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OPINIÓN: El nuevo Chile que se gesta entre octubre de 2019 y mayo de 2021. Por Leonardo Yañez Silva.

estallido

“Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la         traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho mas temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973.

Es evidente que el estallido de octubre de 2019 fue gestándose décadas antes. Muchas veces se dijo, aludiendo al alza del pasaje del Metro santiaguino en esa fecha, que no eran 30 pesos sino 30 años. En efecto, fueron 30 años de continuidad, profundización y perfeccionamiento de un modelo económico salvaje, que hizo gala del llamado espíritu “republicano” al que rinde pleitesía R. Lagos, émulo aventajado del “arquitecto de la República” y de su ideario de “obediencia de la sociedad civil frente al orden y la autoridad”.

Claro está, a su vez, que éstos 30 años estuvieron antecedidos de 17 años del período más  horrendo de la historia independiente de Chile por la tortura, el crimen político y la desaparición forzada de los adversarios; el robo a la luz del día de las riquezas nacionales, la destrucción de los sistemas públicos de salud, de educación y de previsión de los chilenos. Generador de un modelo de desarrollo obsecuente al capital extranjero, incapaz de todo esfuerzo independiente, soberano y nacional, como respuesta a los requerimientos básicos de la población y a su mantención en el tiempo.

No hay duda alguna que aquellos jóvenes secundarios que saltaron por encima de los torniquetes del metro, en O-2019, y que recibieron de casi toda la casta política tradicional el reproche despectivo de que su esfuerzo “no había prendido”, son uno de los muchos y principales artífices de las últimas elecciones. Centenares de muchachas y muchachos tuvieron que perder total o parcialmente su visión ante los disparos de las fuerzas policiales por desafiar el “orden”. Miles de mujeres y hombres, tuvieron que sufrir la brutalidad militar y policial por no ser obedientes ante la estupidez de la autoridad. Miles aún se encuentran en las cárceles por meses o años sin cargo alguno, otros han sido condenados a penas aberrantemente largas, nunca vistas en los casos de corrupción de cuello y corbata, como por ejemplo para los hijos de empresarios y políticos que conduciendo borrachos dan muerte a una persona y aún así se mantienen libres y sin condena. Los jóvenes de la revuelta evidentemente contribuyeron junto a millones de chilenos a modificar el pestilente encuadre político que se arrastra desde los inicios de la democracia tutelada en 1990.

Han transcurrido más de 30 años. No habrá hechos ni cifras significativas para ubicar este periodo en la historia del país, sólo habrá una larga lista del oprobio:

  • Una institución como Carabineros que obedece directrices políticas heredadas de la dictadura, violenta masiva y sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos y transforma el presupuesto que la Nación le ha confiado para combatir la delincuencia y el narcotráfico en la caja chica del Alto Mando y sus esposas.
  • Gobiernos inoperantes en dar solución a los principales problemas de la mayoría como el actual, pero también los de la “Des-concertación” y la “Nueva Minoría” anteriores, los que junto a los empresarios hicieron vista gorda de robos millonarios de las Fuerzas Armadas, las que, aun siendo inconstitucional, se han auto arrogado el derecho a intervenir en política contingente cuando les plazca pero, condenan de “antipatriotas” a jóvenes que luchan en la plaza Dignidad.
  • La militarización de la justa lucha del wallmapu que arroja como único resultado muertos y detenidos mapuches mediante pruebas y testigos falsificados; protegen mafias empresariales madereras con sus comandos “jungla” propios, que siguen recibiendo el aporte del Estado para reforestar con pinos, mientras facilitan el accionar de empresarios transportistas que continúan exterminando el bosque nativo ilegalmente y transitan “como Pedro por su casa” en territorio mapuche.
  • Comunidades completas que son asediadas por la falta de agua para beber mientras empresarios agrícolas de fruta de exportación, productores de paltas y otros, como Pérez Yoma en Petorca, se roban el agua o se apropian de ella mediante leyes truchas que le otorgan el usufructo del recurso de por vida; o los dueños de las mineras que requieren de grandes embalses para el proceso productivo o relave del mineral, dejándonos como el único país del mundo que no protege su propia agua como un derecho humano y un recurso protegido por el Estado y para los chilenos.
  • 30 años en que la llamada “centro-izquierda” hizo todo lo que estuvo a su alcance para cohabitar con la derecha heredera y cómplice de la dictadura militar y civil, cambió su lenguaje recontra-revolucionario por uno tecnocrático y liberal para no malquistar a las FF.AA y de Orden, e hizo lo imposible para agraciar a los grandes empresarios y lo logró con creces un exmandatario PS-PPD que fue ovacionado de pie en un coloquio empresarial cuando declaró que “todo aquello que es concesionable, se debe concesionar”… (R. Lagos en congreso Icare, agosto 2014).
  • 30 años en que la ciudadanía comprobó hasta el cansancio que el  gobierno  de  Piñera por excelencia pero, también los de la Concertación y la Nueva Mayoría, pusieron siempre los intereses del empresariado por sobre los intereses de todos los chilenos, cuyo resultado se expresa dramáticamente, por ejemplo, en que de los contagiados con coronavirus en la Pintana mueren diariamente 11 personas por cada 10.000 habitantes y en Vitacura 3,35 (Rev. Science Magazine, mayo 2021); que el presupuesto municipal por persona de la comuna de Vitacura es de $1.046.933.- en cambio el presupuesto  per cápita de Puente Alto sólo de $128.000 (La Tercera, 18/03/2018).
  • Estos son los antecedentes que explican los resultados de las elecciones del 15 y 16 pasado. Una derecha que ha sido reducida a su expresión histórica, que sólo con la protección de la dictadura logró sobrepasar el tercio de votos, compuesta por el sector civil-empresarial que operó junto con la dictadura militar: la UDI. El segmento que intenta aportar con el sentido común popular al bloque derechista: RN. Evópolis: el grupo de tecnócratas herederos de la dictadura civil y militar que en público la desconocen y en silencio la añoran y veneran pero, perciben la necesidad del aggiornamento, lo que obliga a su abanderado, el ex ministro Briones, a subirse a una moto de color naranja para llegar al local de votación dos cuadras antes; son los perfectos y genuinos huevos de la serpiente. Un bloque PS-PPD castigado por su vocación colaboracionista, denominada “democracia de los acuerdos”; transculturado por valores tecnocráticos del salvaje libre mercado y acomodados en los vericuetos rancios y enmohecidos del poder y el Estado. Un PDC reducido a su mínima expresión por no asimilar la lección de 1973 según la cual “cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana” y reiterar su vocación histórica de ser seducida por los coqueteos de la derecha, a regañadientes de su mayoritaria base popular y ciudadana democrática. No vale la pena siquiera señalar a aquellos grupos fascistoides que han agrupado a sectores de ex militares pinochetistas con domicilio en Punta Peuco y otros herederos ideológicos de la dictadura, que hoy se expresan en el partido de Kast, porque han sido reducidos a su expresión históricamente mínima.
  • En el lado opuesto al oprobio comienza a divisarse la cumbre de un poderoso y gigantesco iceberg popular, que ya ha exhibido su fuerza de millones marchando por las grandes alamedas de la justicia y la democracia. Ejemplo de ello es el perfilamiento de la Agrupación de Alcaldes como la principal línea del aparato del Estado en cuanto a la recepción de las reales demandas populares y la interlocución con las redes de organización civil de la población. Por esto mismo, los alcaldes levantaron la crítica directa a la ineficacia de las medidas impulsadas desde el gobierno y en numerosos casos impulsaron iniciativas que aventajaron ampliamente a la reacción del ejecutivo por tardía, mezquina, burocrática y regresiva. Consecuencia lógica de esta situación, que se advierte a cada paso, ha sido el permanente afán por desmarcarse rápidamente de las medidas del gobierno piñerista, incluso de aquellos que militan en los partidos que integran la coalisión gobiernista.
  • La ampliación y profundización de los movimientos progresistas, populares y democráticos sin duda están en la base del iceberg. A diferencia de los movimientos populares de décadas atrás, hoy día son críticos de las estructuras partidarias autoritarias, que les asignan un rol de apoyo a las decisiones que adoptan pero no definen ni participan en la discusión de ellas. De ahí su denominación paternalista de “las masas”, a los que convocan sólo por el peso de su respaldo. El resultado son líderes iluminados y ciudadanos cual corderos incapaces de reflexionar y decidir por sí mismos. Hay razones de sobra para esta crítica del movimiento popular a los partidos: han buscado su voto vía ofertones y mentiras pero una vez electos le han vuelto la espalda mil veces. De ahí, cansados de esperar, la emergencia y la consagración definitiva en el panorama político, económico, social y cultural del país de los movimientos reivindicacionistas de los derechos de las mujeres, desde el aborto libre y la igualdad de sueldos hasta el respeto a la paridad en todas las instancias de participación tanto públicas como privadas. De los movimientos ecologistas y defensores del medio ambiente, por la recuperación de las aguas, la protección de los bosques y los glaciares, la protección de las riquezas naturales y los resguardos para que el modelo de desarrollo, comprendido el sistema público y el privado, preserve su cuidado y evite su colapso.
  • La manifestación conjunta de estos factores han puesto en jaque un estado de cosas podrido por dentro y por fuera, que ya ha durado muchas décadas. Sin duda las transformaciones políticas que de esto surjan afectarán el curso de los hechos en nuestro país por varias décadas más, que seguro serán mejores que las pasadas. La irrupción de un potente movimiento ciudadano de independientes, que se aleja de los partidos tradicionales como si éstos fueran leprosos, ya es un buen signo que esperamos siga perfeccionándose en el ejercicio de una verdadera soberanía popular. Esto es, la soberanía colectiva, organizada, permanente, desde la base donde cada ciudadana y ciudadano vive, estudia o trabaja, en todo el país, desde la comuna, la región y hasta el nivel nacional. Soberanía popular, así definida, que se constituye en el mandante de la definición política para que se actúe en su representación.

Finalmente, convengamos que la posibilidad cierta de hacer historia en esta oportunidad y constituir un ejemplo de profundización de la democracia casi único en el mundo, radica en el hecho que sean los propios 155 convencionales electos, con el mayor consenso posible, quienes se den su propia forma de trabajo interno, su propio reglamento de discusión, la metodología para alcanzar acuerdos y para establecer puntos de desacuerdos. Al respecto me parece que los siguientes puntos ameritan ser considerados:

  • Observar rigurosamente el hecho de que los 155 convencionales son mandatarios del pueblo chileno y no pueden apartarse de tal ruta. Ellos no concurren a exponer sus propios puntos de vista ni sus personales interpretaciones, van a exponer el mandato recibido de sus electores, únicos depositarios del poder de modificar los contenidos a discutir finalmente. En consecuencia, ningún constituyente puede correr con colores propios, y en una democracia madura, hecha carne en la ciudadanía, un hecho tal podría significar la revocación de un constituyente o de cualquier otra autoridad electa por voto popular, si éste no se apega a esta norma básica.
  • “Interpretar” el sentir del pueblo chileno es a este respecto, probablemente, el mayor desafío y la mayor tentación para aquellos que profesan la “política” como oficio o profesión para beneficio personal. Por esta razón, el control y la fiscalización de los constituyentes o de cualquier otra autoridad electa por el voto popular, debiera ser antes, durante y después de ejercer el cargo para el cual han sido elegidos, con el único afán de evitar la corrupción que se origina en empresarios, narcotraficantes, miembros del partido, el gobierno de turno o simplemente familiares. Trasparencia y claridad en un 110% debiera es el único objetivo.
  • Toda discusión en la convención constituyente debe ser simultáneamente oída y vista por toda la ciudadanía, especialmente de aquellos puntos que en los 48 años pasados se han usado recursos legales e ilegales, para beneficiar a unos pocos: códigos de aguas, leyes de pesca, explotación de recursos naturales y minerales, forestales, tierras ancestrales y derechos de las etnias, igualdad de derechos de las mujeres y derecho a decidir sobre su propio cuerpo y fertilidad, comunidades LGBT, recursos para la investigación y líneas de desarrollo científico desde el Estado y para las universidades del Estado, igual cosa para el desarrollo de las artes, la música, el teatro, las letras y demás expresiones culturales propias de etnias y comunidades particulares en cada región; reincorporación a la educación básica y media de las asignaturas de historia, filosofía, educación física, idiomas, educación cívica. Sin duda, debe estar aquí la completa transformación de los institutos armados y de Carabineros de Chile y la PDI, particularmente su obediencia irrestricta al poder político, la fiscalización de su accionar financiero y de gastos y la rendición pública de su gestión ante comisiones del senado de la república. La modernización del Ministerio Público, incluido el suministro de los recursos necesarios y suficientes para ejercer sus funciones, sin que tengan que elegir los delitos a investigar y perseguir, de modo tal que ninguna denuncia o delito de género y/o que afecte a una mujer, niño/a o adolescente, quede sin rápida y eficaz acción persecutoria. El perfeccionamiento de una verdadera legislación laboral capaz de contrarrestar el poder absoluto del capital y los empresarios sobre el trabajo, entre otros temas.  Para todas esas discusiones debe haber transmisiones en horarios especiales, con tiempos reservados, en directo y en cadenas de radio y televisión pública y privada obligatorias.
  • Aquellos puntos acerca de los cuales no se alcance el consenso o cualquier otro que los constituyentes estimen necesario y conveniente dirimir y no dejar al arbitrio de la ley posterior, debe ser sometida a plebiscito ante la ciudadanía y su resultado debe ser forzosamente vinculante, en virtud del anterior punto 1): los constituyentes son mandatarios del pueblo chileno. Esto presupone dar forma a una red nacional eficaz y eficiente de discusión, consulta y acuerdo de la ciudadanía, estructurada en todo el territorio nacional. Red que debe ser preservada post convención, hasta que la “discusión-reflexión-acuerdos” se haga costumbre.
  • Hay no sólo un contrasentido sino una injusticia exasperante que poluciona por sí sola el ambiente político actual, de construcción constitucional, arrancado a tirones al sistema, y es que el gobierno responda encarcelando, formalizando o condenando a miles de jóvenes por pedir más democracia. Por ello se impone la constitución inmediata de una comisión de calificación jurídica que en el plazo máximo de 30 días resuelva la totalidad de los casos: conceda la libertad inmediata de los presos políticos de la revuelta y de las movilizaciones populares de todo el país, desde O-2019, con el concurso de sus abogados defensores y el IDH de aquellos casos que han sido evaluados y no se ha encontrado ni una sola prueba que los inculpe; deseche todos los testigos o pruebas aportadas por Carabineros; revise aquellos casos que han sido condenados con exceso y aplique los mismos criterios anteriores incluida la libertad inmediata. Formule los cargos, si es del caso, para aquellos que se les imputan delitos ordinarios de robo o narcotráfico, se establezcan las pruebas ordinarias y necesarias y se resuelva en consecuencia. Establecer el precedente jurídico de que aquellos fiscales, jueces, o abogados que se compruebe han usado el instrumento penal, la prisión preventiva de opositores por ejemplo, como castigo directo y reciban como mínimo sanción ética de sus pares, conducta que puede alcanzar la inhabilitación en el cargo o la expulsión del poder judicial, de ser reiterativa.

Leonardo Yáñez Silva.

Santiago, junio 3 de 2021.

CEECH: Las FF.AA. chilenas y la encrucijada democrática

Militares

Vasili Carrillo, Carlos Gutiérrez, Ricardo Paredes (Centro de Estudios Estratégicos Chile, CEECH)

20 abril 2021

Cada día los altos mandos de las Fuerzas Armadas chilenas parecieran hacer denodados esfuerzos por profundizar ese abismo que las separa de la sociedad civil, de la precaria democracia que todos dicen defender y del momento constituyente que se ha abierto producto del agotamiento y la indignidad de una gran mayoría que se ha visto explotada y discriminada para sostener esta sociedad de privilegios y de su plutocracia gobernante.

Las manifestaciones sociales; las consignas de la calle que les reclamaron su vuelta a los cuarteles; las opiniones de una oposición política menos timorata que se han levantado para denunciar y judicializar casos de corrupción y amenazas abiertas a la democracia; las aseveraciones de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeras, sobre las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la violencia cometidos en contra de manifestantes connacionales; las sucesivas encuestas de opinión pública que demuestran su tendencia a la baja en la apreciación sobre las instituciones armadas y su identificación con la elite empresarial y de derecha;  y una importante franja de candidatos constituyentes que ya han manifestado sendas opiniones sobre los necesarios cambios constitucionales relativas a la ubicación y definiciones de estas instituciones en la nueva Constitución; son demasiadas señales sostenidas en el tiempo que nos hablan de altos mandos incapaces de una lectura mínima racional sobre el Chile actual y que han preferido una actitud endogámica que está teniendo como resultado instituciones con altos índices de entropía organizacional.

Esto es aún más grave en instituciones que tienen el monopolio de las armas, que todavía tienen altas prerrogativas en las actuales definiciones de los estados de excepción y que su disposición a participar en acciones de seguridad interior solo estuviera condicionada a que se les relajaran las reglas de uso de la fuerza (RUF) para no tener que dar cuenta de estándares internacionales y enfrentarse a la justicia.

En esta cerrazón frente a los cambios sociales y políticos que están demandando mayor densidad y profundidad de la democracia desde hace décadas, se han encontrado con aliados ideológicos activos en el gran empresariado y la derecha gobernante, y en aliados por omisión de una élite transversalmente conservadora que apostó por una tesis de control civil que consistió en una “profesionalización autómata” caracterizada por un alto y descontrolado gasto militar (tanto de ley reservada del cobre como del presupuesto regular del Estado), sin definiciones taxativas de nuestra política y estrategia de Defensa, con una ley ministerial tardía y poco sustantiva, y sin controles exhaustivos de sus procesos internos.

Es bueno recordar ese maridaje psicológico-político entre Ricardo Lagos y Juan Emilio Cheyre, que dio pie para aseveraciones como el “Nunca Más” y la misión de “Juan soldado” que iniciaba un nuevo período profesional en la institución militar. Los resultados a poco andar se pudieron apreciar, y no solo porque ese mismo comandante en jefe fue acusado de violaciones a los derechos humanos, sino que su sucesor negoció un cargo político con el presidente Piñera estando en servicio activo (Izurieta) y además estuvo vinculado al caso FAM de pagos irregulares a militares activos; y los que siguieron a su vez están procesados por fraude fiscal (Fuente-Alba y Oviedo), así como la investigación que pesa sobre más de 800 oficiales del Ejército.

Por esta vía se logró una mayor autonomía de las fuerzas armadas, y un desprestigio de la conducción civil ya que el Ministerio de Defensa se transformó en una agencia deslavada y con ministros poco robustos y escasamente empoderados para ejercer una conducción moderna y democrática.

El resultado está a la vista, no solo no se logró que las fuerzas armadas se concentraran solo en sus responsabilidades profesionales (para las cuales están materialmente sobre dotadas), sino que ante el vacío de conducción política civil, siguieron siendo un actor de la política interna, como se demuestra en forma tan evidente en los casos de espionaje a periodistas, el amedrentamiento a la jueza Romy Rutherford, la desaparición de documentos judiciales, la declaración sobre el monumento al general Baquedano y ahora la declaración sobre un programa humorístico del canal  de televisión La Red.

Pero esta autonomía de doble entrada, los que la buscan y los que la otorgan, también tiene efectos hacia adentro. Los casos de corrupción de comandantes en jefes, de altos oficiales, la vigilancia y el castigo hacia los propios para que se inhiban de denunciar, la desprolijidad en procesos internos, los privilegios materiales, indudablemente ponen en cuestión las capacidades profesionales en cumplimiento de sus misiones básicas y generan dudas razonables al respecto.

Esta realidad hace más imperioso que el momento y debate constitucional abarque en profundidad y con estándares democráticos más exigentes las definiciones sobre las fuerzas armadas, por lo menos los siguientes: el concepto de seguridad que las definirá; sus funciones y roles; la conformación de los altos mandos; su estatus democrático; su participación en los estados de excepción.

Así como la sociedad chilena, con el actual momento constituyente, está cerrando un largo ciclo (podríamos decir que definitivamente el de la transición a una democracia profunda) y a su vez abriendo uno nuevo, le corresponde a las fuerzas armadas sintonizar con ese proceso y también cerrar su largo ciclo de ideologización antipopular iniciado en la década de los sesenta del siglo XX, en que se transformaron en el combatiente de un teatro de operaciones secundario de la gran confrontación entre capitalismo y comunismo que implementó Estados Unidos, y que tuvo como resultado la tragedia histórica del Golpe civil-militar de 1973, y una de las más cruentas dictaduras de nuestra sub región y una espiral de degradación institucional que todavía se mantiene.

Todas estas actuales acciones políticas de las fuerzas armadas no son exabruptos ni actos incontinentes. Ampararse en esa lectura solo servirá para prolongar el vacío dejado por la conducción política democrática, mantener su inercia sobre ideologizada y cerrar la oportunidad de una nueva relación con la sociedad, basada en el profesionalismo y la convicción democrática.

Este es el momento de la encrucijada democrática de las fuerzas armadas chilenas.

Qué difícil es ser artista en Chile. Por *Sergio Veas Muñoz, Cantor Popular.

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Qué difícil es ser artista en Chile, de cualquier arte, en cualquier ámbito o clase de la sociedad.

Violeta Parra se mató entre muchas cosas por no haber sido jamás comprendida. A Víctor Jara lo asesinaron simplemente por ser él. Tenemos historias de “poetas malditos”, “pintores malditos”, etc.

Huidobro se tuvo que ir a Europa para que le creyeran, Mistral nunca encajó.

A las actrices y actores la Dictadura les dio como caja (como a todo el país en realidad)

Si haces folclor te miran para abajo.

Si quieres ser artista callejero, te desprecian y no te aceptan (y ahora te matan)

Es casi impensado vivir de cualquier tipo de expresión artística y debes soportar toda la incomprensión incluso de tus más cercanos.

No hay espacios y los pocos que hay o son para una élite o son absolutamente inaccesibles para los más nuevos o los que no son “famosos”.

Cada uno debe rascarse con sus propias manos y no hay mucho espíritu gremial, no existe una GRAN institución DE los artistas.

Los medios de comunicación al estar o en manos de consorcios extranjeros o en manos del poder económico no apoya, al contrario discriminan y desincentivan.

Qué difícil es ser artista en Chile.

Aun así, somos, y aunque les duela lo más profundo, un país de artistas, de cantor@s, de teatro, de poetas, de pintor@s, de artesan@s, de gente que sueña con crear, que vive por crear, entre otras cosas, un Chile mejor.

*Sergio Veas Muñoz, es integrante del BAFONA y Cantor Popular, dirige el grupo rancagüino Los Palmeros, es autor y compositor. Por esto último ganó el Pandero de Oro, entregado por la SCF y Cuecapp, y ha creado temas para relevantes conjuntos folclóricos, ya sea cuequeros u otros. Asimismo ha ganado festivales como Olmué y Brotes de Chile. Es gestor del Día del Cuequero a nivel nacional.

MAURICIO REDOLÉS: ¿Cuántos crímenes más debe cometer Carabineros para que el Estado comprenda que esta policía es un verdadero “enemigo interno”

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CARABINERO NO RIMA CON ARTE CALLEJERO

Mauricio Redolés.

Como un deja-vou de las imágenes de lo ocurrido en las puertas del Teatro Municipal de Santiago el lejano 24 de septiembre de 1987 cuando el carabinero Orlando Tomás Sotomayor Zuñiga baleó en la cabeza a la joven pianista María Paz Santibáñez Viani, en una jornada de protesta contra el rector de la Universidad de Chile José Luis Federici designado por Pinochet, hoy podemos ver las imágenes de otro carabinero baleando a otro joven artista. Esta vez un 5 de febrero del 2021 en una esquina de la Plaza de Armas de Panguipulli. Esta vez, a diferencia de lo que pasó con la pianista, el joven malabarista Francisco Martínez Romero murió rodeado de sus sables de juguete y el estupor de los habitantes de ese pueblo.

Tal como en el caso de la pianista María Paz Santibáñez, en que estando herida de un balazo en la cabeza fue detenida y se dijo por las autoridades de la dictadura que ella había atacado al carabinero, hecho que fue desmentido gracias a que el vil ataque del uniformado había sido grabado en video por el medio informativo Teleanálisis, lo que permitió que el carabinero fuese acusado de cuasidelito de lesiones y “condenado” por la justicia militar (juez y parte) a la “enorme y durísima” pena de 61 días de firma y continuó en el servicio. Así mismo en esta nueva dictadura, disfrazada de “democracia” Carabineros defiende el actuar del uniformado que dio muerte al malabarista de Panguipulli señalando que fue en “legítima defensa propia” (declaración del teniente coronel Boris Alegría).

Este crimen, junto a cientos de otros crímenes cometidos por Carabineros y que no reciben el castigo adecuado por ser procesados por la así llamada “justicia militar” solo, deshonran y agravian nuestra dignidad como país. Esto sin considerar la “mano blanda” de Carabineros producto de su cobardía para enfrentar a las bandas de narcotraficantes y las mafias de camioneros entre otros privilegiados de este país que posee una policía uniformada carente de dignidad, ensuciándonos a todos y a todas con su proceder que debiera hace tiempo estar en el basural de la historia.

Coincido plenamente con el abogado Jaime Bassa quien llama a “disolver Carabineros de Chile y construir una nueva fuerza policial que respete nuestras garantías y derechos básicos”. No coincido con llamar a una “refundación de Carabineros”, porque quedará la impronta de una policía que más ha dañado al país que otra cosa. No es “Refundación” lo que hay que exigir, sino una “Disolución de Carabineros”, para empezar desde cero y terminar con este cuerpo policial, as del latrocinio y del abuso de los habitantes más humildes de este país, como el crimen de la joven obrera Ramona Parra asesinada el 28 de enero de 1946, como el crimen del profesor Manuel Guerrero Ceballos asesinado el 30 de marzo de 1985, como el crimen del joven mapuche Camilo Catrillanca, asesinado el 14 de noviembre del 2018, como el crimen del joven artista Francisco Martínez Romero asesinado el 5 de febrero del 2021, entre cientos de chilenos y chilenas asesinados por Carabineros. ¿Cuántos crímenes más debe cometer Carabineros de Chile para que el Estado chileno comprenda que esta policía uniformada es un verdadero “enemigo interno” que lleva a que miles de personas tengan el deseo legítimo de incendiar el país? Por lo menos en Panguipulli a esta hora de la madrugada del 6 de febrero del 2021 cientos de jóvenes ya lo están haciendo. Esto no da para más. Hace tiempo que no da para más.

Título principal SICNoticias.

Fuente: https://www.facebook.com/MauricioRedolesBustos/?ref=page_internal

Opinión: Ley de infraestructura crítica: Evidente degradación autoritaria. Por *Roberto Saéz.

MILICOS

A propósito de la negociación establecida entre el Poder Ejecutivo y una fracción del gremio de camioneros, se ha puesto urgencia al proyecto de reforma constitucional presentada por el gobierno y que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Este proyecto, aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, se votará en sala para su promulgación, mañana miércoles 09 de septiembre.

Este proyecto reforma el artículo 32 Nº 17 de la Constitución Política de la República, respecto a las atribuciones presidenciales y que señala que entre ellas está la de “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las  necesidades de la seguridad nacional”

A estas atribuciones vigentes, se incorporan nuevos párrafos en los que se señala que:

-Será atribución del ejecutivo disponer a las FF.AA. para la protección de infraestructura crítica en caso de “peligro grave e inminente” y previo informe de la ANI.

Que 45 días después de promulgada esta reforma, el ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que indique qué es la infraestructura crítica, con plazo de un año para su promulgación.

Mientras no se apruebe dicha ley, el ejecutivo podrá definir mediante decreto supremo, qué entiende por infraestructura crítica.

Degradación autoritaria

Este proyecto no resiste mayor análisis. Estamos frente a una evidente degradación autoritaria que pretende establecer un “semi estado de excepción constitucional permanente” con el objetivo de disponer el empleo de las Fuerzas Armadas a discreción del actual Presidente de la República, para su despliegue en lo que el propio ejecutivo definirá como infraestructura crítica, sin ningún contrapeso fiscalizador, en lo que parece, un uso excesivo de la fuerza militar ante una evidente mala gestión gubernamental.

Este proyecto es parte de un conjunto de iniciativas legales que dan forma a nuevas atribuciones presidenciales para el empleo de la fuerza militar en contextos distintos a la guerra y a las operaciones polivalentes asociadas a situaciones de “riesgo y desastre”. Tales como la ampliamente criticada ley de inteligencia[1] que politiza el sistema, disminuye el control del poder legislativo e incorpora a las unidades de inteligencia militar para operaciones «internas y nacionales» de contrainteligencia, al amparo de una amplia facultad del ejecutivo. O el proyecto de ley que modifica la relación del Estado de Chile con la Corte Penal Internacional, trasladando atribuciones desde el Poder Judicial al poder ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta evidente degradación autoritaria es signo de una creciente crisis institucional, causada entre otros factores, por una deficiente gestión gubernamental en el contexto del levantamiento popular de octubre y el proceso constituyente en ciernes, el cual en última instancia, no se restringirá exclusivamente a una asamblea cívica, sino a un proceso prolongado, híbrido y multidimensional, con un fuerte protagonismo ciudadano, por la reorganización del poder y la redefinición del carácter del Estado.

La ciudadanía debe poner atención a estos signos autoritarios, exigir a sus parlamentarios el rechazo a esta clase de iniciativas e incorporar dentro de su análisis colectivo, los posibles escenarios futuros que condicionarán su legítima acción política.


Ver informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.


[1] Ver “Más poder para el presidente: Nudos críticos del proyecto que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado” de Claudio Nash Rojas. Disponible en: https://ciperchile.cl/2020/06/16/mas-poder-para-el-presidente-nudos-criticos-del-proyecto-que-moderniza-el-sistema-de-inteligencia/

*Por: Roberto Sáez Olivares. Mg. en Ciencias Militares

FUENTE: https://grupopelantaro.cl/2020/09/08/ley-de-infraestructura-critica-evidente-degradacion-autoritaria/

El momento es hoy, a la disputa de los territorios. Por Rodrigo Mundaca y Rodrigo Faúndez

Rodrigo-Mundaca

No resulta nuevo señalar que la mercantilización neoliberal ocupó todos los aspectos de nuestras vidas durante estas últimas cuatro décadas. Salud, cultura, educación, pensiones, bienes comunes: todo se transformó en objeto de mercantilización. Un ámbito de especial relevancia, más no tomado con suficiente atención desde aquellas actorías que pretenden terminar con el neoliberalismo en Chile, ha sido la “cuestión territorial”.

Así planteado, la cuestión territorial parece un tema ambiguo, difuso o vacío de soporte teórico; sin embargo, nos interesa relevar la importancia de largo plazo que reviste construir política transformadora desde los territorios y disputar sus instituciones.

Si bien, la cuestión territorial ha sido un tema de larga data en algunos sectores políticos y en ciertos círculos académicos, el tema ha cobrado mayor relevancia en la última década a partir de la emergencia de una serie de luchas que en diversos lugares del país se han sucedido por la defensa de territorios ante proyectos de inversión extractivos que afectan a las comunidades, o bien, en la articulación de singulares procesos democráticos de defensa del poder local. El tema cobra especial relevancia en momentos en que Chile atraviesa una crisis política que ha derivado en un inédito proceso constituyente y en tiempos en que el COVID 19 ha demostrado que la comunidad que habita los territorios, en particular la ciudadanía organizada en el espacio local, ha sido uno de los principales soportes que ha permitido enfrentar con mayor efectividad la pandemia y la precariedad económica.

Tanto la crisis política, como la crisis sanitaria que atravesamos nos vuelven a dejar de manifiesto que los territorios “subnacionales” están activos y albergan una infinidad de experiencias organizativas acumuladas a lo largo de décadas. Esta “capacidad comunitaria” –que tiende a ser objeto de clientelización y paternalismo por autoridades nacionales, regionales y locales— nos alerta que es desde el espacio situado, el espacio habitado y “experienciado” desde donde es posible construir condiciones para crear comunidades organizadas que le otorguen un sentido común al espacio local y enfrenten la idea mercantilista del espacio público que nos han impuesto durante décadas.

Esta cierta activación de “lo territorial”, que ha logrado crear entramados sociales complejos a nivel de barrios, poblaciones, comunas, ciudades, e incluso, regiones, puede ser una importante clave para la orientación política de los sectores populares y actores transformadores.

A pesar de plantear esta idea, que puede reflejar cierta candidez estéril sobre lo territorial, sostenemos que el territorio está lejos de ser ese espacio armonioso, bucólico y exento de conflictos sociales, raciales y de clase. Tal como nos aporta la geografía crítica el territorio es, en esencia, un espacio construido complejo de relaciones de poder y dominación, en el que convergen y divergen intereses, actores y sujetos. Y es justamente su carácter conflictivo y contrario el que lo vuelve idóneo para construir procesos de cambio multiescalar. En efecto, el conflicto es la esencia y el motor de la vida social y es a través de la disputa de intereses donde la sociedad ejercita la política y donde se pueden construir los cimientos de una opción de superación del orden vigente. Durante 40 años en Chile se impuso una política mínima, vaciada de disputa de proyectos de sociedad, en que el consenso elitario fue la clave para gobernar, excluyendo a las mayorías e impidiendo cambios al sistema económico y político. La rebelión popular de octubre del 2019 y las redes de solidaridad expresadas en la pandemia demuestran que esta politización de lo social —negada, controlada y cooptada durante toda la transición— tiene su asiento en los espacios locales.

Poner el foco en lo territorial no implica negar ni pasar por alto las necesarias disputas que se vienen dando en el orden nacional. Un proyecto transformador debe deshacer –partiendo por la Constitución Política— cada una de las leyes, dispositivos y arreglos que han instituido el capitalismo neoliberal. No obstante, el despojo capitalista tiene una nítida expresión en el plano espacial y reviste una particular relevancia su transformación. La privatización del espacio público, de los servicios elementales, el control inmobiliario y sanitario del suelo urbano, las decisiones respecto de los grandes proyectos de inversión, como parques industriales, infraestructura, carreteras, son decisiones impuestas, no tan solo por el mercado, sino con el aval y, en la mayoría de los casos, con el subsidio y compromiso del Estado. En ese maridaje también han tenido un rol fundamental los gobiernos e instituciones subnacionales.

En tal sentido, la disputa por los territorios indica una orientación clave que los movimientos sociales y fuerzas políticas de transformación no debiésemos soslayar. Y dicha disputa abarca la construcción de procesos de organización popular y poder comunitario para la gestión de servicios elementales, o las luchas contra determinados proyectos de inversión, por la transformación del espacio local, por el acceso a servicios básicos, entre muchos otros ámbitos. Pero complementariamente, se trata también de disputar cada una de las instituciones públicas de escala local y regional, para reconfigurar las relaciones de poder que existen en dichos espacios y poner la institucionalidad pública subnacional al servicio de estos procesos. En tal sentido, es menester que dichas disputas sean el reflejo de la diversidad de las luchas y experiencias de gestión comunitaria que pueblan los espacios locales.

Esto nos lleva a plantear la urgencia de establecer puentes cada vez más sólidos entre las múltiples actorías y sujetos/as sociales y políticos/as del ámbito nacional y local. La coyuntura actual, nos tensiona para cimentar una suerte de organicidad político social al calor de la construcción de trabajo y confianzas mutuas. Los esfuerzos de articulación social y política en los últimos meses han apuntado en este sentido, sin embargo aún resta camino en la depuración de proyectos colectivos que cuajen en escala local.

Desmontar la arquitectura política, jurídica e institucional del neoliberalismo y del Estado subsidiario no recaerá solamente en la redacción de la nueva constitución. Ese será el primer paso. Junto con él se debe dar continuidad a este nuevo ciclo político que permita instituir los cambios que el movimiento social y las fuerzas transformadoras hemos venido impulsando hace décadas. Construir un nuevo paradigma de desarrollo, cambiar el carácter del Estado y transformar el entramado legislativo no será tarea de un grupo de partidos políticos, ni de intelectuales o académicos especializados en tal o cual materia. Será mucho más que eso. Será responsabilidad de las mayorías sociales y políticas que se han dotado de una infinidad de organizaciones, instituciones y aparatos para concretizar sus ideas para emprender estas batallas.

Desde octubre el pueblo ha abierto una coyuntura constituyente inédita en la historia reciente del país. La agenda electoral 2020-2022 será un escenario propicio para poner en juego dicha voluntad popular constituyente y para canalizar esta energía social en un ejercicio instituyente de cambios en la sociedad y en el Estado. Es hora de que las actorías y movimientos territoriales levanten la voz una vez más, pero esta vez no sólo para denunciar y defender el territorio, sino que para disputar cada una de las instituciones públicas: diputaciones, convencionales constituyentes, pero por sobre todo, municipios, consejos y gobernaciones regionales.

El sentido está claro; se trata de recuperar lo que le pertenece al pueblo y construir otro modelo de desarrollo, profundizando la democracia, pero partiendo por la disputa territorial.

FUENTE: https://www.lemondediplomatique.cl/el-momento-es-hoy-a-la-disputa-de-los-territorios-por-rodrigo-mundaca-y-rodrigo.html

¿HAY ALGUNA RELACIÓN ENTRE EL CASO AMBAR CORNEJO Y EL DE CALDERÓN ARGANDOÑA? Por Leonardo Yáñez silva*

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Hace unas semanas el país entero se estremeció con la sórdida trama de hechos que terminaron con el lamentable crimen de Ámbar Cornejo. Unos cuantos días después hemos conocido un caso, también lamentable, horroroso, en que un hijo apuñala a su padre, aparentemente porque éste acosa sexualmente a la pareja de aquél.

¿Qué diferencias y qué similitudes hay entre uno y otro caso?Revisemos la familia. En ambos casos resulta inapropiado hablar de familia, pensando en ésta como aquel núcleo acogedor de los hijos, preocupado de su entorno, formativo de aquellos valores y principios que le son más caros a cada una y generosa de ejemplos de aquellos valores y principios; preparatoria de una adultez madura, responsable, solidaria con los otros y comprometida con la comunidad.

En ambos casos no existe presencia de ambos padres, los hijos crecen solos, se construyen a sí mismos, en medio de discusiones, riñas y agresiones y luchan por sobrevivir a su modo y con los elementos en que han crecido. La tradicional figura materna cómo elemento aglutinador del grupo brilla por su ausencia en ambos casos: acompañada de negligencia y desprotección, complicidad e ilicitud, en un caso; acompañada de personalismo enfermizo, anhelo por la sobre exposición televisiva, prepotencia desmedida, exacerbación de valores individualistas y exitismo basado en el dinero, en el otro.

La familia en ambos casos ha explotado en mil pedazos hace muchísimo rato si es que alguna vez existió. A ese respecto nadie propone un cuento de Hadas ni un “hasta que la muerte los separe”, ni mantener la escenografía de la familia feliz, similar a las posturas de “los niños primeros en la fila” o de la “defensa de la vida” para rechazar el aborto, que son expresiones de utilería religiosa retrograda, conservadora, racista e ideológicamente neoliberal, sólo para establecer distancia de los “pobres”, los “comunistas” o los “izquierdistas” en general.¿Quiénes son las víctimas en estos casos? Ámbar sin ninguna duda, no sólo por lo irreversible de su resultado, sino, además, por haber estado rodeada desde su nacimiento de miseria humana pero también de miseria material y de recursos económicos. Cuestión ésta última que determina irremediablemente cualquier posibilidad de escapar al destino que conocimos.

Carente, por si fuera poco, de una madre desprovista de ese “ethos” esencial que por muy ignorante, muy pobre o muy golpeada que sea siempre aparece potente y orientador en la gran mayoría de ellas. El joven Calderón también es una víctima de similares condiciones familiares pero lo diferencia de Ámbar el oropel que le rodea desde la cuna, la abundancia material que lo inunda desde pequeño y que no le permite ver los límites a la conducta, ni educar la frustración, ni practicar la tolerancia; todo es adquirible, comprable o vendible, nada es impedimento para el dinero, todo y todos tienen un precio. Lo único importante es poseerlo y en abundancia.

La cuantía de la cuenta corriente es la cuantía de tu importancia social y de tu aceptación en la sociedad.¿Qué rol juega la legalidad y el derecho como telón de fondo del devenir familiar y de sus protagonistas, como reflejo de los límites al comportamiento? ¿Quiénes viven al filo de la legalidad y en ocasiones actúan al margen de la ley?

En un caso el acercamiento a la legalidad y la ley es simplemente de infractor, puro y duro: el conviviente de la madre de Ámbar, sin duda. Su madre, a su vez, si no traspasa claramente la delgada línea de la ley, en realidad camina sobre ella al hacer caso omiso de los llamados de su hija, es refractaria a su clamor. Vive al filo de la legalidad por el sólo hecho de vincularse con sujetos prontuariados, se entera de hechos que no pone en discusión ni rechaza convirtiéndose en cómplice, se adapta, como ocurre en gran parte de las familias empobrecidas que conviven con la droga y el narcotráfico citadino popular.

Son también víctimas, finalmente. En el otro caso, donde la ley debiera ser una especie de baluarte por ser el padre abogado, la hermana abogada y él mismo estudiante de derecho, la madre postula a los cuatro vientos en los estelares de la TV católica “el que me la hace la paga” o lo que es lo mismo “ojo por ojo, diente por diente”, lo que dista mucho del respeto a la ley, es estar derechamente al margen de la ley. Igual que las carreras de autos clandestinas: al margen de la ley. Y de las drogas y el consumo de estupefacientes, y de las apuestas ilegales asociadas, y el exhibicionismo de modelos de autos millonarios, y de la vista gorda que hace la policía de los niñitos de bien, y de la condena tácita y permisiva de la autoridad política y de la televisión, y etc. y etc.¿Qué hay de la figura paterna, tan central en nuestra cultura cristiana occidental misoginia?

Absolutamente ausente física y sentimentalmente en el caso de Ámbar. Probablemente sin ningún peso ejemplar en dirección alguna. Su resultado es cero.

De sus sucedáneos paternos impuestos sólo peligro y daño. En el caso del joven Calderón, la figura paterna está físicamente presente pero, a juzgar por los hechos, no ha ejercido ni ejerce como un modelo de recta conducta, no representa un ejemplo a seguir, más bien ha estimulado los peores resortes formativos que la sociedad chilena exhibe: individualismo, materialismo, debilidad por el dinero y ninguna preocupación por el trabajo honesto, perseverante y riguroso como medio para conseguirlo.

De comprobarse que la conducta de Calderón padre con la polola de su hijo efectivamente ha sido de acoso sexual, no habría diferencia cualitativa con la exhibida por el conviviente de la madre de Ámbar. Ambas relaciones se despliegan sobre la plataforma degradante de la misoginia. Asumen como parte de una conducta normalizada e incorporada a las relaciones interpersonales, el abuso a la mujer o a las niñas, agravado en el caso de quien tiene un juramento de respeto a la ley y la justicia.¿Qué es lo que ha promovido y estimulado conductas tan aberrantes como normalizadas en nuestra sociedad?

Los factores son numerosos pero digamos lo siguiente. La globalización nos mantiene en una relación (pseudo) cercana a todo lo que acontece alrededor nuestro y a la vez super lejana de esa realidad.

Es la cercanía e inmediatez a la “información” de lo que ocurre pero es la lejanía y la ausencia perceptiva de la “relación” con el (los) otro(s). La globalización no reemplaza y mucho menos aporta, la necesaria relación ni la necesaria interrelación entre las personas. Por esta razón, entre otras, el lenguaje digital ha tenido que incorporar los llamados “emoticones” para incorporar en el lenguaje escrito algo imprescindible: sensación/percepción/juicio, la esencia de la comunicación. Lenguaje y comunicación no son lo mismo, claramente.Dicho esto, la mirada pública y de los medios de comunicación acerca del drama de ambas familias trasuntan lo que la sociedad ve en cada caso. Todo lo que acontece al interior de los hogares pobres y marginados es susceptible de ser evaluado, comentado y discutido por todos; ellos no tienen derecho a la intimidad.

Por el contrario, lo que acontece en hogares acomodados y “poderosos” no se puede tocar; ellos tienen derecho a la intimidad y una institucionalidad completa para protegerlos. Entre los pobres y marginados es “esperable” que estas aberraciones (incesto, acoso, violaciones y crímenes) ocurran. Entre los acomodados y poderosos esto es sorpresivo, inédito, inesperable.

El “factor” determinante que libera del escrutinio público y que otorga el perdón a comportamientos fuera del control legal y moral de la sociedad es uno sólo: la riqueza, el dinero, el poder. En ambos casos la presencia de este “factor” es diferenciador, ostensiblemente diferenciador en el juicio público, el acercamiento de los medios de comunicación, el trato dado a los protagonistas, y, lamentablemente, la forma y el contenido en que se aplica la justicia a los acusados y a las víctimas. En rigor, el subdesarrollo ético y moral de la sociedad se expresa dramáticamente en que hay justicia para ricos y justicia para pobres.

No sólo se ha desintegrado la familia sino la red de relaciones e interrelaciones sociales que se venían cultivando en Chile desde el inicio de la república y posteriormente con los esfuerzos de industrialización nacional. Un tejido social que lentamente y en múltiples espacios se desarrolló hasta casi ser un ejemplo internacional.

Genuina expresión de la constelación de múltiples roles en la que los chilenos participaban desde pequeños, primero en los jardines y las escuelas, luego en los liceos y centros de educación superior, compartidos por familias de diferentes estratos. Hijos de obreros y trabajadores compartían con profesionales y empleados, dueñas de casa y trabajadoras eran vecinos y se aglutinaban en un “barrio”.

Participaban en la Juntas de Vecino, Clubes Deportivos, Centros de Madre, Centros Culturales y en las escuelas y liceos del sector. Las familias, sus integrantes, cercanos o lejanos enfrentaban sus problemas globales y compartidos, asumían sus desafíos y celebraban como población, barrio, villa o comuna pero, colectivamente.

Fue cercenado con bayoneta calada, el país fue dividido, las relaciones e interrelaciones personales y sociales segregadas, segmentadas y atomizadas, hasta decir basta. Los pobres fueron “erradicados” a la periferia: San Bernardo, La Pintana, El Bosque, La Florida, Puente Alto, Maipú, Lo Espejo, Cerro Navia, Recoleta, etc. La pobreza se mantuvo y aumentó. Empezó a imponerse, también a bayoneta calada, la idolatría (o ideología) del dinero, paradojalmente, con su secuela de miseria, tal como lo observamos en los casos de la niña Ámbar y el joven Calderón. Así terminamos con los ricos por determinadas zonas, los pobres por otras diferentes pero lo más lejanas posible, sin embargo aquí y allá el mismo crimen, las mismas conductas delictivas, las mismas culpas y las mismas víctimas: las niñas inocentes como Ámbar y la sociedad en descomposición acelerada.

La universidad no alcanzó a proyectar el vínculo de forma más profunda entre el territorio y el ejercicio profesional pero la participación en las industrias, los centros de educación superior, las minas e incluso en el campo, cimentó las relaciones entre ciudadanos de distintos estratos y de distinta educación en los problemas sectoriales mayores y en los problemas como país. Pero este tejido social explotó junto con el bombardeo al Palacio de la Moneda.Se perdió con esto uno de los principales y más efectivos de los controles sociales: el que ejerce la propia ciudadanía contra aquel que se sale de madre en el grupo. El que ejerce la propia familia incluso sobre sus integrantes cuando éstos desarrollan actos o conductas que el grupo mayoritariamente condena.

Más efectivo que la cárcel e incluso que la pena de muerte, porque en ellas hay vínculos emocionales y sentimentales, muchas veces los únicos capaces de inhibir conductas desviadas del transgresor, por representar un poder y un peso “significativo” para éste.El desafío pendiente del conjunto de la sociedad –es decir con la participación de todos los sectores organizados, informados y respetuosos del otro–, y de los líderes e instituciones llamadas a generar los cambios necesarios, es construir un contexto socio-político-cultural decente y honesto, opuesto a lo corrupto, promotor de un individualismo edificante, liberador y solidario, consistente con el esfuerzo y el éxito colectivo, opuesto a la visión de “todos enemigos de todos”, colaborativo con el entorno inmediato y nacional.

Un contexto comprometido con la transparencia individual y colectiva, estimulante del éxito personal, recursos materiales o dinero pero no a cualquier costo y jamás fuera de la ley o de los límites éticos elementales. La conducta política y la puramente pública y de aquellos cuya responsabilidad empresarial compromete el destino de miles de personas, sometida rigurosamente a la lupa no sólo de los órganos e instituciones del Estado responsables de su fiscalización, sino también de los medios de comunicación y ante todo, del veredicto regular, sistemático y permanente de la ciudadanía en todos los niveles, con una vara muchísimo más alta que aquella que fiscaliza el comportamiento individual.

En definitiva, un contexto socio-político-cultural estructurado bajo la premisa de que el éxito individual sin el éxito colectivo es un círculo vicioso e irreal, que la prosperidad personal sin la prosperidad social es mantener la situación tal y como se manifiesta en Chile hoy.

*Leonardo Yáñez Silva, Sociólogo.

REPRESIÓN MILITAR EN CHILE: Por el Amor a la Patria. Por Carlos Gutiérrez P.

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No hay nada más dulce al oído de ciertos militares que hablarles de que estamos en guerra, que hay enemigos internos poderosos, que está en peligro la Patria y que ellos son la encarnación de la fuerza moral de la nación, por lo tanto los llamados a salvarla.

El pueblo de Chile, desde octubre del año pasado vive momentos cruciales. Se inició una movilización social, reivindicando derechos básicos y sustanciales para una vida digna, que alcanzó hitos históricos por su extensión, masividad, creatividad, compromiso transversal de sectores sociales y profundidad, que entró en una hibernación producto del azote de la pandemia, la que estando pésimamente gestionada desde el gobierno, ha incrementado la fragilidad y pauperización de mayores sectores de la población renovando la insatisfacción y rabia acumulada.

La respuesta más inmediata, prolija, permanente y sistemática por parte del gobierno ha sido la represión, llevada adelante por Carabineros y Fuerzas Armadas. La muerte, la mutilación, las heridas, las violaciones, vejaciones, detenciones, golpizas, la tortura han sido el registro indeleble que ha quedado en los cuerpos de chilenas y chilenos, y en la imagen universal de violaciones a los derechos humanos.

En ese acto cobarde, impune, anónimo, oscuro, realizado por hombres y mujeres uniformados, que también son chilenos, se expresa una de las mayores heridas y fracturas de una convivencia nacional pacífica que es reclamada insistentemente desde los lugares del poder.

Una vez más la oligarquía chilena, acomodada en fronda aristocrática, amenaza con voltear la mesa institucional –que en este caso es obra de ellos- con expresas referencias a la crisis, la violencia, enemigos internos y otras plagas cristianas.

Una vez más la oligarquía chilena se tienta con el complot, el de los pasillos parlamentarios y el de las atribuciones a las fuerzas armadas. Ahí están pendientes el proyecto de Ley de Inteligencia, el cuidado de la infraestructura crítica, el descuelgue de la Corte Penal Internacional, el nuevo financiamiento para esas instituciones, el despliegue en la zona mapuche.

No hay nada más dulce al oído de ciertos militares que hablarles de que estamos en guerra, que hay enemigos internos poderosos, que está en peligro la Patria y que ellos son la encarnación de la fuerza moral de la nación, por lo tanto los llamados a salvarla. El comportamiento de muchos de ellos ante las movilizaciones sociales es coherente con su pasado reciente, el cual no ha sido del todo expurgado, a pesar de tantas declaraciones de un Nunca Más.

¿Qué pensaran de esto los soldados, suboficiales y oficiales?

¿Qué proceso de análisis mínimo podrá generar un militar reflexivo cuando es enviado a reprimir a gente que exige un sistema solidario de pensiones, porque con el actual la mayoría de las y los trabajadores sacarán una pensión básica que no supera el ingreso mínimo, y en cambio ellos tienen otro modelo, de reparto, que entrega pensiones de calidad e incluso millonarias, financiado justamente por todos nosotros?

¿Qué pensaron esos uniformados enviados a reprimir poblaciones donde la gente ha perdido sus trabajos y está pasando hambre, mientras ninguno de ellos ha quedado cesante, tiene sus buenos sueldos asegurados cada mes, así como su alimentación y la de su familia?

¿Qué pensaron esos uniformados enviados a golpear y disparar contra población indefensa que reclama por una salud digna, mientras ellos y sus familias gozan de un sistema propio, con hospitales propios y dotados de última tecnología y sin tener que estar en listas de espera?

¿Qué pensaron esos uniformados enviados para acallar clamores populares de profesionales de la salud pública que han exigido condiciones mínimas de protección para atender a la gente en esta pandemia y que ante la escasa respuesta gubernamental han tenido que resolver por su propia cuenta, cuando a ellos se les ha provisto centralmente de mascarillas adecuadas, ropa especial, higienización en sus cuarteles y de sus vehículos?

¿Qué pensaran esos uniformados enviados a reprimir a nuestros pueblos originarios que reclaman una cuestión tan básica como saldar la deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con ellos, y en cambio esas mismas instituciones castrenses usan sus simbolismos como ejemplo de valor y reconocimiento y lo expresan por ejemplo en el Petrolero Araucano, la barcaza Elicura, los remolcadores Lautaro y Galvarino para el caso de la Armada; o la Brigada de Operaciones Especiales que se llama Lautaro, así como los destacamentos de montaña Tucapel y Arauco y el destacamento motorizado Caupolicán en el caso del Ejército; o el nombre del avión Pillán en el caso de la Fuerzas Aérea?

¿Qué pensarán esos uniformados enviados a reprimir gente que pide ayuda al Estado para poder sobrevivir el mes siguiente y este les responde con el argumento de que no hay más recursos fiscales y se debe cuidar de no entrar en déficit, cuando se les entrega a las fuerzas armadas cientos de millones de dólares anuales para compras de armamentos que no hemos usado nunca y que seguramente tampoco se usarán en guerra con algún país vecino, pero que en cambio ha servido para los desfalcos más grandes de nuestra historia en beneficio de altos oficiales, algunos de ellos ex comandantes en jefe?

¿Qué pensaron esos uniformados enviados a reprimir a jóvenes, mujeres, hombres, adultos que son chilenos, seguramente muchos de ellos creyentes, trabajadores, la gran mayoría pobres, que tienen ingresos mínimos, que viven en poblaciones hacinadas, con acceso a una salud precaria, esforzados, solidarios y que indudablemente son la mayoría de los habitantes de este territorio, cuando hace pocos días estaban realizando el juramento a la Bandera que dice que “Juro por Dios y por esta Bandera servir fielmente a mi Patria…”, terminando con la aseveración de que “…poner todo empeño en ser un soldado valiente, honrado y amante de mi Patria”.

¿Qué asociación de los conceptos de Dios, valiente, honrado y Patria harán frente a los millones de chilenas y chilenos que creen en Dios, son valientes, muy honrados y también aman a su país, pero que hoy reclaman igualdad, justicia y solidaridad?.

Especial para SICNoticias: Por Carlos Gutiérrez P.

TESTIMONIO *Santiago Montenegro desde la Cárcel de Talca: “Para mí, hoy es otra cárcel, otro fiscal, pero los abusos son los mismos”.

santiago

Algo había escuchado, pero fue Camilo Marks en su primera visita como mi abogado quien lo confirmó: La Ley Antiterrorista por la que me habían declarado reo unas semanas antes, era inexcarcelable.

Estábamos en plena dictadura y Pinochet había incorporado al fiscal Torres Silva al equipo de personas y organismos que combatían al FPMR, creándole para ello una Fiscalía Militar Ad-hoc, otorgándole múltiples prerrogativas como leyes express hechas a la medida para reprimir a los opositores, como la ya mencionada Ley Antiterrorista.

De esta forma se daba un barniz de legalidad a los abusos de fiscales y del brazo operativo que tenían, la CNI, cuyo jefe destinado a la Fiscalía y que participaba en nuestros interrogatorios -Joaquín Molina Fuenzalida-, posteriormente fue muerto a tiros por el hijo del ex director de la DINA, Manuel “Mamo” Contreras.

En 1987, tras ser herido en el enfrentamiento de calle Varas Mena durante la Matanza de Corpus Christi, fui detenido y caí en las garras del fiscal ad hoc Torres Silva, quien me mantuvo incomunicado por 32 días y aislado del resto de mis compañeros durante más de dos años.

¿Cómo era posible esa larga incomunicación si legalmente solo podía durar 5 días, que se podían prorrogar por otros 5??? Simple, me llevaban a la Fiscalía temprano y me levantaban la incomunicación. Luego quedaba en un camión de Gendarmería, en el sótano de la Fiscalía, hasta las 20 o 21 horas. En ese momento me ingresaban nuevamente a la Fiscalía y me volvían a Incomunicar. Formalmente legal, pero un abuso por donde se mire. Así eran las cosas en esos días.

Apenas mi abogado terminó de hablar, entendí de inmediato mi situación: si la Ley Antiterrorista era inexcarcelable, solo saldría de la cárcel cuando terminara la dictadura o me fugara…

La segunda opción es una historia conocida. Me refiero a la exitosa fuga de enero de 1990, en la que participé colaborando para que 50 compañeros ganaran su libertad, varios de ellos condenados a pena de muerte… Producto de una avanzada TBC que me mantenía en el hospital de la cárcel, no pude abrazar la libertad junto a mis hermanos Rodriguistas.

Para mí, entonces, se dio la primera opción: Salí de la cárcel una vez terminada la dictadura, coincidentemente desde el mismo hospital al que había llegado 3 años antes.

Una vez en libertad, pude notar algunos cambios: unos evidentes, otros aparentes, pero tal vez la gran mayoría de un gatopardismo de manual.

Por eso es entendible que, a pesar que el sistema Procesal Penal y algunas leyes sustantivas han sufrido cambios, algunos operadores se las ingenian para que todo siga igual.

De hecho, recién ahora treinta años después, me entero que aún existen delitos inexcarcelables.

No están registrados en ninguna Ley o norma vigente, pero en la práctica así es.

No lo aprendí estudiando Derecho ni ejerciendo la profesión, tampoco cuando interactué con jueces, fiscales y defensores en los posgrados que cursé. Recién me entero ahora que estoy en prisión preventiva al escuchar cómo argumentan jueces y ministros para rechazar el cambio de mi cautelar: Primero la negaron porque me calificaban como un peligro para la sociedad; luego por representar peligro de fuga; más tarde porque mi defensa no aportó nuevos antecedentes y, cuando fuimos con nuevos antecedentes, se repitió el ya conocido “peligro para la sociedad”.

“El delito es muy grave”, “la pena que arriesga es muy alta”, argumentan los magistrados sin pronunciarse sobre el fondo, apoyando tácitamente la jugada del Fiscal que me acusa de autor cooperador en un robo frustrado y que pide 13 años de presidio para mi… Por estos lados es llegar y pedir!

Como lo he dicho anteriormente, no sirve que esté comprobado mi arraigo familiar, laboral, ni social. Tampoco mi irreprochable conducta anterior… y, al parecer, aquí la presunción de inocencia -pilar del actual sistema Procesal Penal-, brilla por su ausencia.

Como en dictadura, tampoco importa que no existan pruebas en mi contra -porque no participé en los hechos que se me imputan-. Es decir, para mantenerme en prisión preventiva, indefinidamente, basta con que el fiscal haya pedido una alta condena.

Como decía: en la práctica hay delitos (más bien personas) inexcarcelables.

Esto ocurre porque la mayoría de los operadores del sistema no cree en las garantías legales: No cree en ellas ni las defiende porque esa mayoría no formó parte de quienes lucharon por instaurarlas. Por eso el silencio de estos funcionarios públicos cuando los sectores más conservadores han impuesto las contrarreformas, quitándole poco a poco el sentido que tuvo el sistema procesal actual cuando fue creado.

“Garantías legales sí, pero en la medida de lo posible”, parecen decir. Y cuando alguien intenta correr este estrecho cerco de “lo posible”, el sistema opera perfectamente coordinado: prisiones preventivas excesivamente largas y amenazas de condenas altísimas. Así lo demuestra lo que he visto en la cárcel de Talca y las situaciones judiciales que enfrentan los jóvenes detenidos por las manifestaciones de octubre en adelante.

Para mí, hoy es otra cárcel, otro fiscal, pero los abusos son los mismos.

Talca, 27 de junio de 2020.

*Santiago Montenegro M.

Abogado, Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal

Ex Preso Político FPMR

Piñera y sus cómplices deben ser juzgados por un Tribunal Especial. Por *Leonardo Yáñez S.

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Vengo sosteniendo que por mucha voluntad popular expresada en las urnas que tenga un mandatario (igualmente discutible cuando el universo de votantes es menor al 50 % de los habilitados para ello), ello no lo hace libre de responsabilidad criminal.

Que se torna delito de lesa humanidad cuando las decisiones que impulsa afectan (HABLAMOS DE MUERTE) a  miles de ciudadanos. Más aun cuando han tomado decisiones no consensuadas con las mayorías, además, opuestas a las de los expertos  nacionales e internacionales, a contrapelo de la experiencia internacional más exitosa y de un nítido sesgo que privilegia a los mas ricos, a cadenas empresariales y financieras.

En esta situación, se hace imperativo iniciar la discusión, ahora, del establecimiento en su momento, de un Tribunal Especial, estrictamente apegado a la ley, que de garantías de imparcialidad, pero que imparta las penas que la experiencia internacional ha conocido, en experiencias de genocidio.

Sostengo también que una situación como esta, inédita y de cero experiencia, sólo es posible  enfrentarla convocando a toda la comunidad nacional, mucho mas allá del Ejecutivo, el Parlamento y el Poder Judicial. aplicando regulaciones drásticas que impidan a empresarios descargar el peso de la crisis en sus trabajadores; re-construir un servicio de salud pública con los mismos estándares de la salud privada; impedir el desplazamiento de la población, especialmente  la más pobre, poniendo todos los recursos necesarios para sufragar los costos de pan, techo y abrigo; poner toda la cadena de salud privada bajo la dirección de una mesa de conducción de la  crisis de las características señaladas.

Si es necesario, habrá que requisar o intervenir fabricas, empresas y supermercados, todos a disposición de los objetivos de enfrentar la pandemia.

Solo así, quienes tienen la responsabilidad de conducir el país hoy, que no es sólo Piñera, sino también los otros poderes del Estado, se podría obviar un Tribunal Especial que penalice sus actos u omisiones.

 *Leonardo Yáñez Silva. Sociólogo.