempo de respuesta de quien detectaba la amenaza era de 5 minutos.

Con la instalación de misiles nucleares en los países pertenecientes a la OTAN, desde los años 50 en adelante, ese tiempo se redujo hasta los 20 minutos. Sin embargo, luego de la caída del Muro de Berlín la OTAN inició su acercamiento hacia las fronteras de la Federación Rusa, llegando a instalar misiles en Polonia y Rumanía, acortando el tiempo de impacto de los misiles en Moscú a 15 minutos, tiempo que todavía permitía la respuesta de Rusia.

La intención de incorporar a Ucrania a la OTAN echa por tierra la restricción que supone la destrucción mutua asegurada, por cuanto el tiempo de vuelo de un misil lanzado desde la frontera de Ucrania solo es de 5 minutos para llegar a Moscú. Por esa razón Rusia no puede aceptar la incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica, puesto que es un auténtico problema de seguridad nacional. Una vez incorporada Ucrania a ese pacto, nada puede evitar que se instalen los misiles en su territorio, ni siquiera la voluntad contraria del gobierno ucraniano.

La “alternativa” a la invasión

¿Rusia tenía que invadir Ucrania? Sí. Si suponemos que Rusia no hace nada, en el escenario precrisis, todo indica que Ucrania ingresaría finalmente a la OTAN. La caída del gobierno de Yanukovic en el 2014 es resultado directo de esa constatación. El acercamiento hacia la UE durante varios años enfrentó en cierto momento la condición de ingresar simultáneamente a la OTAN; lo que Rusia hizo en ese instante fue alertar al gobierno ucraniano de que no podía permitir aquello. Cuando el presidente Víktor Yanukovich quiso dar marcha atrás, la ultraderecha y los sectores que se sentían más cercanos a la alternativa de ingresar a la UE iniciaron una movilización social que se transformó en revuelta popular al recibir el impulso de la UE y USA (que ya tenían experiencia en promover la desestabilización, como hicieron en el caso libio en el 2011).

El resultado lo conocemos: cayó el gobierno de Yanukovich y asumió el poder un representante de la oligarquía ucraniana, con fuertes lazos con los movimientos neonazis, profundamente arraigados en ese país. Esto llevó a Rusia a impulsar un referéndum en Crimea, donde tiene la principal base de la flota del Mar Negro y donde el 90% de la población es rusoparlante. El resultado fue la anexión de Crimea a la Federación Rusa.

Simultáneamente, el gobierno de Vladimir Putin incentivó la rebelión de las regiones ubicadas en la cuenca del río Don, lo que dio lugar al surgimiento de dos repúblicas independientes, Lugansk y Donetsk, y motivó el inicio de la guerra de sus milicias, apoyadas por Rusia, contra el ejército de Ucrania, que trataba de recuperar la región. El conflicto se intentó cerrar con los llamados Acuerdos de Minzk, en que Rusia se comprometía a no reconocer la independencia de las regiones rebeldes, y Ucrania a proponer un estatuto de autonomía especial para estas regiones, que tienen una población de mayoría rusa.

Luego de ocho años se estima que han muerto cerca de 15 mil civiles en el Dombass, producto de las rupturas por parte de Ucrania del alto al fuego acordado, dado que, muy tempranamente, el gobierno ucraniano de Petro Poroshenko declaró que no cumpliría el acuerdo firmado.

¿Rusia tenía que invadir Ucrania? Sí. Estaba obligada a hacerlo y neutralizar la capacidad ofensiva y defensiva del país, lo que supone un enfrentamiento en todo el territorio, ojalá con los menores impactos colaterales en vidas de civiles, para evitar mayores costos frente a la opinión pública internacional. ¿Por qué ahora? Porque una vez que Ucrania ingresara a la OTAN, Rusia no podría hacer nada para evitar la amenaza, a condición de exponerse a un enfrentamiento con la Alianza y el riesgo alto de que, en inferioridad de condiciones, ese enfrentamiento derivara en el uso de armas nucleares. Para evitar ese escenario, Rusia debía invadir ahora a Ucrania de manera inevitable.

Ciertamente la situación no es resultado de un sino trágico e ineluctable. Las acciones de los distintos agentes involucrados tienen como trasfondo el amplio mercado del gas natural en Europa, actualmente en manos de Rusia, y al que desea acceder Estados Unidos con su gas natural licuado.

Las alternativas de desenlace

Si el proceso se decanta según los intereses de la UE y USA, lo que significa que Rusia se retira de Ucrania aceptando que este país ingrese en la Alianza Atlántica. Estados Unidos habrá ganado un gigantesco mercado para su gas natural de esquisto y al mismo tiempo cercado finalmente a Rusia, neutralizándola como adversaria en el orden mundial. En esa condición podría volverse con más libertad contra su nuevo desafiante, China.

Si, por el contrario, el proceso se decanta en favor de Rusia y Ucrania se convierte en un país ocupado o que acepta alguna forma de neutralidad, se acelerará la ruptura de la Alianza Atlántica y Europa deberá buscar una nueva identidad propia que no reniegue de la parte oriental del continente y, más que competir, aprenda a colaborar con sus parientes eslavos.

La única situación intermedia que existe es que no se produzca una salida clara en Europa y el conflicto se enquiste. En ese caso, el contendiente mejor aspectado es Rusia, por cuanto los acuerdos establecidos con China le permiten mantener el volumen de sus exportaciones de gas y al mismo tiempo cerrar una alianza más estrecha con el gigante asiático. En ese cuadro, los damnificados son Europa y USA: los primeros, porque quedan energéticamente en manos de USA y con una independencia política reducida, y los segundos, porque verá, inexorablemente, desplazarse el eje de la hegemonía mundial desde el Atlántico hasta el Pacífico.

Los procesos de la política internacional poco tienen que ver con las caricaturas que se pintan como parte de la guerra de información que rodea a los conflictos. El mundo de buenos y malos está muy alejado de la realidad y da muy poca cuenta de las reales causas que explican la Historia.

Patricio Escobar, Barcelona

Febrero ; 2022

Segunda vuelta presidencial: 4 consideraciones ineludibles. Por Pavel Guíñez Nahuelñir.

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1)Visto en una perspectiva larga, solo en la última década hemos asistido a un alza sostenida de los proyectos transformadores si tomamos como referencia el ciclo abierto el 2011, y que en el ámbito electoral se expresa desde el 2013, lo del 21 de noviembre, no era lo que se quería (básicamente porque siempre queremos ganar) pero de ninguna manera es una derrota, en retrospectiva la primera aventura de estas características fue Marcel Claude, quien obtuvo el 2.6%, luego Beatriz Sánchez con el 20% y hoy con Gabriel Boric se registra un 25.83%, así las cosas es dable afirmar que un proyecto postneoliberal se consolida a expensas de un desfonde de la Nueva Mayoría (NM), mientras que la ultraderecha se parapeta y crece a costas de la «centro derecha» y/o «derecha popular».

Hay fenómenos que alegran: el crecimiento en el rendimiento de Apruebo Dignidad es relevante en términos de diputados y senadores, el Partido Comunista (PC) vuelve al senado y queda con 10 diputados, los partidos del Frente Amplio (FA) multiplican sus diputaciones y se consolidan los bloques de izquierda mientras se debilita la ex NM, en el centro, se cambian los ropajes entre el independentismo de Parisi, Sichel y Provoste, y la derecha en tanto se radicaliza, la UDI comienza a sufrir el síndrome DC, e ingresan al parlamento esperpentos como Gonzalo de la Carrera, del Partido Republicano.

2)Sin perspectiva histórica, los resultados parecen demoledores. Revisando votaciones previas, Parisi ,por ejemplo, que hoy se concibe como un fenómeno por su 12.8%, el 2013 obtuvo el 10.11% ya convirtiéndose en tal, al tiempo que las votaciones en La Araucanía el 2017 Piñera y Kast, juntos, obtuvieron el 54.20%, hoy Kast y Sichel suman el 52.56%.

Pero además Kast, numéricamente, obtiene los votos del rechazo y 326 mil más (lo que no es «tanto» mas) y por su parte Boric obtiene números similares a los obtenidos en la primaria de Apruebo Dignidad con 67mil más a su haber, lo que representa cuando menos, un estancamiento.

El escenario es complejo no porque Kast salga 1ro, sino porque su alza es constante, mientras que Boric en el mejor de los casos, se estanca en ese electorado, lo que indica que no hay más espacio a errores y se requiere un giro muy relevante que permita convocar al 52% que no votó o en su defecto, al 80% del Apruebo, disperso en los otros candidatos que no superaron la primera vuelta.

3) Mientras la borrachera del 80-20 se disipa, hay que entender que la gente ansía tanto los cambios como las seguridades y odia más la delincuencia que el origen de su causa, y en ese claroscuro, ubicado entre la necesidad del cambio y el temor a él, es normal que triunfe el miedo cuando no hay certezas de que la transformación ocurra sin dolor, sin hambre.

Esa certeza, de que podemos cambiar para mejor, es la que debemos construir preocupándonos de los temas que de verdad duelen en las mayorías: derechos con seguridad; propuestas claras, viables, de corto alcance y con fechas definidas.

4) La oportunidad a la que asistimos es histórica, no solo porque por primera vez en más de 40 años, la gente quiere transformaciones fundamentales y hay un proyecto que las encarna, pero no nos olvidemos que también, esa misma gente quiere tener la seguridad de que no lo pasará mal y así lo demuestra la votación de ayer.

Ganar implica ser capaces de convocar a ese amplio pueblo con sus temas y banderas, no las nuestras asumiendo además que las carencias del comando, o los comandos, se pueden trabajar adecuadamente si se abren los espacios que permitan que el sol entre al cuarto oscuro de la definición política que, hoy por hoy, solo incluyen a los asesores técnicos PhD y caballeros poderosos de las directivas partidarias.

Hoy, para construir mayorías en una sociedad que dejo de ser oveja hay decisiones que requieren incluir otras miradas, sus miradas, nuestras miradas, «menos cuicos y más pueblo«, compartir poder sin subordinar y eventualmente, en varias áreas, ceder el protagonismo a actorías sociales que, de seguro, no olvidaran los índices numéricos formales.

Vencer al fascismo requiere el mayor de nuestros sacrificios y la mejor de nuestras disposiciones.

Por Pavel Guíñez Nahuelñir,  Mapuche, Sociólogo

La Defensa, las FF.AA. y la Constitución para un Chile que cambió – GADFA

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Todos los Estados cuentan con una Política de Defensa Nacional como una responsabilidad más de sus relaciones con otros Estados. En lo que sigue, haremos una crítica a la concepción que prevalece en la actual Constitución chilena y desarrollaremos algunos conceptos generales respecto a qué concepción de defensa proponemos para nuestro país y qué rol deberían desempeñar las FF.AA. en ella. Para finalizar, nos referiremos a aquellos aspectos de la Defensa y las Fuerzas Armadas que debería contemplar nuestra nueva Constitución.

I.     La Defensa: algo más que lo militar

Siguiendo la Carta de las Naciones Unidas, la Defensa se refiere al conjunto de políticas que permiten al Estado responder a la amenaza o al uso de la fuerza contra su integridad territorial o su independencia política. En este marco, el aspecto militar (las FF.AA.) tiene un rol central, pero no es el único en intervenir. Hay otros factores necesarios de tener en cuenta, como, por ejemplo, la política exterior implementada por el Estado, el grado de gobernabilidad y desarrollo económico del país, su estabilidad institucional y cohesión social, entre otros. El conjunto de estos diversos aspectos determina lo que se conoce como la “estatura estratégica” del Estado. Mientras mayor sea esta estatura estratégica, estará en mejores condiciones de influir en su región para establecer relaciones pacíficas con sus vecinos y, por lo tanto, defenderse de posibles agresiones.

De esta manera, la Defensa es un tema político general, no solo un tema militar; es una función del Estado que involucra un abanico de políticas desplegadas a lo largo del tiempo. Las FF.AA. son tan solo uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para su defensa militar; en estricto rigor, son un servicio público y, en tanto tal, no deben ser autónomas ni actuar sin una orden de sus órganos superiores. Es, por lo tanto, una inconsistencia democrática considerarlas un poder del Estado. Y en esa perspectiva, nos parece un grave error reducir la función estatal de la Defensa a solo su aspecto militar.

II.    Las FF.AA. en la actual Constitución: confusiones conceptuales y la tendencia a la militarización

Una de las principales medidas de la dictadura militar fue refundar las FF.AA. y de Orden, lo cual quedó encarnado principalmente en los capítulos XI y XII de la actual Constitución, que las conforma como un nuevo poder del Estado (el poder de Seguridad), otorgándoles una amplia autonomía institucional e incluyéndolas en organismos facultados para tomar decisiones en diversos ámbitos no militares del Estado.[1] Estas prerrogativas no las tiene ninguna institución vinculada a áreas tan importantes como la salud, la educación, el sistema de pensiones, la vivienda, ni ninguna otra necesidad social, que son componentes esenciales para el desarrollo y la cohesión social que sustentan la estatura estratégica del Estado. Analicemos con más detalle algunos ejemplos.

[1] En la actual Constitución aparecen como poderes del Estado: Cap. IV: Presidente de la República; Cap. V: Congreso Nacional; Cap. VI: Poder Judicial; Cap. VII: Ministerio Público; Cap. VIII: Tribunal Constitucional; Cap. IX: Justicia Electoral (Tribunal Calificador de Elecciones); Cap. X: Contraloría General de la República; Cap. XI: Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; Cap. XII: Consejo de Seguridad Nacional; y Cap. XIII: Banco Central.

  1. En el primer párrafo de su Art. 101 del Cap. XI, la Constitución actualmente vigente plantea: “Las FF AA. dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. En este párrafo se condensan los principales problemas de que adolece el ordenamiento jurídico respecto a la Defensa en nuestro país. Estos son:
  2. La defensa es una política de carácter general, que abarca diferentes dimensiones. Al Ministerio de Defensa le corresponde conducir las FF.AA., es decir, la dimensión militar de la defensa.
  3. El uso de los conceptos “patria” y “seguridad nacional” para definir el rol de las FFAA.,[1] con su vaguedad y múltiples significados posibles, contribuye a crear la idea de que las FF.AA. defienden una suerte de esencia de la sociedad, por lo que su ámbito de acción no puede ser delimitado claramente.
  4. Otro aspecto confuso y no menos intencionado se refiere al concepto de “seguridad”, que aparece en el mismo Art. 101 citado anteriormente, y que trata sobre los objetivos de las FFAA., porque en él se agrega: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas disciplinadas”.
  5. Se puede apreciar que se incluyen, en un mismo artículo, temas y objetivos de las Fuerzas de Orden y Seguridad y temas de las FFAA., solo por la similitud en uno de sus aspectos, el ser “cuerpos armados”. Vale decir, se toma un factor externo, un conjunto de instrumentos, como identificación y esencia de una categoría conceptual. Se pretende, además, asentar aún más esta identificación, aplicando el término de “seguridad” a ambas realidades, sin considerar la fundamental diferencia de objetivos, doctrinas y medios con que se cuenta en cada ámbito. Esto lleva a diluir la gran diferencia que hay entre la Defensa (que por su esencia se refiere a la seguridad exterior) y el Orden Público (o referido al interior). Amparándose en el concepto general de “seguridad”, se intenta identificar el campo externo con el interno y construir la idea de que una inseguridad general acecha al Estado, abriendo una nueva puerta para la intervención de las FF.AA. en la política interior. Por ello es preferible utilizar el concepto de Orden Interno en lugar de Seguridad Pública, ya definido por la Corte Suprema como la protección del pleno ejercicio de las libertades y derechos civiles.
  6. Por lo dicho, los objetivos y especificaciones de los roles de ambas instituciones, por una parte, y el ser obedientes, no deliberantes, jerarquizadas, profesionales y disciplinadas, por otra, deben ser definidos tanto para las policías como para las FFAA., de manera independiente, en sus leyes específicas, y no fundidos en un artículo único de la Constitución. También en esta idea, a nivel de leyes y no de la Constitución, debería definirse un Ministerio de Defensa del cual dependerían las FF.AA., y otro Ministerio de Orden Público, del cual dependerían las policías, con objetivos y funciones muy claras y con una política con proyección estratégica, distanciándola de la política coyuntural que tiene el Ministerio del Interior.

Cabe acotar que esta ambigüedad conceptual no solo está presente en la Constitución, sino también en las leyes referidas a las FF.AA. y en otros documentos emanados desde el Ministerio de Defensa; entre ellos, por ejemplo, el Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010, donde se incluye una serie de conceptos, bajo el rubro de “Supuestos Constitucionales de la Defensa”, tales como “preservación de la nación”, “mantenimiento de la soberanía”, supuestos que permitirían “orientar y dar coherencia a la actividad global del Estado en materia de Defensa”. Por otra parte, en el Libro de la Defensa de Chile 2017 se reemplaza el concepto de “Supuestos Constitucionales” por el de “Bases Constitucionales de la Defensa”, entre las cuales aparecen conceptos como “seguridad nacional”,

[1] Así también, nuestra actual Constitución, en el Cap. III De los Derechos y Deberes Constitucionales, en su Art. 22 inc. 2º declara que “los chilenos tienen el deber de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional…”.

  1. “protección a la población”, “defensa de la patria”, “defensa de la soberanía”, “resguardo de la soberanía física”, “preservación de la nación”, “seguridad interior”, “defensa de la Constitución”, entre otros. Analicemos brevemente alguno de estos términos.

Defensa de la soberanía: Se conocen tres tipos. La soberanía nacional (referida a la autodeterminación sin injerencia externa), la soberanía popular (referida a que todos los poderes deben emanar del pueblo) y la soberanía física (referida a la preservación de la integridad territorial). Al portar esta triple significación, el “defender la soberanía” en general da pie a que las FF.AA. intervengan en la soberanía popular; vale decir, en las decisiones que tome el soberano. Sin embargo, no deben ser las FF.AA. quienes deban defender el derecho que tienen los pueblos a generar sus organismos de poder; por el contrario, este soberano es el que tiene que ejercer su poder sobre las propias FF.AA.

Defensa de la patria: También es una idea demasiado vaga para adjudicarla como objetivo de las FF.AA., pues en la noción de patria pueden incluirse la cultura, las tradiciones, el sistema político, etcétera, como sus componentes y, por tanto, objetos de la defensa.

Preservación de la nación: El concepto de nación se ha utilizado para la preservación de un supuesto ethos inmaterial, trascendente e inmodificable y único, que definiría la esencia de un pueblo. En esta concepción no solo se desconoce la plurinacionalidad y la diversidad cultural, sino que de ella han derivado todos los chovinismos conocidos.

Seguridad interior: Se habla de seguridad interior, sin definir de modo preciso tal concepto. Esta vaguedad abre la puerta a la participación de las FF.AA. en la política interior.

Defensa de la Constitución: No es lo mismo respeto a la Constitución que defensa de la Constitución. Las FF.AA. no están para defender la Constitución, solo deben respetar la Constitución vigente y las modificaciones o cambios de esta que hagan los organismos democráticos del sistema político. En otras palabras, la defensa de la Constitución es una labor política y jurídica, no militar.

Seguridad nacional: Este concepto solo está definido —y de manera vaga— en el DS Nº 216/1960 del Ministerio de Defensa Nacional, según el cual “se entenderá por seguridad nacional toda acción encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país…”. Tal enfoque está presente, además, en los códigos Orgánico de Tribunales, Procesal Penal, Aeronáutico, Minería, del Trabajo, Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, Ley Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y la que creó la Agencia Nacional de Inteligencia. Ahora bien, es razonable procurar la preservación del orden jurídico institucional del país (si dicho orden responde al ejercicio de la soberanía popular), no obstante, tal noción de “preservación del orden jurídico institucional”, según los términos establecidos en el mismo Decreto 216, no tiene relación alguna con ningún peligro exterior. Y si las FF.AA. son llamadas a defender la seguridad nacional según ese significado, y no como la acción necesaria frente a un peligro exterior, ello les abre las puertas para su intervención en la política interior, en muchos ámbitos que la ley actualmente vigente relaciona con la llamada “seguridad nacional”. El listado es largo, pero podemos mencionar, como ejemplo, la libertad de enseñanza, el derecho a huelga, la identidad nacional, los estados de excepción, las penas judiciales, entre otros. Catalogar esos distintos ámbitos como posibles fuentes de inseguridad nacional debilita la soberanía popular y opera como un principio ideológico y de control.

Polivalencia: Otro conjunto de problemas o situaciones a los que las FF.AA. se ven llamadas a enfrentarse —tales como la lucha contra el narcotráfico, el control de fronteras, la inmigración ilegal, los incendios forestales, la salud pública, las labores de seguridad interior, y otros— se derivan de su definición equivocada como polivalentes fuera del ámbito militar, lo que implica que puedan participar, incluso como conductores, en ámbitos que no le competen.

Los aspectos señalados crean —o llevan a crear— una nebulosa conceptual en la materia, en cierta manera intencionada, pues está profundamente vinculada a una concepción de la Defensa y las FF.AA. basada en la Doctrina de Seguridad Nacional vigente en la actual Constitución, y que favorece que ellas intervengan en la política interior del Estado.

Dado el escenario brevemente descrito, se hace imprescindible fortalecer la sintonía de las FF.AA. con las permanentes transformaciones observadas en la sociedad. El histórico problema cultural de su encapsulamiento social se ve reflejado en ciertas tradiciones o costumbres, tales como el juramento “por Dios y esta Bandera” (y no lealtad a la Constitución, como es habitual en países democráticos), establecido en la Ley N° 10.544/1952 (que fija la fórmula para el juramento a la bandera que deben hacer las FF.AA.). Su distancia de la sociedad civil también se hace evidente en otras situaciones, tales como un diferenciado y ventajoso sistema previsional, en la educación de sus hijos en colegios administrados por fundaciones presididas por oficiales superiores, en la relación especial con grupos de poder y en el uso de sistemas especiales de bienestar, salud y villas militares, entre otras manifestaciones de aislamiento social. En particular será importante incentivar y reglar la participación de las FF.AA., en conjunto con el mundo civil, en temas atingentes a la defensa nacional y a su desarrollo institucional. Para ello es imprescindible impulsar, a través del Ministerio de Defensa, su integración real con la comunidad, acorde con un proyecto común de país y según lo dispuesto en la Ley N° 20.500/2011 (sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública) y otras leyes específicas.

III.  Criterios de la política de Defensa en la nueva Constitución

Como hemos venido analizando, la actual Constitución conforma una arquitectura de conceptos ambiguos que se prestan a interpretaciones que permiten ampliar el ámbito de acción de las FF.AA. más allá del propiamente militar de la defensa. En la nueva Constitución Política de la República es necesario establecer que la Política de Defensa Nacional debe:

  • Tener un carácter preventivo y de respeto al derecho internacional, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.
  • Estar vinculada con una política exterior que debe poner el acento en la colaboración y búsqueda de paz, basada en el multilateralismo, destacando una inserción colaborativa en la región.
  • Contemplar “resguardos democráticos” respecto a las FFAA., esto es, definiciones mínimas que expliciten sus objetivos generales y aspectos de su mando, para asegurar su dependencia estricta a los poderes democráticos.
  • Remarcar que la Defensa Nacional es distinta del Orden Interior.
  • No incluir a las FF.AA. como un poder del Estado.
  • Establecer que las FF.AA. serán reguladas a nivel legal.

Hemos planteado que el resto de las definiciones sobre las FF.AA. deben ir en leyes específicas:[1] lo referente a sus objetivos particulares, composición, estructuración, dependencia, presupuestos y otras materias pertinentes, deben ser materia de ley, al igual que lo son las políticas económicas, las de educación, de salud, y otras. Tales leyes deben resolver variados problemas. En particular:

  • La carencia de una conducción efectiva de las FFAA. por parte de los organismos democráticos.
  • La ausencia de una conducción única, pues actualmente cada rama tiene un alto grado de autonomía. Tal conducción debe darse no solo por parte de los organismos democráticos, sino también por lo que debiera ser el órgano superior de las FF.AA., el Estado Mayor Conjunto (EMCO), para hacer posible que el Ministerio de Defensa pueda dirigirlas con una política común a todas las ramas.

IV.   Propuestas para la nueva Constitución

Asumimos como ideas fuerza para la elaboración de la nueva Constitución, los siguientes criterios:

  • Eliminar la Doctrina de Seguridad Nacional.
  • Separar la defensa exterior de la protección del orden público.
  • Fortalecer un efectivo liderazgo y conducción de la Defensa por las autoridades democráticas.
  • Fortalecer el rol del Poder Legislativo.
  • Suprimir la autonomía militar.
  • Proteger la profesionalización militar.
  • Terminar con los efectos de militarización interna que se derivan de la “polivalencia militar” y el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción.
  • En la Constitución debe ir lo relativo a la Defensa; y lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, en las leyes.

La forma en que se concreticen las propuestas que exponemos a continuación dependerá del sistema de gobierno que finalmente surja en la nueva Constitución. Por ello, nos referiremos a “poderes” (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) más que a cargos (Presidente) o instituciones (Congreso), por ser términos que permiten adaptarse a diversos tipos de gobierno.

  1. En capítulo Poder Ejecutivo, proponemos que se señale que a la Jefatura del Estado le corresponderán las siguientes atribuciones en relación con las FFAA.:
  • Ejercer la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, crisis y estado de guerra; disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto.
  • Designar al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a los Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y conferir el grado a los oficiales generales, con acuerdo del Poder Legislativo.
  • Proponer al Poder Legislativo la Política de Defensa Nacional, con la asesoría del Consejo de Política Exterior y Defensa Nacional, que será materia de ley.
  • Pedir la aprobación del Poder Legislativo para declarar el estado de guerra.
  • Remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a los Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y a los oficiales generales, informando al Poder Legislativo.

[1] Cabe destacar que la Constitución de 1925 no contiene ningún capítulo, ni ningún artículo especial que se refiera a las FF.AA. Solo aparecen referencias al tema militar en relación con las atribuciones de la Cámara de Diputados (Art. 39), atribuciones del Presidente (Art. 72), en el capítulo sobre Garantías Constitucionales, en su Art. 22 (“La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar”) y referencias laterales en algunos acápites de los Art. 23, 39, 44, 66 y 72.

  1. En el capítulo Gobierno, proponemos que se indique:
  • Las Fuerzas Armadas tendrán como única y exclusiva función contribuir a la legítima defensa para responder a una amenaza o uso de una fuerza exterior contra la integridad territorial o a la independencia política, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas.
  • Formarán parte del Ministerio de Defensa Nacional.
  • Su organización y mando será conjunto, de acuerdo con lo dispuesto en su Estatuto Orgánico.
  • Serán profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, no deliberantes y obedientes a los poderes democráticamente generados por el ejercicio de la soberanía popular.
  1. En el capítulo referido al Poder Legislativo, proponemos que se establezca entre sus funciones:
  • Discutir y aprobar la Política de Defensa Nacional presentada por la Jefatura del Estado.
  • Fiscalizar el cumplimiento integral de la Política de Defensa Nacional.
  • Aprobar la declaración de estado de guerra.
  • Aprobar, a proposición del Poder Ejecutivo, las designaciones del Jefe del Estado Mayor Conjunto, los Comandantes en Jefe y los oficiales generales de las distintas ramas de las FFAA.
  1. Respecto de los Estados de Excepción Constitucional, proponemos:
  • La participación de las FFAA. en labores relacionadas a catástrofes naturales, atendiendo a ciertas capacidades de su personal e infraestructura, sin que eso debilite a los organismos civiles que tienen la responsabilidad en ese campo.
  • Subordinar la fuerza militar a la conducción civil establecida para encabezar el Estado de Excepción Constitucional.

Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA)

OPINIÓN: El nuevo Chile que se gesta entre octubre de 2019 y mayo de 2021. Por Leonardo Yañez Silva.

estallido

“Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la         traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho mas temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973.

Es evidente que el estallido de octubre de 2019 fue gestándose décadas antes. Muchas veces se dijo, aludiendo al alza del pasaje del Metro santiaguino en esa fecha, que no eran 30 pesos sino 30 años. En efecto, fueron 30 años de continuidad, profundización y perfeccionamiento de un modelo económico salvaje, que hizo gala del llamado espíritu “republicano” al que rinde pleitesía R. Lagos, émulo aventajado del “arquitecto de la República” y de su ideario de “obediencia de la sociedad civil frente al orden y la autoridad”.

Claro está, a su vez, que éstos 30 años estuvieron antecedidos de 17 años del período más  horrendo de la historia independiente de Chile por la tortura, el crimen político y la desaparición forzada de los adversarios; el robo a la luz del día de las riquezas nacionales, la destrucción de los sistemas públicos de salud, de educación y de previsión de los chilenos. Generador de un modelo de desarrollo obsecuente al capital extranjero, incapaz de todo esfuerzo independiente, soberano y nacional, como respuesta a los requerimientos básicos de la población y a su mantención en el tiempo.

No hay duda alguna que aquellos jóvenes secundarios que saltaron por encima de los torniquetes del metro, en O-2019, y que recibieron de casi toda la casta política tradicional el reproche despectivo de que su esfuerzo “no había prendido”, son uno de los muchos y principales artífices de las últimas elecciones. Centenares de muchachas y muchachos tuvieron que perder total o parcialmente su visión ante los disparos de las fuerzas policiales por desafiar el “orden”. Miles de mujeres y hombres, tuvieron que sufrir la brutalidad militar y policial por no ser obedientes ante la estupidez de la autoridad. Miles aún se encuentran en las cárceles por meses o años sin cargo alguno, otros han sido condenados a penas aberrantemente largas, nunca vistas en los casos de corrupción de cuello y corbata, como por ejemplo para los hijos de empresarios y políticos que conduciendo borrachos dan muerte a una persona y aún así se mantienen libres y sin condena. Los jóvenes de la revuelta evidentemente contribuyeron junto a millones de chilenos a modificar el pestilente encuadre político que se arrastra desde los inicios de la democracia tutelada en 1990.

Han transcurrido más de 30 años. No habrá hechos ni cifras significativas para ubicar este periodo en la historia del país, sólo habrá una larga lista del oprobio:

  • Una institución como Carabineros que obedece directrices políticas heredadas de la dictadura, violenta masiva y sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos y transforma el presupuesto que la Nación le ha confiado para combatir la delincuencia y el narcotráfico en la caja chica del Alto Mando y sus esposas.
  • Gobiernos inoperantes en dar solución a los principales problemas de la mayoría como el actual, pero también los de la “Des-concertación” y la “Nueva Minoría” anteriores, los que junto a los empresarios hicieron vista gorda de robos millonarios de las Fuerzas Armadas, las que, aun siendo inconstitucional, se han auto arrogado el derecho a intervenir en política contingente cuando les plazca pero, condenan de “antipatriotas” a jóvenes que luchan en la plaza Dignidad.
  • La militarización de la justa lucha del wallmapu que arroja como único resultado muertos y detenidos mapuches mediante pruebas y testigos falsificados; protegen mafias empresariales madereras con sus comandos “jungla” propios, que siguen recibiendo el aporte del Estado para reforestar con pinos, mientras facilitan el accionar de empresarios transportistas que continúan exterminando el bosque nativo ilegalmente y transitan “como Pedro por su casa” en territorio mapuche.
  • Comunidades completas que son asediadas por la falta de agua para beber mientras empresarios agrícolas de fruta de exportación, productores de paltas y otros, como Pérez Yoma en Petorca, se roban el agua o se apropian de ella mediante leyes truchas que le otorgan el usufructo del recurso de por vida; o los dueños de las mineras que requieren de grandes embalses para el proceso productivo o relave del mineral, dejándonos como el único país del mundo que no protege su propia agua como un derecho humano y un recurso protegido por el Estado y para los chilenos.
  • 30 años en que la llamada “centro-izquierda” hizo todo lo que estuvo a su alcance para cohabitar con la derecha heredera y cómplice de la dictadura militar y civil, cambió su lenguaje recontra-revolucionario por uno tecnocrático y liberal para no malquistar a las FF.AA y de Orden, e hizo lo imposible para agraciar a los grandes empresarios y lo logró con creces un exmandatario PS-PPD que fue ovacionado de pie en un coloquio empresarial cuando declaró que “todo aquello que es concesionable, se debe concesionar”… (R. Lagos en congreso Icare, agosto 2014).
  • 30 años en que la ciudadanía comprobó hasta el cansancio que el  gobierno  de  Piñera por excelencia pero, también los de la Concertación y la Nueva Mayoría, pusieron siempre los intereses del empresariado por sobre los intereses de todos los chilenos, cuyo resultado se expresa dramáticamente, por ejemplo, en que de los contagiados con coronavirus en la Pintana mueren diariamente 11 personas por cada 10.000 habitantes y en Vitacura 3,35 (Rev. Science Magazine, mayo 2021); que el presupuesto municipal por persona de la comuna de Vitacura es de $1.046.933.- en cambio el presupuesto  per cápita de Puente Alto sólo de $128.000 (La Tercera, 18/03/2018).
  • Estos son los antecedentes que explican los resultados de las elecciones del 15 y 16 pasado. Una derecha que ha sido reducida a su expresión histórica, que sólo con la protección de la dictadura logró sobrepasar el tercio de votos, compuesta por el sector civil-empresarial que operó junto con la dictadura militar: la UDI. El segmento que intenta aportar con el sentido común popular al bloque derechista: RN. Evópolis: el grupo de tecnócratas herederos de la dictadura civil y militar que en público la desconocen y en silencio la añoran y veneran pero, perciben la necesidad del aggiornamento, lo que obliga a su abanderado, el ex ministro Briones, a subirse a una moto de color naranja para llegar al local de votación dos cuadras antes; son los perfectos y genuinos huevos de la serpiente. Un bloque PS-PPD castigado por su vocación colaboracionista, denominada “democracia de los acuerdos”; transculturado por valores tecnocráticos del salvaje libre mercado y acomodados en los vericuetos rancios y enmohecidos del poder y el Estado. Un PDC reducido a su mínima expresión por no asimilar la lección de 1973 según la cual “cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana” y reiterar su vocación histórica de ser seducida por los coqueteos de la derecha, a regañadientes de su mayoritaria base popular y ciudadana democrática. No vale la pena siquiera señalar a aquellos grupos fascistoides que han agrupado a sectores de ex militares pinochetistas con domicilio en Punta Peuco y otros herederos ideológicos de la dictadura, que hoy se expresan en el partido de Kast, porque han sido reducidos a su expresión históricamente mínima.
  • En el lado opuesto al oprobio comienza a divisarse la cumbre de un poderoso y gigantesco iceberg popular, que ya ha exhibido su fuerza de millones marchando por las grandes alamedas de la justicia y la democracia. Ejemplo de ello es el perfilamiento de la Agrupación de Alcaldes como la principal línea del aparato del Estado en cuanto a la recepción de las reales demandas populares y la interlocución con las redes de organización civil de la población. Por esto mismo, los alcaldes levantaron la crítica directa a la ineficacia de las medidas impulsadas desde el gobierno y en numerosos casos impulsaron iniciativas que aventajaron ampliamente a la reacción del ejecutivo por tardía, mezquina, burocrática y regresiva. Consecuencia lógica de esta situación, que se advierte a cada paso, ha sido el permanente afán por desmarcarse rápidamente de las medidas del gobierno piñerista, incluso de aquellos que militan en los partidos que integran la coalisión gobiernista.
  • La ampliación y profundización de los movimientos progresistas, populares y democráticos sin duda están en la base del iceberg. A diferencia de los movimientos populares de décadas atrás, hoy día son críticos de las estructuras partidarias autoritarias, que les asignan un rol de apoyo a las decisiones que adoptan pero no definen ni participan en la discusión de ellas. De ahí su denominación paternalista de “las masas”, a los que convocan sólo por el peso de su respaldo. El resultado son líderes iluminados y ciudadanos cual corderos incapaces de reflexionar y decidir por sí mismos. Hay razones de sobra para esta crítica del movimiento popular a los partidos: han buscado su voto vía ofertones y mentiras pero una vez electos le han vuelto la espalda mil veces. De ahí, cansados de esperar, la emergencia y la consagración definitiva en el panorama político, económico, social y cultural del país de los movimientos reivindicacionistas de los derechos de las mujeres, desde el aborto libre y la igualdad de sueldos hasta el respeto a la paridad en todas las instancias de participación tanto públicas como privadas. De los movimientos ecologistas y defensores del medio ambiente, por la recuperación de las aguas, la protección de los bosques y los glaciares, la protección de las riquezas naturales y los resguardos para que el modelo de desarrollo, comprendido el sistema público y el privado, preserve su cuidado y evite su colapso.
  • La manifestación conjunta de estos factores han puesto en jaque un estado de cosas podrido por dentro y por fuera, que ya ha durado muchas décadas. Sin duda las transformaciones políticas que de esto surjan afectarán el curso de los hechos en nuestro país por varias décadas más, que seguro serán mejores que las pasadas. La irrupción de un potente movimiento ciudadano de independientes, que se aleja de los partidos tradicionales como si éstos fueran leprosos, ya es un buen signo que esperamos siga perfeccionándose en el ejercicio de una verdadera soberanía popular. Esto es, la soberanía colectiva, organizada, permanente, desde la base donde cada ciudadana y ciudadano vive, estudia o trabaja, en todo el país, desde la comuna, la región y hasta el nivel nacional. Soberanía popular, así definida, que se constituye en el mandante de la definición política para que se actúe en su representación.

Finalmente, convengamos que la posibilidad cierta de hacer historia en esta oportunidad y constituir un ejemplo de profundización de la democracia casi único en el mundo, radica en el hecho que sean los propios 155 convencionales electos, con el mayor consenso posible, quienes se den su propia forma de trabajo interno, su propio reglamento de discusión, la metodología para alcanzar acuerdos y para establecer puntos de desacuerdos. Al respecto me parece que los siguientes puntos ameritan ser considerados:

  • Observar rigurosamente el hecho de que los 155 convencionales son mandatarios del pueblo chileno y no pueden apartarse de tal ruta. Ellos no concurren a exponer sus propios puntos de vista ni sus personales interpretaciones, van a exponer el mandato recibido de sus electores, únicos depositarios del poder de modificar los contenidos a discutir finalmente. En consecuencia, ningún constituyente puede correr con colores propios, y en una democracia madura, hecha carne en la ciudadanía, un hecho tal podría significar la revocación de un constituyente o de cualquier otra autoridad electa por voto popular, si éste no se apega a esta norma básica.
  • “Interpretar” el sentir del pueblo chileno es a este respecto, probablemente, el mayor desafío y la mayor tentación para aquellos que profesan la “política” como oficio o profesión para beneficio personal. Por esta razón, el control y la fiscalización de los constituyentes o de cualquier otra autoridad electa por el voto popular, debiera ser antes, durante y después de ejercer el cargo para el cual han sido elegidos, con el único afán de evitar la corrupción que se origina en empresarios, narcotraficantes, miembros del partido, el gobierno de turno o simplemente familiares. Trasparencia y claridad en un 110% debiera es el único objetivo.
  • Toda discusión en la convención constituyente debe ser simultáneamente oída y vista por toda la ciudadanía, especialmente de aquellos puntos que en los 48 años pasados se han usado recursos legales e ilegales, para beneficiar a unos pocos: códigos de aguas, leyes de pesca, explotación de recursos naturales y minerales, forestales, tierras ancestrales y derechos de las etnias, igualdad de derechos de las mujeres y derecho a decidir sobre su propio cuerpo y fertilidad, comunidades LGBT, recursos para la investigación y líneas de desarrollo científico desde el Estado y para las universidades del Estado, igual cosa para el desarrollo de las artes, la música, el teatro, las letras y demás expresiones culturales propias de etnias y comunidades particulares en cada región; reincorporación a la educación básica y media de las asignaturas de historia, filosofía, educación física, idiomas, educación cívica. Sin duda, debe estar aquí la completa transformación de los institutos armados y de Carabineros de Chile y la PDI, particularmente su obediencia irrestricta al poder político, la fiscalización de su accionar financiero y de gastos y la rendición pública de su gestión ante comisiones del senado de la república. La modernización del Ministerio Público, incluido el suministro de los recursos necesarios y suficientes para ejercer sus funciones, sin que tengan que elegir los delitos a investigar y perseguir, de modo tal que ninguna denuncia o delito de género y/o que afecte a una mujer, niño/a o adolescente, quede sin rápida y eficaz acción persecutoria. El perfeccionamiento de una verdadera legislación laboral capaz de contrarrestar el poder absoluto del capital y los empresarios sobre el trabajo, entre otros temas.  Para todas esas discusiones debe haber transmisiones en horarios especiales, con tiempos reservados, en directo y en cadenas de radio y televisión pública y privada obligatorias.
  • Aquellos puntos acerca de los cuales no se alcance el consenso o cualquier otro que los constituyentes estimen necesario y conveniente dirimir y no dejar al arbitrio de la ley posterior, debe ser sometida a plebiscito ante la ciudadanía y su resultado debe ser forzosamente vinculante, en virtud del anterior punto 1): los constituyentes son mandatarios del pueblo chileno. Esto presupone dar forma a una red nacional eficaz y eficiente de discusión, consulta y acuerdo de la ciudadanía, estructurada en todo el territorio nacional. Red que debe ser preservada post convención, hasta que la “discusión-reflexión-acuerdos” se haga costumbre.
  • Hay no sólo un contrasentido sino una injusticia exasperante que poluciona por sí sola el ambiente político actual, de construcción constitucional, arrancado a tirones al sistema, y es que el gobierno responda encarcelando, formalizando o condenando a miles de jóvenes por pedir más democracia. Por ello se impone la constitución inmediata de una comisión de calificación jurídica que en el plazo máximo de 30 días resuelva la totalidad de los casos: conceda la libertad inmediata de los presos políticos de la revuelta y de las movilizaciones populares de todo el país, desde O-2019, con el concurso de sus abogados defensores y el IDH de aquellos casos que han sido evaluados y no se ha encontrado ni una sola prueba que los inculpe; deseche todos los testigos o pruebas aportadas por Carabineros; revise aquellos casos que han sido condenados con exceso y aplique los mismos criterios anteriores incluida la libertad inmediata. Formule los cargos, si es del caso, para aquellos que se les imputan delitos ordinarios de robo o narcotráfico, se establezcan las pruebas ordinarias y necesarias y se resuelva en consecuencia. Establecer el precedente jurídico de que aquellos fiscales, jueces, o abogados que se compruebe han usado el instrumento penal, la prisión preventiva de opositores por ejemplo, como castigo directo y reciban como mínimo sanción ética de sus pares, conducta que puede alcanzar la inhabilitación en el cargo o la expulsión del poder judicial, de ser reiterativa.

Leonardo Yáñez Silva.

Santiago, junio 3 de 2021.

CEECH: Las FF.AA. chilenas y la encrucijada democrática

Militares

Vasili Carrillo, Carlos Gutiérrez, Ricardo Paredes (Centro de Estudios Estratégicos Chile, CEECH)

20 abril 2021

Cada día los altos mandos de las Fuerzas Armadas chilenas parecieran hacer denodados esfuerzos por profundizar ese abismo que las separa de la sociedad civil, de la precaria democracia que todos dicen defender y del momento constituyente que se ha abierto producto del agotamiento y la indignidad de una gran mayoría que se ha visto explotada y discriminada para sostener esta sociedad de privilegios y de su plutocracia gobernante.

Las manifestaciones sociales; las consignas de la calle que les reclamaron su vuelta a los cuarteles; las opiniones de una oposición política menos timorata que se han levantado para denunciar y judicializar casos de corrupción y amenazas abiertas a la democracia; las aseveraciones de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeras, sobre las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la violencia cometidos en contra de manifestantes connacionales; las sucesivas encuestas de opinión pública que demuestran su tendencia a la baja en la apreciación sobre las instituciones armadas y su identificación con la elite empresarial y de derecha;  y una importante franja de candidatos constituyentes que ya han manifestado sendas opiniones sobre los necesarios cambios constitucionales relativas a la ubicación y definiciones de estas instituciones en la nueva Constitución; son demasiadas señales sostenidas en el tiempo que nos hablan de altos mandos incapaces de una lectura mínima racional sobre el Chile actual y que han preferido una actitud endogámica que está teniendo como resultado instituciones con altos índices de entropía organizacional.

Esto es aún más grave en instituciones que tienen el monopolio de las armas, que todavía tienen altas prerrogativas en las actuales definiciones de los estados de excepción y que su disposición a participar en acciones de seguridad interior solo estuviera condicionada a que se les relajaran las reglas de uso de la fuerza (RUF) para no tener que dar cuenta de estándares internacionales y enfrentarse a la justicia.

En esta cerrazón frente a los cambios sociales y políticos que están demandando mayor densidad y profundidad de la democracia desde hace décadas, se han encontrado con aliados ideológicos activos en el gran empresariado y la derecha gobernante, y en aliados por omisión de una élite transversalmente conservadora que apostó por una tesis de control civil que consistió en una “profesionalización autómata” caracterizada por un alto y descontrolado gasto militar (tanto de ley reservada del cobre como del presupuesto regular del Estado), sin definiciones taxativas de nuestra política y estrategia de Defensa, con una ley ministerial tardía y poco sustantiva, y sin controles exhaustivos de sus procesos internos.

Es bueno recordar ese maridaje psicológico-político entre Ricardo Lagos y Juan Emilio Cheyre, que dio pie para aseveraciones como el “Nunca Más” y la misión de “Juan soldado” que iniciaba un nuevo período profesional en la institución militar. Los resultados a poco andar se pudieron apreciar, y no solo porque ese mismo comandante en jefe fue acusado de violaciones a los derechos humanos, sino que su sucesor negoció un cargo político con el presidente Piñera estando en servicio activo (Izurieta) y además estuvo vinculado al caso FAM de pagos irregulares a militares activos; y los que siguieron a su vez están procesados por fraude fiscal (Fuente-Alba y Oviedo), así como la investigación que pesa sobre más de 800 oficiales del Ejército.

Por esta vía se logró una mayor autonomía de las fuerzas armadas, y un desprestigio de la conducción civil ya que el Ministerio de Defensa se transformó en una agencia deslavada y con ministros poco robustos y escasamente empoderados para ejercer una conducción moderna y democrática.

El resultado está a la vista, no solo no se logró que las fuerzas armadas se concentraran solo en sus responsabilidades profesionales (para las cuales están materialmente sobre dotadas), sino que ante el vacío de conducción política civil, siguieron siendo un actor de la política interna, como se demuestra en forma tan evidente en los casos de espionaje a periodistas, el amedrentamiento a la jueza Romy Rutherford, la desaparición de documentos judiciales, la declaración sobre el monumento al general Baquedano y ahora la declaración sobre un programa humorístico del canal  de televisión La Red.

Pero esta autonomía de doble entrada, los que la buscan y los que la otorgan, también tiene efectos hacia adentro. Los casos de corrupción de comandantes en jefes, de altos oficiales, la vigilancia y el castigo hacia los propios para que se inhiban de denunciar, la desprolijidad en procesos internos, los privilegios materiales, indudablemente ponen en cuestión las capacidades profesionales en cumplimiento de sus misiones básicas y generan dudas razonables al respecto.

Esta realidad hace más imperioso que el momento y debate constitucional abarque en profundidad y con estándares democráticos más exigentes las definiciones sobre las fuerzas armadas, por lo menos los siguientes: el concepto de seguridad que las definirá; sus funciones y roles; la conformación de los altos mandos; su estatus democrático; su participación en los estados de excepción.

Así como la sociedad chilena, con el actual momento constituyente, está cerrando un largo ciclo (podríamos decir que definitivamente el de la transición a una democracia profunda) y a su vez abriendo uno nuevo, le corresponde a las fuerzas armadas sintonizar con ese proceso y también cerrar su largo ciclo de ideologización antipopular iniciado en la década de los sesenta del siglo XX, en que se transformaron en el combatiente de un teatro de operaciones secundario de la gran confrontación entre capitalismo y comunismo que implementó Estados Unidos, y que tuvo como resultado la tragedia histórica del Golpe civil-militar de 1973, y una de las más cruentas dictaduras de nuestra sub región y una espiral de degradación institucional que todavía se mantiene.

Todas estas actuales acciones políticas de las fuerzas armadas no son exabruptos ni actos incontinentes. Ampararse en esa lectura solo servirá para prolongar el vacío dejado por la conducción política democrática, mantener su inercia sobre ideologizada y cerrar la oportunidad de una nueva relación con la sociedad, basada en el profesionalismo y la convicción democrática.

Este es el momento de la encrucijada democrática de las fuerzas armadas chilenas.

Qué difícil es ser artista en Chile. Por *Sergio Veas Muñoz, Cantor Popular.

sergio

Qué difícil es ser artista en Chile, de cualquier arte, en cualquier ámbito o clase de la sociedad.

Violeta Parra se mató entre muchas cosas por no haber sido jamás comprendida. A Víctor Jara lo asesinaron simplemente por ser él. Tenemos historias de «poetas malditos», «pintores malditos», etc.

Huidobro se tuvo que ir a Europa para que le creyeran, Mistral nunca encajó.

A las actrices y actores la Dictadura les dio como caja (como a todo el país en realidad)

Si haces folclor te miran para abajo.

Si quieres ser artista callejero, te desprecian y no te aceptan (y ahora te matan)

Es casi impensado vivir de cualquier tipo de expresión artística y debes soportar toda la incomprensión incluso de tus más cercanos.

No hay espacios y los pocos que hay o son para una élite o son absolutamente inaccesibles para los más nuevos o los que no son «famosos».

Cada uno debe rascarse con sus propias manos y no hay mucho espíritu gremial, no existe una GRAN institución DE los artistas.

Los medios de comunicación al estar o en manos de consorcios extranjeros o en manos del poder económico no apoya, al contrario discriminan y desincentivan.

Qué difícil es ser artista en Chile.

Aun así, somos, y aunque les duela lo más profundo, un país de artistas, de cantor@s, de teatro, de poetas, de pintor@s, de artesan@s, de gente que sueña con crear, que vive por crear, entre otras cosas, un Chile mejor.

*Sergio Veas Muñoz, es integrante del BAFONA y Cantor Popular, dirige el grupo rancagüino Los Palmeros, es autor y compositor. Por esto último ganó el Pandero de Oro, entregado por la SCF y Cuecapp, y ha creado temas para relevantes conjuntos folclóricos, ya sea cuequeros u otros. Asimismo ha ganado festivales como Olmué y Brotes de Chile. Es gestor del Día del Cuequero a nivel nacional.

MAURICIO REDOLÉS: ¿Cuántos crímenes más debe cometer Carabineros para que el Estado comprenda que esta policía es un verdadero “enemigo interno”

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CARABINERO NO RIMA CON ARTE CALLEJERO

Mauricio Redolés.

Como un deja-vou de las imágenes de lo ocurrido en las puertas del Teatro Municipal de Santiago el lejano 24 de septiembre de 1987 cuando el carabinero Orlando Tomás Sotomayor Zuñiga baleó en la cabeza a la joven pianista María Paz Santibáñez Viani, en una jornada de protesta contra el rector de la Universidad de Chile José Luis Federici designado por Pinochet, hoy podemos ver las imágenes de otro carabinero baleando a otro joven artista. Esta vez un 5 de febrero del 2021 en una esquina de la Plaza de Armas de Panguipulli. Esta vez, a diferencia de lo que pasó con la pianista, el joven malabarista Francisco Martínez Romero murió rodeado de sus sables de juguete y el estupor de los habitantes de ese pueblo.

Tal como en el caso de la pianista María Paz Santibáñez, en que estando herida de un balazo en la cabeza fue detenida y se dijo por las autoridades de la dictadura que ella había atacado al carabinero, hecho que fue desmentido gracias a que el vil ataque del uniformado había sido grabado en video por el medio informativo Teleanálisis, lo que permitió que el carabinero fuese acusado de cuasidelito de lesiones y “condenado” por la justicia militar (juez y parte) a la “enorme y durísima” pena de 61 días de firma y continuó en el servicio. Así mismo en esta nueva dictadura, disfrazada de “democracia” Carabineros defiende el actuar del uniformado que dio muerte al malabarista de Panguipulli señalando que fue en “legítima defensa propia” (declaración del teniente coronel Boris Alegría).

Este crimen, junto a cientos de otros crímenes cometidos por Carabineros y que no reciben el castigo adecuado por ser procesados por la así llamada “justicia militar” solo, deshonran y agravian nuestra dignidad como país. Esto sin considerar la “mano blanda” de Carabineros producto de su cobardía para enfrentar a las bandas de narcotraficantes y las mafias de camioneros entre otros privilegiados de este país que posee una policía uniformada carente de dignidad, ensuciándonos a todos y a todas con su proceder que debiera hace tiempo estar en el basural de la historia.

Coincido plenamente con el abogado Jaime Bassa quien llama a “disolver Carabineros de Chile y construir una nueva fuerza policial que respete nuestras garantías y derechos básicos”. No coincido con llamar a una “refundación de Carabineros”, porque quedará la impronta de una policía que más ha dañado al país que otra cosa. No es “Refundación” lo que hay que exigir, sino una “Disolución de Carabineros”, para empezar desde cero y terminar con este cuerpo policial, as del latrocinio y del abuso de los habitantes más humildes de este país, como el crimen de la joven obrera Ramona Parra asesinada el 28 de enero de 1946, como el crimen del profesor Manuel Guerrero Ceballos asesinado el 30 de marzo de 1985, como el crimen del joven mapuche Camilo Catrillanca, asesinado el 14 de noviembre del 2018, como el crimen del joven artista Francisco Martínez Romero asesinado el 5 de febrero del 2021, entre cientos de chilenos y chilenas asesinados por Carabineros. ¿Cuántos crímenes más debe cometer Carabineros de Chile para que el Estado chileno comprenda que esta policía uniformada es un verdadero “enemigo interno” que lleva a que miles de personas tengan el deseo legítimo de incendiar el país? Por lo menos en Panguipulli a esta hora de la madrugada del 6 de febrero del 2021 cientos de jóvenes ya lo están haciendo. Esto no da para más. Hace tiempo que no da para más.

Título principal SICNoticias.

Fuente: https://www.facebook.com/MauricioRedolesBustos/?ref=page_internal

Opinión: Ley de infraestructura crítica: Evidente degradación autoritaria. Por *Roberto Saéz.

MILICOS

A propósito de la negociación establecida entre el Poder Ejecutivo y una fracción del gremio de camioneros, se ha puesto urgencia al proyecto de reforma constitucional presentada por el gobierno y que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Este proyecto, aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, se votará en sala para su promulgación, mañana miércoles 09 de septiembre.

Este proyecto reforma el artículo 32 Nº 17 de la Constitución Política de la República, respecto a las atribuciones presidenciales y que señala que entre ellas está la de “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las  necesidades de la seguridad nacional”

A estas atribuciones vigentes, se incorporan nuevos párrafos en los que se señala que:

-Será atribución del ejecutivo disponer a las FF.AA. para la protección de infraestructura crítica en caso de “peligro grave e inminente” y previo informe de la ANI.

Que 45 días después de promulgada esta reforma, el ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que indique qué es la infraestructura crítica, con plazo de un año para su promulgación.

Mientras no se apruebe dicha ley, el ejecutivo podrá definir mediante decreto supremo, qué entiende por infraestructura crítica.

Degradación autoritaria

Este proyecto no resiste mayor análisis. Estamos frente a una evidente degradación autoritaria que pretende establecer un “semi estado de excepción constitucional permanente” con el objetivo de disponer el empleo de las Fuerzas Armadas a discreción del actual Presidente de la República, para su despliegue en lo que el propio ejecutivo definirá como infraestructura crítica, sin ningún contrapeso fiscalizador, en lo que parece, un uso excesivo de la fuerza militar ante una evidente mala gestión gubernamental.

Este proyecto es parte de un conjunto de iniciativas legales que dan forma a nuevas atribuciones presidenciales para el empleo de la fuerza militar en contextos distintos a la guerra y a las operaciones polivalentes asociadas a situaciones de “riesgo y desastre”. Tales como la ampliamente criticada ley de inteligencia[1] que politiza el sistema, disminuye el control del poder legislativo e incorpora a las unidades de inteligencia militar para operaciones «internas y nacionales» de contrainteligencia, al amparo de una amplia facultad del ejecutivo. O el proyecto de ley que modifica la relación del Estado de Chile con la Corte Penal Internacional, trasladando atribuciones desde el Poder Judicial al poder ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta evidente degradación autoritaria es signo de una creciente crisis institucional, causada entre otros factores, por una deficiente gestión gubernamental en el contexto del levantamiento popular de octubre y el proceso constituyente en ciernes, el cual en última instancia, no se restringirá exclusivamente a una asamblea cívica, sino a un proceso prolongado, híbrido y multidimensional, con un fuerte protagonismo ciudadano, por la reorganización del poder y la redefinición del carácter del Estado.

La ciudadanía debe poner atención a estos signos autoritarios, exigir a sus parlamentarios el rechazo a esta clase de iniciativas e incorporar dentro de su análisis colectivo, los posibles escenarios futuros que condicionarán su legítima acción política.


Ver informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.


[1] Ver “Más poder para el presidente: Nudos críticos del proyecto que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado” de Claudio Nash Rojas. Disponible en: https://ciperchile.cl/2020/06/16/mas-poder-para-el-presidente-nudos-criticos-del-proyecto-que-moderniza-el-sistema-de-inteligencia/

*Por: Roberto Sáez Olivares. Mg. en Ciencias Militares

FUENTE: https://grupopelantaro.cl/2020/09/08/ley-de-infraestructura-critica-evidente-degradacion-autoritaria/